Sobre el autor

Francesc Valls

. Viví la transición democrática en primera línea periodística y personalmente. Luego me enriquecí espiritualmente viajando con Juan Pablo II alrededor del mundo. Descendí a lo terrenal con Jordi Pujol. Desde siempre he sido un adicto a la política. Soy subdirector de EL PAÍS en Cataluña.

Sobre el blog

El día a día del contraste entre ese dulce postre tradicional y la amarga austeridad. Todo aderezado con unas gotas de tabasco soberanista.

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Soberanismo impreciso

Por: Francesc Valls | 23 mar 2012

Oriol Pujol

 

Convergència afila sus herramientas dialécticas para ofrecer su mejor perfil nacionalista. Vela armas para que el Congreso de Reus proyecte a la sociedad catalana una  imagen de fuerza batalladora en pos de la soberanía plena. Aunque solo un 11% de las enmiendas presentadas al congreso del fin de semana hace hincapié en las bondades del independentismo, el 71% de los delegados pide para Cataluña un estado propio. Y  esa va a ser la sustancia base que los dirigentes de CDC administrarán en el cónclave de Reus hasta lograr la mezcla perfecta: un soberanismo tan exitoso como polisémico y de contornos imprecisos. El crescendo nacionalista va a ser ensordecedor, tanto por el ruido interno como por el externo. El congreso convergente llega arropado por una buena banda sonora. Cierta prensa conservadora se empecina en remachar el clavo de que el Gobierno de Artur Mas conduce el país hacia la independencia. Uno de los motivos esgrimidos por los apologetas de la enosis a ultranza es la famosa ley consultas, bajo la que se pretende preguntar sobre ese primer peldaño de la transición nacional: el pacto fiscal. La ley está actualmente en trámite en Parlamento catalán gracias a la luz verde obtenida de los grandes partidos, incluido en PP.

    Así las cosas, el debate nacionalista instrumentado corre el riesgo de convertirse en una comedia de enredo, en la que un cúmulo de malos entendidos y medias verdades cree situaciones surrealistas. Mientras la delegada del Gobierno da órdenes para que la Policía Nacional y la Guardia Civil se aseguren de que la bandera española ondea en todos los ayuntamientos, el Ejecutivo catalán garantiza asesoramiento jurídico a los municipios que se apunten al desafío y decidan descolgar la rojigualda. Ese lance de capa y espada llena periódicos y  webs. Sus promotores anuncian que el eje derecha-izquierda ha fallecido en beneficio de la antinomia catalanismo-españolismo. Mientras, el PP se presta a pactar con CiU  los presupuestos de la Generalitat, con sus recortes y sus  leyes de acompañamiento. Y Convergència apoya la reforma laboral del Partido Popular y pone ojos interesantes ante la posibilidad de pactar las cuentas del Estado para 2012. Del congreso de Reus saldrá una CDC mucho más soberanista que, en el día a día, seguirá siendo sostén legitimador del PP en el Congreso de los Diputados, mientras que los populares continuarán dando apoyo al Gobierno catalán. El último episodio es el acuerdo al que han llegado CiU y PP para gobernar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. CiU la presidirá y el PP ocupará la vicepresidencia del ente, lo que en palabras pronunciadas hace unos días por Artur Mas en Bruselas, es un elemento “normalizador” para el partido de Mariano Rajoy en Cataluña. Mientras los símbolos chocan, los hechos unen. ¿Hasta cuándo?

Facturas que paga el dinero público

Por: Francesc Valls | 11 mar 2012

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Nueve días de baja discontinua en un mes son motivo de despido. Un empresario –aduciendo productividad- puede reducir unilateralmente el salario marcado por el convenio. La autorización administrativa en los despidos colectivos ya no es necesaria. Parece que en el mundo real las cosas se están poniendo muy duras para los mortales que más abundan: los asalariados. Europa pide austeridad y PP y CiU aprueban la reforma laboral que obliga a un acto de fe equiparable al que llevó al martirio a los hermanos Macabeos.

    El sacrificio afecta a los hombres y mujeres de la calle, a la gente corriente. Otros están  au-dessus de la mêlée de estas contingencias. Su libérrima interpretación de la ética y la legalidad  hace sonrojar a la ciudadanía, que ve como trabajos de dudosa utilidad o quizás inexistentes se pagan con gran ligereza con cargo al erario público. El último episodio que ha puesto a prueba la capacidad de aguante de la opinión pública es el del actual secretario general del Departamento de Cultura de la Generalitat, Xavier Solà, del que ha informado este diario en los últimos días. 

    Según la interpretación que se hace desde la cúpula de su partido, Convergència, no habría  ninguna irregularidad en cobrar 50.000 euros en dinero público de la asociación que diriges por un encargo que ha hecho otra entidad en cuya cúpula te encuentras. Tampoco pasa nada si 15 días después de comprar una empresa giras 65 facturas por 193.000 euros por el encargo de un proyecto que habías impulsado años antes desde  otra entidad  que dirigías. Es irrelevante si estas facturas se parecen como dos gotas de agua a otras giradas un año antes. Todo esto se sitúa en “el marco de la legalidad”.

    Así lo dejó claro el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs: “El juicio se tiene que situar desde el punto de vista de si se observa o no la legalidad y creemos que en este caso se ha observado la legalidad”.  En ese concepto tan amplio de legalidad llueve sobre mojado. Ya sucedió otro tanto con el caso también desvelado por este diario del  ex coordinador general de la Diputación, Josep Maria Matas, cuyas empresas facturaron más de 900.000 euros a la entidad municipalista de la que era secretario general, la Asociación Catalana de Municipios. Al poco de aparecer estas informaciones, a finales de febrero, fue relevado del cargo.

    La impresión, la triste impresión, es que las cúpulas de algunos partidos esperan saber la cantidad y el calado de la información que tiene un medio de comunicación para tomar decisiones sobre si deben o no  destituir  a un personaje de escasa ética; preocupa más el "traidor" interno -el garganta profunda- que la transparencia hacia los ciudadanos;  enoja más que la información salga de su fortaleza que el uso indebido de fondos públicos, esos que son de todos. Estamos condenados a que algunos, ante la escasez de virtudes propias, presenten como propia la implacable austeridad que aplican al prójimo.

El País

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