
Tanto
Alex Salmon, líder del Partido Nacional Escocés (SNP) como Artur Mas parecen
haberse enredado en el mismo asunto: la eventual adhesión de una Escocia o
Cataluña independiente a la UE. Pese al descrédito que pueda sufrir la UE a
causa de la crisis económica, nadie quiere quedarse fuera de ella, y menos en
un contexto de crisis. De ahí que la cuestión de la pertenencia en la UE se
haya convertido en un asunto central en las campañas tanto de Salmon como de
Mas en pro de la independencia. Eso explica que ambos líderes hayan prometido a
sus electorados un camino fácil hacia la UE, incluso sin ni siquiera tener que
solicitar la adhesión, lo que ha
obligado a la UE a tomar partido (en contra).
Los
fundamentos legales y políticos de esa pretensión son, sin embargo, más que
discutibles. Alex Salmond ya ha sido pillado en falso al engañar a sus
electores acerca de la existencia de informes jurídicos que avalarían una
adhesión automática a la UE de una Escocia independiente. Presionado por la
prensa para que mostrara esos informes, este se negó en un primer momento a
revelarlos, reconociendo posteriormente que dichos informes no eran
concluyentes y que sólo reflejaban el estado de la discusión doctrinal, lo que
se ha traducido en una merma considerable de su credibilidad (véase
este artículo de The Economist “Breaking
up is hard to do” con los detalles del caso).
Pero
no parece que Salmond este sólo a la hora de comenzar el camino de la
independencia apoyándose en medias verdades. En Cataluña, Artur Mas ha puesto
en circulación el concepto de la “ampliación interna”, cuyo supuesto central es
el de que Cataluña, al ser ya parte de la UE, lo sería automáticamente al ganar
la independencia (véase, por ejemplo, esta referencia a la “ampliación interna”
en
El PAIS del 5 de noviembre, también esta iniciativa popular
patrocinada por el Ayuntamiento de Girona).
Indagando,
Café Steiner ha descubierto que el responsable de la elaboración de este
concepto “ampliación interna” es Antoni Abat Ninet,
Profesor de Derecho Público en ESADE en Barcelona y autor de un proyecto de
Constitución para Cataluña hecho por encargo de la asociación independentista Reagrupement (véase esta
entrevista con el autor). El trabajo en cuestión, un documento de trabajo
de 30 páginas publicado por “El
Cercle d’Estudis Sobiranistes” (
Descargar CES ampliacio_interna) está construido sobre el siguiente supuesto (completamente irreal, a mi juicio):
“que España sin Cataluña no sería la sucesora automática del
Reino de España” (“partim de la premissa fonamental que Espanya sense
Catalunya no és la successora automàtica de l’actual Regne d’Espanya a nivell
internacional, p.22),
es decir, sobre la idea de que la
independencia de Cataluña daría lugar a dos entidades iguales y que, por tanto,
ambas serían sucesores y herederas de las obligaciones internacionales del
Reino de España, incluyendo la pertenencia a organizaciones internacionales
como la UE. De ahí la idea de “ampliación interna”.
Sobre el papel, una “ampliación interna”
podría ser jurídica y políticamente posible si todas las partes (España,
Cataluña y la UE, en nombre de los otros 26 miembros) así lo aceptaran aunque,
en la práctica, su sentido sería, como se hizo en el caso de la unificación
alemana, como solución para el supuesto exactamente inverso: el de la adhesión
de un territorio a un estado que ya es miembro de la UE, es decir, para prever
un reingreso de Cataluña en la UE vía su incorporación al Reino de España.
Así pues, es muy difícil pensar que la
“ampliación interna” sería la solución, y no sólo por razones jurídicas, pues
una secesión de Cataluña difícilmente podría considerarse jurídicamente una
sucesión sino más fundamentalmente por razones políticas. ¿Por qué? Porque como
el propio Mas ha anunciado, su proyecto consiste en construir las estructuras
propias de un Estado. Y en tanto en cuanto Estado con unas instituciones y
estructuras propias, estas deberían ser “visadas” por la Unión Europea para
que, como ocurre en todos los procesos de ampliación, se verificara que cumplen
con las normas europeas de derechos humanos establecidas en el artículo
2 del Tratado de la UE.
“La Unión se fundamenta en los valores de
respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de
Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las
personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados
miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación,
la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y
hombres”.
¿Qué estructuras jurídico-políticas
tendría ese Estado? ¿Cuáles serían los derechos de las minorías? ¿Qué régimen
lingüístico debería adoptarse? Todas esas cuestiones serían objeto de
escrutinio por parte de la Comisión Europea caso de una eventual solicitud de
adhesión. De ahí que, como concluyera en mi columna del antepasado viernes (1960
escalones), el proceso de adhesión a la UE, incluso suponiendo la máxima
voluntad de consenso por todas las partes sea un proceso largo y complicado.
Tiene razón Artur Mas en reclamar la
legitimidad democrática de su propuesta soberanista. Nada hay que reprochar a
la defensa de un objetivo independentista, que puede y deber caber en un marco
democrático. Por esa misma razón, sembrar un eventual camino hacia la adhesión
de la UE de vetos y amenazas carece de justificación. Pero comenzar una
andadura tan importante con medias verdades y ocultaciones tampoco resulta muy democrático.
La adhesión a la UE es el resultado de un proceso jurídico-político
objetivable, y por esa misma razón insoslayable.