El arte de colgarse medallas

“Para ser un campeón tienes que creer en ti mismo cuando nadie más lo hace”. Esa era la fórmula del éxito de Sugar Ray Robinson, uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos. Y esa debe ser también la de Carlos Dívar, presidente del Supremo y del Poder Judicial, el único en la historia que no ha alcanzado todavía la categoría de magistrado de la institución que dirige.

Y, aunque los demás no creyeran en él, Dívar tenía fe en sí mismo, porque en su primer discurso de la apertura del año judicial, en 2009, -un novato frente al Rey y a toda la cúpula de la judicatura- se lanzó a explicar que la Sala de lo Contencioso del Supremo tenía bloqueados fondos por importe de más de seis mil millones de euros (un billón de las antiguas pesetas) en litigios pendientes. Indicó también que “esa ingente cantidad de dinero, que podría estimarse en varios miles de millones de euros más en el conjunto de todas las Salas”, se encontraba congelada y no revertía en el circuito económico, bloqueando múltiples expectativas. Y dejó caer que el engorroso embrollo podía tener “incidencia directa en el funcionamiento de la economía nacional”. Casi nada en plena crisis económica.

Seguramente, el lector pensará que, conscientes del problema, alguien haría algo para solucionarlo, como por ejemplo dar prioridad a los litigios con mayores fondos bloqueados, como se hace con las causas con preso. Lo siento, nada de lo que se tenga noticia.

Dívar, pleno de fe en sí mismo, lejos de predicar el esfuerzo o que determinados magistrados del Supremo cumplieran por fin con el horario laboral, avanzó su solución, que pasaba por diseñar “un ordenamiento jurídico que confíe en los jueces y que elimine tantos garantismos”. No lo precisó, pero todo parece indicar que su idea era limitar tanto a los ciudadanos la posibilidad de recurrir que los asuntos nunca podrían llegar al alto Tribunal. Un campeón como Sugar Ray.

Y como ya no es novato no ha vuelto a mencionar lo de los 6.000 millones congelados, ni en la siguiente apertura del año judicial ni en ningún otro sitio o momento que se conozca. Como si se los hubiera tragado la tierra. De modo que tampoco sabemos si, como parece, la cifra ha aumentado o si milagrosamente ha disminuido, aunque si hubiera sido así, probablemente alguien se habría colgado ya la medalla.

El caso es que esta semana –bendito sea Dios, que diría Dívar- el ministro de Justicia, Francisco Caamaño; el secretario de Estado de ese departamento, Juan Carlos Campo; el presidente de la Sala Tercera, José Manuel Sieira y el propio Dívar han dado una rueda de prensa para colgarse la medalla de que por fin se hace algo. Año y medio tarde, por lo menos.

Ocurre que el año que viene queremos celebrar el bicentenario de la institución, creada por las Cortes de Cádiz en 1812, y los millones congelados afean los fastos. Así que, para poner la casa al día, se nos ha anunciado un refuerzo de 19 magistrados y nueve letrados en la plantilla del gabinete técnico del Supremo, como apoyo a la Sala Tercera. Les puede parecer poco, pero el citado gabinete contaba hasta ahora con cuatro magistrados –que no tienen la categoría de magistrados del Supremo- y 29 letrados. La Sala Tercera, de lo Contencioso, está integrada por 33 magistrados titulares y tres eméritos. Es más del doble de grande que cualquiera de las otras, puesto que la Sala Civil tiene 10 magistrados; la Penal, 15 más cinco eméritos; la Social, 14 más cuatro eméritos y la Militar, ocho.

En el acto, Dívar señaló que la austeridad es una de las características de la Justicia, pero que  “no debe confundirse con la  pobreza”. No deja de ser curioso que lo diga Dívar, que no se caracteriza precisamente por la austeridad en sus viajes a América, acompañado de sus asesores conocidos en el Consejo como los paquestaníes, porque, ¿pa qué están?, y que lo diga en el Supremo, cuyos magistrados ganan bastante más que el presidente del Gobierno. Si lo hubiera dicho de otros juzgados y tribunales seguramente hasta tendría razón.

Algo está cambiando, porque antes las medallas se las ponían por los resultados de algo bien hecho, ahora basta con el anuncio de que se va a intentar. Como decía Alexander Pope, uno de los más grandes poetas del siglo XVIII, “bienaventurado el que nada espera, porque nunca sufrirá desengaños”.

