El menú del tricentenario

 

El agustino Enrique Flórez quemaba los documentos que no se ajustaban a sus tesis o no dejaban bien situada a la Iglesia católica mientras, en el siglo XVIII, reescribía la Edad Media española y los inicios de la Moderna. Miguel-Anxo Murado da cuenta en su recomendable La invención del pasado (Debate 2013) de que el clérigo preservaba solo los textos que legitimaban las aspiraciones dinásticas de Isabel de Castilla frente a su sobrina Juana la Beltraneja. Y es que una nación no puede permitirse dudas sobre una reina llamada la católica.
    Recién inaugurada la dictadura militar de Franco, algunos falangistas, apadrinados por nazis alemanes, bregaron para demostrar que los visigodos eran “germanos puros” procedentes de Escandinavia y que jamás se mezclaron con nada que oliera a semita. Se atribuye a ese afán de pureza la reconstrucción también en esos años convulsos de la lista de los reyes godos. La nación debe tener un imaginario pata negra. Por eso lo de menos es que el patrón de España, el apóstol Santiago, probablemente no la hubiera visitado nunca. Cada 25 de julio España entera -con judíos y gentiles— es consagrada ante alguna alta autoridad al apóstol, mientras el botafumeiro actúa y los fieles cantan: “Firme y segura, como aquella columna que te entregó la madre de Jesús, será en España la santa fe cristiana, bien celestial que nos legaste tú”. Con tal historia no debe extrañar que el Ministerio de Interior otorgase sin sonrojo el pasado 3 de febrero la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Virgen María, una distinción que se concede solo a los agentes que fallecen en acto de servicio. Algunos gestos se empeñan en perpetuar la España de Covadonga y Don Pelayo .
    El historiador Eric Hobsbawm afirma que la tradición inventada busca inculcar valores por medio de la repetición, lo que implica de manera automática una continuidad con el pasado. Ese bucle lo estamos viviendo con más o menos pericia ahora en Cataluña, en pleno proceso de rescate del del tricentenario de 1714: se busca desesperadamente su continuidad para validar la proyección futura. Hay un constante martilleo para cohesionar la conciencia nacional.
    Cataluña, como cualquier nación que se precie, inventa sus tradiciones. Jacint Verdaguer en 1884, ocho años después de publicar L'Atlàntida, había visto una sola vez bailar sardanas. En 1906, en cambio, y según Lluís Millet, ya era “la danza nacional de Cataluña”. Cuando Benito Pérez Galdós preparaba su obra teatral La loca de la casa (estrenada en 1893) pidió indicaciones a Narcís Oller sobre cómo era la sardana y no las halló muy precisas por su desconocimiento, tal como recuerda Joan-Lluís Marfany en La cultura del catalanisme (Empúries, 1995). Y qué decir del patriota Prat de La Riba, a quien como hombre de orden le horrorizaba que la fiesta nacional rememorara actos sangrientos, como el 11 de Setembre.
    Inventar la tradición, adaptarla o hacer que esta aparezca y parezca antigua ha sido una constante a lo largo de la historia de la construcción de las identidades nacionales. No es un hecho diferencial catalán. Pero sucede que la estulticia nacional-católica ha vacunado a algunas generaciones contra la estupidez y les ha inoculado cierto escepticismo. Por eso comienza a ser rayano en el papanatismo la insistencia en banalidades para reforzar la conciencia nacional.
    El pasado domingo 2 de marzo, la Generalitat presidió el acto en el que se plantó el roble del tricentenario a los pies de la montaña de Monserrat. Para darle el toque europeísta, los catalanes residentes en Colonia enviaron tierra de la imperial Aquisgrán, rememorando el Imperio Carolingio, ese que nos separaba de los sarracenos como Marca Hispánica, pero que al tiempo dejaba toda la Cataluña nueva en manos de la barbarie infiel, incluyendo probablemente Montserrat. La moraleja del acto presidido por el consejero Francesc Homs era mostrar que Europa no puede excluirnos si decidimos caminar hacia la independencia.
    Y esta misma semana, para no hurgar en la antigüedad clásica, hemos sentado las bases para los complementos del menú del tricentenario. El conseller Pelegrí presentaba el martes 4 de marzo el pan de 1714. Esta aportación del "clúster agroalimentario catalán al Tricentenario", según Agricultura, consiste en un pan pequeño y redondo, hecho con harinas similares a las que se utilizaban en el siglo XVII, con una larga fermentación y sobre todo con una cocción muy lenta —50 minutos— y con un dibujo en su parte superior en forma de cruz que recuerda una moneda de la época, el croat, creada per Pere el Gran (siglo XIII). Pero sigamos con el menú, porque el jueves 6 se presentó el postre del tricentenario. Almendra, miel y albaricoque son los patrióticos ingredientes de este pastel que endulzarán un año complejo. Y al lado de la gran historia, la pequeña: el viernes, 7 de marzo,  la Fundación Bofill consideraba “ideológicos” los recortes del Ejecutivo de Mas en educación. Y en unos días, el Parlament va a debatir el régimen de adegalzamiento riguroso a que ha sometido CiU los servicios sociales. Y es que, entre panes y pasteles, la vida sigue.

