La Constitución brasileña incluye en su artículo 86.5 la violación de la ley presupuestaria como un motivo de juicio político al presidente. Estos juicios políticos, distintos de la separación del cargo por motivos penales, pretenden evitar que en los sistemas presidenciales el presidente sea irresponsable políticamente. Eso sí, para evitar usos indebidos, requieren supermayorías de dos tercios en ambas Cámaras y la aprobación del Tribunal Supremo.
No existen los golpes de Estado constitucionales, es un concepto imposible. Y menos cuando cuatro instituciones (Tribunal de Cuentas, Supremo, Congreso y Senado) refrendan el juicio político a Rousseff. Pero sí existen golpes políticos muy bajos por parte de socios de Gobierno corruptos y oportunistas que se aprovechan de la debilidad de alguien que, a su vez, no ha sabido atajar la corrupción ni gestionar la crisis para cambiar de bando y salvar el pellejo. Esos golpes bajos retuercen las normas y deterioran la democracia pero si son efectivos es porque se propinan a alguien a quien le han devuelto el presupuesto, ha perdido la mayoría en ambas Cámaras y ha abandonado una mayoría de la opinión pública.
Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el sábado 14 de mayo de 2017