El tiki-taka de Poncio Pilatos

Nada más español que sonreír y mirar hacia otro lado cuando ya se ha conseguido echarle la culpa a otro. Hay que reconocer que el deporte de lavarse las manos o de eludir la propia responsabilidad no lo inventaron los hispanos, sino que ya era conocido al menos desde los tiempos de Poncio Pilatos. Pero a falta de estudios más serios, quizá el famoso tiki-taka de la selección de fútbol campeona del mundo esté inspirado en la manera de ir pasándose de unos a otros la patata caliente. Y eso sí que parece una seña de identidad muy española.

Dolores Vázquez no tiene suerte. Todo empezó el 9 de octubre de 1999, cuando en Mijas (Málaga) desapareció la joven Rocío Wanninkhof. Su cadáver, desnudo, apuñalado y quemado, no fue hallado hasta el 2 de noviembre en unos terrenos próximos a Marbella, a más de 30 kilómetros de donde se le vio por última vez. Los restos estaban tan mal que no se pudo saber si había sido violada.

Tras las pesquisas iniciales y tres informes contradictorios de la Guardia Civil, las sospechas recayeron en Dolores Vázquez, que en el pasado había sido pareja de Alicia Hornos, la madre de la víctima. Vázquez tenía coartada: había estado cuidando a su propia madre y a una sobrina de dos años, pero el juez decidió encarcelarla a petición del fiscal porque el análisis de unas fibras de su ropa casi coincidían con otras encontradas junto al cadáver. Aunque un nuevo análisis más completo demostró el error y que no había ADN de la acusada junto a los restos de la joven, el juez mantuvo la prisión. El linchamiento popular y mediático de Dolores Vázquez fue entonces completo.

En septiembre de 2001 se celebró un juicio con jurado que condenó a 15 años de cárcel a Dolores Vázquez como autora del asesinato de Rocío Wanninkhof. El juicio fue anulado por falta de motivación del veredicto y cuando ya estaba señalada la nueva vista, en septiembre de 2003, un informe del servicio de criminalística de la Guardia Civil advirtió de que ADN encontrado en una colilla del caso Wanninkhof  era idéntico a restos hallados donde se había asesinado a otra  joven, Sonia Carabantes, el mes anterior. Poco después se constataba que ese perfil genético se correspondía con el de Tony Alexander King, un residente británico que tenía antecedentes en Reino Unido por agresiones sexuales.

El segundo juicio contra Dolores Vázquez fue suspendido, pero hasta enero de 2005 no se produjo el sobreseimiento provisional de la causa contra ella. King fue condenado a 36 años por el asesinato de Sonia Carabantes, a 19 por el de Rocío Wanninkhof y a otros 7 por un intento de violación en Benalmádena.

Y tras pasarse desde el 7 de septiembre de 2000 hasta el 8 de febrero de 2002 en prisión preventiva, nadie ha pedido disculpas a Dolores Vázquez. Su abogado, Pedro Apalategui, reclamó una indemnización de cuatro millones de euros por el mal funcionamiento de los servicios públicos, pero aunque inicialmente hubo un dictamen favorable a concederle 120.000 euros, Justicia pidió varios informes para completar el trámite. El Consejo de Estado dijo que debería ser el Ministerio de la Presidencia quien resolviera el expediente. El Consejo del Poder Judicial reconoció la gravedad del caso y la dificultad para reparar el daño causado, pero precisó que no había habido mal funcionamiento de la Administración de justicia, sino quizá de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y que la reclamación se debería ventilar en Interior.

Ese departamento, a pesar de lo ocurrido, tampoco apreció responsabilidad en su actuación y precisó que no podía hablarse de descoordinación de los servicios de seguridad y que esa no fue la causa de que Vázquez fuera a prisión, por lo que también se opuso a una compensación.

Finalmente, el Ministerio de la Presidencia recordó que Vázquez no fue absuelta sino que su caso fue sobreseído provisionalmente y que la identidad de King como culpable se debió a la colaboración ciudadana, no a datos de la policía.

Ahora, Dolores Vázquez ha recurrido ante la Audiencia Nacional la negativa a ser indemnizada. Ya ven, casi año y medio en prisión por algo que nunca hizo, una vida arruinada y nadie tiene la culpa. Seguro que alguien pensará que todavía ha tenido suerte, porque podrían no haber esclarecido el crimen y estar pudriéndose en la cárcel siendo inocente. El caso es que Interior, el Poder Judicial, Justicia y Presidencia, se lavan las manos. La culpa siempre es de otros, el tiki-taka de Poncio Pilatos. Seguramente legal, pero ¡qué injusto!

