Sobre el autor

(Donostia-San Sebastián, 1954)
es periodista licenciado en la Universidad
de Navarra. Lleva en El País desde 1983, donde ha
sido corresponsal de Interior y miembro del equipo de
Investigación. Como redactor jurídico ha cubierto casi todos los
juicios importantes que ha habido en España, desde el 23-F, el
síndrome tóxico o el crimen de los Urquijo hasta los atentados del 11-M.

Sobre el blog

Este blog es un lugar de encuentro sobre temas jurídicos, pero no es para todo el mundo. Es muy recomendable tener mucho sentido común y ganas de sonreír, ya que el humor es síntoma de inteligencia. La única norma es el respeto a los demás. Si usted prefiere insultar es muy libre, pero le agradecería que no se molestase en seguir leyendo, yo también preferiría estar en la playa.
El blog se alimentará también -o principalmente- con la serie de artículos que bajo el título “El último recurso” se publican los lunes en El País

Nuevo libro

El último recurso El último recurso. Los artículos que forman parte de este compendio fueron publicados en EL PAÍS bajo el epígrafe El último recurso durante los años 2010 y 2011. Todos ellos fueron escritos durante esas horas de la noche en la que todo parece estar parado y en silencio. Mi objetivo era centrar el foco o aportar un punto de vista particular hacia algunas noticias que me parecía que merecían mayor atención que la que se les había prestado. La otra finalidad, no menor, era que el lector se lo pasara bien y que, a ser posible, esbozara una sonrisa. Y ello, aunque el tema a tratar fuera tan tremendo como la rebaja de cinco años en la condena de un tipo que dejó a su mujer parapléjica a golpes.

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José Yoldi

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21 feb 2011

Si Groucho viviera...

Por: José Yoldi

¿Se imagina que las víctimas del síndrome tóxico —unos 600 muertos y 25.000 afectados por ingestión de aceite de colza contaminado en 1981—, en lugar de ser indemnizadas hubieran sido condenadas por la Audiencia Nacional?

Pero ¿por qué?, se preguntarán. Porque eran responsables de las sustancias que se encontraran en sus cuerpos y por tanto de la ingesta contaminada, aunque no supieran que lo estaba.

Esa sería la consecuencia grotesca de aplicar la normativa antidopaje de la justicia deportiva a la justicia ordinaria.

La lucha contra los tramposos en el deporte es muy necesaria, pero se ha convertido en una especie de macarthismo, en la que, en aras de la eficacia, hay momentos en los que se recurre a métodos de dudosa legalidad —o de abierta ilegalidad como en el caso del Comité Olímpico Italiano (CONI) para obtener pruebas contra Alejandro Valverde, finalmente sancionado—, y en la que en ocasiones pagan justos por pecadores. Muchos menos justos que pecadores, es cierto, pero el precio de esa persecución es a veces muy alto, arruinando la vida y reputación de un inocente.

Pero si el objetivo de las normas es el descubrimiento y la persecución de los que hacen trampas y tratan de mejorar su rendimiento deportivo por métodos prohibidos, no parece ser el caso de Contador, probablemente la persona que se sometió a más controles antidopaje el año pasado en todo el mundo.

El positivo por clembuterol durante una etapa del Tour arroja sombras de sospechas sobre su comportamiento y es sancionable de acuerdo con el principio de responsabilidad objetiva —eres responsable de todas las sustancias que se encuentren en tu cuerpo independientemente de cómo hayan llegado a él—, admitido por los ciclistas para poder competir. Sin embargo, los laboratorios antidopaje han aclarado que una cantidad tan ínfima como 50 picogramos de clembuterol por mililitro de orina es irrelevante y no sirve de ayuda para subir mejor el Tourmalet. Por lo tanto, si así no se mejora el rendimiento es absurdo ingerirlo voluntariamente, lo que conlleva que Contador no quiso hacer trampas.

Pero en la justicia deportiva, a diferencia de la justicia ordinaria, por la mera presencia del clembuterol Contador ha tenido que intentar probar su inocencia, aunque no lo ha conseguido, entre otras cosas, porque era una prueba imposible. Él asegura que el origen de la sustancia prohibida en su orina es un solomillo comprado en Irún, pero el trozo de carne que supuestamente causó la contaminación no podía ser analizado, puesto que ya no existía porque, precisamente, se lo había comido.

En su lucha contra la sanción, el ciclista ha tratado de buscar otras piezas de carne que estuvieran contaminadas, con resultado negativo.

¿Pudo hacer algo para evitar que el clembuterol apareciera en su orina? Seguramente no. Ni siquiera los ciclistas van analizando los solomillos que se comen para prevenir los posibles positivos.

