Sobre el autor

Francesc Valls

. Viví la transición democrática en primera línea periodística y personalmente. Luego me enriquecí espiritualmente viajando con Juan Pablo II alrededor del mundo. Descendí a lo terrenal con Jordi Pujol. Desde siempre he sido un adicto a la política. Soy subdirector de EL PAÍS en Cataluña.

Sobre el blog

El día a día del contraste entre ese dulce postre tradicional y la amarga austeridad. Todo aderezado con unas gotas de tabasco soberanista.

Eskup

Archivo

marzo 2014

Lun. Mar. Mie. Jue. Vie. Sáb. Dom.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

El sindicato del poder

Por: Francesc Valls | 22 ene 2012

Masantifrau

 

Las mayorías son cambiantes en democracia. Pero, gobierne el partido que gobierne, hay una constante: la exquisita sensibilidad hacia los demás poderes con los que comparte temporalmente mesa y mantel. Cuando un miembro de un gobierno es imputado, cuando un agente del orden es acusado de excesos,  cuando un financiero es apuntado como evasor de impuestos o cuando un juez es señalado como prevaricador –Baltasar Garzón parece ser la gran excepción a esta regla de oro-, el estribillo machacón es el del máximo respeto de la presunción de inocencia. La sombra de la sospecha en cambio recae sobre aquel que se pregunta  por qué los desahucios circulan por las vías de gran velocidad y el caso Palau, por poner un ejemplo, va no ya a ritmo de caracol sino de  tren regional Barcelona-Puigcerdà.

    En la historia reciente se han escrito páginas brillantes de cómo a veces los políticos premian actitudes no ya poco edificantes, sino en ocasiones claramente delictivas. Corría el año 1994 cuando Convergència i Unió decidió enviar al magistrado  Luis Pascual Estevill al Consejo General del Poder Judicial, ejerciendo su cuota en el organismo de gobierno de los jueces . Solo resistió dos años en el organismo. Comenzaron a lloverle querellas por prevaricación, cohecho, extorsión  o detención ilegal. La modalidad que el magistrado, ahora entre rejas, patentó a principios de los noventa consistía en extorsionar a empresarios a los que investigaba en su carácter de juez. Para no ingresar en prisión, o para salir de ella en pocos días, los empresarios accedían a que el abogado Joan Piqué Vidal los defendiera y a abonar diversas cantidades de dinero al juez y al abogado. Piqué Vidal, antiguo abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, cumple también condena por su participación en aquellos hechos. Una de las últimas consecuencias de la actuación de Estevill ha coleado recientemente. Se trata del indulto que el gobierno progresista de Zapatero, ya en funciones a finales de 2011, concedió al banquero Alfredo Sáenz de la condena  por un delito de acusación falsa y denuncia falsa contra cuatro empresarios para los que el juez Pascual Estevill dictó prisión.

    ¿Nadie sabía en Cataluña que hacían personajes de gran honorabilidad como Estevill o Piqué? Al parecer, no. Unos años después la ignorancia sigue instalada entre buena parte de nuestros políticos. El caso Palau fue otra sorpresa.La Agencia Tributaria cifra en 35,3 millones de euros el supuesto fraude cometido por los saqueadores confesos Millet y Montull. De esos 35,3 millones, 5,9 millones podrían haber ido a parar a las arcas de la federación nacionalista supuestamente abonadas por la  constructora Ferrovial en comisiones ilegales de hasta el 4% del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por los Gobiernos de CiU. No obstante, cualquier alusión a esta supuesta financiación irregular es calificada de comportamiento inquisitorial por quienes ahora ostentan el poder en Cataluña. 

    Tenemos pues ante nuestras narices suficiente jurisprudencia como para tratar de evitar nuevos casos y sobre todo no cerrar los ojos ante ellos. El pasado 9 de diciembre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de Cataluña se comprometían a luchar contra la corrupción. Actuaba como anfitrión de esta cumbre el nuevo director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso.  Apenas ha pasado un mes y la Oficina investiga si hay o no incompatibilidades o irregularidades en la actividad de altos cargos del sistema público de salud que tienen intereses en el sector privado. Se trata del presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, y del presidente del Consorcio de Salud de Cataluña, Ramon Bagó, que antifraude investiga a partir de las informaciones publicadas por este diario y cuyas prácticas hunden sus raices en anteriores gobiernos: ya tripartitos, ya de Pujol. De Alfonso también ha puesto bajo la lupa los 11 millones de deuda que ha generado el complejo  residencial Sitges Reference,  proyecto ejecutado cuando aquel ayuntamiento estaba gobernado por el PSC.

