Al final de la luna de miel

¿Por qué la gente sueña con un amor de película si solo dura dos horas? La pregunta es uno de esos aforismos anónimos que circula por Internet y que te pone en situación de imaginar ese fondo cáustico que conlleva una mala ruptura con la pareja y que en ocasiones es un tránsito de la pasión más arrebatada al odio más refinado. Le puede pasar a cualquiera.

Los protagonistas de la historia no son famosos sino personas como usted o como yo, por lo que revelar su identidad solo añadiría sufrimiento.

Imagine que tiene problemas con su pareja y que esta está en tratamiento psicológico (el que se trate de hombre o mujer es indiferente, porque hay casos para todos los gustos). Usted, que en este caso es varón, acude una vez a charlar con la psicóloga para tratar de mejorar la relación, pero finalmente el matrimonio se rompe. En la vista sobre medidas provisionales, en la que se decide la guardia y custodia de sus tres hijos, así como el régimen de visitas, la psicóloga presenta, a instancias de su esposa, un informe relativo a su estado psicológico, pero en el que incluye como conclusión que es usted el que padece graves enfermedades mentales, aunque no especifica cuáles, y precisa que es arriesgado y peligroso para su esposa y para sus hijos establecer cualquier tipo de relación con usted por el riesgo físico y psicológico que supone para ellos, ya que usted no está capacitado para ejercer como padre, por lo que recomienda que se atribuya a la madre la guarda y custodia, que no le concedan régimen de visitas y que se decrete una orden de alejamiento contra usted en prevención de riesgos.

El informe, que fue realizado sin que la psicóloga le hubiera examinado con ese fin, fue empleado como informe pericial de parte. Los peritos de parte son esos profesionales —médicos, psicólogos, economistas, químicos, etc.— que comparecen ante el tribunal como expertos a propuesta de una de las partes y que resaltan en su informe aquellos aspectos favorables a quien les ha propuesto y tratan de desacreditar los que les perjudican, en ocasiones deformando la verdad. Se supone que son imparciales, pero nunca lo son y tampoco nunca a ninguno de ellos le ha pasado nada, salvo quizá una momentánea reprobación verbal, por no serlo.

El caso es que la psicóloga no aportó ni un solo dato objetivo en los que supuestamente se había basado para obtener tan drásticas conclusiones. Aunque el tribunal asegura que no hay relación de causa-efecto con que la guarda y custodia se otorgara a la madre y con el limitado régimen de visitas concedido, es evidente que alguna importancia tuvo. Imagine cómo se hubiera sentido.

No sé lo que usted hubiera hecho, pero el protagonista de la historia presentó una demanda contra la psicóloga por intromisión ilegítima en su honor.

El juez de Barcelona al que correspondió el caso dijo que no había ninguna noticia de que el marido hubiera tenido un comportamiento excesivo, ni de que hubiera recibido tratamiento psíquico que “permitiera valorar la mera posibilidad de que conclusiones tan duras se ajustaran a la realidad”. Y tras multar a la psicóloga con 3.000 euros, señaló que las expresiones que había incluido en el informe respecto al marido “no estaban justificadas por el ejercicio de su labor”.

La Audiencia de Barcelona, a la que correspondió el recurso, señaló que si la psicóloga apreció una posible enfermedad en el esposo, nunca debió comunicarla a su paciente como una conclusión médica y menos cuando ni siquiera le había examinado a esos efectos. Y tras calificar el comportamiento de la psicóloga como “injustificado” y “conducta prohibida”, también confirmó la condena de 3.000 euros por daños y perjuicios.

Ahora la Sala Civil del Tribunal Supremo ha anulado la multa por entender que prevalece la libertad de expresión de la psicóloga frente al derecho al honor del marido. Señala que la sentencia de Barcelona no hace especial hincapié en que los hechos no eran verdad, sino en el carácter innecesario e injustificado de un diagnóstico de una persona que no era paciente suya. Y agrega que no se ha demostrado que el dictamen incurriera en exceso.

Aprecian cómo a los peritos de parte nunca les pasa nada.

Decía con ironía el escritor catalán Noel Clarasó: “Indudablemente la época más feliz del matrimonio es la luna de miel; lo malo es que para repetirla, han de suceder cosas muy desagradables”.

Ya ven.

