Sobre el autor

Francesc Valls

. Viví la transición democrática en primera línea periodística y personalmente. Luego me enriquecí espiritualmente viajando con Juan Pablo II alrededor del mundo. Descendí a lo terrenal con Jordi Pujol. Desde siempre he sido un adicto a la política. Soy subdirector de EL PAÍS en Cataluña.

Sobre el blog

El día a día del contraste entre ese dulce postre tradicional y la amarga austeridad. Todo aderezado con unas gotas de tabasco soberanista.

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La policía y la ley

Por: Francesc Valls | 26 feb 2012

CARGA POLICIAL ESTUDIANTES IES-3

 

Woody Allen en uno de los diálogos cinematográficos en los que trata de seducir de Diane Keaton sintetiza de esta forma su enfrentamiento con los que califica de “dos matones”: “A uno le dí con la barbilla en la rodilla; al otro con mi estómago en su puño”. Bien, pues esa es la impresión que se puede sacar de las cargas policiales tanto contra los indignados de en la plaza de Catalunya de Barcelona en mayo del año pasado como de lo sucedido estos días en Valencia. Los manifestantes golpearon con la barbilla contra las rodillas de los agentes y con los estómagos sobre sus indefensos puños.

    En Barcelona, a pesar de la literatura generada por el consejero de Interior Felip Puig, las imágenes de indignados golpeando a los agentes no se han visto. Los mossos  el  27 de mayo del año pasado actuaron, según el juez que investiga el caso, de forma "vejatoria, intimidatoria y amenanzante"- Además no llevaban su obligatorio número indentificación a la vista. En perfecta coordinación entre cuerpos, en Valencia las efectivos de la Policía Nacional que cargaron contra los estudiantes de secundaria tampoco iban identficados, pero, eso sí, han logrado hacerse con un arma que atesoraba, según el jefe superior de policía,  “el enemigo” : “una piedra, plana, hexagonal y negra”.

    Armas de destrucción masiva al margen, la lamentable actuación policial en las calles de la capital del Turia ha evidenciado el poder del corporativismo. Solo de esta manera puede entenderse que el Sindicato Unificado de Policía tachara el martes 21 de este mes de “cobarde” y “moralmente miserable” al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Minutos antes, el ministro había asegurado a Catalunya Ràdio que abriría una investigación por si se había producido “algún exceso” en la actuación policial. Luego Fernández Díaz rectificó y dijo que los “excesos” se referían a los radicales y no a las fuerzas del orden.

      El peso del corporativismo policial se impone a la autoridad democrática que en realidad no pasa de ser, a ojos del eterno funcionariado rancio, un mero interinato. Produce sonrojo que un ministro deba rectificar de manera tan humillante, pero claro ahí el poder político debería preguntarse por qué sus actuaciones, más que defender a la ciudadanía, tienden a contentar a la corporación.  Apenas ha pasado una semana desde que el Gobierno central decidiera indultar a cinco mossos d’esquadra condenados por torturas en sentencia firme por el Tribunal Supremo. Los cinco agentes confundieron el 27 de julio de 2006  al ciudadano rumano Lucian Paduraru con el autor de un robo violento. Sin identificarse como policías, los mossos en cuestión le propinaron una paliza, le amenazaron de muerte y en el traslado a comisaría le introdujeron una pistola en la boca. El detenido iba acompañado de su mujer, embarazada, que también sufrió un trato degradante. Pues bien, los apoyos recibidos de políticos y compañeros del cuerpo y una “investigación” aportada por el Ministerio de Interior y la Generalitat después de la sentencia del Supremo movieron al Gobierno a mostrar su clemencia. La generosidad del Ejecutivo central permitirá que los agentes reingresen en el cuerpo y no pasen por el engorro de estar en la cárcel, burlando así la sentencia judicial.

      El trabajo de policía no es fácil. Es peligroso y requiere entrega. Pero en manos de las fuerzas del orden la sociedad deposita el monopolio de la violencia y, por tanto, la transparencia debe estar a la altura del encargo. Convertir la arbitrariedad en norma es situar a una casta por encima del imperio de la ley.