    El inicio de Antifraude es prometedor para la transparencia, porque una situación de crisis exige ejemplaridad. No se pueden pedir grandes esfuerzos al común de los mortales y mostrar la cara indulgente con los poderosos. Y de momento, todavía hay demasiada asimetría. Como si el sindicato del poder se resistiese a dejar de actuar de forma solidaria y corporativa  en defensa de sus intereses.

Impuestos suecos, servicios catalanes

Por: Francesc Valls | 08 ene 2012

Enfermos

La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de situar la tributación del IRPF solo por detrás de Suecia y Bélgica permite reabrir el debate sobre el tipo de servicios que las Administraciones prestan a la mayor parte de la ciudadanía. Hace unos días EL PAÍS publicó la historia de Felipe Rivas, un vecino de Tarragona que, víctima de un infarto, acabó siendo atendido en Bellvitge porque el servicio de hemodinámica del hospital Joan XXIII iba a cerrar al cabo de 30 minutos y no está el horno para pagar horas extras. El tiempo es oro para la Administración, pero también debería serlo para el administrado infartado. Sirva esta parábola, que tuvo final feliz, para ver el escenario en que se produce: Cataluña supera el 52% de IRPF -el nuevo máximo- fijado por Rajoy; ya en época del tripartito, el tipo marginal autonómico aumentó dos puntos (hasta situarse en el 23,5%) desde los 120.000 euros anuales y cuatro puntos porcentuales (alcanzó el el 25,5%) a partir de los 175.000. En términos de estricta ciudadanía, la mayoría paga impuestos del norte de Europa por tener unos servicios muy, pero que muy latinos. Contra los tópicos que difunden los apologetas del troceo y la apertura al capital privado de la sanidad pública, la ciudadanía patria -según un reciente informe de la OCDE- tira menos de médico que los alemanes. Las cifras son elocuentes: 8,2 veces por habitante y año en Alemania, 7,5 veces por habitante y año en España.

        La realidad muestra que, tanto en el aumento del IRPF como en el de las tasas, el sobreesfuerzo fiscal es un miserable aperitivo destinado a saciar la voracidad financiera de la crisis y no a mantener servicios y cohesión social. El Gobierno de Rajoy subió los tipos marginales del IRPF para salvar los muebles ante Europa. Hubo buena intención, aunque para los mercados la credibilidad fue efímera.

    La mitad de esos más de 4.000 millones que recaudará el Estado con el aumento del IRPF no procede de los más ricos, sino de quienes cobran entre 17.707 euros anuales -los mileuristas- y los que se quedan por debajo de los 53.407 euros al año. Eso sí, todo dentro de la liga del IRPF. De las SICAV y de las grandes fortunas, ni hablemos, porque también en España pagaría menos impuestos Warren Buffett que su secretaria. La evidencia de quién paga debería obligar a los Gobiernos a dejar de hacer de la austeridad una estúpida virtud y ocuparse un poco más de fijar objetivos que no lesionen la cohesión social. El Ejecutivo catalán, en plena crisis, no puede endurecer las vías de acceso a la renta mínima de inserción para ahorrarse 50 millones de euros, los mismos que ha dejado de recaudar en un año al eliminar el impuesto se sucesiones. Porque el problema de fondo es que el contrato social está en peligro. Si en el IRPF vamos parejos con Suecia, no sucede lo mismo en cuanto a cohesión social. La desigualdad ha llegado a su nivel más alto en los últimos 30 años. Y España, en 2010, no subió al podio de los rezagados de la UE de los 27 por los pelos: solo quedó por detrás de Letonia, Lituania y Rumanía.

    EL PAÍS ha explicado la geografía de la desigualdad en la piel de Barcelona. La brecha entre los barrios de Can Peguera y Les Tres Torres es abismal. Y crece cada año. Es como si la sociedad que acogía al Onofre Bouvila de La ciudad de los prodigios resucitase.

    El triunfo del modelo europeo, levantado sobre el miedo al comunismo soviético por socialdemócratas y democristianos, ha de permitir revisar en profundidad el modelo fiscal. Además de subir impuestos y tasas -como todos hacen aunque en sus programas se comprometan a lo contrario-, se debe enfatizar con medidas concretas: en la lucha contra el fraude fiscal, a favor de la eliminación de determinadas exenciones y con la revisión al alza de las tasas sobre la transferencia de activos. En España permanecen ocultas a Hacienda bases imponibles por unos 300.000 millones de euros. Y todo ello sin mentar la bicha de las SICAV o el impuesto sobre grandes fortunas. Si los impuestos van a ser suecos, es bueno que algunos dejen de hacerse el sueco. ¿O es que el esfuerzo no debe ser de todos?

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal