Salvador Camarena

Caso Florence Cassez: argumentos contra su liberación

Por: | 21 de marzo de 2012

Esta mañana hora de México la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el caso de Florence Cassez, presa desde 2005 por el delito de secuestro y posesión de arma de fuego reservada a las fuerzas armadas. Cinco ministros decidirán la suerte de la ciudadana francesa que alega inocencia. El ministro ponente es Arturo Zaldívar, y en su proyecto solicita a sus otros cuatro compañeros que Cassez sea liberada. Zaldívar, como se reseñó en este blog ayer, encontró que el montaje que la policía mexicana organizó para presumir en informartivos de TV la detención de Cassez y su ex pareja, acusado de ser el líder de una banda de secuestadores, así como fallas procesales tales como la tardanza en la notificación al consulado francés, vulneraron los derechos de Cassez, por lo que propone su inmediata liberación.

El caso ha suscitado un encendido debate en la opinión pública mexicana, en donde s e puede decir, sin temor a equivocarse, que por cada opinión publicada a favor de que Cassez permanezca en la cárcel, hay al menos cuatro que piden su liberación, alegando que se vulneró el indispensable "debido proceso".

Serán menos las voces que piden que Cassez permanezca en la cárcel pero no por ello de escasa importancia. El lunes, por ejemplo, a poco menos de 48 horas de la discusión en la Corte, el propio presidente mexicano Felipe Calderón hizo una arenga a favor de las víctimas y un llamado al Poder Judicial, al que en obvia referencia por el caso Cassez, recordó que “le corresponde cumplir la ley y vigilar que su interpretación no sea la rendija por donde nuevamente se escape la impunidad”. El mandatario agregó, según nota publicada por Proceso, que “nos exigen a todos los servidores públicos no sólo a cumplir la ley, sino además hacer justicia, proveer seguridad y cumplir el bien común (...) Justicia para los padres a los que les han arrebatado a sus hijos, justicia a los hijos que no volvieron a ver a sus padres secuestrados o asesinados, justicia para las viudas, para los que sufren extorsión y para los que sufren violencia”.

Pero además del presidente, cuyo colaborador Genaro García Luna, hoy secretario de Seguridad Publica y en diciembre de 2005 jefe de la Agencia Federal de Investigación, instancia que recreó para la televisión el supuesto operativo de rescate de las víctimas, elemento clave para que el ministro Zaldívar demande la liberación de Cassez, hay otras voces que consideran que el ministro sobredimensiona el "efecto corruptor" que tal recreación televisiva pudo haber tenido en la presunción de inocencia de la ciudadana francesa.

Dos artículos periodísticos critican los argumentos del ministro Zaldívar y piden a la Corte votar a favor de ratificar la pena de 60 años de cárcel para Cassez. Ambas tribunas fueron publicadas por el diario Milenio. Se reproducen párrafos de cada una.

La Corte no debe liberar a Florence, escribe este martes Elías Huerta Psihas, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Estos son aglunos de sus argumentos:

(El ministro) sostiene el proyecto que el videomontaje, la falta de asistencia consular oportuna y la no puesta a disposición inmediata del MP generaron un escenario de indefensión para Cassez y un efecto corruptor de todo el proceso penal, alterándose como consecuencia del montaje las pruebas ofrecidas en el proceso penal, por lo que carecen de fiabilidad y las declaraciones de las víctimas y de los policías son producto de una deformación de la realidad. Estas afirmaciones resultan exageradas y contrarias a toda lógica procesal y a precedentes emitidos por tribunales internacionales de derechos humanos, contradiciendo lo dispuesto en el inciso IX del artículo 20 constitucional, que dice: “toda prueba obtenida con violación de derechos humanos será nula”. Por tanto, una prueba ilícita no puede anular la totalidad las pruebas aportadas en el proceso. Una prueba ilícita no genera la nulidad de todo el proceso.

También es inexacto el proyecto cuando sostiene como elemento corruptor la inoportuna asistencia consular a Cassez y que se incumplió la Convención de Viena, invocando el Caso Avena llevado por México ante la Corte Internacional de Justicia. El ministro Arturo Zaldívar pretende que por una supuesta notificación tardía al consulado francés (26 horas después), se afectó su debido proceso, lo que es falso. Cassez fue puesta a disposición a las 10:16 y la primera llamada a la embajada fue a la 15:05 de ese mismo día y nadie respondió. La segunda llamada fue a las 12:20 del día siguiente, con resultados positivos, llegando el cónsul a la PGR a las 15:45. Es decir, que sí existió asistencia consular. Adicionalmente, al rendir su declaración Cassez estuvo asistida de un defensor público y un traductor “negando en todo momento su participación en los secuestros”, por lo que no se le afectó su derecho a una defensa eficaz, que es lo que tutela el tratado, aclarando que el artículo 36 del mismo a lo que obliga es a informar al Estado receptor cuando el extranjero es detenido o puesto en prisión preventiva, “si éste lo solicita”.

En resumen, en el caso Cassez existen derechos de las víctimas y de la sociedad para que toda persona que cometa un delito sea castigada y que éste no quede impune. Siguiendo los lineamientos de las Cortes internacionales, ni se le violó a Florence su derecho a la notificación consular ni su derecho de probar y alegar, ni mucho menos su derecho a un juicio justo, ni las faltas procesales que refiere vician o anulan todo el proceso seguido en su contra. Si la SCJN decreta su libertad, a pesar de haber sido ya condenada por tres tribunales federales, enviará a la sociedad un negativo mensaje de impunidad. 

