La evaluación debe ser un componente fundamental de toda política pública democrática. Las sociedades tienen derecho a conocer cómo funcionan y cuáles son los resultados de las acciones que desarrollan sus gobiernos. También, a que la evaluación sea realizada de forma persistente y confiable, llevada a cabo con transparencia y autonomía, haciendo que sus resultados contribuyan a diseñar estrategias orientadas a mejorar las políticas gubernamentales en todos los campos de actuación. Un gobierno que no pone a disposición de la sociedad una evaluación sistemática de sus programas y acciones, evidencia un déficit democrático cuyas consecuencias pueden ser irreversibles.
La democracia no debe ser entendida sólo como un procedimiento de gestión institucional cuyo parámetro se mide apenas por la existencia de elecciones periódicas. Democrático es un sistema cuyos resultados aspiran a construir más y mejores condiciones de justicia social, de igualdad y libertad. De tal forma, la soberanía popular puede ser ejercida de manera más conciente cuando las sociedades conocen el alcance, impacto y resultados de las políticas públicas llevadas a cabo por sus gobiernos. La democracia se amplía y consolida cuando se democratiza el conocimiento y el acceso a la información. La evaluación periódica de las políticas públicas es una de las formas imprescindibles de hacerlo.
En este sentido, no cabe duda que los dispositivos de evaluación de los sistemas escolares pueden constituir un valioso aporte para comprender su funcionamiento y, en gracias a éstos, ampliar el derecho a la educación, promoviendo una mejor calidad del trabajo pedagógico.
