Cosas que importan

Cosas que importan

No tan deprisa. Las cosas importantes no están solo en los grandes titulares de portada. A veces se esconden en pequeños repliegues de la realidad. En este espacio habrá mucho de búsqueda, de exploración, de reflexión sobre las cosas, pequeñas y grandes, que nos pasan. Y sobre algo que condiciona, cada vez más, la percepción que tenemos de lo que ocurre, la comunicación.

El enigma Puigdemont

Por: | 17 de enero de 2016

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La insistencia con la que diferentes líderes del soberanismo catalán en que han de ampliar la base social del independentismo implica un suave pero inequívoco intento de corregir la estrategia seguida hasta ahora y un reconocimiento de que los resultados electorales les han conducido a un callejón sin salida. Finalmente se han dado cuenta de que con la fuerza electoral obtenida en las autonómicas de septiembre no están en condiciones de plantear, y mucho menos ganar, el pulso que mantienen con el poder central. A tenor de sus palabras, no se trata de corregir el rumbo, pero si la velocidad y la forma de navegar. El soberanismo parece haber tomado conciencia de que con las fuerzas de que dispone, ya no puede mantener el rumbo rápido de colisión en el que estaba inmersa, sino un rumbo zigzagueante que le permita despistar al contrario y ganar tiempo para reponer fuerzas. Todo ello a costa de renunciar a los plazos que se había fijado y desaprovechar la ventana de oportunidad que veía en la debilidad de la política española ante la dificultad para conformar un gobierno sólido y estable en Madrid.

Los primeros gestos de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat son significativos. Puigdemont ha insistido de entrada en que el plazo de 18 meses para culminar el proceso que figura en los pactos con la CUP no tienen por qué ser un corsé. Si se pueden acortar, mejor, pero si se han de alargar, no pasa nada, ha dicho sin titubear. Ha insistido también en que todo el proceso se hará preservando en todo momento la seguridad jurídica, porque se irá “de la ley a la ley”. Eso es algo difícil de creer si se aplica la hoja de ruta que figura en los pactos poselectorales, pues no es posible ir a un proceso de “desconexión” de España para crear la nueva república catalana yendo sin más desde la ley española a la ley catalana si ese proceso no se ha pactado antes. ¿Quiere eso decir que Puigdemont antepone la negociación a la confrontación? Desde luego no me atrevería a ir tan lejos, pero algo parece no cuadrar en el discurso soberanista en las últimas semanas. La insistencia de Puigdemont puede ser una estratagema para calmar la ansiedad que reina en medios económicos, pero también puede ser un modo de preparar a los suyos para cambios ulteriores.

De entrada, el proceso de elaborar la nueva legalidad catalana pasaría, según esa hoja de ruta del soberanismo, por la aprobación de una constitución catalana. Pero de momento, Puigdemont ya ha aclarado que la primera parte de ese proceso no consistirá en debatir y aprobar un texto constitucional en sede parlamentaria, cosa que sería objeto de rápida impugnación por los poderes del Estados y de la previsible intervención del Tribunal Constitucional, sino en un “proceso participativo” de la ciudadanía para que esta pueda debatir los términos de la nueva constitución. Es decir, no una comisión parlamentaria impugnable por perseguir una finalidad para la que no tiene competencia, sino en una campaña de agitación política para facilitar la participación de la sociedad civil y de paso, tratar de ampliar esa base social que ahora considera insuficiente.

Puigdemont ha tenido además buen cuidado en situar su independentismo en el plano estricto de la gestualidad política y en todo momento ha evitado contravenir abiertamente la ley. Ha suscitado un gran escándalo mediático que en el juramento de toma de posesión como Presidente de la Generalitat evitara comprometerse a respetar la Constitución y utilizara una fórmula claramente provocadora. Pero pocos remarcaron que apenas unas horas antes había aceptado sin reparos el cargo de diputado con un juramento que incluía, por supuesto, el respeto de la Constitución aunque fuera “por imperativo legal”. Es evidente que el nuevo presidente no ha querido contravenir la legalidad, ni siquiera en el terreno de lo simbólico, pues mientras el juramento de aceptación de los cargos electos está claramente regulado y exige el acatamiento de la Constitución, no ocurre lo mismo en el caso de la toma de posesión del cargo de Presidente. 

¿Hemos de considerar pues estos movimientos como un indicio de que algo está cambiando en el soberanismo? Es pronto aún para responder a esa pregunta, pero los primeros movimientos del nuevo presidente tienen algo de enigma. Habrá que observar con atención los próximos pasos.

 

Imagen: Carles Puigdemont con Oriol Junqueras en el Patio dels Torongers de la Generalitat, el día que tomó posesión como presidente de la Generalitat. AFP.

La gente de Almudena

Por: | 18 de noviembre de 2015

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Ahí están, los personajes de la nueva novela de Almudena Grandes, perplejos, preguntándose por qué de repente vuelven a ser pobres y por qué se sienten tan heridos y tan fracasados

Cuando terminó de escribir El corazón helado, Almudena Grandes me confesó en una entrevista que había quedado exhausta. Tras cinco años de minuciosa preparación, le salió una novela monumental, un relato torrencial, inmenso, con idas y venidas de la Guerra Civil al presente, del presente al exilio y la posguerra. Aquel esfuerzo de inmersión ha resultado ser un gran filón que ha inspirado ya tres novelas más, todas con el mismo fondo: la memoria de la Guerra Civil y la posguera, o mejor, el impacto que esa memoria tiene sobre todos nosotros. Pero cuando iba por la tercera parte de la cuarta novela de la saga, Almudena sintió una urgencia, una necesidad irreprimible: tenía que hablar del rabioso presente. Tenía que dar voz a los aplastados por la crisis porque, tal como ella la ve, la crisis es una guerra que vuelven a perder los mismos de siempre. Así surgió Los besos en el pan, un año en la vida de un barrio popular de Madrid, un relato coral de gente que tiene en común la lucha por sobrevivir, cada uno como puede, en esta guerra no declarada.

