Salvador Camarena

El regreso de los muertos

Por: | 29 de febrero de 2012

En Durango, me aseguran, no existe una asociación de familiares de personas desaparecidas. En Baja California sí hay un grupo que organizadamente busca a personas cuyo rastro se volvió polvo; en Coahuila, también otro estado del norte mexicano, hay otro colectivo que demanda persistentemente a las autoridades el esclarecimiento de los casos de desaparecidos. Y, por supuesto, en Chihuahua hay grupos que abrieron hace años un triste expediente de reclamos para que aparezcan aquellos cuyo destino fue raptado criminalmente (apenas este martes fueron sepultados los restos de una chica que recién fue encontrada, luego de que a sus 15 años había sido secuestrada y desaparecida en mayo de 2010).

Pero Durango no tiene asociación de familiares de desaparecidos, a pesar de que este lunes, la fiscal de ese estado informó que habían encontrado otros 40 cadáveres en una fosa clandestina donde en diciembre ya habían localizado 10 cuerpos.

"Durango se convirtió en el tiradero del narco", decía una columna política en el diario Excélsior el día de ayer. Se refieren a que desde 2011 el número total de cadáveres encontrados en ese estado en fosas clandestinas ronda los 300, según ha informado Sonia Yadira de la Garza, fiscal de ese estado. (Algunos elevan la cifra a 328, pero es parte de este drama, ni a la hora de contar muertos nos salen cuentas uniformes).

En total, en poco menos de un año Durango han encontrado 14 "narcofosas", es decir, 14 lugares en donde los criminales han inaugurado su propio cementerio para desaparecer, al menos durante meses, a quienes han asesinado. El 19 de diciembre pasado se encontró la fosa del ejido de Cristóbal Colón, al norte de la capital del estado, que también se llama Durango. Cuando se descubrió ese sitio fueron diez los cuerpos que se encontraron. Este lunes la fiscal dijo que tras seguir las investigaciones, desenterraron otros 40. 

De los cientos de cuerpos hallados en las fosas de Durango, solo 42 han sido entregados a sus familiares. De la Garza ha dicho a los medios que cree que la gran mayoría de esos cadáveres son gente nacida en Durango, pues las dentaduras de los cuerpos muestran el tono amarillento propio de la fluorosis, que afecta a los de la región debido al agua que beben.

Pero el drama de los cuerpos hallados en fosas clandestinas está lejos de ser exclusivo de Durango. Al inicio de febrero, en Veracruz, y tras la detención de un presunto integrante de Los Zetas fue encontrada una fosa con 15 cuerpos.

"Los entierros clandestinos relacionados al crimen organizado han sido localizados principalmente en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Durango, Morelos, Guerrero Michoacán y Oaxaca, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2006 al 2011", reportaba por entonces Univisión.

En su portal de internet, la cadena de televisión hispana recordaba que "uno de los hallazgos más grandes reconocido hasta la fecha (con 55 cadáveres)" fue en "una mina de la turística ciudad de Taxco, Guerrero, detectada en mayo de 2010".

El periodista Alejandro Salmón Aguilera escribía el día 8 de este mes en El Diario de Ciudad Juárez que el gobierno de Chihuahua y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habían firmado el día anterior "un convenio para identificación mediante registros de ADN, de osamentas humanas que aún no han sido identificadas y, por tanto, no han sido reclamadas por algún familiar. El gobernador del estado, César Duarte Jáquez, entregó al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, un expediente con el perfil genético de 791 osamentas, a fin de integrarlas a un registro nacional de más de 8 mil cuerpos que se mantienen sin identificar".

El expediente de Chihuahua, explicaba Salmón Aguilera, "comprende cuerpos encontrados desde el 2007, y, entre otros, incluyen los restos óseos hallados en las 'narcofosas'; (...) con la entrega de dicho expediente, Chihuahua se convierte en el primer estado en hacer una entrega de ese tipo, según reconoció el Ombudsman nacional".

El caso de Chihuahua nos recuerda, a su vez, que este problema además no es nuevo. "Clamor por los desaparecidos", titulaba la reportera Gloria Leticia Díaz, de la revista Proceso, su crónica en donde establecía que "diversas organizaciones de derechos humanos del norte de la república elaboraron un alarmante informe sobre las desapariciones forzadas, especialmente en Tamaulipas: la mayoría son colectivas, de personas de alrededor de 30 años, y las denuncias de estos casos son ignoradas o estigmatizadas. El hallazgo de más de cien cadáveres en fosas clandestinas en San Fernando apuntala los datos del informe y, además, dicen sus autores, es 'la punta del iceberg de una realidad que debe ser atendida por organismos internacionales', porque en el país no hay experiencia ni intención de buscar a los desaparecidos".

El reportaje de Gloria Leticia Díaz fue publicado hace casi un año, en abril 2011. Y once meses después, en las noticias de este martes, Chihuahua reclamaba atención: "Hay más osamentas halladas en el Valle de Juárez", publicaba El Diario de Juárez.

Quizá la única diferencia entre Durango y los demás estados sea que el miedo en esa región, según algunos testimonios, es aún más fuerte que la voluntad de las familias para reclamar a las autoridades de manera organizada sobre el paradero de sus seres queridos. Parece que también en el mundo del terror hay niveles.

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Sobre el autor

es periodista y locutor de radio. Se ha propuesto hacer de este espacio una red de amigos en el continente.

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