Prostitutas invisibles

Algunos políticos creen que la mejor manera de acabar con un problema es no viéndolo. Cuando Barcelona era un “ascua de luz”, entre los apagones de la posguerra autárquica, los vehículos del Ejército español transportaron fuera de la ciudad a todas las prostitutas que poblaban el Barrio Chino. Era 1952, año del Congreso Eucarístico, y Barcelona se abría al mundo. Girona fue destinataria de esta deportación, cuenta Juan Goytisolo en uno de sus frescos sociales. El objetivo era que el mal no empequeñeciera la grandeza de la olimpiada de la fe, aunque fuera por deportación.

Esa prostitución proscrita de la ciudad era paradójicamente hija de la simbiosis entre deportadores y deportadas, más allá del mero valor de uso sexual. Cuando la fe no obligaba a este tipo de razzias, las prostitutas empleaban pensiones del Raval barcelonés como centro de trabajo. Algunos de esos hostales eran propiedad de viudas de militares, una historia que fue narrada en 1975 por el desparecido Josep Maria Huertas Clavería. El artículo Vida erótica subterránea, publicado en el diario Tele/eXpress, le costó un consejo de guerra en la España que caminaba hacia la transición.

    La democracia nos ha brindado luego ejemplos de simbiosis entre represión y explotación de seres humanos. Ahí tenemos a comisarios e inspectores de la policía imputados en los casos de los macroprostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels. Los mandos de la Policía Nacional decidieron supuestamente compatibilizar el papel de comisionistas y guardianes de la ley.

    Y es que en nuestra sociedad, los vicios privados deben actuar sin desdoro de las públicas virtudes. Por eso abundan los políticos que bien podrían enrolarse en la Liga por las Buenas Costumbres y la Decencia, esa que en el filme La Diligencia expulsa rumbo a Lordsburg a la prostituta Dallas y al alcohólico doctor Boone.

    El alcalde Trias es un convencido de la lucha contra “la esclavitud del siglo XXI”. Se trata de una cruzada que “no acabas en cuatro días” y en la que no caben distinciones entre “prostitución libre y obligada”, aunque “haya gente muy progresista que diga que esto es un trabajo”, subrayó el primer edil entre los aplausos de 300 asistentes a una conferencia en julio de 2011. Trias, siempre consecuente con sus principios, llegó a pedir cambios legislativos que acaben con la prostitución. Barcelona, con los votos de CiU y PP, trata de momento de poner coto a las manifestaciones externas del comercio sexual, para mantener la estética callejera heredada del Congreso Eucarístico.

    Hace unos días EL PAÍS desveló la triste historia de Adriana, una joven que fue obligada a prostituirse por su marido y que acabó suicidándose. Había sido multada al menos en cinco ocasiones por vender sus servicios sexuales en la carretera. Incluso pudo haber denunciado a su maltratador marido, con el que estaba casada desde los 16 años. Pero quizás el temor a las represalias hacia su hijo de cuatro años en Rumanía empujó a esa joven de 24 años a arrojarse al vacío desde un viaducto. Los 30 metros de desnivel que separan el kilómetro 26 de la C-52 y la carretera B-1121, en Castellbell i El Vilar, acabaron con su pesadilla un lunes de septiembre. Dejó el bolso en la silla de plástico en la que se sentaba a diario. Cruzó las protecciones del viaducto se quitó los zapatos y junto a ellos posó su teléfono móvil. Luego se quitó la vida.

