Alambradas con cuchillas, controles fronterizos, lanchas de vigilancia, todos los medios parecen pocos para frenar la oleada de inmigrantes que intenta entrar en Europa. El discurso que ampara estos diques de contención parece razonable: no podemos abrir las puertas a todo el mundo, nuestra economía no lo resistiría, no hay trabajo para todos. Por esta razón, el derecho de residencia es un bien muy preciado que cada país protege y administra celosamente. Pero, ¿podemos ponerle precio a ese bien?
Cuando Michael J. Sandel planteó al auditorio del CCCB el pasado miércoles si le parecía aceptable que un país concediera la residencia a cualquier extranjero, siempre que adquiera una propiedad inmobiliaria de más de 500.000 dólares, un mar de brazos se alzó en contra. Apenas tres estaban a favor. El rechazo social era contundente, y sin embargo, una medida de este tipo rige ya en Estados Unidos y ha sido anunciada también por el Gobierno español. Primero anunció que bastaría con comprar una vivienda de 160.000 euros para obtener la residencia, pero en mayo pasado anunció que serían 500.000.
La misma lógica que se aplica para lo poco sirve para lo mucho. De acuerdo con esta premisa, ¿por qué no ponemos un precio a los puestos de trabajo que queramos reservar para los extranjeros? Podríamos sacar un buen dinero, y aún mucho más si los pusiéramos a subasta. Y ya puestos a impedir que lleguen los que no pueden pagar, ¿por qué en lugar de cuchillas, que ya se ha visto que no disuaden del todo, no ponemos unas minas antipersona?
La lógica mercantil ha ido impregnando el discurso público, como la lluvia fina que cae del cielo. A veces legitimada incluso desde la mejor de las intenciones. Algunas ONG, por ejemplo, quisieron salir al paso de la xenofobia con informes económicos que demostraban lo beneficiosa que era para nuestra economía la presencia de inmigrantes. Era cierto, pero el argumento era un arma de doble filo. Si aceptamos la lógica mercantil para justificar su presencia durante la fase de bonanza, la misma lógica servirá para expulsarles primero de la sanidad y luego del país cuando cambie el ciclo.