Salvador Camarena

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es periodista y locutor de radio. Se ha propuesto hacer de este espacio una red de amigos en el continente.

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El regreso de los muertos

Por: | 29 de febrero de 2012

En Durango, me aseguran, no existe una asociación de familiares de personas desaparecidas. En Baja California sí hay un grupo que organizadamente busca a personas cuyo rastro se volvió polvo; en Coahuila, también otro estado del norte mexicano, hay otro colectivo que demanda persistentemente a las autoridades el esclarecimiento de los casos de desaparecidos. Y, por supuesto, en Chihuahua hay grupos que abrieron hace años un triste expediente de reclamos para que aparezcan aquellos cuyo destino fue raptado criminalmente (apenas este martes fueron sepultados los restos de una chica que recién fue encontrada, luego de que a sus 15 años había sido secuestrada y desaparecida en mayo de 2010).

Pero Durango no tiene asociación de familiares de desaparecidos, a pesar de que este lunes, la fiscal de ese estado informó que habían encontrado otros 40 cadáveres en una fosa clandestina donde en diciembre ya habían localizado 10 cuerpos.

"Durango se convirtió en el tiradero del narco", decía una columna política en el diario Excélsior el día de ayer. Se refieren a que desde 2011 el número total de cadáveres encontrados en ese estado en fosas clandestinas ronda los 300, según ha informado Sonia Yadira de la Garza, fiscal de ese estado. (Algunos elevan la cifra a 328, pero es parte de este drama, ni a la hora de contar muertos nos salen cuentas uniformes).

En total, en poco menos de un año Durango han encontrado 14 "narcofosas", es decir, 14 lugares en donde los criminales han inaugurado su propio cementerio para desaparecer, al menos durante meses, a quienes han asesinado. El 19 de diciembre pasado se encontró la fosa del ejido de Cristóbal Colón, al norte de la capital del estado, que también se llama Durango. Cuando se descubrió ese sitio fueron diez los cuerpos que se encontraron. Este lunes la fiscal dijo que tras seguir las investigaciones, desenterraron otros 40. 

De los cientos de cuerpos hallados en las fosas de Durango, solo 42 han sido entregados a sus familiares. De la Garza ha dicho a los medios que cree que la gran mayoría de esos cadáveres son gente nacida en Durango, pues las dentaduras de los cuerpos muestran el tono amarillento propio de la fluorosis, que afecta a los de la región debido al agua que beben.

Pero el drama de los cuerpos hallados en fosas clandestinas está lejos de ser exclusivo de Durango. Al inicio de febrero, en Veracruz, y tras la detención de un presunto integrante de Los Zetas fue encontrada una fosa con 15 cuerpos.

"Los entierros clandestinos relacionados al crimen organizado han sido localizados principalmente en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Durango, Morelos, Guerrero Michoacán y Oaxaca, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2006 al 2011", reportaba por entonces Univisión.

En su portal de internet, la cadena de televisión hispana recordaba que "uno de los hallazgos más grandes reconocido hasta la fecha (con 55 cadáveres)" fue en "una mina de la turística ciudad de Taxco, Guerrero, detectada en mayo de 2010".

El periodista Alejandro Salmón Aguilera escribía el día 8 de este mes en El Diario de Ciudad Juárez que el gobierno de Chihuahua y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habían firmado el día anterior "un convenio para identificación mediante registros de ADN, de osamentas humanas que aún no han sido identificadas y, por tanto, no han sido reclamadas por algún familiar. El gobernador del estado, César Duarte Jáquez, entregó al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, un expediente con el perfil genético de 791 osamentas, a fin de integrarlas a un registro nacional de más de 8 mil cuerpos que se mantienen sin identificar".

El expediente de Chihuahua, explicaba Salmón Aguilera, "comprende cuerpos encontrados desde el 2007, y, entre otros, incluyen los restos óseos hallados en las 'narcofosas'; (...) con la entrega de dicho expediente, Chihuahua se convierte en el primer estado en hacer una entrega de ese tipo, según reconoció el Ombudsman nacional".

El caso de Chihuahua nos recuerda, a su vez, que este problema además no es nuevo. "Clamor por los desaparecidos", titulaba la reportera Gloria Leticia Díaz, de la revista Proceso, su crónica en donde establecía que "diversas organizaciones de derechos humanos del norte de la república elaboraron un alarmante informe sobre las desapariciones forzadas, especialmente en Tamaulipas: la mayoría son colectivas, de personas de alrededor de 30 años, y las denuncias de estos casos son ignoradas o estigmatizadas. El hallazgo de más de cien cadáveres en fosas clandestinas en San Fernando apuntala los datos del informe y, además, dicen sus autores, es 'la punta del iceberg de una realidad que debe ser atendida por organismos internacionales', porque en el país no hay experiencia ni intención de buscar a los desaparecidos".

El reportaje de Gloria Leticia Díaz fue publicado hace casi un año, en abril 2011. Y once meses después, en las noticias de este martes, Chihuahua reclamaba atención: "Hay más osamentas halladas en el Valle de Juárez", publicaba El Diario de Juárez.

Quizá la única diferencia entre Durango y los demás estados sea que el miedo en esa región, según algunos testimonios, es aún más fuerte que la voluntad de las familias para reclamar a las autoridades de manera organizada sobre el paradero de sus seres queridos. Parece que también en el mundo del terror hay niveles.

Mañana seguimos Contando América

Papa en Cuba: el conteo final

Por: | 28 de febrero de 2012

Falta menos de un mes para la visita de Benedicto XVI a Cuba y la inminencia del viaje papal se ve reflejada en el aumento de los artículos en la prensa sobre los motivos, y las posibles consecuencias, que traerá para la isla la llegada del jefe del Estado Vaticano. Un tema recurrente en algunos materiales periodísticos es el cuestionamiento en torno a la figura del Cardenal Jaime Ortega, que es visto por unos como blando y demasiado amistoso con el régimen del presidente Raúl Castro, y por otros como "el hombre justo en el momento indicado todos estos años", como le dijo Tom Quigley a la AP en un depacho recogido por Infolatam. A continuación algo de lo que se ha publicado recientemente.

"La conducta conciliadora de la jerarquía cubana no debería sorprender a nadie. Pero la realidad es que le choca a muchos cubanos, porque su Iglesia no parece estar poniendo la otra mejilla, ni siquiera haciéndose la vista gorda: en realidad parece apoyar la ideología y las medidas represivas de los dictadores", publicó Carlos Eire este lunes en el artículo La iglesia y la dictadura, editado en las páginas de El Nuevo Herald. "Últimamente, llegar a un arreglo con los dictadores se ha convertido en el sello del cardenal Jaime Ortega y Alamino. Para ver esto de primera mano, sólo tiene que visitar el sitio web de la diócesis de La Habana, donde el cardenal muestra abiertamente su compromiso con las nociones castristas de 'justicia social' y defiende la legitimidad del actual Estado policial. En el verano del 2010, al organizar abiertamente la expulsión de docenas de disidentes de Cuba, el buen cardenal decretó en su sitio web que cualquiera que hubiera tratado de socavar el status quo no debería tener voz en la determinación del futuro de Cuba. En otras palabras, el cardenal expresa habitualmente su compromiso ideológico con las políticas represivas del régimen de Castro".

Eire, escritor cubanoamericano y profesor de la Universidad de Yale, sostiene que "es mucho más difícil entender el objetivo de la próxima visita a Cuba del papa Benedicto XVI. En los cinco años pasados, algunos funcionarios del Vaticano han restado importancia a los abusos contra los derechos humanos en Cuba, pero no se puede culpar al Santo Padre por la insensibilidad de esos funcionarios. Y es muy probable que tenga su propia agenda. (...) El papa Benedicto quizá tenga el propósito de socavar los cimientos del palacio de los Castro mediante su visita, pero podría estar subestimando la astucia de los hermanos, así como la de su propio hombre en La Habana, el cardenal Ortega".