    La red mafiosa que tenía atrapada a Adriana explotó a 200 mujeres, una de ellas discapacitada y cuatro menores. La autoridad se ocupó de acercarse a la joven para aplicarle hasta cinco sanciones. Sin embargo, la misma Administración que extiende su brazo punitivo para multar hasta con 30.000 euros a una prostituta, fue incapaz de averiguar el infierno que vivía la joven. Y es que los cruzados de la antiprostitución toman medidas para los efectos pero no las causas.

    El impulsor de esa normativa sancionadora fue Felip Puig en su anterior cargo de consejero de Interior. Llegaba para restablecer el imperio de la ley tras la anarquía del tripartito. Fue el promotor del uso presidencial del helicóptero en sustitución del coche oficial durante el cerco de los indignados al Parlament, a los que previamente había desalojado de forma violenta de la plaza de Catalunya. Pero en el fondo, a Puig como a muchos otros políticos los pierde la estética. En términos reales, una sociedad como la catalana incapaz de ofrecer trabajo a sus 840.000 parados, por mucha voluntad que le ponga, difícilmente puede reinsertar laboralmente a las prostitutas. Por eso a lo máximo que puede aspirar es a exhibir como un trofeo que les impone sanciones. Cobrarlas es otra cosa. Hay chicas que acumulan más de 60 multas. Los clientes, en cambio, son cumplidores. No vaya a ser que reciban el apercibimiento de sanción en casa. Ellas, incluso para el afán recaudatorio de la Administración, son invisibles.

La imagen correponde la cruz ubicada en el lugar donde Adriana se suicidó.

Generosidad con los malversadores

Cataluña es un país de paradojas y grandes silencios. La paradoja es que el Departamento de Justicia haya decidido que salgan de prisión dos ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) –Enric Roig y Antoni Herce- que malversaron 2,7 millones de euros del erario público.  Ambos han pasado un periodo vacacional entre rejas: 48 días de los 54 meses que debían estar bajo arresto. El silencio lo construye  la parquedad informativa que ha rodeado a esta generosa medida en los medios públicos  y en la mayoría de los privados, quizás por considerarlo un acto de misericordia irrelevante en la actual crisis.  Vivimos en un país al que con frecuencia sus gobernantes contraponen como ejemplo de virtud a la decrépita España. Sin embargo, hay comportamientos que se asemejan a los de la Italia meridional.

    Debería ser motivo de alarma que el presidente Artur Mas esté de acuerdo con la aplicación del tercer grado penitenciario a los dos exdirectivos de FGC.  En otras latitudes produciría asombro que el Departamento de Presidencia no se posicionara en favor del recurso del fiscal contra el tercer grado, para defender los intereses públicos y las arcas de la propia Generalitat.  Porque de eso se trata, de proteger lo colectivo. Los dos expresidentes de FCG han retornado a la empresa pública 646.600 euros, ni la cuarta parte de lo que  malversaron. Uno de los condenados ha llegado a un acuerdo con la compañía para devolver el dinero en cómodos plazos:  200 euros al mes.

    El Departamento de Justicia en una circular de 2012  fijaba el criterio general de que para otorgar el tercer grado penitenciario se hubiese cumplido la mitad de la pena. Pero no ha sido así. Y sí, efectivamente,  como asegura el presidente de la Generalitat, se ha cumplido escrupulosamente con la legalidad. Pero el comportamiento del Gobierno es inmoral. Y eso está reñido con ese estandarte  que despliega el Ejecutivo de CiU y que muestra a Cataluña como un reducto de ejemplaridad en  la desordenada  y alocada España. En el conjunto del Estado, Cataluña es la tercera comunidad en lo que a casos de corrupción se refiere. Comparte podio con Andalucía y  Valencia.  Ni en la lucha contra la corrupción se sostiene título de Gibraltar calvinista de España del que inmerecidamente presumen desde la Generalitat.