 

El otro Matas

Por: Francesc Valls | 19 feb 2012

ACM 4

 

En plena aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2012, que consagran recortes y subidas de tasas para la ciudadanía común, EL PAÍS ha desvelado que la empresa del coordinador general de la Diputación de Barcelona, Josep Maria Matas, cobró casi un millón de euros entre 2003 y 2011 de la Associació Catalana de Municipis (ACM), de la que era secretario general. En primer lugar, ante un apellido de tanta solera en los tribunales, hay que decir que este otro Matas no está imputado en nada y es presidente de CDC en Osona. El Matas que nos ocupa hizo negocios inspirando la creación de una sociedad de la que luego se erigió en único propietario. Parés i Solé se dedicaba a comprar servicios y a revenderlos convenientemente corregidos al alza a la ACM, según indican las facturas que obran en poder de este diario. Nada mejor que conocer a fondo los dos lados para hacer buenos negocios.
Todas esas operaciones estaban hechas con dinero público, bien procedente de los Ayuntamientos afiliados a la ACM, bien de subvenciones del Departamento de Gobernación de la Generalitat. Quizá por contagio de la tan española cultura del pelotazo, algunas facturas ingresadas por la empresa de Matas multiplicaban por 16 el precio real. En total, un millón de euros en dinero público que bien pudo alegrar la existencia de su perceptor o quizá contribuir a pagar alguna viga o algún tabique de pladur de alguna casa gran.
    La publicación de esta serie de informaciones en EL PAÍS provocó que Matas, en una decisión que le honra, presentase su dimisión al presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, que no se la aceptó. El coordinador general de la Diputación en esta ocasión hizo lo que debía, y Esteve lo que no debía. La explicación humana de que ambos han trabajado juntos durante años sirve para la amistad, no para la política.
    Menos comprensible resulta la reacción de los partidos ante el escándalo con dinero público. Exceptuando a Iniciativa per Catalunya, el resto de las formaciones que integran la Diputación han tenido un proceder insólitamente versallesco. Nadie ha pedido la dimisión de Matas. Todo muy sorprendente. Sobre todo en un país en el que se pide la reprobación de un consejero por una corriente de aire.
    ¿Por qué tanta suavidad y tacto? Hay buen rollo en la Diputación, cuyos presidentes socialistas Royes, Montilla y Corbacho y el convergente Esteve han sido elegidos sin votos en contra. ¿Es que el espíritu del inspirador de las provincias, Javier de Burgos, crea un particular sentimiento de hermandad por encima de ideologías? ¿No será que estamos ante otro sindicato de intereses?
    Una explicación, probablemente perversa, es que la Diputación paga muy bien y permite a los partidos fichar asesores por la módica cifra de 2,5 millones de euros al año. En los periodos inclementes de travesía por la oposición, los partidos saben que los justos siempre podrán contar con su plaza en la barca de la salvación. Un total de 33 asesores han sido colocados por las formaciones políticas. La nómina más habitual acostumbra a ser de unos 3.500 euros al mes y en la lista abundan los ex altos cargos. La Diputación se erige en una inmensa ubre capaz de saciar el apetito de los cachorros. Estamos, pues, ante una institución que genera poco desgaste político y da muchas satisfacciones. Pero ahora un escándalo ha venido a agitar el estanque. En plena preparación del recogimiento y meditación cuaresmal, ha aparecido el caso que implica al coordinador general de la institución y mano derecha del presidente de la Diputación.
    Catalonia is not Marbella, escribía Josep Maria Matas en el boletín de la ACM de diciembre de 2006. “No hay derecho a que por culpa de las ilegalidades marbellíes se mida por el mismo rasero a toda la clase política. Los alcaldes del país trabajan con la obsesión de hacer progresar sus municipios y no de deteriorarlos”. Es verdad y tiene razón el coordinador general de la Diputación. Los partidos deben ser los primeros interesados en reivindicar la política como hecho, no como simulación, y desterrar de escena la codicia. No se puede predicar austeridad y derrochar credibilidad.

