¿Quién causa más muertos: los narcos o los conductores mexicanos? La revista The Economist subraya la cifra: cada año en calles y carreteras mexicanas mueren 24 mil personas, el doble de las muertes provocadas por los criminales. México, junto con Perú y Venezuela, apunta el semanario, son los países con los caminos más mortíferos. "En México el principal problema son los conductores. Catorce de los 32 estados", escribe The Economist en su reporte denominado Caminos sin leyes, y denuncia: "autorizan los permisos para conducir sin hacer una prueba de manejo. En tres de esos catorce estados se aprueba el curso de manejo tan sólo con asistir al mismo. En otros cinco estados el examen es de opción múltiple y no muy complicado (...) y en la capital mexicana basta con pagar el costo de la licencia: el equivalente a 45 dólares".
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La periodista peruana Jacqueline Fowks con el abogado Carlos Rivera.
La injusticia del caso Pomatanta. Una patrulla de la Marina peruana prendió fuego al menor de edad Indalecio Pomatanta. Eso ocurrió en 1995. Luego de años de estar fuera del alcance de la justicia, la Comisión de la Verdad resucitó el caso en 2003 y el año siguiente inició el juicio al ex oficial Andrés Héctor Egocheaga Salazar, que fue finalmente sentenciado en 2009 a 20 años de prisión por el asesinato del joven de 17 años. La Suprema Corte encontró que en el caso no hubo "suficiente" justicia, por lo que reabrió el expediente. Este martes se conoció la nueva condena: 14 años de prisión. Antes que ampliar el término, el juez consideró que lo conducente era rebajar la pena. La periodista Jacqueline Fowks entrevista a Carlos Rivera, el abogado de la familia Pomatanta, sobre este caso que se inscribe en un preocupante patrón: se habla de que muchos sentencias de casos de violaciones a derechos humanos de esa época negra peruana que están siendo reabiertos con el resultado de culpables a quienes se absuelve o se les rebaja el castigo.
¿El narco mexicano incursiona en el terrorismo? En su blog del diario El Universal, Mauricio Meschoulam analiza "a bote pronto", con lo poco que sabe y en apenas unas horas, la noticia de que el gobierno de Estados Unidos desactivó un plan terrorista orquestado por Irán para atentar en contra de las sedes diplomáticas en Washington de Israel y Arabia Saudita, y en contra de la vida en específico del embajador saudí. El complot habría sido descubierto cuando los supuestos terroristas pidieron ayuda a un presunto narcotraficante en suelo mexicano, que resultó ser un informante de la DEA. Meschoulam pide ir despacio antes de sacar conclusiones que hagan pensar que el crimen organizado mexicano colabora con terroristas: "No contamos con evidencias para afirmar que existen ligas entre alguna organización criminal mexicana en sí, o sus mandos, y los potenciales atacantes terroristas iraníes", dice Mauricio en su blog, para luego cuestionar: "¿se ha buscado impactar de manera intencional en la ubicación de esta problemática en la agenda con algún propósito específico? ¿O simplemente ha sido un incesante flujo noticioso que, como es común en estos casos, es imposible de evitar?".
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Ayuda interesada. El sitio Plaza Pública de Guatemala nos cuenta en El señor de las ONG que "a Marino Estanislao Miranda Aguilar no le gusta que quieran saber más de sus negocios. Menos aún si quien lo busca es alguien que desea conocer cómo se convirtió en la persona individual con más contratos obtenidos por medio de ONG en todo el país: 132 millones de quetzales (casi 17 millones de dólares) en obras públicas desde el 2004 han tenido como destino su Constructora M&M". El sitio nos recuerda que como ya había sido denunciado por Maite Rico y Bertrand de la Grange en El poder paralelo de las ong en Guatemala, "no es raro que casi todas las ONG tengan sanciones, respondan a tráfico de influencias y destaquen por su falta de transparencia". No será raro, pero gracias a Plaza Pública tenemos acceso a una historia donde las interrogantes a los involucrados quedan sin respuesta.
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Una en contra del movimiento y otra en contra de la ley. Dos columnas en Chile ponen en entredicho, por separado, al movimiento estudiantil y a la propuesta del gobierno de criminalizar la toma de planteles. Diversidad de opiniones sobre un tema enredado. En elmostrador.cl, Teresa Marinovic cuestiona que los estudiantes "No saben de educación ni les interesa". Aquí unas líneas: "No es casualidad entonces que el movimiento estudiantil no haya dicho nada sobre los estudiantes y haya creado la falsa ilusión de que una buena educación depende fundamentalmente de las políticas públicas. Como tampoco es obra del azar que dentro de sus aliados estén los que han sido parte importante del problema, los profesores. Sobre la familia, han guardado riguroso silencio ¡No sea que hubiera que llegar a decir cosas incómodas: la importancia de la presencia del padre y de la madre, de la disciplina, de la lectura y de la sobredosis de pantalla que tienen los niños! Es que eso no le interesa a la ideología de izquierda". En otro polo, Ernesto Aguila publica en latercera.cl "El recurso del orden", donde sostiene que "la nueva 'ley antitomas' se funda en esa vieja idea de construir un espacio de indiferenciación entre la protesta social legítima y las violencia delictiva o anómica. Es, a su vez, la confesión del gobierno de su incapacidad de enfrentar con las herramientas de la política democrática la conflictividad social, recurriendo al viejo expediente de reducirla a un problema de orden público". El debate chileno en pleno.
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