Soluciones de costa para la crisis

Al principio la crisis era una oportunidad para apuntar hacia un nuevo modelo. Con el pacto fiscal bajo el brazo, fuimos los primeros de España en fustigarnos con ramas de abedul antes de meternos en la sauna de la austeridad regentada por CiU. Íbamos al sufrimiento con la convicción de alcanzar la vida eterna. Estábamos destinados a ser ejemplo en la Europa de la troika. Cataluña sería el paradigma, la guía del recorte y el control de déficit. De momento nos hemos quedado en la primera fase: estado ascético al borde de la muerte por inanición. Expectativas, hechos y decisiones tomadas están tan fatalmente dispuestas que condenan a nuestras almas a vagar para siempre.
    No hay signos alentadores ni atisbo de reformas en profundidad. Políticamente, no se negocia más allá de la flexibilización del déficit. Y, en lo inmediato, los planes de choque de la Generalitat contra la pobreza, el paro y para facilitar vivienda son meramente publicitarios, cuando no inoperantes. Las soluciones milagrosas vienen de la mano de arcángeles del tamaño de Enrique Bañuelos, que está construyendo -el proyecto tiene medio año recién cumplido- por encargo de la Generalitat Barcelona World, el gran casino de consolación frente a Port Aventura. La elección llegó después y como respuesta a que Sheldon Adelson decidiera levantar el becerro de oro de Eurovegas a Madrid. Bañuelos, un icono del boom del ladrillo, conocido por su reputada afición al cemento a lo largo de la costa mediterránea, fue el ungido para conducir el gran proyecto catalán. Sus antecedentes como gran vaciador de la burbuja inmobiliaria valenciana no amilanó al Gobierno catalán, que le ofreció otra oportunidad con la construcción de seis parques temáticos y otros tantos casinos frente a Port Aventura por 4.500 millones de euros. Se trata de un proyecto en el que pocos -excepto el Gobierno de la Generalitat- creen. Y es que la costa siempre ha sido tierra de comercio y oportunidades. Porque Barcelona World limita al norte con los amigos rusos de Lloret de Mar. Ahí está Petrov, con sus patrocinios e inversiones, siendo partícipe del crecimiento catalán con presunta ayuda del ayuntamiento de la localidad.
    Pero, con todo, la Costa Daurada es el filón fundamental. La leve metáfora es el comienzo del desembarco de una alegre tropa de 9.500 jóvenes estos días en Salou -distinguida con la etiqueta de turismo familiar- para participar en actividades deportivas. Proceden de universidades de Inglaterra, Escocia y Gales y solo con verlos bajar del autocar con sus atuendos se intuye lo reñida que va a ser la competición: por 230 euros, la gran mayoría va intentar pillar la mayor cogorza jamás vista. Hasta para las autoridades turísticas catalanas el concepto de familia (turística) está cambiando a marchas forzadas. Solo hay que prestar atención a las universitarias disfrazadas de conejitas de play boy que deambulan zigzagueantes por las calles de Salou. O los jóvenes ataviados de superhéroes orinando en las esquinas de la localidad costera.
    Aunque, para no faltar a la verdad, hay que subrayar que este año, a los 9.500 deportistas procedentes de la Gran Bretaña se les ha ampliado el campo de acción: podrán participar por vez primera en pruebas de equitación y de balonmano. Y es que lo importante es empezar la casa por sus cimientos éticos: casinos, fiestas etílicas o blanqueadores rusos.
    Nuestro particular concepto de moralidad consiste en aplicar mano dura y ordenanzas de civismo a los conciudadanos y en ser indulgentes con los turistas. Quizás pensando en evitar futuros desmadres, estos días el Museo Británico está repartiendo notas de advertencia a los padres o tutores sobre algunas escenas de sexo explícito que brinda la exposición Vida y muerte en Pompeya y Herculano. El dios Pan fornicando con una cabra es una escultura que puede herir la sensibilidad de los menores visitantes. No vaya a ser que, cuando los pequeños lleguen a los estudios universitarios, recreen algún cuadro escénico similar en las pruebas atléticas de Saloufest, en esa Cataluña de ética instrumental.