En el mismo periódico, el sábado, el articulista Ramón Cota Meza escribe una columna con título Absolución de Cassez, banalidad del mal. Aquí unas líneas de ese texto:

Hay que ser muy insensible, muy banal o simple tecnócrata del derecho para ignorar la injusticia elemental de esta actuación. Dejemos de lado el testimonio de las víctimas y constatemos la inconsecuencia del ministro: promete no pronunciarse sobre la inocencia o la culpabilidad de la acusada, pero ordena ¡su absolución inmediata! Peor que Pilatos.

Obviamente, no hay proporción entre las fallas procesales descritas (admitiendo su gravedad) y la implícita declaración de inocencia de la acusada. En la medida en que la finalidad de la justicia es restaurar el balance, manteniendo el sentido de la proporción, el proyecto de sentencia es injusto de principio a fin: los errores de procedimiento no pueden invalidar la evidencia sustantiva y deben ser juzgados y corregidos en el ámbito procesal.

Se supone que los casos admitidos por la Corte son socialmente relevantes, así que su jurisprudencia debe considerar todas las aristas, sin perderse en tecnicismos, pues está llamada a juzgar la sustancia de la cuestión. ¿Qué ley o principio general del derecho autoriza al ministro a ignorar la cosa juzgada y sentenciar el caso por sus accesorios técnicos exclusivamente? ¿Qué ley lo autoriza a absolver a una acusada de crímenes atroces sin siquiera escuchar a las víctimas que la incriminan?

La banalidad del mal del ministro ponente se nutre de la creencia en la superioridad de la “técnica” o la “ciencia” jurídica sobre la litis, como si la justicia fuera una ciencia, lo que obviamente no es, pero hay que recordarlo: la justicia es un fin en sí mismo y está basada en valores que el juez debe defender con un claro sentido de lo que es correcto y lo que es incorrecto. El ministro ponente no se propone restablecer el balance, sino aparecer como un técnico avezado.

Si los campeones del “debido proceso” están enarbolando el caso Cassez como castigo ejemplar para la muy defectuosa procuración de justicia, a quien están castigando es a las víctimas de secuestro. Su deseo de justicia ejemplar ha elegido un caso indigno.

Finalmente, en un Amicus Curiae, importantes activistas de los derechos humanos como Isabel Miranda de Wallace, presidenta de ALTO AL SECUESTRO A.C., y quien pasó de ser una ama de casa a resolver el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Wallace, demandan a la Corte no atender a la solicitud del ministro Zaldívar. En el documento, de 286 páginas solicita que:

En caso de que se considere la existencia de violación de los derechos fundamentales de Florence Cassez se analice el daño causado sin que pueda implicar la desprotección de los derechos de las víctimas.

Que en todo caso si, esa Corte, llegara a considerar que existen prueblas viciadas que fueron valoradas por los jueces se ordene que esas pruebas, y nada más esas, salgan del caso y que se reponga el proceso ad inicio. Esa es la única manera de que se respeten los derechos humanos de las víctimas y que se cumpla con el objeto del proceso penal que es conforme al Artículo 20 de la Constitución esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.   

Hoy miércoles veremos lo que deciden los ministros. 

 

Hay 4 Comentarios

Menudo entuerto le ha tocado deshacer a los encargados de procurar la justicia en México.

¿Procurar justicia en México? cuando sabemos lo fácil que es sobornar a los Ministerios Públicos por unos cuantos pesos? Esto por un lado, por el otro, reflexionemos: las declaraciones del presidente Felipe Calderón sobre el caso de Florence Cassez solo demuestra la NULA independencia del poder judicial respecto al poder ejecutivo. El caso de Florence Cassez se añade a una larga estadística de procesos judiciales viciados: compra de pruebas, expedientes mal integrados, sobornos a los jueces y un largo etcétera que ejemplifican lo podrido que está el sistema legal en México.

Felipe Calderón no está a favor de las víctimas, si así lo fuera ya habría parado la guerra contra el crimen organizado que inció en 2006, y que suma a la cuenta más de 50 mil muertes en este país. ¿Acaso Felipe Calderón ha escuchado a las víctimas organizadas en el Movimiento por la Paz quienes le demandan detener su guerra?

Las víctimas de cualquier delito tienen todo el derecho a ver tras las rejas a los victimarios, pero ello no exime el cumplimiento de la ley a cabalidad, comenzando por quienes se supone, son los encargados de impartir justicia y no de fabricar montajes televisivos para legitimar el ejercicio de sus funciones.

#estamosjodidos


La sacaron de la cárcel, para simular su detención frente a las cámaras. México, vaya circo de pais.

Siempre hay una joven estúpida dispuesta a dejarse embaucar por el primer playboy que le sale al encuentro en un país exótico y bonito pero peligroso como es México, y luego ocurre lo inevitable, y he aquí las adversas consecuencias de acabar en prisión hasta que tenga 80 años o más, lejos de su moderno y europeo país, y lo que es peor de sus verdaderos amigos y familia. Triste final para una bonita muchacha con demasiados pájaros en su cabeza.

¡Vaya movida!

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Sobre el autor

es periodista y locutor de radio. Se ha propuesto hacer de este espacio una red de amigos en el continente.

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