Cuando las cosas se hacen... de pena

Sostiene Paolo Coelho que “lo que ahoga a alguien no es caerse al río, sino mantenerse sumergido en él”. Y algo parecido es lo que ha ocurrido en este caso.

Diez años ha tardado la Audiencia Nacional en juzgar y sentenciar un aparentemente sencillo proceso sobre acciones de kale borroka o violencia callejera cometidas en San Sebastián entre 1996 y 2000 por un supuesto talde Y de apoyo a ETA y que ha concluido con la absolución de los 14 acusados por falta de pruebas.

Y pruebas, lo que se dice pruebas, no puede decirse que no hubiera. Tres de ellos ya habían sido condenados por actos de violencia callejera, y otros habían confesado los hechos ante la policía y el juez. Pero es que en el registro de la herriko taberna, de la que supuestamente salían para cometer sus acciones, las fuerzas de seguridad encontraron diverso material del utilizado habitualmente para la kale borroka. Así, había cuatro capuchas y guantes de látex, una docena de cohetes pirotécnicos y bengalas, con un dispositivo confeccionado artesanalmente para dirigir los cohetes sin riesgo para el lanzador, y 20 litros de ácido sulfúrico y gasolina para confeccionar cócteles molotov. Además, había documentación, una pancarta de ETA y una hucha para recaudar fondos para Haika, estructura juvenil ilegalizada que sirve de cantera a la organización terrorista.

En el interior de una caja fuerte, cerrada con llave, fue hallada una pieza metálica con el anagrama de ETA —la serpiente enroscada en el hacha—, que se utiliza como molde para realizar pintadas de ese logotipo en las paredes de la ciudad; dos ejemplares de un libro con el sello de la banda terrorista, numerosas pegatinas y pasquines amenazantes contra personalidades.

En el registro del domicilio de uno de los camareros de la herriko, Ibon Toledo, al que otro de los implicados señaló como jefe de Haika, se encontró una agenda con anotaciones de su puño y letra. En una se lee Ekipo A y a continuación los apodos de siete de los imputados. Además, la agenda contenía un trozo de periódico con un apunte manuscrito por Toledo: “NA-2918-AH Citroën AX Gris oscuro”. Esa matrícula y ese modelo de coche se corresponde con el que utiliza un funcionario de la Policía Autonómica Vasca.

De modo que alguna prueba sí que había, aunque quizá el problema era individualizar la conducta de cada acusado. El fiscal del caso, Luis Barroso, inicialmente solicitó penas que en algún caso llegaban a los 12 años de prisión. Pero el verdadero problema era que la causa había estado cuatro años y tres meses parada u olvidada en el juzgado. Unas dilaciones indebidas ajenas a los procesados que en caso de condena ya iban a suponer una importante rebaja de las penas a imponer.

Y Barroso, sin permiso de su jefe, planteó a las defensas dos alternativas para llegar a una conformidad y evitarse el juicio. Los abogados aceptaron una de las opciones, que suponía la condena de sus clientes pero sin que tuvieran que entrar en prisión.

Sin embargo, cuando ya había fumata blanca, el fiscal jefe, Javier Zaragoza, que no había sido consultado, se opuso al pacto y obligó a su subordinado a que acudiera al juicio y sostuviera sus acusaciones.

Y se armó el lío, porque el fiscal tuvo que comunicar que no había acuerdo en el inicio de la vista y los abogados de la defensa se sintieron traicionados. Estaban preparados para un juicio de conformidad, pero no para una defensa eficaz y con garantías. Con toda la razón de su parte, pidieron un aplazamiento, pero el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, rechazó a gritos esa pretensión y uno de los letrados se fue de la sala entre las amenazas del presidente de denunciarle al Colegio de Abogados.

El juicio se celebró pocos días después y el fiscal, en una actuación que probablemente no será la más brillante de su vida, pidió penas de hasta siete años de cárcel por delitos de integración o colaboración con banda terrorista y por tenencia de explosivos y sustancias inflamables.

Claro que tampoco el tribunal pasará a la historia de la excelencia con semejante sentencia, de la que ha sido ponente Ángeles Barreiro. Una joyita en la que, quizá no sea por desidia, no deja de ser indicativo que el nombre de uno los dos principales acusados esté mal escrito en 6 de las 22 veces en las que se le menciona.