Dimitir, no delegar

La moda en las formaciones catalanas mayoritarias consiste en que los imputados dimitan temporalmente de sus puestos en el partido, pero no de sus cargos de representación democrática. En estos momentos, en el Parlamento de Cataluña hay cuatro diputados sometidos a procedimientos judiciales:  tres de CiU y uno del PSC. Pues bien ninguno de ellos ha dejado su acta. El objetivo es que, si se demuestra su inocencia,  les sean restituidos galones y charreteras y puedan así volver por la puerta grande a sus puestos orgánicos. El máximo riesgo que corren es dejar temporalmente su cargo en el partido, una medida tal vez pensada en clave corporativa para prevenir que la maquinaria se contagie y propiciar así una larga vida al aparato... Es un sarcasmo que en Cataluña, donde cada día hay 89 parados más, los políticos se sometan a ese régimen especial que les preserva del frío exterior. La reforma laboral, aprobada con los votos de PP y CiU, contempla la modalidad de despido disciplinario que el empresario puede aplicar, entre otras muchas cosas, por  transgresión de la buena fe contractual. Tal vez algunos diputados deberían probar su propia medicina y aceptar honestamente el despido por faltar al contrato con la ciudadanía,  con sus votantes.

         En plena crisis económica, con unos recortes que este año –de no mediar nuevo reparto del déficit-  supondrán para la sociedad catalana 4.400 millones de euros, es una vergüenza que algunos políticos se aferren a las ubres del cargo público.  CiU además arrastra un notable sobrepeso de corrupción: CDC tiene la sede embargada por el caso Palau;  la cárcel persigue a los condenados por el caso Pallerols (Unió); Xavier Crespo (CDC) tiene  supuestos  vínculos con la mafia rusa; Ferran Falcó (CDC) infló presuntamente los presupuestos de remodelación de barrios que ejecutaba la empresa pública Adigsa. Y todo eso sin contar con esa caja de sorpresas judiciales que es la Diputación de Barcelona. También en el campo socialista, Daniel Fernández sigue siendo diputado autonómico, en aplicación de esa doctrina de “delegación temporal” para imputados que tanto parece gustar a socialistas y convergentes.

    La imputación de Oriol Pujol llega dos semanas después de que Artur Mas haya propuesto un pacto anticorrupción, cuyo alcance gallináceo -consiste en mantener a los imputados-  a la vista está. Los motivos por los que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha decidido imputar a Oriol Pujol no son baladíes: el tribunal ve serios indicios de que Pujol se valió de su “peso político” para lucrarse y beneficiar a empresarios amigos con la concesión de Inspecciones Técnicas de Vehículos. La situación demanda ejemplaridad para todos: empezando por quienes la piden desde la tribuna del poder democrático. Los imputados deben dimitir de todos sus cargos, no “delegar temporalmente” de los que tienen en el partido.

 

Imputados en un mundo feliz

Las 50 medidas  contra la corrupción presentadas por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sostienen que un político imputado no debe dejar ni cargos ni complementos salariales hasta que el juez le siente en el banquillo. Entonces, adiós  pluses. Aunque los podría recuperar si es declarado inocente. Desde hace años, el artículo 18 del reglamento del Parlament ofrece la posibilidad de suspender de empleo y sueldo a un diputado en caso de que algún grupo parlamentario lo solicite y la Cámara lo apruebe por mayoría absoluta. Pero nunca nadie ha pedido la aplicación de esta drástica medida, actuación que permite extender sin sombra de demagogia la sospecha de corporativismo.

La Cataluña de la reforma laboral, y los recortes sanitarios y educativos asiste perpleja a esta ceremonia anticorrupción, oficiada por el presidente de la Generalitat, que parece más bien un autoblindaje de la cúpula del poder político. Las 50 medidas de Artur Mas están llenas de buenas intenciones y de prevenciones, pero ya no sirven. La ciudadanía pide ejemplaridad y no medias tintas en una sociedad que ya solo sabe de blanco y negro. La situación ha llegado a tal punto de gravedad que se trata de reformar la ley de partidos, la ley electoral (que Cataluña nunca ha tenido) y abandonar la práctica de que las instituciones de control funcionen como meras correas de transmisión de los partidos. No se precisa un auditor por partido en la Sindicatura de Cuentas: se necesita fiscalizar a conciencia la administración y no ocultar o desestimar informes con el mero afán de proteger a la partitocracia. En la moderna reforma laboral, aprobada con los votos de PP y CiU, existe la modalidad de despido disciplinario que el empresario puede aplicar por faltas reiteradas e injustificadas de asistencia o puntualidad, indisciplina, desobediencia, transgresión de la buena fe contractual; disminución del rendimiento en el trabajo… En fin, el catálogo es amplio, generoso para facilitar y abaratar el despido sin generar un solo empleo. 

