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13 nov 2011

Vargas Llosa y la campaña electoral

Por: Milagros Pérez Oliva

El artículo en el que el escritor anuncia que votará a Rosa Díez causa malestar en algunos lectores. El criterio de proporcionalidad perjudica a las fuerzas minoritarias

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Una rosa para Rosa era algo más que un regalo floral a la candidata de UPyD. El artículo de Mario Vargas Llosa publicado el pasado domingo era, en palabras de uno de los lectores que me ha escrito, "una impagable publicidad". El escritor elogiaba la política de UPyD y anunciaba que votaría a Rosa Díez en las próximas elecciones. En todas las campañas los candidatos se esfuerzan por conseguir la adhesión pública de famosos y personalidades de la cultura. Conseguir el apoyo de un premio Nobel es ya un gran éxito político, pero lograr que además dedique uno de sus artículos en el diario de mayor influencia y tirada supone mucho más que un trofeo electoral.

Con este pronunciamiento, Vargas Llosa ha ejercido un derecho indiscutible. Pero el hecho de que haya utilizado para ello el espacio de que dispone en las páginas de Opinión de EL PAÍS ha incomodado a algunos lectores. "Resulta inaudito que, en plena campaña electoral, la dirección del que yo consideraba uno de los pocos periódicos independientes de España haya permitido un artículo de propaganda electoral disfrazado de artículo de opinión", escribe Juan Carlos Zinno Bassino. Tampoco Manuela Matas Llorente encuentra una explicación lógica. "Una cosa es la opinión, siempre respetable, y otra la propaganda electoral, que no suele aparecer en esas páginas", añade Juana María Hernández.

El sentir de las quejas recibidas puede resumirse en dos preguntas que traslado al director, Javier Moreno. La de Francisco Terrasa Bestard: "¿No le parece un exceso permitir que la prestigiada 'cuarta página' se convierta en una especie de mitin político en favor de un candidato?". Y la de Ignacio Muro: "Ya sé que el autor del artículo es el admirado Vargas Llosa, pero ¿permitiría EL PAÍS que el resto de sus columnistas pidieran en campaña electoral tan abiertamente el voto para una opción?".

Javier Moreno responde directamente a la segunda: "No, no lo permitiría. No sería aceptable que los articulistas habituales utilizaran el espacio de que disponen para hacer campaña en favor de una opción política". El director justifica este caso por su excepcionalidad: "Ha sido una decisión discrecional basada en criterios estrictamente profesionales y de interés general. Cuando Vargas Llosa se posicionó en un artículo anterior en favor de uno de los candidatos de las elecciones de Perú, ese pronunciamiento fue noticia en muchos otros medios, de España y del extranjero. Y si no escribiera en EL PAÍS y hubiera pedido el voto para Rosa Díez en otro medio, lo habríamos publicado como noticia. Vargas Llosa es un intelectual muy influyente y su opinión tiene gran peso en la política española y latinoamericana. En este caso, aunque se trate de un artículo de opinión, no hemos hecho nada distinto de lo que hacemos habitualmente: valorar la oportunidad de un texto en función de su interés periodístico".Paradójicamente, la beneficiaria de este artículo, UPyD, es una de las fuerzas políticas de cuyo entorno recibo con frecuencia quejas. Sus miembros consideran que no le dedicamos suficiente atención informativa. No son los únicos. Lectores próximos a Izquierda Unida se quejan de la abrumadora presencia de los dos grandes partidos en la sección de Política, una queja a la que ahora se suma también Equo. Helena Pinto Blanco me escribe desde Cádiz para decirme que, después de 15 años de fidelidad, su distanciamiento ha llegado a un punto de no retorno: "¡En 12 páginas dedicadas a las elecciones del 20-N, más una entera de Vargas Llosa pidiendo directamente el voto para un partido, no hay ni una sola línea dedicada a Equo, lo cual no solo me parece tan injusto como la actual Ley Electoral, sino una clara desfachatez desinformativa que fomenta el bipartidismo. Cuando compro un periódico quiero que me informe de todo y de todos", explica.

