Sobre el autor

Francesc Valls

. Viví la transición democrática en primera línea periodística y personalmente. Luego me enriquecí espiritualmente viajando con Juan Pablo II alrededor del mundo. Descendí a lo terrenal con Jordi Pujol. Desde siempre he sido un adicto a la política. Soy subdirector de EL PAÍS en Cataluña.

Sobre el blog

El día a día del contraste entre ese dulce postre tradicional y la amarga austeridad. Todo aderezado con unas gotas de tabasco soberanista.

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Imputados en un mundo feliz

Por: Francesc Valls | 23 feb 2013

Romanills

Las 50 medidas  contra la corrupción presentadas por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sostienen que un político imputado no debe dejar ni cargos ni complementos salariales hasta que el juez le siente en el banquillo. Entonces, adiós  pluses. Aunque los podría recuperar si es declarado inocente. Desde hace años, el artículo 18 del reglamento del Parlament ofrece la posibilidad de suspender de empleo y sueldo a un diputado en caso de que algún grupo parlamentario lo solicite y la Cámara lo apruebe por mayoría absoluta. Pero nunca nadie ha pedido la aplicación de esta drástica medida, actuación que permite extender sin sombra de demagogia la sospecha de corporativismo.

La Cataluña de la reforma laboral, y los recortes sanitarios y educativos asiste perpleja a esta ceremonia anticorrupción, oficiada por el presidente de la Generalitat, que parece más bien un autoblindaje de la cúpula del poder político. Las 50 medidas de Artur Mas están llenas de buenas intenciones y de prevenciones, pero ya no sirven. La ciudadanía pide ejemplaridad y no medias tintas en una sociedad que ya solo sabe de blanco y negro. La situación ha llegado a tal punto de gravedad que se trata de reformar la ley de partidos, la ley electoral (que Cataluña nunca ha tenido) y abandonar la práctica de que las instituciones de control funcionen como meras correas de transmisión de los partidos. No se precisa un auditor por partido en la Sindicatura de Cuentas: se necesita fiscalizar a conciencia la administración y no ocultar o desestimar informes con el mero afán de proteger a la partitocracia. En la moderna reforma laboral, aprobada con los votos de PP y CiU, existe la modalidad de despido disciplinario que el empresario puede aplicar por faltas reiteradas e injustificadas de asistencia o puntualidad, indisciplina, desobediencia, transgresión de la buena fe contractual; disminución del rendimiento en el trabajo… En fin, el catálogo es amplio, generoso para facilitar y abaratar el despido sin generar un solo empleo. 

Los salarios de los políticos, dicen, son bajos. Si se dedicaran al sector privado ganarían más. Tal vez. Pero ahí va un ejemplo que apunta en otra dirección: una notable relación de concejales barceloneses y del área metropolitana cobran más de 10.000 euros brutos al mes. Este diario ha ofrecido recientemente los salarios y pluses de los ediles cienmileuristas. El alcalde de París percibe 8.500 euros brutos al mes (sin pagas extras ni pluses). IESE ha cuantificado el sueldo medio anual  de un trabajador francés en 32.800 euros, 11.000 euros más que uno español, que percibe 21.500 euros.

Los datos son fríos y las medidas a tomar serias. Aunque tal vez a algún político se deje  aconsejar por la lectura de Un Mundo feliz y proyecte el reparto de soma entre la ciudadanía. Un gramo de soma, según Aldous Huxley, cura diez sentimientos melancólicos y  tiene las ventajas del cristianismo y del alcohol  sin ninguno de sus efectos secundarios. Y sobre todo, mantiene la estabilidad en Tecnópolis… Y la tranquilidad en sus gobernantes. Imputados en un mundo feliz.

Aperitivo anticorrupción

Por: Francesc Valls | 05 feb 2013

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La iniciativa de convocar una cumbre anticorrupción en Cataluña llega tarde, mal y,lo que es peor, sin la más mínima esperanza de buscar una salida decente a la lacra que atenaza a las cúpulas de los principales partidos y provoca cabreo en una ciudadanía acogotada por la austeridad.  

    La petición de imputación del secretario general de Convergència, Oriol Pujol,  la que pesa sobre el también diputado de CiU Xavier Crespo, la del alcalde de Sabadell,  Manuel Bustos (PSC), es un amplio prólogo que permitiría que los dos hasta hace poco principales partidos catalanes dieran un paso al frente predicando con el ejemplo. Pero, al parecer, prefieren que todo quede en vacua, en echarse mutuamente la culpa del mal primigenio. Ni rastro de asunción de los errores propios.

    La ruptura del pacto entre PP y CiU en la Diputación de Barcelona ha hecho pasar a segundo plano una noticia de primer orden: el presidente del ente provincial, Salvador Esteve,  ha decidido nombrar vicepresidente primero a Ferran Civil (CiU), alcalde de Cercs (Berguedà) imputado en tres causas judiciales. Civil está acusado de presuntos delitos  urbanísticos  y prevaricación. La Diputación de Barcelona hace de esta manera su aportación a la lucha contra la corrupción.  El ente provincial tiene un largo historial de consenso partitocrático, de generosidad entre formaciones políticas a la hora de repartir la tarta del número de liberados a quienes dar una plaza de asesores conm cargo al erario público. También muestra la  franca camaradería existente entre los partidos, lo que se manifiesta en el hecho de que la Diputación casi siempre ha sido elegido sin un solo voto en contra. Por eso pertenecer a tan selecto club es algo apetecible para cualquier político que aspire a vivir un retiro anticipado cobrando sueldo de trabajador en activo.

    A principios del año pasado Josep Maria Matas, coordinador general de la Diputación de Barcelona, presentó su dimisión tras ser imputado al conocerse a través de este diario que su empresa había facturado 900.000 euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM), de cuya dirección formaba parte. A los pocos días, Esteve decidió designar a Josep Tous. Apenas habían dos semanas  cuando, el día en que debía ser ratificado, el número dos in pectore fue detenido por su supuesta participación  en la trama para amañar concesiones de ITV en Cataluña.

    Ahora el concurso de despropósitos llega a su cima con la designación del alcalde de Cercs como vicepresidente primero de la Diputación. Un buen aperitivo para una operación de envergadura contra la corrupción.

En la imagen, Ferran Civil, Salvador Esteve y Joan Carles Garcia en un acto de la Diputación de Barcelona. DIBA

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