Los salarios de los políticos, dicen, son bajos. Si se dedicaran al sector privado ganarían más. Tal vez. Pero ahí va un ejemplo que apunta en otra dirección: una notable relación de concejales barceloneses y del área metropolitana cobran más de 10.000 euros brutos al mes. Este diario ha ofrecido recientemente los salarios y pluses de los ediles cienmileuristas. El alcalde de París percibe 8.500 euros brutos al mes (sin pagas extras ni pluses). IESE ha cuantificado el sueldo medio anual  de un trabajador francés en 32.800 euros, 11.000 euros más que uno español, que percibe 21.500 euros.

Los datos son fríos y las medidas a tomar serias. Aunque tal vez a algún político se deje  aconsejar por la lectura de Un Mundo feliz y proyecte el reparto de soma entre la ciudadanía. Un gramo de soma, según Aldous Huxley, cura diez sentimientos melancólicos y  tiene las ventajas del cristianismo y del alcohol  sin ninguno de sus efectos secundarios. Y sobre todo, mantiene la estabilidad en Tecnópolis… Y la tranquilidad en sus gobernantes. Imputados en un mundo feliz.

Aperitivo anticorrupción

La iniciativa de convocar una cumbre anticorrupción en Cataluña llega tarde, mal y,lo que es peor, sin la más mínima esperanza de buscar una salida decente a la lacra que atenaza a las cúpulas de los principales partidos y provoca cabreo en una ciudadanía acogotada por la austeridad.  

    La petición de imputación del secretario general de Convergència, Oriol Pujol,  la que pesa sobre el también diputado de CiU Xavier Crespo, la del alcalde de Sabadell,  Manuel Bustos (PSC), es un amplio prólogo que permitiría que los dos hasta hace poco principales partidos catalanes dieran un paso al frente predicando con el ejemplo. Pero, al parecer, prefieren que todo quede en vacua, en echarse mutuamente la culpa del mal primigenio. Ni rastro de asunción de los errores propios.

    La ruptura del pacto entre PP y CiU en la Diputación de Barcelona ha hecho pasar a segundo plano una noticia de primer orden: el presidente del ente provincial, Salvador Esteve,  ha decidido nombrar vicepresidente primero a Ferran Civil (CiU), alcalde de Cercs (Berguedà) imputado en tres causas judiciales. Civil está acusado de presuntos delitos  urbanísticos  y prevaricación. La Diputación de Barcelona hace de esta manera su aportación a la lucha contra la corrupción.  El ente provincial tiene un largo historial de consenso partitocrático, de generosidad entre formaciones políticas a la hora de repartir la tarta del número de liberados a quienes dar una plaza de asesores conm cargo al erario público. También muestra la  franca camaradería existente entre los partidos, lo que se manifiesta en el hecho de que la Diputación casi siempre ha sido elegido sin un solo voto en contra. Por eso pertenecer a tan selecto club es algo apetecible para cualquier político que aspire a vivir un retiro anticipado cobrando sueldo de trabajador en activo.

    A principios del año pasado Josep Maria Matas, coordinador general de la Diputación de Barcelona, presentó su dimisión tras ser imputado al conocerse a través de este diario que su empresa había facturado 900.000 euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM), de cuya dirección formaba parte. A los pocos días, Esteve decidió designar a Josep Tous. Apenas habían dos semanas  cuando, el día en que debía ser ratificado, el número dos in pectore fue detenido por su supuesta participación  en la trama para amañar concesiones de ITV en Cataluña.

    Ahora el concurso de despropósitos llega a su cima con la designación del alcalde de Cercs como vicepresidente primero de la Diputación. Un buen aperitivo para una operación de envergadura contra la corrupción.

En la imagen, Ferran Civil, Salvador Esteve y Joan Carles Garcia en un acto de la Diputación de Barcelona. DIBA

Políticos antisistema

 

El Parlament finalmente va a investigar las supuestas irregularidades en la sanidad pública catalana. Al Partit dels Socialistes le ha costado decidirse, pero ha optado por hacer algo más que vagas declaraciones de principios sobre la transparencia. CiU asegura que no la va a torpedear. Pero no faltan agoreros –de todos los colores políticos- que opinan que tanto esta comisión como la que investigará las cajas de ahorro se convertirán en un pim-pam-pum político con escasos resultados.  