Ahora, el Comité de Competición de la Federación Española de Ciclismo, después de casi medio año de suspensión preventiva —¡toma pena anticipada!— le ha absuelto por aplicación del artículo 296 del reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que establece que un deportista puede ser exonerado si demuestra que no hubo culpa ni negligencia al ingerir inadvertidamente un producto prohibido. No sería el primer caso, puesto que Dimitri Ovtcharov, deportista alemán en la modalidad de tenis de mesa, ya había sido absuelto por la federación de su país tras dar positivo por clembuterol en un torneo en China.

Y si Contador no intentó doparse ni fue negligente en su comportamiento, la justicia ordinaria le habría absuelto, máxime cuando en ella rige el principio in dubio pro reo, es decir, en la duda, se falla a favor del acusado.

La absolución es una buena noticia para el ciclismo, porque quizá Contador no sea un santo, pero ni se ha probado que sea un tramposo ni que quisiera hacer trampas. Sin embargo, algo que parece evidente no lo es tanto, ya que todos los especialistas esperan que la UCI o la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recurran la decisión al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Y la UCI y la AMA, como ha narrado Carlos Arribas en este periódico, no siempre persiguen el interés de la ley o de la justicia, sino que se embarcan en luchas de poder y para ello resulta imprescindible colgarse medallas a costa de quien sea.

Decía Groucho Marx: “La justicia militar es a la justicia, lo que la música militar es a la música”. Es una lástima que su muerte en 1977 le impidiera apreciar las virtudes de la justicia deportiva. Hubiera sido muy interesante conocer su punto de vista.

14 feb 2011

Camuflados y en procesión

Por: José Yoldi

El gran Eugenio habría dicho: “Saben aquel que diu…”, y luego habría añadido, "el centinela del fuerte le dice al capitán: Mi capitán, vienen 40 indios. ¿Son amigos o enemigos?, inquiere el oficial. Amigos, mi capitán, porque vienen todos juntos".

Pues imaginen a 42 tipos jóvenes, grandes como armarios, disfrazados con pelucas, gafas y bigotes para que los familiares y amigos de los etarras no les reconozcan y que salen en procesión de la Audiencia Nacional, en Madrid, cruzando la calle de Génova mirando hacia los lados y hacia atrás para ver si les miran o les siguen. Todos juntos, lejos de pasar desapercibidos, constituyen un verdadero espectáculo.

Quizá el ir en grupo les da seguridad, pues como dice un proverbio africano: “La unión del rebaño hace que el león se acueste con hambre”.

Son ertzainas que han comparecido a declarar como testigos protegidos en el juicio contra el presunto jefe del comando Vizcaya de ETA hasta su detención, Jon Kepa Preciado, para el que el fiscal pide 20 años de prisión por delitos de terrorismo.

Los agentes no se deben de creer del todo que la tregua de ETA sea permanente y verificable, o sea, el  irreversible fin de la violencia que pregona la izquierda abertzale, porque no bajan la guardia y adoptan todo tipo de medidas de seguridad. Desde hace tiempo, según relató El Correo, el Gobierno vasco paga los servicios de un equipo de maquilladores profesionales para caracterizar y disimular los rasgos de los integrantes de las unidades antiterroristas de la Ertzaintza que acuden a la Audiencia Nacional.

Como suelen tener la condición de testigos protegidos, declaran tras un biombo y solo pueden verles el tribunal, los acusados y sus abogados, pero no el público, que suele estar integrado por familiares y amigos de los etarras. Sin embargo, antes o después de deponer, en los pasillos o en los accesos a la Audiencia, cualquiera de esos familiares podría reconocer a un agente como un vecino o uno que ve por su barrio.

De ahí que muchos policías vascos se pongan en manos de los maquilladores para desfigurar sus rasgos. Para ello viajan un día antes de la comparecencia ante el tribunal y la transformación se hace en el hotel, para que cuando se trasladen a la sede judicial ya vayan camuflados.

Claro que mejor que de 20 en 20, sería que fueran de tres en tres y con un portafolios o una carpeta, para pasar por abogados.

El caso es que la inmensa mayoría de los testimonios de los ertzainas nunca duran más de cinco minutos, pues no suelen ser testigos directos de los hechos, sino que se limitan a ratificar los informes que elaboraron durante la instrucción a petición del juez.

Por si no fuera bastante, de los 42 agentes convocados para el juicio de Preciado, únicamente declararon 23, puesto que se renunció a los testimonios de los restantes por considerarlos irrelevantes.

Alguien tendría que poner un poco de sentido común en estas citaciones masivas, ya que entre el traslado y las dietas, así como la pérdida de dos días de trabajo, más el camuflaje, cada testimonio  cuesta como poco 300 euros por cabeza, según estimaciones de la Audiencia y de la Policía Nacional, o sea, más de 12.000 euros en este juicio, un potosí para las doloridas arcas estatales o autonómicas.

