Carlos Dada

Un ejército para salvarnos de la policía

Por: | 05 de diciembre de 2011

El benemérito Congreso hondureño, el mismo que aprobó un golpe de Estado y defendió a la cúpula militar que lo perpetró en 2009, hizo la semana pasada otra de esas cosas cuyas consecuencias son aún desconocidas pero que ya sabemos que durarán mucho tiempo: autorizó al Ejército a realizar tareas policiales. Es decir: allanamientos, detenciones, operativos. Es una medida de emergencia, dicen, porque hay que depurar a la policía. Porque de pronto, sin que la Honduras oficial tuviera antecedentes, hace pocos días descubrieron que la policía es una banda criminal y hay que renovarla. ¿Y ahora quién podrá defenderlos? El Ejército, por supuesto. Es la historia de estos países: el Ejército es siempre la última morada, el salvapatrias, el redentor. 

La cosa esta vez fue así: Hace poco más de un mes, Rafael Vargas Castellanos y Carlos Pineda Rodríguez, dos jóvenes universitarios de Tegucigalpa, regresaban de una cena en la madrugada cuando fueron interceptados por desconocidos. Horas más tarde aparecieron sus cuerpos en una parte de la ciudad que, según reportes de los periódicos locales, "se ha convertido en un botadero de cadáveres". Vargas Castellanos era hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y su asesinato desató tal indignación que el presidente hondureño se comprometió personalmente a dar con los asesinos. No tardó mucho. Los autores del crimen fueron cuatro policías que presuntamente se dedicaban a asaltar. Formaban parte de una banda en la que había otros agentes. A pesar de haber sido identificados, mientras proseguían las averiguaciones sus jefes les dieron días libres, y se fugaron. Y entonces se ampliaron las averiguaciones y comenzó la depuración. 

Tres semanas después, la UNAH entregó un estudio que confirma lo que todos los hondureños, salvo los funcionarios, ya sospechaban: la Policía es "la organización delictiva más peligrosa" del país. Una mafia que se dedica al robo, al asalto, al sicariato, al secuestro y al narcotráfico. Una mafia pagada con fondos públicos, que tiene armamento reglamentario y permiso legal para usarlo; que actúa bajo la protección del Estado. El Gobierno ha desmantelado ya a toda la jefatura policial y ha iniciado el proceso de depuración que debió haber hecho hace mucho tiempo. Y mientras tanto, ya salieron los soldados. 

Algo parecido pasó en Guatemala. En 2007, tres diputados salvadoreños fueron interceptados cerca de la Ciudad de Guatemala y posteriormente asesinados. Los responsables, cuatro policías pertenecientes a la división de investigaciones criminales, fueron capturados y recluidos en una prisión de máxima seguridad en la que no duraron vivos ni siquiera veinticuatro horas. Luego se determinó que los policías operaban al servicio de un cartel de drogas y, mientras algunos fiscales obstaculizaban las investigaciones, se fueron muriendo muchas personas de balazo en balazo. También esto desató una "limpia" en la policía guatemalteca, que sirvió simplemente para demostrar que el gobierno estaba reaccionando. Pero pocas cosas cambiaron en ese país. 

En Guatemala al Ejército lo llamó el pueblo. Harto de que el sistema político fuera incapaz de garantizar la seguridad, eligió a un militar como presidente. El general Otto Pérez Molina tomará posesión el 14 de enero y ya ha nombrado a un compañero de armas como ministro de Seguridad. Lo mismo hizo en El Salvador el actual presidente, Mauricio Funes, hace dos semanas. El primer presidente salvadoreño de izquierda es también el primero en tiempos de paz en tener a dos militares en su gabinete: en Seguridad y en Defensa. Y su nuevo ministro de seguridad, el General David Munguía, que entró prometiendo bajar los homicidios en 30 por ciento y subir el crecimiento económico en tres puntos, tiene aspiraciones presidenciales. En Honduras, dos años después de mandar al presidente Zelaya en piyamas al exilio, el general golpista Romeo Vásquez ha anunciado ya que buscará la presidencia.      

Fotoejércitopolicia

*Un soldado patrulla en una comunidad de San Salvador con fuerte presencia de pandillas. Foto: Mauro Arias, El Faro.

Hace apenas veinte años, los ejércitos de estos tres países tenían una reputación mundial de violadores de derechos humanos. Hoy son llamados para resolver la emergencia de seguridad pública que ha convertido a esta en la región más violenta del mundo. No sé en qué terminará esta nueva apuesta. Nos costó mucho enviar a los soldados a los cuarteles y dejar la política en manos de civiles. Aún así... 