La brocha gorda de la historia

Es conocido que el destino pinta la historia de aquellos que no tienen la suficiente fuerza como para levantar el pincel. Hace tiempo me contaron que, para prevenir esa circunstancia, el presidente de una gran empresa pública se percató, al poco de ser nombrado, de que no le gustaba el director general que había heredado de su antecesor, por lo que decidió despedirlo.

Hasta ahí, lo normal. Lo curioso es que el gran hombre, tras buscar infructuosamente un sustituto, no encontró a nadie que le ofreciera la suficiente confianza como para ocupar el puesto, por lo que, siguiendo el proverbio que dice que si quieres que algo salga bien, debes hacerlo tú, se lo ofreció a sí mismo y, por descontado, lo aceptó sin decir al que se lo proponía, que era él mismo, aquello tan usual de dame un día para pensarlo. Ya era al mismo tiempo superior y subordinado.

Pasado el tiempo, que a estos efectos todo lo deteriora, y cuando vio que iba a ser destituido como presidente, en su calidad de máximo mandatario perdió de repente su confianza en sí mismo en su condición de subordinado —no en la de presidente— y, sin remordimiento alguno, se despidió como director general, cobrando la correspondiente indemnización millonaria. Se desconoce si como superior se le quebró la voz por el conflicto emocional al tener que despedirse como subordinado de manera tan fulminante y sin preaviso, pero poco después tuvo que abandonar la presidencia, esta vez sin compensación económica de por medio.

Si este episodio ocurrido en la Transición les parece delirante y propio de la Celtiberia posfranquista, aprecien la fuerza con la que ha cogido el pincel de la historia para pintar su propio destino el consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria, Vicente Mediavilla, quien disfruta también de la condición de diputado autonómico por el Partido Regionalista de Cantabria, el del presidente de la comunidad autónoma, Miguel Ángel Revilla.

Mediavilla ya forma parte del poder ejecutivo y del legislativo de Cantabria, pero le debe de parecer poco, porque ahora se postula para ser juez por el turno de juristas de reconocido prestigio. Lo divertido del caso, si no fuera lamentable, es que Mediavilla, de 43 años, letrado de la Administración cántabra de profesión, que ha sido jefe del servicio jurídico del Gobierno de Cantabria, que es miembro de la ejecutiva del PRC desde 2006 y secretario del comité local de ese partido en Santander desde el año siguiente, no pretende un puesto cualquiera de magistrado, sino precisamente la vacante dejada por jubilación por Santiago Pérez Obregón, en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

¿Dónde está el escándalo?, se preguntarán. Pues en que, aparte de convertir la separación de poderes en un batiburrillo con el que ni siquiera Berlusconi se ha atrevido, la citada sala es el tribunal encargado de juzgar los delitos cometidos por aforados de la comunidad autónoma. Es decir, como si el consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, nombrado por Camps, pretendiera integrar el tribunal que le tiene que juzgar por lo de los trajes. Porque de eso se trata; Mediavilla, caso de ser designado por el Consejo del Poder Judicial estaría encargado de juzgar no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos políticos.

Mediavilla ha logrado el récord de casi simultanear los tres poderes del Estado, ya que, siendo consejero en activo, y ejerciendo como diputado autonómico, con su propio voto —y los de su partido y los de sus socios del PSOE— ha obtenido la mayoría necesaria para ser designado por el Parlamento regional para integrar la terna que se elevará al Consejo para el citado puesto de magistrado. Las otras dos personas elegidas para la terna, una a propuesta del PP y otra del PSOE, son consideradas en medios parlamentarios como “de relleno”.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales en Cantabria, y algunas a nivel nacional han puesto el grito en el cielo por lo que consideran una “quiebra del principio de separación de poderes” y una causa más de la merma de la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Mediavilla no se ha arredrado. Todavía no ha dimitido como miembro del Ejecutivo cántabro, y ha declarado que no ha hablado con Revilla sobre esa opción. Quizá prefiera no hacerlo hasta saber con certeza si el Consejo del Poder Judicial le nombra o no. Si es designado, dimite, y si no, continúa en su cargo.

Parece que el pincel de la historia que ha empuñado el consejero Mediavilla no es fino, sino una brocha gorda y con pegotes.

Regreso al pleistoceno

El escritor y especialista en humor negro Ambrose Bierce sostenía: “La muerte no es el final. Después de eso, todavía queda pendiente el litigio de la herencia”. Y algo parecido debe de sentir el exjefe superior de policía de Bilbao Miguel Planchuelo, procesado en 1995 por financiar dos atentados de los GAL de hace 25 años, en un sumario que se concluyó hace más de una década, y para el que se piden 114 años de cárcel.

