El lenguaje del poder no se expresa siempre con palabras. Se expresa también con gestos y decisiones a veces envueltos en palabras engañosas. Pero al final, el poder siempre acaba mostrando su verdadera naturaleza y la forma de ejercerlo habla mucho de las verdaderas convicciones de quienes lo ejercen. Estos días no he podido evitar sentirme de nuevo agredida por la arrogancia con que se ha expresado en el enésimo episodio del triste caso de Ester Quintana. Ya saben, la mujer que perdió un ojo por el impacto de una bala de goma disparada por los Mossos d'Esquadra en la manifestación de la huelga general del 14 de noviembre de 2012.
Por fin la Generalitat ha accedido —a través de su aseguradora— a que se indemnice a Ester Quintana con casi 261.000 euros por la pérdida del ojo. Pero ni en este postrero reconocimiento de que la víctima tenía razón, ha sido capaz de concederle la dignidad que se merece. De nuevo ha vuelto a humillarla al negarse a reconocer, pese al pago de la indemnización, que se trata de una compensación por algo que nunca debió ocurrir porque fue consecuencia de un ejercicio abusivo de la fuerza. Ha pagado a regañadientes, y probablemente como parte de una estrategia de la defensa para favorecer con un posible atenuante a los dos agentes que en breve se sentarán en el banquillo de los acusados por estos hechos.
Jordi Jané, el nuevo y breve consejero —pues fue nombrado a finales de junio a causa de la ruptura de CiU—, dijo que iba a indemnizar a Quintana, no como un “reconocimiento de culpa”, sino como “gesto de buena voluntad”. Una expresión un tanto extraña si tenemos en cuenta que hace un año el juez estableció una fianza de 200.000 euros para los dos imputados y que la instrucción, ya concluida, no plantea dudas sobre que la lesión de debió a una bala de goma disparada en medio de una actuación policial “desproporcionada”.
El poder no claudica. El poder puede mentir, ocultar y tergiversar, como se ha visto en este caso, pero nunca claudicar, aunque de ello se derive una manifiesta injusticia. Antes injustos que débiles. Esta parece ser la concepción del poder para ejercer la fuerza que tienen los tres consejeros que se han sucedido en estos dos años al frente del Departamento de Interior, aunque entre ellos puedan apreciarse diferencias de talante. Será que el hábito hace al monje.
Harían bien, sin embargo, en no subestimar el valor de los símbolos en una sociedad icónica como la nuestra, que encuentra en casos como el de Ester Quintana una oportunidad para poder entender mejor la esencia de las relaciones de fuerza y cómo los gobernantes hacen uso del poder de coacción que les hemos otorgado con nuestros votos. Por eso, cuando la verdad se abre paso, como ha ocurrió en este y otros casos de abuso policial gracias a esos notarios tecnológicos que, para desgracia del poder, pueden salir de cualquier bolsillo, el deseo de castigo puede abrirse paso hasta las urnas. Sí, cualquiera de nosotros podía haber sido Ester Quintana y perder un ojo participando en una protesta legítima.
Cuando la verdad se impone, surge el deseo de castigar tanto la injusticia como la arrogancia. Y si hay menosprecio, aún más. En este caso, sin duda lo ha habido. Al hacerse pública la noticia, el consejero Felip Puig se permitió incluso sugerir que Ester Quintana podía haber sido víctima de sus propios compañeros de manifestación. Con ello criminalizaba a la víctima y la despojaba de cualquier dignidad. Daba a entender que Quintana participaba en altercados violentos. Luego mintió: dijo que no había antidisturbios en ese lugar. Cuando salieron las imágenes que demostraban que sí que había antidisturbios, dijo que bueno, que sí, pero que seguro que no habían disparado balas de goma. Ni una salva. Cuando nuevas filmaciones demostraron que lo habían hecho, entonces ya no supo qué decir más, salvo seguir negando. Hasta cinco versiones ofreció el consejero, en sucesivas correcciones forzada por la evidencia de unas filmaciones que no podía controlar.
El caso ha mostrado que uno de los elementos de defensa de quienes están en el ojo del huracán del poder es precisamente la visibilidad. La transparencia. Ciudadanos provistos de móviles, dispuestos a filmar y arrojar luz sobre los hechos. Cuando se observan los efectos de esa vigilancia, se entiende mejor que el Gobierno de Mariano Rajoy haya promovido la ley mordaza. Y aunque CiU votó en contra por razones de oportunidad, luego no se ha sumado al recurso presentado por el resto de la oposición ante el Constitucional, lo que demuestra que entre la concepción del poder que ambos tienen no hay tanta diferencia.