Sobre el autor

Francesc Valls

. Viví la transición democrática en primera línea periodística y personalmente. Luego me enriquecí espiritualmente viajando con Juan Pablo II alrededor del mundo. Descendí a lo terrenal con Jordi Pujol. Desde siempre he sido un adicto a la política. Soy subdirector de EL PAÍS en Cataluña.

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El día a día del contraste entre ese dulce postre tradicional y la amarga austeridad. Todo aderezado con unas gotas de tabasco soberanista.

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Generosidad con los malversadores

Por: Francesc Valls | 10 jul 2013

Cataluña es un país de paradojas y grandes silencios. La paradoja es que el Departamento de Justicia haya decidido que salgan de prisión dos ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) –Enric Roig y Antoni Herce- que malversaron 2,7 millones de euros del erario público.  Ambos han pasado un periodo vacacional entre rejas: 48 días de los 54 meses que debían estar bajo arresto. El silencio lo construye  la parquedad informativa que ha rodeado a esta generosa medida en los medios públicos  y en la mayoría de los privados, quizás por considerarlo un acto de misericordia irrelevante en la actual crisis.  Vivimos en un país al que con frecuencia sus gobernantes contraponen como ejemplo de virtud a la decrépita España. Sin embargo, hay comportamientos que se asemejan a los de la Italia meridional.

    Debería ser motivo de alarma que el presidente Artur Mas esté de acuerdo con la aplicación del tercer grado penitenciario a los dos exdirectivos de FGC.  En otras latitudes produciría asombro que el Departamento de Presidencia no se posicionara en favor del recurso del fiscal contra el tercer grado, para defender los intereses públicos y las arcas de la propia Generalitat.  Porque de eso se trata, de proteger lo colectivo. Los dos expresidentes de FCG han retornado a la empresa pública 646.600 euros, ni la cuarta parte de lo que  malversaron. Uno de los condenados ha llegado a un acuerdo con la compañía para devolver el dinero en cómodos plazos:  200 euros al mes.

    El Departamento de Justicia en una circular de 2012  fijaba el criterio general de que para otorgar el tercer grado penitenciario se hubiese cumplido la mitad de la pena. Pero no ha sido así. Y sí, efectivamente,  como asegura el presidente de la Generalitat, se ha cumplido escrupulosamente con la legalidad. Pero el comportamiento del Gobierno es inmoral. Y eso está reñido con ese estandarte  que despliega el Ejecutivo de CiU y que muestra a Cataluña como un reducto de ejemplaridad en  la desordenada  y alocada España. En el conjunto del Estado, Cataluña es la tercera comunidad en lo que a casos de corrupción se refiere. Comparte podio con Andalucía y  Valencia.  Ni en la lucha contra la corrupción se sostiene título de Gibraltar calvinista de España del que inmerecidamente presumen desde la Generalitat.

El País

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