El 13 de julio de 1988 los policías José Amedo y Michel Domínguez fueron detenidos y encarcelados por el juez Garzón por su participación en el reclutamiento de tres mercenarios portugueses —Antonio Jorge Ferreira Cisneros, Paulo Figueredo Fontes y Rogerio Carvalho da Silva— que en 1986 ametrallaron los bares Batxoki y La Consolation, en el sur de Francia, causando seis heridos graves. Era el inicio del caso GAL.

Tres años después, el 20 de septiembre de 1991, los dos policías eran condenados a 108 años de cárcel como autores de seis asesinatos frustrados, aunque el tribunal entendió que los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que no eran otra cosa que mercenarios y miembros de las fuerzas de seguridad dirigidos desde Interior para hacer la guerra sucia contra ETA, no eran una banda terrorista, porque su intención no era “subvertir el orden constitucional”.

Amedo y Domínguez fueron absueltos en ese mismo juicio de haber asesinado en 1987 al prófugo de la mili Juan Carlos García Goena, a pesar de que sus examantes, Inmaculada Gómez y Blanca Balsategui, habían declarado que los agentes les habían mostrado la víspera del atentado la bomba que luego colocaron en los bajos de su vehículo y de que les habían explicado que lo hacían para llamar la atención de sus jefes, que no les recibían y les habían dejado tirados.

Ese fue el crimen postrero de los GAL, aunque algún personaje pretendió hacernos creer que el último atentado se produjo cuando él se embutió en un corpiño, lo mismo que ahora quiere que nos traguemos que ETA estaba detrás de la matanza del 11-M.

El tribunal razonó la absolución de Amedo y Domínguez por aquel asesinato en que las examantes podían tener animadversión hacia los policías por haber sido abandonadas.

Pero si algo quedó claro en aquel juicio, celebrado en 1991, fue el viaje de los dos policías españoles a Portugal, donde Amedo, como Anacleto agente secreto, pagó los gastos en el hotel Ritz, de Lisboa, y del restaurante O Pescador, de Cascais, con su propia tarjeta Visa. Luego se acreditó el trayecto por carretera hasta Bilbao, donde los mercenarios se alojaron en el hotel Nervión, y posteriormente en los hoteles Orly y Niza, de San Sebastián, y en el Alcázar, de Irún.

El 8 de febrero de 1986, los tres mercenarios tirotearon el bar Batxoki, de Bayona (Francia) causando cinco heridos graves, entre ellos dos niñas, y regresaron a España. Pero, según declararon, al no haber habido muertos, los policías se negaron a pagarles y les enviaron el 12 de febrero a un nuevo atentado, el ametrallamiento al bar La Consolation, de San Juan de Luz, donde hirieron al etarra Juan Ramón Basañez. En esa acción fue detenido Figueredo, mientras Carvalho consiguió cruzar la frontera y se reunió con Ferreira que se había quedado en España.

Ahora, cuando se cumplen ya 25 años de aquellos atentados, más de 20 desde que se extinguieron los GAL, y más de una década del último juicio del grupo, el que fuera jefe superior de policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, de regreso al pleistoceno, ya con 70 años y hace años expulsado de la policía, vuelve a ser juzgado —fue condenado en julio de 1998 a nueve años por el secuestro de Segundo Marey— por haber financiado supuestamente el viaje de los mercenarios y los atentados. Aunque el fiscal pide su absolución, la acción popular reclama para él 114 años de prisión. Casi nada.

Y de nuevo Amedo, en el papel de princesa resentida que lleva representando desde hace más de 20 años para vengarse de sus jefes, vuelve a amenazar con tirar de la manta y contar su nonagésima verdad. Lástima que a estas alturas tenga la misma credibilidad que Ruiz Mateos cuando afirma que si no tuviera dinero para pagar sus deudas se suicidaría si no se lo prohibiera su religión.

Y usted lector se preguntará: ¿Es razonable juzgar en 2011 a un tipo de 70 años que fue procesado en 1995 y cuyo sumario concluyó hace más de 12 años?

Nada peor que la condena de un inocente o la impunidad, pero el reúma de la justicia en algunos casos es lamentablemente patético.