    ¿Tienen o no utilidad las comisiones de investigación? ¿Por qué este tipo de instrumentos chocan con el criterio de algunos políticos con experiencia, que dudan de su eficacia? En primer lugar, las comisiones, aunque respondan al juego de las mayorías parlamentarias, permiten que trasciendan datos que la ciudadanía ignora y que tiene derecho a conocer. En segundo lugar, los políticos que desconfían de ellas caerían en la categoría de antisistema, pues descalifican una herramienta perfectible pero de calado democrático. Es cierto que los comparecientes no están obligados a jurar decir la verdad ni siquiera a responder. Tal vez  ha llegado el momento de plantear el cambio. Pero mientras se persigue la perfección, tal vez convendría abonar el posibilismo y que algunos parlamentarios se afanasen en lograr una mayor profesionalidad y preparación. Sencillamente, para cumplir con su deber. El 13 de agosto de 2007 el entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, compareció ante el Parlament, que investigaba el gran apagón del 23 de julio de ese año, que dejó a más de 300.000 abonados sin servicio. Los profesionales del parlamentarismo fueron incapaces de plantear un ejercicio dialéctico eficaz ante Pizarro, que impuso de manera aplastante su argumentación en la Cámara catalana.

    Quizás el problema es que algunos se empeñan en convertir las comisiones de investigación en una suerte de juegos florales. Se limitan a recitar de memoria el guion del partido sin el más mínimo trabajo de fondo. Hay tan honradas como singulares excepciones. El republicano Pere Bosch, por ejemplo, trabajó en profundidad la documentación y brilló en su labor parlamentaria durante la comisión que en 2010 abordó el caso Palau.

    En la sanidad catalana están por investigar muchos asuntos. ¿Por qué Josep Prat, presidente del ICS, pagó a través de Innova 700.000 euros “injustificados” al exdirector del CatSalut Carles Manté, según una auditoría en marcha? ¿Por qué una filial de los hospitales de Blanes y Calella, dirigida por el diputado de CiU Xavier Crespo, gastó 1,3 millones de euros sin justificar, según una auditoría rechazada por el pleno de  la Sindicatura de Cuentas?  ¿Por qué, de acuerdo con una querella interpuesta por una médico, el hospital de Sant Pau efectuó pagos irregulares y favores políticos, cayó en sobrecostes e hizo adjudicaciones sin concurso?  ¿Cuál fue el mecanismo por el que el empresario Ramon Bagó obtuvo decenas de millones de euros en contratos para sus empresas a través de hospitales gestionados por un organismo público que él dirigía? ¿Cómo Josep Prat, director general de Innova, cobraba 280.000 euros al año y simultaneaba este cargo con la presidencia del ICS y la vicepresidencia del grupo hospitalario privado USP?

    Estas son algunas ideas de las que ha informado ampliamente EL PAÍS. Son un punto de partida para comenzar a trabajar. Hay que ponerle ganas para buscar y encontrar, además de la verdad, la complicidad de una sociedad castigada y recortada por la crisis. En beneficio de las instituciones, del sistema parlamentario y de la ciudadanía.

La prima y el pacto fiscal

"Elegí un mal día para hablar del pacto fiscal", debió pensar el miércoles por la mañana Artur Mas. La prima de riesgo de la deuda española alcanzó los 540 puntos, atizada por la opacidad del  rescate de Bankia –más de un 2% del PIB español- , y los partidos catalanes hablando de la financiación autonómica. Como le sucedía a Lloyd Bridges en el film Aterriza como puedas, el día elegido era malo para todo: para dejar de fumar, de beber o de esnifar pegamento. Pero contra viento y marea, los representantes de los partidos desafiando las inclementes condiciones objetivas se enclaustraron para hablar de la futura financiación de Cataluña. Durante tres horas el Salón Torres-Garcia del Palau de la Generalitat se convirtió en una suerte de cápsula ingrávida.

    El pacto fiscal, que durante un par de años ha debido competir para robar titulares a las recetas de recortes y austeridad, se las ha tenido que acabar viendo el día de su alumbramiento colectivo en sociedad con el momento más crítico de la crisis. Con la deuda catalana reducida a bono basura, la Generalitat solo tiene el recurso a un  Estado en momentos bajos. Y es que, al margen de la justicia que encierra la reivindicación del pacto fiscal, hasta que las aguas de la crisis no se apacigüen  va a resultar difícil huir del camarote si el barco naufraga.