Tienen suerte estos cerebros de estar en la función pública, porque en la empresa privada a algunos de ellos hace tiempo que les hubieran echado.

Tocado y hundido.

El reverso tenebroso de la Audiencia

El mismo agua que hace a una nave flotar, hace que naufrague. Se trata de un proverbio clásico, pero su mensaje es más actual que nunca. La Audiencia Nacional, considerada hace años el buque insignia de la justicia, surca aguas procelosas. Los jueces se ven obligados a dictar sentencias leves contra narcos para los que inicialmente se pedían importantes penas de cárcel, porque la Fiscalía Antidroga llega a acuerdos con los abogados para rebajar notablemente las condenas a cambio de que los procesados reconozcan su culpabilidad. Y como el principio acusatorio exige que un tribunal no pueda imponer penas más altas que las solicitadas por la acusación, los jueces tienen las manos atadas, aunque no la pluma y así lo han denunciado los magistrados de la Sección Cuarta, Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, en un par de sentencias.

Las primeras críticas surgieron en Galicia, porque jefes de organizaciones de narcotraficantes a los que en principio se pedían entre 18 y 22 años de cárcel acababan condenados a cuatro años, y, en algún caso, en lugar de la cárcel, acababan en centros de desintoxicación.

Es cierto que determinados procesos con 20 o 30 procesados se eternizan con recursos y maniobras dilatorias y que los juicios, con cientos de testigos y peritos, son muy complicados y tediosos, por lo que llegar a un acuerdo previo en la pena supone un ahorro en tiempo y dinero para la justicia y el contribuyente, pero eso no puede conllevar que jefes de organizaciones mafiosas salgan del juicio con las penas ya cumplidas o casi cumplidas.

El caso es que para llegar a esas sentencias pactadas se utiliza una figura, la del arrepentimiento tardío, que no está en la ley sino que es una creación de la jurisprudencia.

La atenuante de arrepentimiento espontáneo exige para la rebaja de la pena que el culpable repare o disminuya los efectos del delito antes de que se abra un procedimiento penal contra él y que colabore con la justicia confesando la infracción.

El Supremo admitió su aplicación por analogía, siempre y cuando el supuesto arrepentido, además de reconocer su culpa, proporcione datos que refuercen las pruebas existentes contra los otros acusados, lo que no ocurre en estos casos.

Se ha dado la circunstancia de  que los jefes de la organización se han acogido al arrepentimiento tardío y han pactado la pena con el fiscal, pero no sus subordinados, con lo que se produce la paradoja de que los esbirros son condenados a penas mucho más elevadas que los capos, lo que constituye una evidente injusticia.

Para obtener una rebaja en las penas con la que los narcos se conformen se ha  aplicado además en algún caso la atenuante de drogadicción, es decir que por efecto de las drogas que consumían los acusados tenían tan afectadas la inteligencia y la voluntad que o no sabían lo que hacían o no podían evitarlo.

Al tribunal le parece incongruente que se aplique una circunstancia atenuante tan inverosímil,  pero la ha admitido porque no le queda otro remedio. Y contraargumenta: si una operación de narcotráfico requiere planificación, organización y astucia para llevarla a cabo, cómo alguien se va a creer que los jefes estaban permanentemente drogados. Es absurdo.

La Fiscalía Antidroga está muy molesta por las críticas de los jueces a su actuación y ha justificado alguno de los acuerdos a los que ha llegado en la necesidad de asegurar una condena, aunque esta no fuera elevada. Fuentes de ese organismo señalaron que tenían serias dudas sobre la legalidad de las escuchas telefónicas que dieron lugar al procedimiento lo  que podría haber determinado la anulación de todo lo actuado.

Sin embargo, la Constitución atribuye al fiscal la  misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, por lo que si  había  intervenciones telefónicas sospechosas de ilegalidad, ¿no debería haber sido el fiscal  el primero en instar su nulidad?

¿No les recuerda un poco a aquella frase del que probablemente pasará a la historia como el peor presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que decía: “No es la contaminación la que amenaza el medio ambiente, sino la impureza del aire y del agua”.

A la vista de los hechos y ahora que se han cumplido 30 años del estreno de El imperio contrataca, segunda entrega de La guerra de las galaxias, no queda sino decir: cuidado con el reverso tenebroso de la Audiencia.