El jueves 16 de febrero El Universal de Caracas publicaba las palabras del disidente cubano Óscar Elías Biscet, quien dijo al Congreso estadounidense que "la próxima visita del papa Benedicto XVI a la isla constituye un 'gran error político y estratégico (...) porque no va a dar resultados positivos para el pueblo cubano'", expresó Biscet, emblemático disidente del llamado grupo de los 75, aquellos detenidos en la "primavera negra" de 2003, y quien recobró su libertad apenas en marzo del año pasado. "Al final va a ser como la visita pasada de Juan Pablo II, que mientras estaba Juan Pablo II en Cuba el gobierno estaba preparando las leyes penales para sancionar y reprimir al pueblo cubano", agregó según un despacho de DPA.

"Me gustaría que el Papa le exigiera al gobierno que hiciera elecciones libres y democráticas para que el pueblo se expresara libremente y que existiera el multipartidismo, para que todas las personas se sientan representadas en sus ideas", declaró Biscet.

En otro artículo publicado en El Nuevo Herald, este el 21 de enero pasado, Juan Clark, profesor de sociología del Miami-Dade College y autor de dos libros sobre la Iglesia en Cuba, señala que “la Iglesia es ahora un socio con Raúl en la búsqueda de un sistema más productivo, más efectivo, creando una atmósfera más favorable para una transición sin violencia”. Clark calificó al purpurado como débil al negociar con Castro y “nunca estuvo en una posición de demandar la libertad de los presos políticos”.

Mi impresión de Jaime Ortega es que simplemente ha sido el hombre justo en el momento indicado todos estos años”, dijo por su parte Tom Quigley, ex asesor de política latinoamericana en la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en el despacho de la AP publicado por Infolatam el 20 de febrero. “Me parece que los acontecimientos del último par de años han demostrado que este calmado liderazgo ha sido muy efectivo, y la iglesia está hoy en una mucho mejor posición de lo que ha estado en cualquier otro momento desde la década de 1960″.

“Tiene un trabajo muy difícil”, dijo para el mismo despacho el arzobispo de Miami, Thomas G. Wenski, quien apoya a Ortega y reconoce que muchos exiliados cubanos ven con recelo al cardenal. “Aquellos que lo critican desde una posición cómoda en Miami y no tienen la experiencia de estar allí, les tomará más tiempo cambiar su opinión sobre él”.

La AP también recogió las palabras de Julio César Gálvez, ex prisionero que fue liberado y partió al exilio en julio de 2010: “La Iglesia católica cubana, en nuestro caso, lo que hizo fue servir como pantalla al régimen totalitario cubano. No creo que la Iglesia Católica fuera la parte fundamental o influyente o determinante en nuestra liberación”.

La agencia de noticias estadounidense recupera un cable de wikileaks del 14 de mayo de 2007, "redactado por la misión de Washington ante la Santa Sede (y donde se atribuye) al jefe de personal del secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone, haber dicho que el gobierno de Cuba debía estar feliz con Ortega porque 'la iglesia hizo el trabajo sucio' del régimen. El cable agrega: 'Las autoridades del Vaticano han insinuado en el pasado que Ortega se ha vuelto demasiado blando con Castro'".

La expectativa de cambio ante la gira papal ha sido minimizada incluso por otros actores, que hacen la comparación con el ambiente que se vivía antes de la llegada de Juan Pablo II, quien visitara la isla en enero de 1998.

"La gente quiere creer que el Santo Padre vendrá a impulsar el proceso de reformas raulistas, imprimiéndole mayor velocidad y profundidad. Los más ilusos hasta sueñan con que la máxima figura del Vaticano logre lo que lo debería lograr la rebeldía popular: un verdadero cambio", escribió en su blog Yoani Sánchez, el 12 de febrero pasado.

En la entrada denominada El Otro Papa, la periodista concluyó: "Hay demasiadas diferencias entre este mes de marzo en que aterrizará su Santidad en el aeropuerto de La Habana y aquel enero de 1998 cuando lo hizo Juan Pablo II. (...) A finales de los años noventa, Karol Wojtyla nos encendió el corazón -incluso a los agnósticos como yo- diciendo más de una docena de veces la palabra “libertad” en la Plaza de la Revolución. Pero ahora la apatía y el desánimo harán más difícil que las frases de Ratzinger movilicen la misma emoción. Su visita será más bien un pálido reflejo de aquella otra, porque ya no somos los mismos ni es el mismo Papa".

Mañana seguimos Contando América 

LeBarón: la voz vuelve al desierto

Por: | 27 de febrero de 2012

Julian
El activista por la paz Julián LeBarón en imagen de Milenio Televisión.

“Soy mormón, creo en Dios y en la tendencia del ser humano a ser compasivo”, así se define Julián LeBarón, padre de 11 hijos y constructor de profesión. La de Julián es una de las voces más conocidas de entre las víctimas de la delincuencia y de la fallida estrategia del gobierno de Felipe Calderón en contra del crimen organizado.

Procedente de Colonia Lebaron, en Galeana, Chihuahua, una comunidad fundada por sus bisabuelos a escasos 200 kilómetros de la frontera con Texas, Julián se dio a conocer en 2009 tras el asesinato de su hermano Benjamín LeBarón y su amigo Luis Wirtman. Cuando en 2011 surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la incorporación de Julián robusteció el reclamo del poeta Javier Sicilia. Juntos caminaron por todo el país en las caravanas del dolor, y sus voces fueron complementarias: “la violencia se esconde en los pequeños detalles y luego nos devora. Las cabezas cortadas comenzaron como mentadas de madre”, dijo Julián cuando se escucharon insultos hacia los políticos mientras Sicilia leía un discurso.

Sorpresivamente, el viernes pasado Julián LeBarón anunció que abandona el Movimiento. “Terminé por darme cuenta que la principal función del MPJD, se convirtió en ser un interlocutor con los partidos políticos y el gobierno: Creo que estas instituciones y poderes no pueden ayudar sin dividir más, endeudar más y fracasar más como intermediario de la sociedad. A partir de esa observación, y dado que se tomó esa vertiente, me reuní con Javier a quien considero un gran líder y noble amigo. Después de un intercambio de reflexiones y  coincidencias de su parte, he decidido desvincularme del MPJD”.

En su texto de renuncia (versión íntegra aquí), Julián da este diagnóstico sobre lo que sigue:

“Creo, por convicción y conciencia, que tenemos que hacer nosotros lo que no ha podido hacer la autoridad. Yo imagino que la idea de que el gobierno traiga la paz, es como tratar de reparar un auto con un serrucho; no funciona. Permanezco con el propósito de continuar organizándonos como ciudadanos responsables, que unidos construyamos el futuro de nuestro país. Esta, para mi, es la solución y estaré al lado de todos los que quieran seguir en esta dirección”.

No es la primera vez que LeBarón reivindica la idea de la ciudadanía organizada. En un texto que entregó para el libro El México Indignado, volumen coordinado por Ricardo Raphael, Julián rememora la historia de la tragedia de su familia:

“En mayo de 2009, cuando secuestraron a Eric, mi hermano menor, decidimos en conjunto, toda mi comunidad, que no pagaríamos el rescate. Sabíamos que eso sería arriesgar la vida de mi hermanito. Y que muy probablemente no lo volveríamos a ver vivo, pero pagarle a los criminales sería como consentir y aprobar el crimen de secuestro y también ser cómplices de él. Entonces decidimos ir a la ciudad de Chihuahua, la comunidad completa, a protestar y a obligar a las autoridades a que actuaran para regresar a Eric y también a los secuestradores para que lo devolvieran. Cuando regresó vivo todos creímos que era un milagro y pronto otras comunidades querían empezar un movimiento en contra del crimen, así que lo hicimos: mi hermano Benjamín fue líder del movimiento, SOS Chihuahua. Para entonces era obvio que los ciudadanos organizados son una amenaza muy efectiva contra los criminales”.