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El amor en la política

Por: | 22 de octubre de 2015

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La situación es muy contradictoria. Por un lado, no dejamos de hablar de desafección de la ciudadanía, de crisis del sistema y de desapego a las instituciones. Las encuestas así lo corroboran una y otra vez. Pero al mismo tiempo hay que remontarse al final del franquismo para encontrar tanto interés por la política. Lo cual se refleja no solo en una mayor participación en las elecciones, sino también en todo tipo de movilizaciones y organizaciones alternativas. Hace poco se planteó en el Palau Macaya de Barcelona un interesante debate en el marco del programa RecerCaixa sobre si la democracia está en crisis y si debemos repensarla. Para mi sorpresa, tanto los académicos que trabajan en el plano teórico como los activistas del entorno del 15-M que participaron se mostraron decididamente optimistas. Sí, es cierto, coincidieron, vivimos una crisis muy profunda, en realidad, varias y graves crisis a la vez, pero al mismo tiempo, esas crisis abren grandes oportunidades de cambio y de hecho hay gérmenes de un nuevo modelo social que el statu quo todavía no es capaz de detectar.

Un poco de optimismo no va mal en estos tiempos agitados. Y lo que alienta el optimismo es que el cambio no depende solo de la acción voluntarista de unas minorías que empujan, sino que los propios excesos de los poderes políticos y económicos, que degradan la democracia para imponer sus objetivos, están creando las condiciones para su demolición. Acabamos de saber que en Europa hay 122 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Lo dice Eurostat. 13 millones en España. Son cifras insoportables, porque son muchos los excluidos y porque entre ellos hay muchos jóvenes que no pueden resignarse a no tener futuro. Muchos se van fuera, pero muchos otros reaccionan y se organizan. De hecho, entre los jóvenes vuelve a haber pasión por la política y muchos de ellos están ya organizando su vida al margen del sistema y eso, tarde o temprano, tendrá sus efectos.

Sobre cómo ha de ser ese cambio y cómo se ha de revisar la democracia trata precisamente un libro que acaba de publicarse con el sorprendente título de Amor y política (Icaria), de Montserrat Moreno y Genoveva Sastre, dos profesoras eméritas de Psicología con un gran capital de sabiduría que compartir. Sostienen que todo cambio social empieza por el individuo. Ahí está el germen de toda transformación duradera. Y creen que esa transformación ya ha comenzado, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Se trata de un cambio, no solo de la manera de pensar, sino de sentir. En este cambio, no habrá asaltos a ningún palacio de invierno; más bien adoptará la forma de una evolución permanente, pero será radical y exigirá una revisión a fondo de la democracia con reformas que garanticen, mediante la participación activa de la ciudadanía, que la política se ocupa realmente de la defensa de lo común.

JovenLo primero que rebaten las autoras es el darwinismo social que domina el discurso hegemónico, según el cual, la vida es una especie de selva en la que solo triunfan los mejores, los más aptos para competir, y eso forma parte del orden natural de las cosas. Pues no. Los estudios de biología, y particularmente los de Lynn Margulis, han mostrado que en el proceso evolutivo hay más cooperación que competencia, comenzado por las primitivas bacterias procariotas, a partir de las cuales se originó la vida en el planeta. En su libro Captando genomas, Lynn Margulis y Dorion Sagan demuestran que las mutaciones aleatorias a las que se refirió Darwin no son la clave de la evolución, sino la mezcla de genomas por fusión simbiótica. En otras palabras, que el gran motor de la evolución no es la competición, sino la cooperación. Y que la cooperación no es un producto de la evolución, sino su causa. Y la humanidad no hubiera sobrevivido sin grandes dosis de cooperación.
Como los organismos vivos, las sociedades también cambian lenta, pero inexorablemente. Ahora estamos en uno de esos momentos en que lo nuevo no acaba de emerger y lo viejo no acaba de desaparecer. Pero el cambio que se vislumbra es hacia un modelo social mucho más colaborativo, basado en la racionalidad, pero también en el afecto y en los sentimientos. Superada la vieja dicotomía entre la razón y las emociones, como muestra el neurocientífico Antonio Damasio, las mejores decisiones racionales son aquellas que están en consonancia con los sentimientos y viceversa.

En la cultura que emerge de los círculos del 15-M y otros foros alternativos, los valores emergentes no son la competencia y la agresividad, sino la cooperación. Y se apoya en un considerable corpus teórico. Se trata de promover una política basada en la afectividad, que tenga en cuenta la dimensión emocional de las personas. Como dicen Moreno y Sastre, “no podemos esperar que nadie gobierne de manera adecuada si tiene una baja sensibilidad emocional, porque provoca insensibilidad al malestar y el dolor ajeno, y en consecuencia, a cuestiones que preocupan y conciernen a la ciudadanía”. Pienso ahora en esa ministra de Trabajo hablando de “salida del mercado laboral” para referirse a los despidos.  Necesitamos políticos como la ministra italiana que se puso a llorar por tener que anunciar recortes que no podía evitar. He elegido deliberadamente la imagen de dos mujeres, porque ni los sentimientos son un atributo exclusivo de las mujeres, como erróneamente se ha pretendido en la cultura machista, ni la falta de sensibilidad en el ejercicio del poder una cuestión estrictamente masculina. 

Mundo mejorLas autoras de Amor y Política sostienen que “los sistemas patriarcales han impuesto durante milenios un orden jerárquico autoritario que ha ocultado otras posibles formas de organización”. Los actuales sistemas democráticos están marcados por esta impronta y aunque han supuesto un enorme progreso en términos de bienestar social, están dando muestras de agotamientos, cuando no de desnaturalización. A la hora de repensar la democracia, habrá que tener en cuenta también la “revolución emocional” que se está produciendo. En el comportamiento de muchos jóvenes vemos una resistencia a las reglas de la competitividad extrema, formas de compartir que van más allá de las reglas del mercado, y aparecen reacciones a la cultura de la urgencia que nos impregna, como los diferentes slow moviment, promueven un ritmo distinto, una manera diferente de vivir y producir. Y proliferan las iniciativas de economía social y cooperativa, como se ha visto en un reciente congreso celebrado en Barcelona sobre esta cuestión.

