Transparencia tintada

Por Mariano Blázquez Burgo

He leído que el Proyecto de Ley de Transparencia será modificado para incluir a la Iglesia católica y, posiblemente, a otras confesiones religiosas que reciben fondos públicos. La intención parece buena, pero opino que es mejor una norma específica y más extensa.

Las confesiones religiosas están necesitadas de una normativa sobre la gestión y transparencia económica. La escasez de regulación es alarmante y  la Ley de Libertad Religiosa señala únicamente que las confesiones tienen  “plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal.”  La transparencia, el buen gobierno e incluso la actuación democrática en la organización interna y el funcionamiento de la entidad, dependen únicamente de la voluntad de las propias religiones. Esta situación no es buena para el Estado ni tampoco para las confesiones. Es necesario establecer criterios que hagan compatible la preservación de la autonomía e identidad confesional con los valores citados y otros principios constitucionales.

A pesar de lo indicado, creo que es mejor no incluir a la Iglesia católica ni a otras confesiones religiosas en esta ley porque, según el proyecto actual, la norma está destinada a regular la actuación pública realizada por las administraciones públicas y entidades gestionadas por las mismas. Por tanto, las confesiones religiosas no deben estar incluidas si no cambia el objeto y ámbito previsto para la ley. No olvidemos que la Constitución configuró un nuevo sistema de relación entre las confesiones y el Estado, suprimiendo el carácter estatal de las mismas (tradicionalmente reconocido a la Iglesia católica) y, por ello, ninguna confesión puede ser considerada como entidad de derecho público ni, en consecuencia, se les debe aplicar la normativa prevista para las mismas, pues de ello podrían derivarse actuaciones tan inconstitucionales como las inmatriculaciones.

La mejor solución para preservar el principio de laicidad es aprobar una normativa específica para todas las entidades civiles sociales o religiosas y, especialmente, para las que sean beneficiarias de fondos públicos.

Debe corregirse la situación actual pero no a costa de generar nuevas incertidumbres y falsas apariencias de transparencia y buen gobierno. Si no lo hacemos bien, ocurrirá algo parecido a la transparencia de los cristales de algunos vehículos, que permiten ver el exterior desde dentro, pero los de afuera apenas pueden percibir vagamente el interior.

La futura norma debe corregir los excesos y los defectos de la actualidad. Pondré dos ejemplos de situaciones a mejorar. El primero tiene que ver con algunas de las iglesias evangélicas que tratan de eliminar las disposiciones estatutarias, recomendadas por nuestra federación, destinadas al control económico o la rendición de cuentas  a los fieles. El segundo está relacionado con la información que difunde la Iglesia católica sobre los fondos públicos que recibe, básicamente informes sin facturas ni otros elementos propios de la contabilidad que permitan obtener una imagen fiel de la gestión económica. El problema es que Hacienda interpreta que esa  información es suficiente debido a que el dinero del IRPF entregado no tiene la consideración de subvención y sí de minoración de ingresos del Estado. No sabía que esta explicación fuera posible.

Y no es posible, desde luego, para las ONGs ni para las confesiones con Acuerdos de Cooperación con el Estado (judíos, protestantes y musulmanes), cuyos proyectos, presentados a la Fundación (pública) Pluralismo y Convivencia, sí se rigen por las normas de las subvenciones públicas, siendo inspeccionados anualmente no sólo por la propia Fundación, sino también por la Intervención General del Estado. Un poco excesivo, creo yo, pero bueno, si ese es el criterio, aplíquese también a los demás porque, de otra manera, puede interpretarse como acoso a las minorías. 

Comments

[Publicado por: Diego]

Me gusta el artículo. Un abrazo.

[Publicado por: Martínez]

Se nombran las cuentas, las cifras que son dinero público, pero aquí viven personas.
Y tenemos leyes.
No se entiende que instituciones que discriminan a la mujer de una forma tan clara y contundente, puedan aspirar a dictar y a imponer criterios y que además se les haga caso.
Reclamando encima subvenciones y privilegios.
Pero en que siglo vivimos, se pregunta todo el mundo, jóvenes, chicos y grandes.
¿Quiénes son esta gente?

[Publicado por: Antonio]

Me parece que el artículo se queda muy corto en la denuncia de la in justicia que estamos sufriendo los protestantes (también judíos y musulmanes). Es una auténtica vergüenza que habiendo transcurrido un tercio de siglo desde la promulgación de la Constitución este país siga siendo un estado confesional de hecho.

[Publicado por: Ramón]

Un día me contaba un buen hombre, cumplidor y honesto en su trabajo, buen profesor.
Un poco desencantado ante el hecho de tener que aceptar la música impuesta, fuese cual fuese.
Sin poder decir esta boca es mía.
Que los buenos se marchan cuando descubren los entresijos que hay debajo de la cara afable.
A los malos, a los negados se les despide porque no interesan, ni sirven.
Solo son saco de problemas.
Y al final solo quedan las medianías, aquellos que ni fu ni fa, que ni pinchan ni cortan.
Pareciendo una incongruencia, que al final lo que cuenta es la medianía, lo dócil y lo mediocre.
Fue a partir de aquel día, a partir de aquella toma de conciencia, cuando el valor consciente vence al miedo de la inoperancia, y la mano metió la caña del timón en otro rumbo, buscando otra derrota.
Donde el precio del vivir acorde con la propia conciencia no supusiera una hipoteca tan cara.