Pero los criminales tomarían represalias, así lo cuenta LeBarón en el mismo texto:

“La terrible noche del 6 de julio de 2009 tuvimos una reunión en las oficinas de una empacadora de fruta para ver cuáles serían los siguientes pasos del movimiento SOS Chihuahua. Benjamín, mi carnal, se subió a mi camioneta después de la reunión y platicamos un buen rato. Allí me comentó que tenía un presentimiento de que algo le pasaría, que sentía un peligro, y me pidió que si le sucedía alguna cosa yo siguiera con el esfuerzo. Me dijo: ‘Carnal, si algo me pasa, prométeme que no será mi muerte un acontecimiento trivial’. Y yo le respondí: ‘No mames, carnal, nada te pasará, tienes buenas palancas allá arriba. ¿Pues qué no eres el obispo de la iglesia?’. Después nos abrazamos y me fui a dormir.

"Dos horas más tarde sonó mi teléfono. Era mi cuñada, histérica, informándome que veinte sicarios llegaron a su casa destrozando puertas y ventanas, y se habían llevado a Benjamín y al hermano de ella, Luis, que fue a ayudarlo. Me subí a mi camioneta y cuando llegué se fueron mis primos a seguirlos. Como a dos kilómetros de donde estábamos, en una brecha de terracería, encontraron a mi amado hermano y a mi querido hermano Luis, tirados como perros. Con cuatro balazos en la cabeza cada uno”.

Desde entonces, el tono de su voz, agudo pero contundente, ha sido una constante en los medios de la capital mexicana, hasta donde Julián trasladó su reclamo de justicia. El acento anarquista de su carta de renuncia no sorprende si se revisa la entrevista que apenas en diciembre le dio a Milenio Televisión. Aquí unos fragmentos de lo que ahí dijo:

“Creo que el poder que hemos entregado a los políticos es un poder criminal. Y creo que ese poder en manos de quien sea hace mucho daño (…) Mi lucha es con las malas ideas. El gobierno que tenemos es un gran fraude.

“(Si tuviera enfrente a los candidatos Enrique Peña Nieto o a Andrés Manuel López Obrador les cuestionaría): ¿Usted cree que tiene autoridad legítima para quitarme a mí o a otras personas los frutos de sus esfuerzos sin su consentimiento? Y si dicen que sí, mi respuesta es que están jodido.

“(Sin ocultar que está a favor de que se permitar a los mexicanos armarse, sobre el tema opinó): Un individuo tiene el mismo derecho de estar armado con las mismas armas que los que cuidan al presidente.

“(Sobre Calderón) Es un error fatal haberle declarado la guerra al narcotráfico sin considerar la razón por la cual el narcotráfico existe, como un mercado negro para empezar, es poner en peligro a toda la gente inocente.

“Yo estoy en contra del crimen. Y no creo que el narcotráfico es un crimen. Lo hemos criminalizado, pero yo no veo la diferencia moral entre el que hace tequila, el que tiene una licorería, el que fuma cigarros…

Finalmente, en ese entrevista con Fernando del Collado, el el periodista de Milenio Televisión le cuestiona:

--¿En verdad cree que somos más fuertes unidos?

--Creo que eso tenemos que hacer, unirnos, que no decida por nosotros alguien que no nos representa.

Y segundos después, Julián concluirá: “Yo creo en la gente de México, creo que podemos demostrarle al mundo que el pueblo acepta su responsabilidad y no acepta su humillación”.

Buena semana para todos.

Regreso a Apodaca: misterio sin sorpresa

Por: | 24 de febrero de 2012

Presos
Funcionarios y custodios del Centro de Readaptación Social de Apodaca antes de ser presentados el  miércoles, tras su detención por los hechos ocurridos en esa cárcel el domingo. Foto EFE/Miguel Sierra

El relato es tan simple que si no implicara una tragedia de varios filos podría ser descrito como aburrido. Quien se sienta intrigado sobre cómo pudo ser que el domingo pasado en una cárcel mexicana murieran 44 reos y 30 más se fugaran, es que es adicto a teorías rebuscadas cuando en este caso la verdad es tan llana y previsible, que hasta había sido publicada varias veces en la prensa local.
La cárcel de Apodaca no es tal. Si la sala de abogados era usada para orgías, si alcohol y prostitutas entraban y salían de ese local como si fuera un burdel, si el año pasado ya había habido ahí al menos 26 muertes, si los reos son los que ponen la tarifa de lo que cuesta amanecer vivo en ese reclusorio, si en los patios no hay custodios, y si los que hay son comprados por 10 mil pesos (menos de 600 euros) al mes. Si todo eso es la vida cotidiana en ese presidio, entonces lo que realmente extraña es que haya sido hasta este miércoles cuando la autoridad presentó con chalecos y la leyenda de “Detenido” a quienes hasta el domingo eran director, subdirector y jefe de seguridad de ese penal. El primero de ellos, ahora se sabe, recibía 40 mil pesos (2300 euros) al mes a cambio de ceder el control.
El escape de los 30 presos ligados al grupo criminal de Los Zetas comenzó a la una de la mañana con trece minutos. 37 minutos después todos esos internos –entre los que hay cuatro señalados como de alta peligrosidad-- ya gozaban de libertad. Y fue a partir de las dos de la mañana con 6 minutos cuando comenzó la matanza de los internos que habitaban el dormitorio D, reservado para integrantes del Cartel del Golfo. Nadie molestó a los asesinos: la alerta a las autoridades externas se dio después de las tres de la mañana, cuando fuga y masacre eran materia consumada.
Al desastre de Apodaca ha seguido la hora de los reproches entre autoridades estatales y federales. El gobierno del estado de Nuevo León se escuda diciendo que el hacinamiento de sus cárceles –la de Apodaca está 80% arriba de su capacidad— se debe a que albergan a presos acusados de delitos federales. Hablan incluso de que 60% de su población carcelaria no debería estar ahí, sino en prisiones administradas por el gobierno federal. La secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública reviran que lo vivido el domingo es un caso de corrupción, no de sobrepoblación. Para probar su tesis, el secretario de seguridad pública federal Genaro García Luna recuerda que en cinco penales está la mitad de los reos federales, que en esos centros penitenciarios también hay hacinamiento, y que sin embargo no ha habido nada parecido a lo que ocurrido en el de Apodaca.
El propio presidente Felipe Calderón señala el fracaso de las cárceles de Nuevo León y Tamaulipas –donde matanzas y fugas son regulares--, y presume que este año “casi una decena” de prisiones federales serán puestas en operación. El mandatario no dice, sin embargo, que ya va con atraso, pues se había prometido inaugurar esos reclusorios en marzo próximo, lo que no ocurrirá como destacó el diario El Economista, y tampoco dice que incluso si son inaugurados, estos no podrán operar pues no hay presupuesto para ello, así que casi 30 mil reos federales, de los 47,816 que hay en total, seguirán diseminados en cárceles estatales.
Cuando hace años una activista tocó las puertas del Senado mexicano para impulsar un debate sobre el deplorable estado de las cárceles mexicanas, lo más que consiguió fue la sinceridad de un influyente senador. “Mira, olvídate, ese tema a nadie le importa: a los ciudadanos les da igual, y los políticos no le vamos a entrar porque arreglar eso costaría mucho dinero y no da un solo voto”, recuerda María Elena Morera, de Causa en Común, que fue lo que le dijeron.
Entonces, el verdadero misterio no es cómo pudo ser que ocurriera lo de la madrugada del domingo en Apodaca, sino cuándo y en qué cárcel se vivirá la siguiente tragedia.

***

Buen fin de semana.