Se trata, en resumen, de promover una simbiosis entre los dos ámbitos que hasta ahora se han desarrollado de forma paralela, el ámbito de lo público, supuestamente dominado por la racionalidad, y el ámbito de lo privado, dominado por los sentimientos. Entre ellos el amor, que es el alimento nutricio de las relaciones personales. Como dicen Moreno y Sastre, “los valores que tanto se aprecian en el ámbito de lo privado deben expandirse al ámbito de lo público, y aquellos que merecen ser valorados en lo público (democracia, honradez, transparencia, justicia, igualdad) deben extenderse a lo privado”.

Expresado en términos filosóficos y de teoría política, se trata de aunar la ética de la justicia, que domina la esfera pública, con la ética del cuidado y la responsabilidad, hasta ahora relegada al ámbito de lo privado. La primera sostiene que se ha de tratar igual a todos los individuos, y pone el énfasis en el respeto a los derechos y deberes de la persona por encima de sus necesidades. Puesto que todos los individuos son iguales y tienen los mismos deberes y derechos, la justicia que se deriva es ciega a las diferencias. La ética del cuidado, en cambio, tiene también en cuenta la diferente situación en que se encuentran las personas. Moreno y Sastre lo resumen así: “En lugar de hacer prevalecer los derechos de una persona sobre las necesidades de otra, la ética del cuidado se rige por el principio de equidad y de reciprocidad complementaria”. Dicho de otro modo: “La ética de la justicia prohíbe tratar injustamente a los demás. La del cuidado impide, además, abandonar a alguien en situación de necesidad”.

No crean que son solo elucubraciones teóricas. Cuando en la próxima campaña electoral alguien sostenga, por ejemplo, que la propuesta de implantar en España una renta mínima para rescatar a los excluidos es ilusoria e insostenible, es de esto de lo que estaremos hablando. De una política orientada a la equidad, que no desdeña las emociones y aplica la ética del cuidado, o una política dominada por la fría racionalidad del cálculo y la codicia, insensible al dolor de los demás, que culpa a los pobres de su pobreza y que, ignorando los estragos de desigualdad, trata de hacer creer que no hay alternativa posible al modelo que la sustenta.

El dilema de la CUP

Por: | 09 de octubre de 2015

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En una pirueta estratégica que pocos esperaban, Artur Mas logró forzar una candidatura unitaria e imponer la dinámica plebiscitaria en las elecciones del 27-S. Los electores han dado una mayoría parlamentaria al bloque soberanista, pero no una mayoría de votos, lo que supone un grave lastre para la hoja de ruta que prevé la “desconexión” del Estado en 18 meses. El resultado, sin embargo, nos aboca a lo que siempre fue evidente: que además de plebiscitarias son elecciones autonómicas y por eso ahora el problema inmediato no es cómo se crean estructuras de Estado, sino cómo se forma un Gobierno, con qué programa y quién se pone al frente.

Gracias a la estrategia plebiscitaria, Mas ha logrado evitar la rendición de cuentas durante la campaña electoral y sigue teniendo a ERC atada de pies y manos por los pactos preelectorales. Pero ahora necesita a la CUP para formar Gobierno y, de repente, lo que en la dinámica plebiscitaria aparecía como una virtud para sumar —el hecho de abarcar un espectro ideológico amplio—, se convierte ahora en un gran escollo. Entre el liberalismo business friendly de Convergència y el radicalismo anticapitalista de la CUP hay una enorme distancia. ¿Se mantendrá la CUP firme en su compromiso de no investir a Mas presidente, o renunciará a sus principios en aras a que el procés siga adelante?

Mas intenta arrinconar a la CUP con la misma estrategia con la que doblegó a ERC para pactar la lista única: hacerle responsable de un eventual fracaso de la hoja de ruta independentista si no apoya su investidura. En el caso de la CUP, sin embargo, la cosa puede que no sea tan sencilla: pedirle el voto significa pedirle que pase por alto los recortes y las políticas que han aumentado como nunca las desigualdades sociales en Cataluña. Convergència se ha mostrado ya dispuesta a hablar de un plan para abordar la emergencia social, pero ha tenido cuatro años para darse cuenta de que existía tal emergencia y parece que no se enteró. También pretende que se olvide que Mas es el dirigente de un partido acusado de cobrar comisiones ilegales; que las investigaciones del caso Palau y del caso Teyco han revelado la existencia en Cataluña de tramas corruptas tan extensas y sistemáticas como las de Gürtel, Bárcenas, Púnica o los ERE de Andalucía. ¿Puede olvidar la CUP que Convergència sigue siendo el partido de Felip Puig?

BañosDada la naturaleza de las cuestiones que se dirimen, se entiende que haya tensión interna en la CUP. Sus dirigentes han dicho por activa y por pasiva que no facilitarían la investidura de Mas. Pero ¿es solo Mas el problema, o el problema es Convergència al completo? ¿Cabe una solución de compromiso, como con los toros, que se prohíben las corridas pero se mantienen los correbous? Se comprende que sus militantes tengan el corazón partido: por un lado, quieren que el procés hacia la independencia siga adelante, pero por otro, también saben que si apoyan a Mas, su discurso de que quieren construir un país nuevo sobre bases nuevas pierde credibilidad. ¿Qué clase de país será ese que empieza con un pacto con el partido que representa el status quo y defiende un modelo económico que destruye las bases del Estado de bienestar?

Por otra parte, la CUP ha triplicado su representación parlamentaria porque ha sabido atraer a muchos votantes de Iniciativa que, siendo de izquierda, querían un mayor compromiso con la independencia. Y a muchos otros de ERC que no querían votar a la lista de Junts pel Sí precisamente porque había pactado que Mas sería presidente. Todos estos electores pueden verse defraudados si la CUP apoya la investidura.

