07 mar 2011

Si el Faisán se queda en pollo

Por: José Yoldi

Pocas cosas son más fáciles y frecuentes que defraudar expectativas. No hay más que fijarse en las estadísticas de matrimonios y divorcios. Decía Goethe: “El amor es ideal. El matrimonio real. El hecho de confundir las dos cosas nunca queda impune”. Y debía de tener razón.

El caso Faisán, en el que se investiga el supuesto chivatazo policial a la red de extorsión de ETA en mayo de 2006 con la finalidad de no entorpecer las negociaciones entre el Estado y la banda terrorista  y de acabar con la violencia en Euskadi, puede acabar como lo del amor y el matrimonio.

Desde hace tiempo el PP utiliza las pesquisas que se realizan en la Audiencia Nacional como una gota malaya o un martillo pilón, según los gustos de cada cual, para desgastar políticamente al Gobierno y algunos se frotan las manos pensando que este asunto puede acabar con una posible candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba a la presidencia del Gobierno en el caso de que Zapatero decidiera no presentarse a la reelección.

Tras casi cinco años de tramitación, el proceso avanza a buen ritmo, especialmente en el último mes, después de que el juez Pablo Ruz abriera un sumario por entender que los hechos —avisar a un enlace de ETA de que los miembros de la red de extorsión iban a ser detenidos— pueden constituir un delito de colaboración con banda terrorista, penado con un máximo de 10 años de prisión,  y otro de revelación de secretos, con un tope de tres.

Está muy bien que se persigan —y se castiguen— todos los delitos, incluidos los que cometen los policías por los motivos que sean. Dicho esto, los que se frotan las manos con el caso Faisán, deberán tener en cuenta que habrá que probar que el chivatazo se realizó como se sospecha y que habrá que identificar a los autores,  lo que no parece fácil.

Jurídicamente no plantea problemas sostener que la filtración a ETA constituyó  un delito de revelación de secretos por parte de funcionarios que los conocían por razón de su cargo y tenían la obligación de guardarlos.

Sin embargo, muy distinto es que además haya  colaboración con banda terrorista como han mantenido el juez Ruz y la sección Segunda de lo Penal. Un buen número de magistrados, según fuentes de la Audiencia, considera que los hechos nunca podrían constituir un delito de colaboración con ETA, de acuerdo con la doctrina del Supremo en el caso del secuestro de Segundo Marey por los GAL y la de la sentencia por el secuestro y asesinato de los etarras Lasa y Zabala.

Las citadas fuentes aseguran que la colaboración con banda armada exige como requisito que el servicio que se presta a los terroristas persiga ayudarles a conseguir sus fines, mientras que en este caso, la finalidad de los agentes nunca sería ayudar a la banda a cobrar el denominado impuesto revolucionario, sino acabar con la violencia y con la existencia de la propia ETA.

La diferencia de interpretación no es baladí, puesto que únicamente si los hechos fueran considerados colaboración con ETA el caso seguiría en la Audiencia Nacional. Si por el contrario se entendiera que lo que realmente se produjo es únicamente una revelación de secretos, el caso pasaría al juez del lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, en Irún. Además, si la pena correspondiente al delito no superase los cinco años, y la revelación de secretos no la supera, el proceso no sería enjuiciado por la Audiencia de Guipúzcoa, sino por el juzgado de lo Penal correspondiente. Una rebaja sustancial en las expectativas de algunos.

La Audiencia Nacional tiene ya planteado un recurso del ex director general de la policía, Víctor García Hidalgo, uno de los imputados, en ese sentido. No obstante, el resultado tampoco es seguro, puesto que la Sección Segunda de lo Penal ya dijo en febrero de 2010, que existían delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos. El ponente de aquella resolución fue el magistrado Enrique López, elegido a propuesta del PP para el anterior Consejo del Poder Judicial y, en la actualidad, candidato irrenunciable de ese partido para el Constitucional. López provocó el malestar de sus compañeros de tribunal  al endurecer el texto con frases  que no habían sido deliberadas. Así que habrá que esperar a ver.

No hay que confundir el amor con el matrimonio, como decía Goethe, ni elevar demasiado las expectativas, no vaya a ser que finalmente el Faisán se quede en pollo.

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Sobre el autor

(Donostia-San Sebastián, 1954)
es periodista licenciado en la Universidad
de Navarra. Lleva en El País desde 1983, donde ha
sido corresponsal de Interior y miembro del equipo de
Investigación. Como redactor jurídico ha cubierto casi todos los
juicios importantes que ha habido en España, desde el 23-F, el
síndrome tóxico o el crimen de los Urquijo hasta los atentados del 11-M.

Sobre el blog

Este blog es un lugar de encuentro sobre temas jurídicos, pero no es para todo el mundo. Es muy recomendable tener mucho sentido común y ganas de sonreír, ya que el humor es síntoma de inteligencia. La única norma es el respeto a los demás. Si usted prefiere insultar es muy libre, pero le agradecería que no se molestase en seguir leyendo, yo también preferiría estar en la playa.
El blog se alimentará también -o principalmente- con la serie de artículos que bajo el título “El último recurso” se publican los lunes en El País

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El último recurso El último recurso. Los artículos que forman parte de este compendio fueron publicados en EL PAÍS bajo el epígrafe El último recurso durante los años 2010 y 2011. Todos ellos fueron escritos durante esas horas de la noche en la que todo parece estar parado y en silencio. Mi objetivo era centrar el foco o aportar un punto de vista particular hacia algunas noticias que me parecía que merecían mayor atención que la que se les había prestado. La otra finalidad, no menor, era que el lector se lo pasara bien y que, a ser posible, esbozara una sonrisa. Y ello, aunque el tema a tratar fuera tan tremendo como la rebaja de cinco años en la condena de un tipo que dejó a su mujer parapléjica a golpes.

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