Prensa: las malas noticias del 2011

Por: | 23 de febrero de 2012

Los periodistas de América Latina están bajo dos fuegos. Por un lado, las autoridades: cuando bien les va a los informadores, éstas no representan una amenaza; en el peor escenario, son los gobiernos los más activos en el acecho a la prensa. Y por el otro lado, reporteros y editores viven con la zozobra de saber que los criminales que les hostigan se saben impunes. El Informe Global del Comité para la Protección de los Periodistas para 2011 traza un mapa minado en Latinoamérica: Brasil regresa al índice de impunidad de este organismo, Colombia está lejos de lograr un ambiente donde los periodistas no se sientan amenazados o busquen exiliarse. Cuba sigue como el antiejemplo del ejercicio periodístico y el presidente ecuatoriano Rafael Correa se ha constituido como el bully mayor de la región si de embatir a los medios se trata.

A continuación, un resumen de lo reportado el martes por el CPJ en su documento Ataques a la Prensa en 2011, correspondiente a países de latinoamericanos.

ImpunidadCPJ

 Tres países de AL entre los primeros doce del índice de impunidad del CPJ.

Brasil: aumento de la violencia
"En áreas provinciales en donde el cumplimiento de la ley es débil, los reporteros se encontraron en situación de vulnerabilidad ante las agresiones motivadas por su labor periodística sobre temas de corrupción. En los grandes centros urbanos, los periodistas enfrentaron riesgos mientras cubrían temas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Dos periodistas cayeron en represalia directa por su labor en 2011 y el CPJ sigue investigando las circunstancias en otros cuatro casos. El aumento en los casos de violencia letal en 2011 determinó el regreso de Brasil al Índice de Impunidad del CPJ, que destaca aquellos países donde los casos de periodistas asesinados permanecen sin resolverse".
Los casos de asesinatos por su labor periodística comprobados por el CPJ son:
Edinaldo Filgueira, editor de un diario, fue acribillado a balazos el 15 de junio luego de mostrar una encuesta en su blog que reflejaba la insatisfacción con el gobierno local.
Gelson Domingos da Silva, camarógrafo de televisión, fue muerto a balazos el 6 de noviembre mientras cubría un enfrentamiento entre la policía estatal y supuestos narcotraficantes en Río de Janeiro".

Colombia: vigente, el exilio
"Si bien en los últimos años la violencia contra periodistas descendió en forma sustancial, el panorama de la libertad de prensa sigue siendo complicado. Los periodistas continúan siendo víctimas de ataques y amenazas con tal frecuencia que algunos se ven obligados a huir a lugares más seguros dentro de Colombia, o a exiliarse".

CubaCPJ
Cuba: la batalla en internet
"La represión oficial en Cuba sigue siendo la más intensa en todo el hemisferio. Aunque los últimos integrantes del grupo de 29 periodistas independientes encarcelados durante la embestida conocida como la Primavera Negra en 2003 fueron liberados en abril, las prácticas restrictivas del gobierno siguen vigentes. La censura oficial está reglamentada por ley y se hace cumplir con todo el rigor. El gobierno persigue a los periodistas críticos con arrestos arbitrarios, detenciones de corto plazo, golpizas, campañas de desprestigio, vigilancia y sanciones sociales. A pesar de la baja penetración de Internet en la isla, la batalla por la libertad de expresión sigue librándose casi por completo en Internet. El gobierno ha alistado a una legión de blogueros oficiales para contrarrestar a una efervescente blogósfera independiente". El informe destaca que en 2010-2011 fueron 18 los periodistas cubanos que tuvieron que exiliarse. El récord a nivel mundial.

Ecuador: de los más restrictivos
"El clima de libertad de prensa continuó en profundo deterioro bajo el gobierno del Presidente Rafael Correa. En septiembre, un informe especial del CPJ reveló que las políticas de Correa habían transformado a Ecuador en uno de los países del hemisferio más restrictivos para la prensa. En marzo, Correa inició un proceso penal por calumnias injuriosas contra los más altos ejecutivos del diario El Universo, uno de los principales periódicos y entre los más críticos del país. El caso, que se centró en una mordaz columna de opinión que condenaba las acciones de Correa en una revuelta policial en 2010, produjo condenas, sentencias a prisión y multas multimillonarias en dólares contra los ejecutivos y un ex editor. Ellos aún estaban libres bajo apelación a fines de año. Otros funcionarios también utilizaron las arcaicas leyes penales de difamación para intentar silenciar a periodistas. El presidente recurrió con frecuencia al uso de las cadenas, discursos presidenciales que ocupan toda la programación a nivel nacional, para desprestigiar a periodistas individualmente o a los medios. Aunque las cadenas tradicionalmente se usaron para divulgar información en tiempos de crisis, bajo el mandato de Correa se han convertido en un foro para la confrontación política".

Guatemala: la irrupción del narco mexicano
"Los periodistas ejercieron la autocensura de modo creciente a medida que los carteles mexicanos expandieron su presencia en Guatemala. En mayo, grupos criminales en cuatro departamentos colgaron pancartas en lugares públicos, amenazando con atacar a los periodistas si cubrían las actividades de las bandas. Un periodista de televisión en la provincia sureña de Escuintla fue asesinado en circunstancias no esclarecidas luego de recibir varias amenazas. Si bien el aumento de grupos criminales planteó un riesgo creciente, los periodistas también enfrentaron peligro por cubrir casos de corrupción oficial y cuestiones de seguridad local. En la ciudad de Quetzaltenango, al sudeste de Guatemala, un periodista de televisión y su familia salieron ilesos cuando su camioneta fue atacada con armas de fuego. El periodista había recibido amenazas de muerte vinculadas a su labor informativa sobre corrupción policial".

  LetalesCPJ

Honduras: indolencia gubernamental
"La prensa hondureña siguió padeciendo las violentas consecuencias del golpe de 2009 que derrocó a Manuel Zelaya. Cuatro periodistas de radio y televisión fueron asesinados en 2011 en circunstancias poco claras. El CPJ está investigando para determinar si las muertes se vincularon con su labor informativa. Un clima de violencia e impunidad generalizado ha convertido al país en uno de los más peligrosos de la región. La postura del gobierno sobre los asesinatos de periodistas ha empeorado la situación. Las autoridades han minimizado los crímenes contra periodistas, y se han mostrado lentos y negligentes en la persecución de los culpables. No se informó sobre ningún avance en el esclarecimiento de los asesinatos de tres periodistas caídos en relación directa con su labor informativa en 2010".

México: autocensura generalizada
"Las organizaciones criminales ejercieron una extraordinaria presión sobre la prensa a medida que extendieron su control sobre virtualmente cada sector de la sociedad. Los periodistas fueron asesinados o desaparecidos, los medios atacados con bombas o amenazados. La autocensura generalizada fue la consecuencia devastadora de este estado de situación. En medio de un vacío informativo, periodistas y ciudadanos utilizaron cada vez más las redes sociales para informar a sus comunidades. El asesinato de una reportera de Nuevo Laredo fue el primer caso en la historia del CPJ en el cual una persona cayó en represalia directa por su labor periodística en redes sociales. Por lo menos otros tres periodistas recibieron asilo político en Estados Unidos y Canadá, y varios otros buscaron refugio en otros países. Varias importantes organizaciones de medios acordaron un código profesional en el cual estipularon protocolos para periodistas en riesgo y se comprometieron a no convertirse en herramientas de propaganda para criminales. Pero el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa no logró implementar reformas efectivas. A pesar de las iniciativas para fortalecer la fiscalía especial para crímenes contra la libertad de expresión, la violencia contra la prensa siguió prácticamente impune. El nuevo programa del gobierno para la protección de periodistas fue considerado en gran medida como ineficaz. Y en tanto que la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley para federalizar los crímenes contra la prensa, la legislación seguía pendiente a fines de año".