Vivimos tiempos acelerados proclives a la amnesia y parece que ya hemos olvidado que hace menos de cinco años Mas era investido presidente gracias a la abstención del PSC, pero luego pactó con el PP los presupuestos y un programa económico privatizador que ha mantenido hasta el último momento. En un ejercicio de funambulismo político, Mas presenta ahora como “desobediencia” un incumplimiento del déficit que en realidad es fruto de su incapacidad para cumplirlo, y se atribuye como mérito propio las medidas fiscales que tuvo que aplicar a partir de 2012 por exigencia de ERC, su nuevo socio.

La CUP sufre ahora la presión del chantaje: si no apoya a Mas, será responsable del fracaso del procés. Pero lo mismo que se dice de la CUP, puede decirse de Mas. Puesto que él es el problema ¿no debería sacrificarse y dar un paso al lado? Por el éxito del procés, se entiende.

 

Imágenes: Acto electoral de la CUP en las autonómicas del 27-S. /Alejandro García

Anna Gabriel, Antonio Baños y otros dirigentes de la CUP en la conferencia postelectoral./Alberto Estévez

 

La arrogancia del poder

Por: | 21 de septiembre de 2015

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El lenguaje del poder no se expresa siempre con palabras. Se expresa también con gestos y decisiones a veces envueltos en palabras engañosas. Pero al final, el poder siempre acaba mostrando su verdadera naturaleza y la forma de ejercerlo habla mucho de las verdaderas convicciones de quienes lo ejercen. Estos días no he podido evitar sentirme de nuevo agredida por la arrogancia con que se ha expresado en el enésimo episodio del triste caso de Ester Quintana. Ya saben, la mujer que perdió un ojo por el impacto de una bala de goma disparada por los Mossos d'Esquadra en la manifestación de la huelga general del 14 de noviembre de 2012.

Por fin la Generalitat ha accedido —a través de su aseguradora— a que se indemnice a Ester Quintana con casi 261.000 euros por la pérdida del ojo. Pero ni en este postrero reconocimiento de que la víctima tenía razón, ha sido capaz de concederle la dignidad que se merece. De nuevo ha vuelto a humillarla al negarse a reconocer, pese al pago de la indemnización, que se trata de una compensación por algo que nunca debió ocurrir porque fue consecuencia de un ejercicio abusivo de la fuerza. Ha pagado a regañadientes, y probablemente como parte de una estrategia de la defensa para favorecer con un posible atenuante a los dos agentes que en breve se sentarán en el banquillo de los acusados por estos hechos.

Jordi Jané, el nuevo y breve consejero —pues fue nombrado a finales de junio a causa de la ruptura de CiU—, dijo que iba a indemnizar a Quintana, no como un “reconocimiento de culpa”, sino como “gesto de buena voluntad”. Una expresión un tanto extraña si tenemos en cuenta que hace un año el juez estableció una fianza de 200.000 euros para los dos imputados y que la instrucción, ya concluida, no plantea dudas sobre que la lesión de debió a una bala de goma disparada en medio de una actuación policial “desproporcionada”.

El poder no claudica. El poder puede mentir, ocultar y tergiversar, como se ha visto en este caso, pero nunca claudicar, aunque de ello se derive una manifiesta injusticia. Antes injustos que débiles. Esta parece ser la concepción del poder para ejercer la fuerza que tienen los tres consejeros que se han sucedido en estos dos años al frente del Departamento de Interior, aunque entre ellos puedan apreciarse diferencias de talante. Será que el hábito hace al monje.

Harían bien, sin embargo, en no subestimar el valor de los símbolos en una sociedad icónica como la nuestra, que encuentra en casos como el de Ester Quintana una oportunidad para poder entender mejor la esencia de las relaciones de fuerza y cómo los gobernantes hacen uso del poder de coacción que les hemos otorgado con nuestros votos. Por eso, cuando la verdad se abre paso, como ha ocurrió en este y otros casos de abuso policial gracias a esos notarios tecnológicos que, para desgracia del poder, pueden salir de cualquier bolsillo, el deseo de castigo puede abrirse paso hasta las urnas. Sí, cualquiera de nosotros podía haber sido Ester Quintana y perder un ojo participando en una protesta legítima.

Cuando la verdad se impone, surge el deseo de castigar tanto la injusticia como la arrogancia. Y si hay menosprecio, aún más. En este caso, sin duda lo ha habido. Al hacerse pública la noticia, el consejero Felip Puig se permitió incluso sugerir que Ester Quintana podía haber sido víctima de sus propios compañeros de manifestación. Con ello criminalizaba a la víctima y la despojaba de cualquier dignidad. Daba a entender que Quintana participaba en altercados violentos. Luego mintió: dijo que no había antidisturbios en ese lugar. Cuando salieron las imágenes que demostraban que sí que había antidisturbios, dijo que bueno, que sí, pero que seguro que no habían disparado balas de goma. Ni una salva. Cuando nuevas filmaciones demostraron que lo habían hecho, entonces ya no supo qué decir más, salvo seguir negando. Hasta cinco versiones ofreció el consejero, en sucesivas correcciones forzada por la evidencia de unas filmaciones que no podía controlar.

El caso ha mostrado que uno de los elementos de defensa de quienes están en el ojo del huracán del poder es precisamente la visibilidad. La transparencia. Ciudadanos provistos de móviles, dispuestos a filmar y arrojar luz sobre los hechos. Cuando se observan los efectos de esa vigilancia, se entiende mejor que el Gobierno de Mariano Rajoy haya promovido la ley mordaza. Y aunque CiU votó en contra por razones de oportunidad, luego no se ha sumado al recurso presentado por el resto de la oposición ante el Constitucional, lo que demuestra que entre la concepción del poder que ambos tienen no hay tanta diferencia.

 

PP y CiU: un giro social poco creíble

Por: | 13 de julio de 2015

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Resultaba algo chocante oír al consejero de Territorio y Sostenibilidad Santi Vila decir: “Tenéis razón: era incomprensible que hubiera tantos pisos vacíos donde hay necesitad habitacional, y que el Gobierno no hiciera nada”. Un poco tarde para darse cuenta. Llevamos siete años de crisis y cinco de desahucios inmisericordes, con miles de familias “lanzadas” de su casa. Y no sólo el gobierno de CiU no ha hecho nada por aliviar esa situación, sino que lo primero que hizo al llegar a la Generalitat en 2010 fue cambiar el artículo de la Ley de Vivienda aprobada por el tripartito de izquierdas que abría una posibilidad a la expropiación forzosa de viviendas por razones sociales.
 