José Manuel Romero, subdirector del área de Política, asegura que Equo ha tenido hasta ahora la mayor cobertura en periodo electoral que haya recibido nunca una fuerza extraparlamentaria. "Desde el inicio de la campaña hasta el martes, se habían publicado en la edición digital 30 noticias sobre Equo, y tenemos dos redactores encargados, entre otras tareas, de su seguimiento porque entendemos que representa una sensibilidad extendida. Por otra parte, hemos incorporado a la web los programas de todos los partidos, incluido Equo, y hacemos entrevistas y crónicas de todas las fuerzas minoritarias".

Es cierto que durante la campaña electoral la web dedica una mayor atención a estos grupos y también al Movimiento 15-M, pero la edición impresa sigue pareciendo un coto reservado a los dos grandes partidos. Romero recuerda que el PSOE y el PP suman 323 de los 350 diputados del Congreso, aunque también se declara partidario de corregir informativamente la gran diferencia que hay entre estos partidos y el resto. "La proporcionalidad es un criterio informativo claro y objetivo. Cualquier otro, por ejemplo el del interés de las propuestas, es más subjetivo y difícil de valorar. Pero intentamos aplicar otros criterios. En esta campaña, por ejemplo, los lectores van a encontrar más información sobre el programa electoral del PP que sobre el del PSOE, porque si Rajoy tiene, según las encuestas, más posibilidades de gobernar, su programa es de mayor interés".

El criterio de proporcionalidad puede parecer justo, pero llevado al extremo supone una amenaza para la pluralidad informativa. Su aplicación estricta en los medios de comunicación de titularidad pública por exigencia de la Junta Electoral Central es ahora mismo objeto de una fuerte controversia y está en el centro del pulso que mantienen los periodistas de estos medios y el poder político.

La normativa electoral estableció en su día una reserva de espacio en los medios públicos para que los partidos políticos, entonces todavía muy frágiles, pudieran emitir sus mensajes electorales. Esa reserva derivó en los llamados espacios de propaganda electoral gratuita, que los partidos administran y que se distribuye de forma proporcional a la representación parlamentaria. Pero los partidos no se conformaron con ello. Hace un tiempo, la Junta Electoral Central extendió la exigencia de aplicar el criterio de proporcionalidad a los servicios informativos de las radios y televisiones públicas. Durante la campaña electoral, el tiempo de información dedicado a cada partido debe ser proporcional a su fuerza parlamentaria, lo que supone en la práctica una especie de situación de excepción informativa durante la cual queda en suspenso la facultad de los periodistas de decidir mediante criterios profesionales.

De manera que una disposición -la reserva de espacios gratuitos para propaganda electoral- que inicialmente tenía como objetivo asegurar que todos los partidos tuvieran garantizada la posibilidad de dirigirse al electorado, se ha ido extendiendo y deformando hasta convertirse en una práctica que beneficia al PP y al PSOE, favorece el bipartidismo y hace mucho más difícil que emerjan fuerzas distintas de las ya consolidadas. Esta dinámica ha hecho mella y se ha extendido también a los diarios y otros medios privados, muchos de los cuales acaban ateniéndose al criterio de proporcionalidad como una forma cómoda de evitar críticas y problemas.

Siendo los medios de comunicación el escenario en el que se representa la política, esta deriva no favorece, sino que dificulta, el pluralismo. ¿No debería EL PAÍS contribuir en mayor medida a corregir esa tendencia? El empobrecimiento de la democracia representativa es consecuencia, entre otras causas, del control del espacio público por parte de los aparatos de los grandes partidos y su asfixiante sistema de propaganda basado en consignas y argumentarios destinados a colonizar el espacio informativo.

Favorecer el contraste de opiniones y la emergencia de nuevas ideas y nuevos liderazgos es una de las funciones que distinguen a los medios de referencia de aquellos que simplemente aspiran a ser meros transmisores del poder instituido.

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