Perú: retroceso marcado
"La libertad de prensa sufrió marcados retrocesos en 2011. En la etapa preliminar a la elección presidencial de junio, la prensa registró un alarmante aumento en el número de ataques y amenazas en respuesta a la cobertura de la campaña electoral. En el norte de Perú, un periodista cayó en represalia por su labor informativa, mientras que otros dos fueron asesinados en circunstancias poco claras. Los tribunales condenaron a cuatro periodistas según las arcaicas leyes de difamación penal".

Venezuela: represión sistemática
"El gobierno del Presidente Hugo Chávez continuó su campaña sistemática de represión del periodismo crítico a través de disposiciones regulatorias, judiciales y legislativas. El ente regulador de telecomunicaciones aplicó una multa a Globovisión, el único canal de televisión crítico del país, por más de 2 millones de dólares por su cobertura informativa sobre los letales motines en las cárceles entre junio y julio".

Mañana seguimos Contando América

Los santuarios de los asesinos

Por: | 22 de febrero de 2012

Carcel1
Araceli Guevara Ontiveros, llora sobre el ataúd de su hermano Francisco Guevara Ontiveros, uno de los 44 presos asesinados el domingo en el reclusorio de Apodaca. Foto: AFP

En la cárcel de Apodaca hay asesinos. Los hay que fueron recluidos ahí precisamente acusados por ese delito. Pero también los hay que siguen en activo, que la madrugada del domingo masacraron al interior de ese reclusorio a otros 44 reos. Asesinos que este lunes y este martes siguieron su vida normal, de encarcelados pero normal, sin enfrentar nuevos cargos judiciales por las muertes del domingo porque las autoridades aún no descubren las identidades de los homicidas. Estos asesinos están escondidos tras el anonimato que da el formar parte de un dormitorio, el C, donde viven 450 de los 2700 presos que hay en Apodaca, el reclusorio de donde se fugaron esa misma madrugada 30 integrantes de Los Zetas.

Lo que sí saben ya las autoridades de Nuevo León, industrioso estado del norte mexicano donde se ubica Apodaca, es que al menos 16 funcionarios del penal --empezando por su director, el subdirector y el jefe de seguridad-- participaron en la fuga, que se registró no a la par de “la confusión” por la matanza, sino casi una hora antes que iniciara ésta y, por lo que se sabe, huyeron sin necesidad alguna de violencia, pues fueron los propios custodios quienes abrieron paso tanto a los prófugos como después a los asesinos, a quienes les facilitaron al acceso al ambulatorio D, en donde cazaron a sus contrincantes: todos los muertos estaban ligados al Cartel del Golfo, y es ya la más grande masacre en una cárcel en tiempos modernos en México.

La fuga y la matanza, o la matanza y la fuga, a cual más de graves, constituyen además el recordatorio de que el maltrecho sistema de procuración de justicia en México tiene descomunales fallos, particularmente en el sistema carcelario, quizá el terreno en el que menos se ha trabajado en los años de la guerra contra el crimen organizado, periodo en el que se ha discutido, sin suficiente avance, sobre la necesidad de un nuevo modelo policíaco, o la implantación de un nuevo sistema de juicios orales, pero nada sobre la cloaca que son las cárceles.

El presidente Felipe Calderón reconoció esto el martes, cuando dijo "estamos construyendo nuevas instituciones revisando las policías, revisando los Ministerios Públicos, modernizando, aplicando controles de confianza, creando la Policía Federal, ahora con este problema que tenemos en algunas entidades de la República, en Tamaulipas o Nuevo León, que hacen crisis sus sistemas de reclusorios, estamos construyendo nuevos reclusorios en el país, casi una decena de ellos, que estarán (listos) la mayoría casi este mismo año, que es un esfuerzo que no se había hecho por lo menos en 20 años en México”.

Apodaca, nos dice el presidente Calderón, es parte de la crisis de “algunas entidades”. En realidad el mandatario peca de optimismo. Dos especialistas en materia de inseguridad aportaron en las últimas horas sendos diagnósticos de la famélica situación de las cárceles mexicanas, donde la regla es que los penales de los estados son una “zona de desastre”, como ha dicho Alejandro Hope, y en las que “los presos de organizaciones criminales ejercen un ‘autogobierno’ (…) que implica desde cobrar protección a los internos ‘comunes’, hasta tener injerencia en el nombramiento de custodios”, publicó ayer Eduardo Guerrero, que agrega, “este autogobierno les permite organizar fugas y ejecutar rivales cuando lo consideran necesario”.

Guerrero, en un artículo denominado Apodaca y el talón de Aquiles, en el diario Reforma, pone un contexto indispensable a la hora de tratar de entender lo que ocurrió el domingo: “Probablemente la riña en Apodaca también inició como un ajuste de cuentas en respuesta a la riña que tuvo lugar el pasado 4 de enero en el penal de Altamira, Tamaulipas. En esta riña, en la que se enfrentaron miembros del Cártel del Golfo y de Los Zetas por el control de actividades ilícitas al interior del penal, el saldo fue de 31 ejecutados, todos Zetas”. Además, el especialista llama la atención sobre las consecuencias que esa pugna acarrea para Monterrey y su zona conurbada, en donde está Apodaca, donde se vive un aumento en los homicidios como no se había visto en meses.

Sobre la crisis del sistema penitenciario mexicano, que alberga la octava población carcelaria del mundo, Hope publicó este lunes que para empezar hay “sobrepoblación: en los 429 centros de reclusión que existen en el país, hay espacio para 186,000 reclusos. El número de internos, sin  embargo, es de 231,510 (datos a octubre de 2011). A nivel nacional, la sobrepoblación es de 124%, pero en algunos penales llega a más de 250%”.

En su artículo para el portal Animal Político, denominado ¿Qué hacemos con las prisiones?, Hope apunta que uno de las causas de la crisis es el “uso y abuso de la prisión preventiva. A octubre de 2011, 42% de los reclusos no habían recibido una sentencia. La población de procesados (tanto federales como del fuero común) creció 7% en el periodo octubre 2010-octubre 2011, mientras que los sentenciados se incrementaron en apenas dos por ciento”.

En el caso de Apodaca, las autoridades han determinado que los custodios que facilitaron fuga y matanza recibían cantidades mensuales equivalentes a montos que van de 600 a poco más de 1000 euros. Lo que significa 100 por ciento más que lo que es su sueldo. Además, Hope alerta que mientras en Estados Unidos hay un guardia por cada ocho presos, en México hay uno por cada 18 reos.

Al amanecer de este martes se supo que dentro de otro penal de Nuevo León, el de Topo Chico, otros tres presos habían sido asesinados. Estas personas, entre las que había una mujer, no tenían ni 24 horas de haber ingresado al reclusorio, acusados de asesinatos y secuestros. Se presume que pertenecían al Cártel del Golfo. También en ese penal hay asesinos que siguen en activo.

"Hoy por hoy las personas que colaboran con el crimen organizado saben que, si las detienen, podrán seguir delinquiendo, gozarán de privilegios dentro de la cárcel, e incluso podrán escapar; simplemente tienen que mantener lealtad a su organización y no proporcionar información a las autoridades", nos dice en su artículo Guerrero.

 Mañana seguimos Contando América

Medios estatales: gana la propaganda

Por: | 21 de febrero de 2012

Cpj
Portadilla del Informe 2011 del Comité para la Protección de los Periodistas.

(Actualizado con la información respectiva a Cuba).

“En países de América Latina con altos niveles de polarización política como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, los líderes electos han invertido en grandes multimedios, generando enormes conglomerados de prensa oficiales que promueven sus agendas políticas personales”, sostiene el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), en una investigación publicada como parte del Informe Global: Ataques a la Prensa en 2011 de esa organización, que se da a conocer este martes.

Carlos Lauría, coordinador senior del programa en de las Américas del CPJ, publica en “Prensa estatal: Fines políticos desplazan interés público” un recuento sobre una tendencia marcada de gobiernos de Latinoamericana de generar medios supuestamente de interés público, pero que en realidad tienen una agenda de propaganda gubernamental que sirve como ariete para marginar, excluir e incluso atacar a periodistas y medios independientes y críticos.