Bien está lo que bien acaba, y por eso hay que celebrar el acuerdo alcanzado el jueves que permitirá tramitar como proyecto de ley en el Parlamento catalán la inciativa legislativa popular (ILP) de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética, promovida por la PAH, la Alianza contra la pobreza energética y el Observatorio DESC. Que CiU apoyara en última instancia el proyecto permite tramitar la ley por la vía de urgencia, pero no deja de ser significativo que un asunto como este se haya dejado para el último pleno de la legislatura, si es que Mas acaba convocando las elecciones para el 27 de septiembre. Todos los partidos, excepto PP y Ciutadans, se comprometieron a votar el texto. Veremos si todos cumplen, aunque de momento el acuerdo ha servido también para mostrar cómo el partido de Rivera se alinea, una vez más, con las posiciones más conservadoras.
 
Pero los elogios que Santi Vila dirigió al movimiento ciudadano que ha impulsado la ILP y su reivindicación de la actuación del Gobierno sonaron a impostura. Es cierto que se han tomado algunas medidas en el último momento, pero si algo puede afirmarse sin temor al error es que este gobierno no ha tenido entre sus prioridades una política de vivienda digna de ese nombre.
 
PahEl día antes de tramitarse la ILP se había aprobado una norma que permite gravar los pisos vacíos de las entidades financieras, pero entre el anuncio de la medida, fruto del pacto con ERC, y su aprobación efectiva habían pasado más de dos años. También es cierto que a finales de abril se aprobó el cambio normativo que permite al Gobierno ejercer el derecho de tanteo y retracto en las ventas de pisos que los bancos hagan a fondos o gupos de inversión. Gracias a este cambio, la Generalitat pudo quedarse el lunes con 40 pisos de Bankia por el mismo precio por el que iban a ser vendidos. Pero desde que estalló la burbuja inmobiliaria, las entidades bancarias han vendido miles de pisos que habían llegado a sus manos por quiebra de inmobiliarias o por deshaucios, muchos de ellos a fondos especulativos que los compraron a precio de saldo. De haberse aprobado antes esta medida, la Generalitat hubiera tenido un parque de vivienda pública para alquiler social con el que hacer frente al drama de los desahucios.
 
La cuestión es: si ahora es posible, ¿por qué no antes? En los cinco años que lleva CiU en el gobierno ¿no pensó nunca en la oportunidad o la necesidad de aplicar este tipo de medidas? Parece que no. Pero llegan las elecciones y es hora de hacer un “giro social” que resulta tan poco creíble como el que proclama el PP en su estrategia de exhibir de repente una gran preocupación por los que sufren. Por mucho que Montoro las presente como “las medidas de devolución del esfuerzo a la sociedad que va a emprender el Gobierno en el último tramo de la legislatura”, difícilmente serán percibidas como algo distinto de lo que son: pura cosmética con fines electorales.
 
Ya resulta sospechoso que el PP se presente como “el partido del cambio” cuando la sociedad pide cambio, pero ni siquiera con la mayor de las ingenuidades se puede comulgar con ruedas de molino como la de la rebaja de luz “para afrontar la pobreza energética”. El Gobierno aprobó el viernes una rebaja del recibo doméstico del 2,2%. Desde luego peor sería que siguiera subiendo, pero algunos datos ponen en su sitio la medida: en el último mes la luz ha subido un 3,8% respecto del anterior; en el último año un 12% y en la última década, un 98%. La rebaja supondrá un ahorro medio de 1,5 euros por hogar, cuando en el último año el aumento ha sido de 12. Gran alivio no parece.
 
Hay que celebrar que tanto CiU como el PP hayan cambiado de opinión, aunque sea por razones meramente oportunistas, pero será difícil que eso haga olvidar lo mucho que pudieron hacer y no hicieron cuando podían y debían hacerlo.

 

Imágenes: La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis ocupa un bloque de 27 viviendas de obra nueva, en Sabadell. Foto: Cristobal Castro. Un representante de la PAH interviene en el Parlamento catalán en la tramitación de la ILP. Foto: Albert García.

Teresa Forcades y las vacunas

Por: | 15 de junio de 2015

No es pot matar tot el que és gras. No se puede matar todo lo que está gordo. En esta frase sintetiza la sabiduría popular la importancia que tiene saber distinguir entre lo accesorio y lo fundamental, entre la esencia y la apariencia. Y cuando se trata de señalar o apuntar, es fundamental no equivocarse de problema o de enemigo. Respeto la figura de Teresa Forcades, y alguna ocasión he tenido de defenderla públicamente de críticas injustas o exageradas, pero creo que su intervención en el caso del rebrote de la difteria en Olot merece una reflexión sobre la responsabilidad pública, especialmente ahora que acaba de postularse como candidata a gobernar este país.

Forcades ha defendido a los padres que no vacunan a sus hijos y ha pedido que no se les culpabilice “porque las vacunas están en manos de unas empresas que lo único que quieren es hacer negocio”. Es cierto que con escándalos como los de Lipobay o Vioxx — que tuvieron que ser retirados del mercado por los graves efectos secundarios que provocaban— la industria farmacéutica se ha hecho acreedora de una gran desconfianza. Que la gestión de la vacuna de la gripe A fue muy criticable y que desde el punto de vista del coste-oportunidad, también lo es la vacuna del papiloma virus.

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Se puede criticar a las farmacéuticas por las estrategias que siguen para que se recete más de lo necesario y combatir la presión que ejercen para medicalizar la vida y tratar como trastornos mentales el simple malestar de vivir. Se deben desenmascarar los intentos de forzar nuevas indicaciones terapéuticas para viejos medicamentos que pierden la patente y exigir cambios en el sistema de fijación de precios. Pero las críticas han de ser concretas y fundamentadas. Que las farmacéuticas quieran hacer negocio con las vacunas no es argumento para dejar de vacunar a los niños. Es una irresponsabilidad. También hacen negocio con los antibióticos o la quimioterapia, y no por ello proponemos dejar de tomarlos.