            CiU y la gran mayoría de fuerzas políticas catalanas pretenden que, con el pacto fiscal, el déficit pase del 8% al 4%, pero eso, por sí mismo, no da una salida a la situación. La propuesta estatutaria de Antoni Castells era inteligente en el sentido de que vinculaba la mejora de la financiación con las inversiones del Estado en Cataluña. Pero el incumplimiento reiterado por parte del Gobierno central –tanto por parte del PSOE como del PP- de lo establecido en la adicional tercera del Estatuto ha convertido en agua de borrajas ese buen propósito. Y, por añadidura,  inmersos en la crisis, todo se antoja más difícil. Los partidos catalanes, sin embargo,  han aprendido las lecciones de lo que el democristiano Josep Antoni Duran Lleida denominó  “vía crucis del Estatuto”. Todo va a encararse en dos meses, no en dos años y el frente debe ser lo más amplio posible, evitando las negociaciones a traición que tanto abundaron durante la negociación del Estatuto catalán.

           Ahora los dos primeros partidos catalanes –CiU y PSC- no deben competir por entenderse con el Gobierno central, porque al otro lado de la mesa el negociador es el PP. Los populares, que han contado con el apoyo de CiU en sus proyectos legislativos estrella,  no van a volver a la política de tierra quemada que practicaron con tan buenos resultados con su campaña anti estatutaria fuera de Cataluña. La clave del éxito está en el consenso lo más amplio posible y en que su planteamiento no se circunscriba a una mera política de gesticulación soberanista. La carta de navegación hacia el pacto fiscal solo tiene sentido si se orienta hacia una política de cohesión social y de crecimiento. Y desde luego hacia la salida de la crisis española y europea.

Sin ética ni ejemplaridad

“Contento, tranquilo y encantado”. Así está Xavier Solà, número dos del Departamento de Cultura de la Generalitat, porque la Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar  sus negocios a lo largo de una década con la Asociación Catalana de  Municipios (ACM) y de los que  EL PAÍS ha dado cuenta.Su superior, el consejero Ferran Mascarell, ha decidido mantenerlo en el cargo porque realiza una buena gestión en el Departamento de Cultura, aunque considera “reprobable” su actuación pasada.

    Solà, en su “pasado reprobable”, dejó una operación fallida de 630.000 euros con cargo a la ACM, es decir, al erario público. Procomu -empresa de la que era socio y con la que gestionó la brillante maniobra-  ingresó 55.000 euros mientras él era accionista. Solà también cobró 193.000 euros  por la redacción normativa  de un catálogo de masías.  Lo hizo girando 65 facturas a través de una empresa pantalla que compró y en la que él no aparecía como socio. “No es inmoral hacerlo”, argumentó. Todo, todo el dinero “moral” era público, procedente de los ayuntamientos catalanes.

    Solà ya compareció ante el Parlament el miércoles santo -día que en las iglesias católicas se lee el evangelio de Mateo sobre la traición de Judas- para decir que se sentía víctima de “una persecución”.  “Me han tenido que poner vigilancia por la presión que he tenido”, se lamentó. Recordó su juventud humilde, cuando vivió en casa de una tía monja  en Cornellà de Llobregat e hizo el primer sueldo gracias a sus habilidades musicales en bodas, bautizos y comuniones. A su partido, Convergència, le convenció la partitura con estribillo de pretensiones dickensianas: Solà estuvo arropado en la Cámara por el propio consejero y por el portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, que tan buenos servicios hizo a la democracia cuando investigó los informes inútiles encargados por el Tripartito. Ahora,  Convergència considera que no hay que exigir responsabilidades, basta con aplicar el corporativismo de partido y salvar al compañero atacado por la prensa inquisitorial.

    El saldo que arroja todo el historial de Solà hace muy poco en favor de la ejemplaridad. Ni el propio Solà se ha atrevido a opinar al respecto. No quiere pronunciarse sobre si su comportamiento ha sido ético y no es difícil comprender el porqué. Él dice que todo fue legal. Puede que lo sea. La fiscalía, de momento, lo pone en duda. Y la sociedad  percibe la imagen de un político con un pasado de negocios más que sospechosos con el dinero público, que ahora se  aferra al cargo protegido por su partido y su consejero.