El caso emblemático expuesto por Lauría es el impulsado por el presidente Hugo Chávez en Venezuela, ejemplo que sin embargo han seguido lo mismo Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua, países que además, subraya el funcionario del CPJ, “carecen de leyes que dispongan que los medios estatales deban servir al interés público”.

El estudio de Lauría explica cómo “a menudo” esos presidentes “describen a los ejecutivos de medios privados como la ‘oligarquía’ y la ‘elite empresarial’, personas vinculadas a conglomerados transnacionales y decididas a sesgar la cobertura periodística a favor a la oposición política o de otros grupos con intereses especiales. Los gobiernos de estos países justifican su accionar contra la prensa, a quien se le suele negar el acceso a funcionarios y a eventos públicos, al acusar a los medios privados de ser enemigos del pueblo”.

El caso de Globovisión, cadena televisiva condenada a pagar 2 millones de dólares por supuestamente instigar disturbios tras una revuelta en una cárcel venezolana, es puesto como caso emblemático, en el que a partir del embate de un programa afín al régimen de Chávez, “financiado con fondos públicos, se ha convertido en el ejemplo más notorio de una tendencia regional a través de la cual los medios estatales se utilizan no sólo como herramienta para la propaganda política, sino también como plataformas para campañas de desprestigio en contra de críticos, incluyendo periodistas”. 

Pero el caso está lejos de ser una situación propia de Venezuela. “El Presidente de Ecuador Rafael Correa ha seguido de cerca los pasos de Chávez. Cuando Correa asumió su cargo a principios de 2007, los medios estatales consistían solamente de Radio Nacional de Ecuador. El gobierno erigió una ambiciosa maquinaria mediática en pocos años (…)  El gobierno de Correa ha utilizado fondos públicos —cuyos montos no fueron nunca divulgados— con el objetivo de montar una masiva operación de medios estatales actualmente compuesta por numerosas emisoras de TV (TC Televisión, Gama TV y Ecuador TV, además de canales de cable como CN3 y CD7), estaciones de radio (Radio Pública de Ecuador, Radio Carrousel, Radio Super K 800 y Radio Universal), periódicos (El Telégrafo, PP El Verdadero y El Ciudadano), revistas (La Onda, El Agro, Valles y Samborondón) y una agencia de noticias (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, conocida como Andes).

“Correa ha usado a los medios estatales como plataforma para desacreditar a los periodistas que se oponen a sus políticas de gobierno. El presidente suele dedicar sus habituales emisiones radiales de los sábados a embestir con ataques verbales a empresas de medios y a periodistas en forma individual. Los medios que suelen ser con mayor frecuencia blanco de ataques son los El Universo, La Hora, El Comercio y Expreso, como así también la cadena televisiva Teleamazonas. El presidente ha tildado a sus críticos de ‘ignorantes’, ‘basuras’, ‘mentirosos’, ‘amorales’, ‘mediocres’, ‘sicarios de tinta’, y ‘actores políticos que están tratando de oponerse a la revolución ciudadana’”.

El reporte de Lauría también revisa el caso de Nicaragua, donde “el gobierno sandinista utiliza el aparato mediático oficial —Canal 4, Canal 8, Canal 13, la emisora radial Nueva Radio Ya y el sitio de noticias El 19— para perpetrar ataques personales a varios periodistas críticos del gobierno. (…) Periodistas conocidos como el ex director del periódico El Nuevo Diario, Danilo Aguirre, han sido tildados de “fascistas”. Carlos Fernando Chamorro, conductor del programa “Esta Semana” en el Canal 12 de televisión, fue investigado y acusado de lavado de dinero en una investigación que el CPJ describió como politizada y que intentó restringir la cobertura informativa sobre casos de corrupción gubernamental”.

En el caso de Daniel Ortega, la construcción de un aparato de propaganda incluye el involucramiento de su familia en la operación de medios: “El lanzamiento en junio del Canal 13 Viva Nicaragua, una cadena de 24 horas de noticias propiedad de la familia Ortega y dirigida por los hijos de Daniel Ortega, Luciana, Camila y Maurice Ortega Murillo, es un ejemplo del intento del presidente por controlar el flujo de información”.

El reporte también señala que hay otros países donde también se advierten este tipo de prácticas: “En Bolivia, el Presidente Evo Morales fue sincero cuando explicó que su gobierno saca provecho de los medios estatales para frustrar las distorsiones percibidas en la prensa privada. Y en Argentina, los críticos afirman que el programa de televisión 6, 7, 8 emitido por la Canal 7 en la televisión pública ha lanzado una caza de brujas contra periodistas que no son afines al gobierno. En este programa de debate, cinco periodistas y dos invitados periódicamente menosprecian la cobertura periodística que realiza la prensa crítica, retratando a periodistas y medios como actores políticos y oposición”.

Si el ensayo de Lauría comienza con el caso venezolano su recorrido sobre esta tendencia a montar un aparato estatal de propaganda en contra de los periodistas, el funcionario del CPJ advierte que "los analistas sostienen que Venezuela, en particular, ha intentado reproducir aspectos del modelo de comunicación cubano, en el cual el gobierno es dueño y controla todos los medios, los utiliza para la propaganda política y para oponerse a las críticas extranjeras, mientras denosta a periodistas y blogueros independientes. Esto resulta preocupante dado que Cuba, hasta hace poco, figuraba entre los países con más periodistas presos en el mundo. En Cuba, quienes intentan trabajar de modo independiente son hostigados, detenidos, amenazados con procesos judiciales o prisión, o se les impide viajar. Los sitios de Internet gubernamentales acusan a blogueros independientes de recibir dinero de grupos de oposición financiados en el extranjero. La constitución de Cuba reconoce sólo “la libertad de expresión y de prensa siempre que sea conforme a las fines de la sociedad socialista.
"Al mismo tiempo, la política del gobierno cubano ha restringido de modo severo la infraestructura local para Internet, ya que sólo a una pequeña parte de la población se le permite acceder a la red desde sus hogares. A la gran mayoría se le exige utilizar puntos de acceso controlados por el estado y debe someterse a verificaciones de identidad y a una intensa vigilancia. El acceso a sitios no cubanos está restringido".

La buena noticia es que sí hay ejemplos en América Latina de medios estatales que se distancian de las políticas del gobierno en turno. Lauría menciona como referencias de buena práctica a “Televisión Nacional de Chile (TVN), Canal 22 de México y TV Cultura de Brasil han sido destacados como paradigmas de medios que pertenecen al estado pero que han logrado cumplir con su objetivo principal de servicio público”.

Mañana seguimos Contando América 

Es el secuestro, estúpidos

Por: | 20 de febrero de 2012

Secuestro
Tabla tomada de animalpolitico.com

El secuestro es el delito que más genera percepción de inseguridad en la población de México. Así lo sostiene el Centro de Investigación para el Desarrollo, Cidac, un think tank que presentó hace unos días el estudio 8 delitos primero, mediante el cual logró establecer que de 33 delitos, son 8 los que realmente impactan en la percepción de inseguridad de los mexicanos. Según este informe, se requiere de 8 homicidios con la marca de la delincuencia organizada, o de 112 robos de vehículos con violencia, para generar el mismo sentimiento de vulnerabilidad en una comunidad que provocan tan solo 2 secuestros.

Si este índice del Cidac está en lo correcto, México está en graves aprietos: en paralelo con el estudio del Cidac, que comenzó a circular este mes, la semana pasada el gobierno informó que en el segundo semestre de 2011 los secuestros aumentaron 23 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, una realidad que hará crecer de manera vertiginosa la sensación de vulnerabilidad en este país.

