Amaneció El Salvador, este 2 de julio, con dos Cortes Supremas de Justicia. Mientras escribo estas notas, ambas cortes sesionan paralelamente, en el mismo edificio, cada una deslegitimando a la otra. Es el retrato perfecto de una crisis de Estado, sin seguridad jurídica, en la que el garante constitucional normalmente conocido de hecho y de derecho hoy no es reconocido unánimemente.
Es el último capítulo de una pugna entre el estamento político tradicional permeado por la corrupción y el crimen organizado y una Sala de lo Constitucional que se atrevió a emitir resoluciones que ponían en riesgo la cómoda posición incontestable de medios de comunicación, partidos y del presidente de la República.
Entre los decretos emitidos por esa sala de la CSJ se encuentran la declaración de inconstitucionalidad de la partida secreta de Casa Presidencial; la aprobación de candidaturas independientes y, recientemente, la declaración de inconstitucionalidad de la elección adelantada, por la anterior legislatura, de nuevos magistrados para sustituirlos. Esos magistrados, cuya elección fue declarada inconstitucional por la Sala, tomaron posesión de sus cargos el domingo 1 de julio gracias a un decreto transitorio de la Asamblea que les faculta a sesionar sin convocatoria del presidente de la Corte. En otras palabras: tenemos hoy dos Cortes Supremas, y cada una desconoce a la otra.
Cuando se agotan los recursos institucionales, los conflictos entre poderes se resuelven por medio de negociaciones o por la fuerza. Aquí queda ya poco espacio para resolver el conflicto por la vía institucional, porque los partidos políticos han agotado, manipulado y minado este recurso. Tampoco parece haber espacio para la negociación, porque los partidos encabezados por el presidente de la Asamblea, y el Presidente de la República, han jurado destruir a la Sala de lo Constitucional. Si lo que queda, como ya amenazó el presidente de la Asamblea, es la fuerza, sabemos todos quiénes y cómo la impondrán. Como siempre.
Hemos retrocedido a los tiempos en que la institucionalidad del Estado se acomodaba a los caprichos de los gobernantes. Y esto es de tal manera que la Sala de lo Constitucional está facultada para resolver sobre la constitucionalidad de las decisiones estatales siempre y cuando no resuelva en contra de los intereses de los nuevos caprichosos. Porque si no, ya demostraron hasta dónde son capaces de llegar. Pero en el camino, por eliminar a unos magistrados incómodos, están destruyendo el sistema.
El presidente de la Asamblea, el ex guerrillero Sigfrido Reyes, se escuda en que la Sala obedece a los intereses de la derecha representada por ARENA. Mera demagogia, dirigida además a amnésicos. Porque fue ARENA, hace apenas un año, la que abrió el conflicto contra la Sala empujando un decreto para amarrarles las manos a los magistrados, del que después tuvieron que retractarse. Si hoy ARENA no acompaña al Presidente en esta jugarreta es porque no lo necesita, porque ya el FMLN y los otros partidos de la derecha le están haciendo el trabajo sin necesidad de pagar el costo del enorme desgaste político.
"Nuestra intención -dijo hace poco el diputado Reyes- es salvar a la Corte Suprema de su propia destrucción, producto de sentencias inconstitucionales". Es decir, el presidente de la Asamblea califica de inconstitucionales las sentencias resueltas por el máximo órgano encargado de determinar la constitucionalidad de cualquier hecho demandado.
La actual Sala de lo Constitucional se conformó como resultado de una intensa negociación entre todas las fuerzas políticas, en 2009, para elegir magistrados. Debido a que las extremas FMLN (izquierda) y ARENA (derecha) vetaron a varios candidatos que consideraban afines a sus rivales políticos, terminaron eligiendo a manera de composición equilibrada a los que hoy son nombrados enemigos de la patria por los mismos diputados.
Pero en países como las centroamericanos, con nacientes y dolorosos procesos democráticos, con debilidad institucional endémica; penetrados por la corrupción y el crimen organizado; con legisladores en venta y con una clase empresarial obsoleta, acostumbrada a ordenar y redactar políticas de Estado, la conformación de una Sala de lo Constitucional como esta es un mero accidente, de la misma manera que lo es la designación de la actual fiscal guatemalteca. Accidentes felices, sí, pero que pronto topan con la resistencia de un sistema político acostumbrado a vivir de las prebendas del poder chiquito.
Cuando la democracia está en riesgo, siempre queda un último recurso para su defensa y es la sociedad civil organizada. Pero esto tampoco existe aquí, porque los esfuerzos de organización han sido también secuestrados por la derecha y por la izquierda.
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