Macrocasino con 'minijobs'

Por: Francesc Valls | 05 feb 2012

Ruleta

 

El modelo económico catalán amplía horizontes. 225.300 familias no tienen ingreso alguno, la tasa de desempleo juvenil alcanza el 48% y el número de parados es del 20,5% de la población activa. Pero todo eso va a cambiar. El grupo inversor Las Vegas Sands Corporation está dispuesto a invertir entre 15.000 y 18.000 millones de euros hasta 2022 para generar una ciudad del juego que emplee a 132.000 personas.  El pueblo elegido para beneficiarse del macrocasino podrá ser el catalán o el madrileño, puesto que ambos gobierno autonómicos compiten para atraer el dinero de Sheldon Adelson.

    El magnate norteamericano, financiador con 10 modestos millones de dólares de la campaña del republicano Newt Gingrich, pretende fomentar la competencia entre Barcelona y Madrid para  instalar en España una suerte de ciudad Mahagonny, donde -como en la ópera de Bretch-Weil- todo esta permitido si se tiene dinero.  La propuesta de Adelson, verbalizada, explicitada y concretada de forma entusiasta desde la Comunidad de Madrid, lleva incorporada una profunda reestructuración del mercado de trabajo. No habrá que esperar a que el Gobierno español se apreste a acometer esta iniciativa a la que todos los poderes, por otra parte, consideran muy necesaria. De hecho las sugerencias de  Adelson dinamitan el Estatuto de los Trabajadores; piden dos años de exención de cuotas a la Seguridad Social; solicitan que el Gobierno apoye la petición de un crédito al Banco Europeo de Inversiones por más de 25 millones de dólares; que se cambie la ley de prevención del blanqueo de capitales; que no se impida la entrada en el casino a los menores de edad, personas incapacitadas legalmente y ludópatas; la devolución mensual del IVA; que se pueda fumar…

    Como Madrid es la comunidad que tiene su Mahagonny más avanzado, el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, visitó  el pasado mes de noviembre al magnate Adelson en su  cuartel general de Las Vegas para ganar posiciones. Mas-Colell metió el calvinismo en un rincón de la maleta y se paseó por los condominios de Adelson, como ese casino que es una réplica de Venecia con campanile de San Marcos y gondoleros sin sindicar incluidos, porque ese derecho está proscrito en sus salones de juego y alrededores. El objetivo del consejero es explorar cómo atraer a Cataluña  ese complejo que tendría 12 resorts con 36.000 habitaciones, seis casinos, 50.000 plazas de restauración, teatros, campos de golf y zonas para convenciones. Esta última parte es en la que el Gobierno catalán pone más énfasis, consciente de que no se pueden cantar las alabanzas de la economía productiva catalana y al tiempo dinamitar el estado de derecho para colocar en el mismo solar las pezuñas de un puro y duro becerro de oro.

    La crisis obliga y obligará a que muchas cosas cambien. Empuja hacia los minijobs, 15 horas a la semana por 400 euros al mes (en Alemania), a recortes salariales, a medidas de austeridad. Vamos hacia una sociedad que compatibiliza la precariedad en el empleo con los macro-casinos. O quizás no. Tal vez Cataluña o Madrid puedan prescindir del salario mínimo interprofesional gracias a las propinas de los visitantes a los salones de juego. A falta de un modelo claro, nos encaminamos hacia una suerte de mundos paralelos o  de realidades antagónicamente complementarias ¿El modelo a elegir es el de Las Vegas Sands, donde la codicia es la única religión realmente existente?

    Los discursos de CiU, hasta ahora, eran una dura crítica al dinero fácil de la burbuja inmobiliaria y al modelo de baja productividad escasamente competitivo. Los nacionalistas catalanes no se cansaron de impartir doctrina al respecto. Jordi Pujol escribía en 2008 que durante la época de vacas gordas y crecimiento “la euforia eliminó toda clase de crítica o advertencia”. Ahora puede ser que la crisis haga otro tanto. Cualquier discrepancia es vista como un elemento desestabilizador por un gobierno que navega –como otros muchos- a cabotaje, sin ver más allá del brumoso perfil de la costa.

El País

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