Antes de que el año pasado surgiera el Movimiento por la paz con justicia y dignidad, que aglutina a las víctimas de la violencia del narcotráfico y delitos de delincuencia organizada, México tuvo tres grandes convulsiones ciudadanas, cada una de ellas a partir de una crisis de hartazgo ante los secuestros. La indignación se galvanizó de tal forma que los mexicanos salieron a las calles en sendas manifestaciones de protesta: la primera de ellas fue en los años noventa, luego hubo otra en 2004 y finalmente la más reciente fue en 2008.

Esas manifestaciones ciudadanas ocurrieron en la capital del país pero el fenómeno del secuestro en México ocurre en gran parte del país. “En la segunda mitad de 2011 se registraron mil 239 secuestros en México, en comparación con los mil cuatro casos de los que se tuvo registro en el mismo periodo en 2010. Los estados con mayores reportes de este delito fueron: el Estado de México con 170 casos, Tamaulipas con 145, Guerrero con 99 y Michoacán con 95”, reportó la semana pasada la revista Emeequis.

Otra nota periodística, esta del diario Reforma, reportaba el aumento de secuestros, en el último trimestre de 2011,  en los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Oaxaca, Distrito Federal, Morelos, Estado de México, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Veracruz y Michoacán.

El modelo creado por el Cidac pretende, entre otras cosas, que la opinión pública tenga un referente mediante el cual pueda medir de manera diferenciada el impacto de los diversos hechos delictivos. “Si tenemos información sobre cuáles son los delitos que más afectan la percepción ¿estaríamos dispuestos a que estos sean atendidos antes?”, se cuestionaba Verónica Baz, directora del Cidac, en un artículo en el diario Reforma. Baz agrega que “en México las cifras oficiales sobre inseguridad nos dicen poco. Las razones son muchas y van desde la no-denuncia hasta la falta de capacidad de los estados para registrar los delitos de tal forma que se puedan hacer comparaciones en el tiempo”.

En los últimos meses la presión de diversos investigadores y medios de comunicación ha logrado que el gobierno mexicano organice y publique información sobre los homicidios relacionados con el combate a las bandas criminales. Esos datos empiezan a constituirse en un barómetro que ayuda a comprender la dimensión del reto de inseguridad que se vive en el país. Reto que es más complejo si añadimos que al dar los datos del secuestro, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega, el incremento de los secuestros se debe a la "creciente diversificación de las actividades de las organizaciones criminales", según reporto Infobae.com.

Drogas: se rompe el tabú

Por: | 17 de febrero de 2012

Se llama Gabriel Quadri, es candidato a la presidencia de México y ayer se convirtió en la más reciente voz que en la región cuestiona el tabú sobre descriminalizar las drogas. En declaraciones a la radio este jueves, en su primer día como aspirante presidencial, Quadri se mostró a favor de "ir estudiando" la legalización de las drogas. Algunos dirán que Quadri se atreve a hablar así porque es el abanderado de un modesto y poco prestigiado partido (Nueva Alianza), de manera que no tendría nada qué perder, pero sus palabras se dan en sintonía con declaraciones de los últimos días de los presidentes de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que se han pronunciado por revisar el modelo de combate al narcotráfico en el que, como ha señalado Héctor Aguilar Camín, uno países ponen los muertos y mientras otros ponen los consumidores (Estados Unidos y Europa).

Este nuevo impulso a la idea de repensar la legalización de las drogas comenzó la semana pasada. El sábado, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina anunció que propondría a "los gobiernos de Centroamérica y los Estados Unidos, 'analizar la posibilidad' de despenalizar el comercio de las drogas como estrategia para poner fin al narcotráfico. (...) Su propuesta, precisó el mandatario, tiene como objetivo detener los cientos de asesinatos que provoca el comercio ilícito de drogas, así como los delitos que están relacionados con esa actividad", según publicó El Universal de México.

Los mandatarios centroamericanos se reunirán el próximo mes, pero desde ya el presidente de El Salvador ha comenzado a hablar también de la posibilidad de legalizar las drogas. Así lo registró El faro.net: "Mauricio Funes dijo este lunes (13 de febrero) que no se debe descartar como estrategia de combate al crimen organizado la posibilidad de legalizar las drogas, lo que supone un cambio en la posición expresada en mayo pasado, cuando interrogado por la periodista mexicana Carmen Aristegui dijo que rechazaba esa opción. 'Es una medida que debería discutirse en la región', dijo Funes, después de una reunión de trabajo con el gobernante guatemalteco Otto Pérez, quien ha lanzado la propuesta de legalizar el transporte y la comercialización de las drogas en el istmo. (...) Funes subrayó que él no está fijando posición en favor ni en contra de la legalización de las drogas, sino que se está mostrando en disposición de que se discuta como una posible solución al reto que enfrentan las pobres naciones centroamericanas de luchar contra los poderosos cárteles del narcotráfico".

En similar óptica está ahora la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien el miércoles se mostró partidaria a que se dé un debate "muy serio" y "riguroso" sobre la legalización del comercio de drogas: "Esto no es una discusión nueva. No veo por qué no se pueda plantear un debate, pero que implique un abordaje muy serio y muy riguroso para no verlo como una medida simplista, porque no lo es", dijo según reportó El País de Costa Rica. "No es una discusión sencilla, no se puede pretender anunciar la simple legalización como esa varita mágica que nos va a desaparecer todo el problema de las drogas, es un debate importante que hay que asumirlo con mucha rigurosidad", agregó.

El rechazo de Estados Unidos a la sola idea de discutir el tema ha sido inmediato. "Nuestra posición es muy clara, nos oponemos a la legalización de las drogas", dijo el martes el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos, Mike Hammer, citado por DPA sobre la propuesta de Pérez Molina.

"No estamos haciendo lo que Estados Unidos dice, estamos haciendo lo que tenemos que hacer", expresó el gobernante guatemalteco en declaraciones a The Associated Press al responder a Washington.

"La fracasada guerra contra las drogas ha fortalecido el crimen organizado, ha desestabilizado gobiernos, violado derechos humanos y devastado vida humanas por todas partes", dijo el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, en una videoconferencia al inaugurarse el foro "Drogas: un balance a un siglo de su prohibición", que durante tres días revisó ese tema en la capital mexicana. El ex mandatario aseveró que urge analizar alternativas ya que "la situación de seguridad ha alcanzado un nivel crítico en México y América Central".

El intelectual mexicano Héctor Aguilar Camín, quien participó en el foro, publicó esta semana dos artículos sobre la prohibición de las drogas. En uno de ellos recuerda que "todas las operaciones policiacas, todas las detenciones, campañas y muertes no han reducido el flujo de narcóticos prohibidos al norte. Los costos han sido elevadísimos, para empezar en corrupción institucional. (...) Los homicidios merecen nota aparte. Desde 1990 hasta 2007 la tasa de homicidios de México no había hecho sino descender. Había 20 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1990, pero sólo 8 homicidios por cada 100 mil en el año 2007.

"La espiral de violencia desatada desde entonces por la guerra de las drogas en México hizo subir la tasa. Según la ONU, en el año 2010 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 21.5, casi cinco veces la que Estados Unidos, y casi lo mismo que Brasil, aunque una tercera parte que la de Colombia y la mitad que Guatemala.

"Respecto de la posición relativa de México y Estados Unidos en el tema de las drogas, los mexicanos suelen decir: 'Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los consumidores'. Mucho de verdad hay en esa queja".

Aunque ya ex mandatarios como Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo habían expuesto que hay que discutir un cambio de enfoque en la guerra antinarco, el debate subió de nivel luego de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hablara al respecto en noviembre pasado una entrevista con The Guardian, posición que ha reiterado en más ocasiones.