Confundir estos términos, para alguien que ha hecho un doctorado en salud pública, resulta sorprendente. Como también lo es el hecho de mezclar datos comprobados con puras especulaciones. De la vacuna de la difteria Teresa Forcades ha dicho que “está probada y funciona, pero no al cien por cien”, y ha añadido que los niños vacunados “corren el riesgo de sufrir efectos secundarios a causa del aluminio que contiene”. Lo primero es cierto: la vacuna tiene una eficacia del 95%. Hay pues, un 5% que no queda protegido. Y a pesar de ello hacía 28 años que no se diagnosticaba ningún caso en España. Luego la vacunación es efectiva. Lo segundo, en cambio, es una especulación alarmista. Hay estudios que indican que el aluminio causa problemas neurológicos a largo plazo, pero se refieren a trabajadores que respiran polvo de este producto durante años. Una dosis de vacuna contiene 0,5 milígramos de aluminio, cuando con la comida ingerimos cada día 8 milígramos sin problemas. En salud, la cuestión de las dosis es fundamental y Teresa Forcades lo sabe. Todo puede matar, hasta el agua. Depende de la dosis.

Comparto la idea de no culpabilizar a los padres. Hay que presumir que actúan de buena fe y que buscan lo mejor para sus hijos. Pero de buenas intenciones están los cementerios llenos. Lo primero que habría que plantearse es si los padres que no vacunan han tomado una decisión realmente informada. Y si han aquilatado bien las consecuencias de su decisión. Porque las tiene. En primer lugar, para sus propios hijos. Los padres del niño de Olot se han sentido engañados y con razón. Nunca pensaron que pusieran en juego la vida de su hijo, y sin embargo, ha estado en grave peligro. Y en segundo lugar, para la comunidad. Si hasta ahora no ha habido casos de difteria es porque más del 90% de los niños se vacunan desde hace años. Los niños no vacunados se benefician de la inmunidad de grupo, es decir, del hecho de que los otros padres sí que vacunen a sus hijos, asumiendo que puedan tener febrícula o molestias. En cambio, si hay niños sin vacunar y vuelve a circular la bacteria, la decisión de los padres antivacuna perjudica al resto de los niños vacunados, pues entre ellos hay un 5% que no han quedado completamente inmunizados.

Rechazar la vacuna no deja de ser una posición insolidaria, un egoísmo mal calculado porque cuantos más sean los padres que no vacunen, más riesgo correrán sus propios hijos de sufrir enfermedades como la difteria, el sarampión o la rubeola cuya erradicación perseguimos desde hace décadas. Los padres de los niños que en países pobres mueren por no tener acceso a estas vacunas difícilmente entenderán a los que, pudiendo tenerlas, rechazan beneficiarse de ellas.

Quienes están dispuestos a asumir responsabilidades públicas deben pensar ante todo en términos comunitarios. ¿Promovería Teresa Forcades las teorías antivacuna desde el Departamento de Salud?

 

Imagen: Teresa Forcades durante la presentación de su libro "Por amor a la justicia", tras ser elegida candidata de Procés Constituent.

 

Esos viejos dinosaurios

Por: | 17 de mayo de 2015

Tras cuarenta años de dictadura, sin cauces de participación política y un Estado autoritario todavía fuerte, era inevitable que los constituyentes de 1979 entronizaran a los partidos políticos como la clave de bóveda del nuevo sistema político español. No había habido ruptura, sino reconciliación, y para conjurar el riesgo de involución que todos los demócratas temían, se decidió proteger y reforzar el papel de los partidos políticos: se les garantizó financiación pública y se les entregó la llave de todo el edificio institucional.

En ese momento, la militancia reunía a la parte más dinámica de la sociedad. Allí estaban quienes habían luchado por la democracia y las élites intelectuales del país. Tenían una gran legitimidad. Cuarenta años después de morir el dictador, las encuestas del CIS sitúan a los partidos políticos en el último lugar en aprecio ciudadano y las siglas que han dominado la política española son vistas como viejos dinosauros al borde de la extinción.

El sistema ha funcionado durante diez legislaturas, las que van de 1979 a 2011. Pero ahora está claramente en crisis. Se ha escrito ya mucho sobre las razones de este deterioro. La ley electoral redujo la pluralidad inicial y derivó hacia un bipartidismo apabullante que llegó a acaparar el 83% de la representación política. En un sistema sin contrapesos externos —los partidos controlan incluso el Tribunal de Cuentas que les ha de fiscalizar— pronto se convirtieron en máquinas de gestión con poder para colonizar todo el aparato institucional.

PeticionImagenCATN23EXLa falta de democracia interna hizo que apenas un puñado de personas promovidas a la cúspide por cooptación interna controlara todo el poder. La estructura organizativa pasó a comportarse como una empresa (de colocación de sus cuadros y de ocupación del poder, entendido como mercado político), cada vez más cerradas y más impermeables a la crítica y la renovación. La vida interna se empobreció, los liderazgos se debilitaron y el ejercicio de la política se corrompió hasta niveles que los constituyentes no podían imaginar. La crisis ha acelerado un proceso de desafección que había comenzado mucho antes.

Ahora, todos los dinosaurios del viejo sistema se plantean estrategias de supervivencia. La desmembración del espectro político obligará a los que no desaparezcan a sustituir la competencia destructiva por formas más versátiles de relación con las demás fuerzas. Susana Díaz está aprendiendo esa lección. Saben que también a nivel interno han de evolucionar, pero no saben muy bien cómo ni en qué dirección. En el escenario vemos distintas fases de evolución.

En el extremo inmovilista está el PP, que ni siquiera ha hecho la más mínima concesión a la democracia interna, como elecciones primarias. El dedazo sigue siendo su sistema de legitimación interna. En una estructura vertical y cerrada como la del PP, los intentos de cambio solo pueden expresarse en forma de enconadas luchas internas, con las palabras fidelidad y traición como fetiche. En ello están. Como en Juego de Tronos.