Algunas secciones de la Audiencia permiten que los ertzainas declaren por videoconferencia, que se realiza desde una sede judicial en el País Vasco, pero determinados magistrados, reticentes con las nuevas tecnologías, consideran que solo la presencia física en la sala de vistas garantiza el principio de inmediación, es decir, el recoger directamente, sin intermediarios, las impresiones que generan los testimonios y otras pruebas.

Y parece evidente la conveniencia de que determinados testigos de cargo, que en ocasiones deponen durante horas e incluso días, comparezcan físicamente en el juicio, pero también lo es lo fútil que resultan para el resultado final  los testimonios presenciales de algunos de estos ertzainas, y más si van disfrazados. Porque ya me dirán ¿qué expresión va a apreciar el tribunal en un tipo desfigurado con peluca, gafas y barba postiza?

Claro que puestos a sacarle provecho al disfraz, el magnate griego Aristóteles Onassis recomendaba: “Para lograr el éxito, mantenga un aspecto bronceado, viva en un edificio elegante, aunque sea en el sótano, déjese ver en los restaurantes de moda, aunque sólo se tome una copa, y si pide prestado, pida mucho”. Por probar...

07 feb 2011

El candidato López no tiene prisa

Por: José Yoldi

Habrá quien sostenga que todo forma parte de su preparación para ir al Constitucional a la vista de lo que tardó ese tribunal en fallar el recurso sobre el Estatut de Cataluña, aunque seguro que no es así.

Pero lo cierto es que Enrique López —el candidatísimo del PP para ese organismo y cuyo veto por parte del PSOE ha bloqueado parte de su renovación— lleva más de seis meses con la ponencia de una resolución del caso Batasuna, en la Audiencia Nacional, cuando el tribunal ha anunciado que ha sido relevado “por necesidades del servicio”.

El asunto afecta al caso más importante que queda por juzgar del llamado entorno político de ETA y la supuesta financiación de la banda terrorista por medio de las herriko tabernas. En esa causa se encuentran procesados los principales dirigentes de Batasuna, entre los que destacan Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Joseba Álvarez, Karmelo Landa e históricos como Floren Aoiz, José Luis Elkoro o Juan Cruz Aldasoro. Así, hasta 40 imputados para los que el fiscal pide penas entre 8 y 12 años de prisión por pertenencia a banda terrorista. También estaban procesados los dirigentes de ETA Josu Ternera o Jon Salaberria, pero uno está en paradero desconocido y el otro, preso en Francia. Como se ve, la flor y nata de los que están gestionando el fin de la violencia en la izquierda abertzale.

Pues bien, el 27 de julio del año pasado la Audiencia Nacional examinó un artículo de previo especial pronunciamiento, que es una vista que solicita la defensa y que tiene por objeto dilucidar cuestiones técnicas que pueden determinar el archivo de la causa y, por tanto, que los acusados ni siquiera sean juzgados.

En este caso, los abogados defensores reclamaban la prescripción —es decir, que el Estado ha tardado demasiado tiempo en perseguir a alguno de los imputados—; la excepción de cosa juzgada —que alguno de los acusados ya ha sido condenado por ese mismo delito—, y por último, la falta de autorización administrativa para procesar a uno de los dirigentes de Batasuna que en aquellas fechas era parlamentario europeo.

No se trata de algo muy complejo, sino técnico. y resoluciones de ese tipo suelen ventilarse como mucho en 15 días, por lo que se desconoce qué pueda motivar un retraso de seis meses en este caso, mes de vacaciones incluido.

No obstante, el pasado 27 de enero, la Sala comunicaba al fiscal y a los acusados que a partir de esa fecha López cedía la ponencia por necesidades del servicio al presidente de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás.

Fuentes próximas al tribunal han explicado que se trata de un proceso al que el magistrado que lo lleve tendrá que dedicarse en exclusividad durante meses y que por ello era aconsejable el cambio de ponente. Se desconoce por qué López no puede ocuparse con plena dedicación a a ese proceso salvo por la eventualidad de ser nombrado magistrado del Constitucional a propuesta del PP.

De todas formas, García Nicolás no puede hacerse cargo de la redacción de la resolución que López tiene pendiente desde hace seis meses porque ese magistrado no estuvo presente en la vista celebrada en julio y por tanto no puede integrar el tribunal que dicte la resolución. Es decir, que López sigue teniendo el caso sobre la mesa. Y el retraso por causas no imputables a los acusados sigue adelante.

El caso Batasuna se inició en 2002, es decir, que lleva ya nueve años de tramitación. Se trata de un asunto complejo en el que ya se han producido algunas dilaciones indebidas que podrán rebajar notablemente las penas de los acusados en caso de que fueran condenados.

Además, cuando López emita su resolución, seguramente será recurrida ante el Supremo, por lo que todavía pasará año y medio antes de que la Audiencia Nacional pueda juzgar el caso.

Claro que, para entonces, López podría estar ya en el Constitucional. El candidato no tiene prisa, los ciudadanos sí.

El País

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