El presidente mexicano Felipe Calderón ha aceptado que se debata la legalización, pero siempre se ha manifestado contrario a la idea de que haya beneficios en ella. Ahora bien, a Calderón ya solo le quedan escasos nueve meses en la presidencia. Y mientras en Estados Unidos ayer mismo discutían que salvo "un candidato" quien resulte ganador en las presidenciales mexicanas seguirá el combate a las drogas emprendido por el actual mandatario; lo que quizá Washington no había descontado es que surgiría esta misma semana una nueva voz en la política mexicana, marginal pero que tendrá igualmente todos reflectores en la campaña presidencial, que ya desde su primer día ha dicho, con más contundencia que los otros tres candidatos, que él está a favor de la legalización, una idea que semana a semana parece ganar terreno en la región que según advirtió Mario Vargas Llosa en abril pasado, de seguir "por el camino que vamos (sosteniendo a la represión como la manera de combatir al narcotráfico) a lo que nos va a conducir es a que toda América Latina sea lo que hoy día es México".

Hasta el lunes.

 

 

Linchamientos bajo el volcán

Por: | 15 de febrero de 2012

Linchamiento

Fotografía del vehículo donde tres jóvenes fueron linchados en la comunidad de San Mateo Huitzilzingo, del municipio de Chalco, en el Estado de México. (EFE)

Chalco queda rumbo a los volcanes. Es tan grande y poblado que podemos decir que es toda una región al suroriente de la capital mexicana. Antes, el nombre de Chalco estaba ligado a los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, cuando el entonces presidente mexicano adoptó ese municipio como el ahijado prototípico de su política social. Pero estos días Chalco, en el Estado de México, es el lugar donde la muerte, en forma de linchamiento, tuvo uno de sus más estúpidos episodios.

Los de San Mateo Huitzilzingo, comunidad de Chalco, se sentían agraviados. El mes pasado tres jóvenes de esa población fueron acribillados mientras bebían alcohol en plena calle. En otro incidente otros dos jóvenes fueron secuestrados y luego asesinados. Eso lo sabemos hoy porque autoridades y prensa han tratado de entender cómo pudo ser que ahí tres hombres, dos de ellos adolescentes, fueran quemados vivos el viernes pasado, en el incidente más reciente de linchamientos en México.


“Con piedras, palos y puños, la turba agredió a los jóvenes, dos de 16 años y uno de 26, sin que estos supieran bien a bien de qué se les acusaba. Y así acabaron sus días: vejados por los golpes, desnudos y quemados vivos”, así reportó ayer el diario Reforma su reconstrucción de lo que en un principio se dijo que se trataba de la respuesta de la turba a un supuesto intento de secuestro de uno de los habitantes de San Mateo Huitzilzingo.

“Ahora cuentan sus agresores que se les hizo fácil creer en el rumor de que José Manuel Mendoza, Raúl Aboytes y Luis Alberto Cárdenas eran secuestradores porque, apenas el mes pasado, dos jóvenes de este poblado fueron ‘levantados’ y aparecieron muertos en Tlalmanalco”, sigue el relato del diario capitalino.

El procurador (fiscal) del Estado de México aún no sabe si, como ha dicho la prensa, todo fue un mal entendido de amores. Reforma ha publicado que José Manuel Mendoza, el joven de 26 años, tenía una novia en el pueblo, la madre de la muchacha desaprobaba la relación y “comenzó a gritar que querían raptar a su hija”. La Jornada en cambio apunta que “según vecinos de las víctimas, decir piropos a unas jovencitas de San Mateo Huitzilzingo fue lo que costó la vida a los tres linchados”. El fiscal Alfredo Castillo solo una cosa tiene clara: “en ningún momento se trató de un intento de secuestro”.

Sobran los detalles de lo que pasó en San Mateo. Baste decir que los testimonios hablan de 500 enloquecidos pobladores, la campana de la iglesia repiqueteando para convocar al pueblo la noche de ese viernes, el enclenque cuerpo policial compuesto por una decena de uniformados rebasado al punto de que a pesar de que inicialmente habían podido rescatar a los jóvenes, no pudieron salvaguardarlos en la comandancia, que fue arrasada al grito de “mátenlos, son secuestradores”. Los refuerzos de la policía estatal llegó demasiado tarde.

Si el fin de semana alguien quiso encontrar algo de racionalidad a lo ocurrido en San Mateo Huitzilzingo, acurrucándose en la lógica de que ciudadanos agraviados, en estos tiempos de violencia en México, hartos de ser víctimas, tomaron la ley en sus propias manos... esa comodidad se convirtió en desazón cuando las declaraciones del fiscal Castillo desmontó la versión de que los linchados eran secuestradores. ¿Entonces? El investigador Carlos María Vilas tiene una respuesta, aunque no la haya dado ayer, sino en una entrevista en 2009 a partir de una investigación sobre los linchamientos en América Latina y en México en concreto.

“En mi consideración, la recurrencia de los linchamientos en los últimos 30 años en México, Guatemala, Bolivia, Perú y algunas otras regiones del continente, siempre destinados a sancionar faltas, para mí son expresiones de ira relacionadas con situaciones de crisis y rupturas. Por supuesto que los linchamientos son expresiones multicausales, pero cuando uno investiga en función de explicarse qué pasa en estas comunidades que linchan, muchas de ellas indígenas, presentadas siempre como comunidades de paz, resignadas, etcétera, que de golpe estallan y matan... mi respuesta es que son comunidades tremendamente afectadas por los cambios macroeconómicos y macrosociales de los que han sido blanco, cambios que las degradaron. A esto se suma que desde la propia dialéctica histórica se las llevó a aprender que la violencia se tornó habitual como método para buscar la resolución de problemas (…) Son pueblos a los que la historia o, mejor, el Estado, ha situado en condición de indefensión ante todo: la pobreza, el delito, la impunidad del poder político o no. De ahí mucho de la espontaneidad con que reaccionan y van al linchamiento”, dijo Vilas en una entrevista publicada por rionegro.com.ar, luego de haber estudiado un centenar de linchamientos en México. Otro elemento interesante de ese artículo.

Los linchamientos no son exclusivos de México, ni siquiera de América Latina obvio está, pero en pocos lugares se podrá uno encontrar que incluso hay un blog dedicado al tema, como ocurre en Guatemala con http://linchamientos.blogspot.com/

Los linchamientos en suelo guatemalteco han llegado al punto de ser un tema para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Guatemala, que el 30 de octubre pasado “manifestó su ‘profunda preocupación’ por el ‘alarmante’ incremento de los linchamientos en el país, que en lo que va de este año han alcanzado los 234 casos”, según se publicó en emisoras unidas.

Un despacho de la AFP de esas mismas fechas, y también a partir de cifras de la ONU, detalla que “esa práctica ‘sigue incrementándose exponencialmente’. En 1996, 47 personas fallecieron o resultaron heridas por linchamientos; en el año 2000 se registraron 115 víctimas, mientras que para octubre de 2011 se alcanzó ya el número sin precedentes de 234 víctimas".

En 2010, en Colombia estuvo a punto de ocurrir un linchamiento parecido en el origen al de San Mateo: la causa fue un chisme. “Una turba indignada casi lincha a dos sujetos acusados falsamente de violar a una niña. Lo curioso es que fueron imputados del crimen debido a un rumor que creció como bola de nieve. Todo empezó porque un vecino creyó escuchar ‘sonidos raros’ cerca de su casa y lo atribuyó a una violación sexual. Luego, otro vecino ‘confirmó’ la agresión y el rumor se convirtió en furia entre los vecinos que capturaron a dos sospechosos. Los supuestos violadores confesaron ser ladrones pero negaron haber violado a alguien”.

Ahora, hay una veintena de pobladores de San Mateo detenidos por el linchamiento de los tres jóvenes que en realidad eran albañiles, no secuestradores. Pero algo está podrido en el Estado de México, pues ahí en el 2011, según el recuento de La Jornada, hubo 62 intentos de linchamiento, cuatro de ellos se consumaron con un saldo de seis personas asesinadas. Y en el naciente 2012 ya van 11 intentos en municipios de ese estado vecino de la capital mexicana, como los de José Manuel, Raúl y Luis Alberto del 10 de febrero, ocurridos justo al lado de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

El País

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