El PSOE ha sido más atrevido, seguramente porque fue desalojado del poder de forma abrupta. A la fuerza ahorcan. Ha hecho la renovación generacional y ha introducido el mecanismo de las primarias, con lo que se ha democratizado y el poder interno ha pasado de los cuadros a la militancia. Es consciente de que las fronteras del partido han de ser más porosas, pero la vieja dinámica se resiste y no deja de ser paradójico que la decisión por la que Pedro Sánchez ha consolidado su liderazgo haya consistido en saltarse a la torera el resultado de las primarias en Madrid. Pero también la militancia ha perdido el significado original. Con los años, ha quedado limitada a una especie de tecnoestructura vinculada al poder, y tan alejada de la sociedad como el propio poder. Quien controla la mayor estructura territorial, está en condiciones de controlar el partido, como ocurre con Susana Díaz.

Ahora, el PSOE se plantea evolucionar de partido de militantes a partido de electores. Pero ¿qué es eso exactamente? Si la sociedad ya no se identifica con la verticalidad y oscurantismo de los viejos partidos, ¿qué formas organizativas surgirán como alternativa? La experiencia de Podemos, en tanto que fuerza emergente surgida de los nuevos movimientos ciudadanos, es interesante porque supone una prueba de concepto. Círculos abiertos a la participación de cualquiera, debate interno público y sin restricciones, búsqueda de la transversalidad y utilización de las tecnologías como instrumento de participación aportan elementos de renovación interesantes. Pero todavía no se vislumbra una solución para el paso siguiente: el de trasladar esa participación abierta y horizontal al ejercicio del poder.

 

Ilustración: EVA VAZQUEZ 

 

Un minuto de televisión

Por: | 11 de mayo de 2015

Monedero
Pese al tono amable y hasta laudatorio de su carta A mi amigo Pablo, la retirada de Juan Carlos Monedero de la dirección de Podemos tras criticar una deriva electoralista abre una interesante reflexión sobre la relación entre fines y medios en política. Otras políticas son, desde luego, posibles, de eso no hay duda. Pero ¿es posible otra forma de hacer política y tener opciones de gobernar? Esta es la cuestión a la que se enfrenta ahora Podemos.

Después de meses en que parecía que la movilización del 15-M había quedado en un mero rumor de fondo sin concreción política, la irrupción de Podemos en las europeas de 2014 cambió por completo el escenario político. Su fulgurante ascenso tuvo mucho que ver con la capacidad de sintonizar con el estado de ánimo que dominaba la calle. Era una fuerza nueva, con un discurso nuevo y nuevos canales de expresión. Sabía, sin embargo, que para crear un movimiento político extenso y transversal, capaz de interpelar al poder, las redes sociales no eran suficientes. Necesitaba la televisión como instrumento para posicionarse en el lugar donde se dirime la política, la esfera pública mediática. Pero este espacio tiene, como bien ha descrito el sociólogo John B. Thompson, dinámicas poderosas que acaban condicionando las conductas de los propios actores políticos.

Aunque Podemos ha demostrado capacidad para crear un potente discurso a través a las redes, al final Monedero se ha despedido lamentando amargamente que un minuto de televisión sea más importante para su partido que una discusión con uno de los círculos. Pero la posibilidad de gobernar no se dirime en los círculos, aunque estos sean muy importantes para la vitalidad interna, sino en la capacidad de posicionarse en el escenario mediático, donde la pugna política, no por virtual es menos cruenta.

Conforme escalaba en las encuestas, Podemos se convertía en una amenaza. Sus proclamas contra el sistema surgido de la Transición resultaban inquietantes, pero lo que más preocupaba era la potencialidad política que implicaba el hecho de ser la fuerza política más trasversal, con similar nivel de apoyos en todas las edades y segmentos sociales. De ahí la contundencia de la respuesta defensiva de las fuerzas y poderes amenazados y su unanimidad en la estrategia de presentarle como una especie de caballo de Troya del chavismo en la política española mientras se hurgaba en las cuentas y carreras de sus dirigentes.

Iglesias EFEEn la batalla mediática, todo cuenta, y especialmente aquello que tiene que ver con la imagen. La regularización que Monedero tuvo que hacer con Hacienda fue utilizada como un ariete contra el nuevo partido. El incidente permitió a sus adversarios insistir en que, pese a proclamarse diferentes, en realidad no lo eran. Aunque no cometió ninguna ilegalidad, la explicación de Monedero no fue satisfactoria y desde este punto de vista, su marcha puede ser más beneficiosa que perjudicial para Podemos. Pero sus dirigentes han podido comprobar, no solo lo vulnerables que son, sino la gran volatilidad que la dinámica mediática imprime a la política.

Las campañas de descrédito han hecho mella, pero lo que ha frenado sus expectativas electorales ha sido el encumbramiento de Ciudadanos como actor con opciones de gobierno. El partido de Rivera es un competidor del PP y del PSOE, pero lo que ha prevalecido en ese apoyo es su capacidad para disputarle a Podemos la representación de la nueva política. Es esta es una batalla genuinamente mediática. No hace falta recurrir a sesudos estudios de semiótica para comprobar que lo que para Podemos fue hostilidad y reserva, se ha convertido en elogio y apoyo en el caso de Ciudadanos. El partido de Rivera fue tratado como cuarto actor político en igualdad de condiciones mucho antes de que las encuestas le dieran esa posición. Al final, los titulares se convirtieron en profecía autocumplida. Y cumplida además en un tiempo récord. Es como si la política misma se hubiera contagiado del carácter compulsivo y oscilante de los medios de comunicación, que por su propia naturaleza tienden a focalizar y encumbrar con la misma rapidez con la que ignoran y olvidan.