Pocos días después del golpe de Estado, en 2009, me reuní con el representante legal de la cúpula militar hondureña, el coronel Bayardo Inestroza. Después de unos minutos de conversación, me dijo claramente: "Nosotros  combatimos los movimientos subversivos acá y fuimos el único país que no tuvo una guerra fratricida como los demás. Difícilmente nosotros, con nuestra formación, podemos tener relación con un gobierno de izquierda. Eso es imposible". Hoy, otra vez, los uniformados incursionan en la política, para salvarnos de la policía.  

Aun no sé qué le hace creer al presidente Lobo que su Ejército es distinto a su policía. Qué le hace pensar, a diferencia del resto de los hondureños, que su Ejército está limpio; que no está involucrado en narcotráfico ni en contrabando ni en tráfico de armas. Que no tienen nada que ver en que el aterrizaje de avionetas cargadas con drogas se haya multiplicado en los últimos dos años. 

Seguimos intentando apagar fuegos, en vez de arreglar el problema. Porque arreglarlo, de verdad, requiere de demasiadas cosas. La lista es abrumadora: mucho dinero, más transparencia, menos corrupción, depuración de jueces, policías y fiscales, una clase política responsable y una clase económica que conozca la palabra solidaridad. Educación, justicia y reducción de la tremenda desigualdad. 

Sí, así nomás parece más fácil traer de vuelta a los militares. Sobre todo si padecemos de amnesia. Sobre todo si no queremos pensar en las consecuencias. Sobre todo si nadie está dispuesto a revisar la lista. 

 

 

Hay 4 Comentarios

¿POR QUÉ NO TE FUMAS UN PORRITO LEGALMENTE QUE ES MÁS BARATO QUE TRATAR DE ERRADICARLO CON TODAS ESAS INVERSIONES QUE PROPONES?
DINERO FÁCIL PARA LOS CHULOS NARCOMACHISTAS DE LATINOMARICA

Doctor (disculpe el titulo, soy peruano) desde febrero del 09 radico en Soyapango y como ud sabe a los extranjeros en su pais no se le tiene permitido comentar sobre la politica interna del pais (como en la mayoria de los paises dicho sea de paso) bajo castigo de una multa o hasta la deportacion. Así que leyendo El País me encontre su columna. Y dado que el server de este medio (espero) esta en España me atrevo a comentar algo que me parece jalado de los pelos:

En 22 años desde la firma de los Acuerdo de Paz ... ¿como es posible que la Policia Nacional Civil (PNC) no tenga ni una comisaria (delegación) propia en uno de los distritos mas violentos de San Salvador? desde febrero del 09 he visto a la PNC en Soyapango mudarse dos veces. Si quieres dar la sensacion de seguridad lo minimo es saber que tu delegacion estara alli de por vida y no cuando los mandos policiales crean que ya fue suficiente de estar alli y mudarse para otro lado. Y en estos 22 años ningun gobierno ha invertido en una infraestructura funcional de seguridad. ¡Por dios! ¿cuanto dinero se gasta en el alquiler de las delegaciones en estos 22 años? ¿la cantidad no seria suficiente como para haber comprado aquellos lugares?
Como le comento de nuevo me parece jalado de los pelos que la lógica de "comprar-tu-propia-casa-en-vez-de-alquilar" no se aplique a las delegaciones de la PNC.

La corrupción, en los países desarrollados, tiene su causa en la sed insaciable de mas y mas riqueza de las élites del poder económico. Y en los países subdesarrollados, tiene su causa en la terrible desigualdad social, donde mas del 70% de la población está en la miseria, En este caso, la extrema pobreza es el caldo de cultivo para el desarrollo de las mafias del narcotráfico. En ambos casos, policías, militares, jueces, fiscales, y políticos se convierten en piezas de caza de los corruptores, que por lo general hacen uso del soborno y el chantaje, ya que esos estamentos constituyen el soporte de los estados nacionales.

Aturde más la pregunta ¿Hacía donde vamos? o ver como un pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla.

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Sobre el autor

Carlos Dada, periodista salvadoreño, es fundador y director de El Faro (www.elfaro.net), un medio reconocido por su independencia y su alta calidad. Dada ha trabajado en prensa, radio y televisión cubriendo noticias en más de 20 países. Es Knight Fellow por la Universidad de Stanford y ha sido galardonado con el LASA Media Award 2010 y el Maria Moors-Cabot de la Universidad de Columbia.

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