A todo ello se añade la posibilidad de seguir al minuto la evolución de la opinión pública. En un sistema en el que cada semana hay una encuesta, resulta muy difícil que las fuerzas políticas puedan sustraerse al poder de arrastre que tiene la coyuntura y no caer en el tacticismo más cortoplacista. La posibilidad de escrutar cómo impacta en el ánimo del electorado cada nuevo acontecimiento no solo incide sobre los actores y partidos políticos, sino también, y cada vez más, sobre los propios electores. Las encuestas se han convertido en un poderoso factor de gregarismo electoral, lo que otorga a los sacerdotes demoscópicos que las interpretan una gran capacidad de influencia.

En este marco tan voluble y cambiante, resulta difícil transformar las demandas y esperanzas de cambio en políticas específicas. Concretar es arriesgar. Y este dilema afecta especialmente a las nuevas fuerzas políticas. De qué se trata, ¿de situarse en las posiciones donde se encuentra en un momento dado el segmento central que puede dar la mayoría, o de convencer al electorado para que se mueva y se sume a una política que se considera justa? Como toda cuestión compleja, crear una mayoría no es algo se pueda dilucidar en un minuto de televisión, pero sin ese minuto tampoco es posible.

Miedo al absurdo

Por: | 26 de marzo de 2015

Miedo 3
La nuestra es una generación afortunada. Me refiero a la española que ahora tiene menos de setenta años. Y también a la europea de menos de sesenta. A diferencia de nuestros padres o abuelos, nosotros no hemos tenido que lidiar con la monstruosidad de una guerra, no hemos tenido que experimentar el terror de encontrarnos en primera línea de fuego ni de esperar con el estómago encogido el azaroso zarpazo de un bombardeo. Ni siquiera tenemos, como en otras regiones del mundo, la amenaza de grandes catástrofes naturales. Hasta la geografía nos obsequia con un trato benigno. De modo que nuestras vidas discurren en general con la apacible perspectiva de que todo discurra según nuestras previsiones. Lo cual no quiere decir que no tengamos contratiempos. Los tenemos. De hecho, vivimos la paradoja de que vivir plena e intensamente las posibilidades que nos ofrece el tiempo que nos ha tocado en suerte, comporta asumir cada vez mayores cotas de riesgo. De modo que gran parte de nuestro esfuerzo está destinado precisamente a tratar de controlar esos riesgos. Queremos vivir con riesgo, pero exigimos la máxima seguridad.

La movilidad es un buen ejemplo. Nuestro modelo social implica ampliar constantemente la capacidad para desplazarnos. Más incluso de lo estrictamente necesario. Viajamos por trabajo, por placer, por ocio. Y, puesto que podemos, recorremos 300 kilómetros en coche o 3.000 en avión para poder pasar un fin de semana en una ciudad desconocida. Pero moverse como lo hacemos implica correr unos riesgos que hay que tratar de controlar. Conforme hemos aumentado la distancia y la velocidad a la que podemos desplazarnos, hemos ido incorporando nuevas exigencias de seguridad, tanto en los vehículos como en las vías. Esa es la dinámica que rige en todos los ámbitos: optimizar al máximo las posibilidades y reducir al mínimo los posibles riesgos. Precisamente porque es la más arriesgada, la movilidad aérea es también la más segura: 2,3 accidentes por cada millón de vuelos.

Aceptamos, en general, la posibilidad de un accidente porque es el precio que hemos de pagar por el beneficio del viaje. Lo mismo ocurre con otros aspectos de la vida. Pero tenemos una relación muy ambivalente con el riesgo. En general, nuestra cultura muestra una gran intolerancia frente a los riesgos que dependen de otros y en cambio, una gran tolerancia con los que hemos asumido libremente. No toleramos un efecto adverso inesperado en un medicamento, un error médico o un fallo de seguridad en un servicio público, pero al mismo tiempo ponemos nuestra vida en peligro fumando, bebiendo, conduciendo a 160 kilómetros por hora o practicando deportes de aventura extrema.

Estamos preparados para asumir los riesgos derivados de nuestras elecciones y en menor medida, los que dependen de factores ajenos en la medida que nos reporten beneficios. Para lo que no estamos preparados en absoluto es para el riesgo absurdo, el que no tiene explicación posible, aquel que depende de otros y además es caprichoso. Cuando algo falla, emprendemos el ritual de la revisión y la mejora. Cada accidente se convierte en una oportunidad para incrementar la seguridad. Lo que, en algunos casos, puede tener también efectos ambivalentes: el mecanismo habilitado tras el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York para que los pilotos pudieran bloquear la entrada a la cabina frente a posibles intentos de secuestro es lo que ha permitido ahora al copiloto de Germanwing impedir la entrada del comandante y estrellar el avión.

Si el accidente se hubiera debido a un fallo humano o técnico, siempre hubiéremos tenido el consuelo de tener una causa racional susceptible de mejora y control. Pero una causa como la que ha derribado el avión de Germanwing nos deja desnudos ante la fatalidad más absurda. Allí donde precisamente todo está más controlado, allí donde se dan los mayores estándares de seguridad, es donde el absurdo, lo impredecible, es capaz de hacer estallar la fortaleza que creíamos mejor protegida. De repente nos encontramos con que el azar se cuela de nuevo por las rendijas de nuestro miedo. Ya sabemos que no existe el riesgo cero. Pero este riesgo es el que más miedo nos da, el que más nos perturba, porque es el que menos podemos controlar.

 

Imagen: Varios estudiantes encienden velas y dejan flores en memoria de los fallecidos en el accidente aéreo de los Alpes franceses frente al colegio Joseph- König de Halter am See. EFE/Rolf Vennenbernd

 

 

Sobre el autor

Milagros Pérez Oliva. Me incorporé a la redacción de EL PAÍS en 1982 y como ya hace bastante tiempo de eso, he tenido la oportunidad de hacer de todo: redactora de guardia, reportera todoterreno, periodista especializada en salud y biomedicina, jefe de sección, redactora jefe, editorialista. Durante tres años he sido también Defensora del Lector y desde esa responsabilidad he podido reflexionar sobre la ética y la práctica del oficio. Me encanta escribir entrevistas, reportajes, columnas, informes y ahora también este blog. Gracias por leerme.

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