El cartero de Otegi

 
Hace 30 años del remake de "El cartero siempre llama dos veces", con Jessica Lange y Jack Nicholson.

 

Se cumplen ahora 30 años de la tórrida escena entre Jack Nicholson y Jessica Lange en el remake cinematográfico de El cartero siempre llama dos veces, que dirigió Bob Rafelson. Una obra basada en la novela de James M. Cain, que con el mismo título se publicó en 1934, aunque la primera película data de 1946, hace 65 años nada menos, y que fue protagonizada por John Garfield y la explosiva Lana Turner.

El argumento es sencillo: Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, una mujer y su amante planean asesinar al marido de ella, un hombre de mucha más edad, para quedarse con sus propiedades. Aunque fallan en el primer intento, finalmente lo consiguen simulando un accidente de tráfico, pero el caso despierta las sospechas de la justicia y ella, una femme fatale, es juzgada por asesinato. El fiscal consigue que los amantes se enfrenten, pero la maniobra no es suficiente y el jurado la absuelve. La paradoja se completa con la muerte de ella en —este sí— accidente de tráfico y la condena del amante como autor de asesinato por lo que solo había sido un accidente.

El líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, se enfrenta desde hoy a su cartero particular con el caso Bateragune —uno de los últimos intentos de reflotar la formación ilegalizada— aunque el repartidor postal ya lleva una temporada llamando a su puerta.

Lo cierto es que hasta ahora Otegi ha sido condenado a penas menores, entre un año y año y medio de prisión, por delitos de enaltecimiento del terrorismo o injurias al Monarca. Pero lo de ahora son palabras mayores, puesto que está acusado de integración en banda terrorista y la petición del fiscal son 10 años de cárcel. Además, este es el único asunto por el que sigue en prisión preventiva.

Es verdad que puede argumentar que Bateragune —lugar de encuentro en euskera— no era una reconstrucción de la ilegalizada Batasuna siguiendo las instrucciones de ETA para coadyuvar a sus fines, sino una forma de organizar a la izquierda abertzale para precisamente hacer política y separarse de la violencia de la banda. Ya decía Groucho Marx: “El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simular eso, lo has conseguido”. Así que habrá que ver si la Fiscalía es capaz de aportar las pruebas para conseguir la condena.

En todo caso, el juicio trae su carga de profundidad incorporada, puesto que está presidido por la magistrada Ángela Murillo, recusada por Otegi por falta de imparcialidad, recusación que fue rechazada por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero se da la circunstancia de que el pasado 8 de febrero, el Tribunal Supremo anuló la condena a dos años de prisión y ordenó la repetición, con otro tribunal, del juicio por el homenaje al etarra Sagarduy en el que había participado el líder de Batasuna, por considerar que éste pudo creer que Murillo tenía prejuicios sobre él.

Fue tras una vista en la que la magistrada preguntó a Otegi si condenaba la violencia de ETA, y como éste, que en el pasado fue militante de ETA, dijera que no iba a responder, Murillo dijo: “Ya sabía yo que no me iba a contestar”. Otegi concluyó: “Y yo ya sabía que me lo iba a preguntar”.

De modo, que la falta de apariencia de imparcialidad será la primera causa del recurso de Otegi en caso de condena.

Por cierto que el caso por el homenaje a Sagarduy se juzgará también en julio con otro tribunal de la Audiencia que estará presidido por Javier Gómez Bermúdez.

Pero la verdadera segunda llamada del cartero de Otegi se producirá con el caso Batasuna-Herriko tabernas, que previsiblemente será juzgado este otoño. Toda la dirección de la formación abertzale está procesada en este macroproceso en el que a Otegi le piden 12 años de prisión por delito de integración en banda terrorista en grado de dirigente. Y se da la circunstancia de que si en Bateragune puede alegar que trataba de distanciarse de ETA, ese argumento no parece tener fundamento con anterioridad al mitin de Anoeta, el 14 de noviembre de 2004, cuando el respaldo a la lucha armada era evidente y cuando por medio de las herriko tabernas se trataba de allegar fondos para la organización.

La única ventaja que tiene Otegi es que si es condenado por un caso no puede ser condenado en el otro, porque en ambos está acusado del mismo delito: pertenencia a banda terrorista.

Habrá que esperar y ver, pero hay quien sostiene que la margarita siempre tiene un pétalo de reserva para los casos desesperados.

 

El arcano del juez fallido o el suplente de sí mismo

 
Rafael Gimeno-Bayón, en el centro, el día de su toma de posesión como magistrado de la Sala de lo Civil por el turno de juristas de reconocida competencia. Álvaro García
 

¿Qué tipo de orgullo adorna a un magistrado del Supremo que se mantiene en su puesto más de dos meses después de que sus colegas hayan sentenciado que no cumple los requisitos para el mismo?
Por si no lo saben, el nombramiento de Rafael Gimeno-Bayón como magistrado de la Sala Civil del Supremo por el turno de juristas de reconocida competencia originó, el 28 de enero de 2010, el primer cisma en el pleno del Consejo General del Poder Judicial.
La Comisión de Calificación, a través de la cual deben de proponerse los candidatos al pleno en forma de terna, había designado como más idóneos para ese puesto a tres catedráticos de Derecho Civil de larga trayectoria: Carlos Lasarte, de la UNED; Juan Roca Guillamón, de la Universidad de Murcia, y Mariano Yzquierdo Tolsada, de la Complutense de Madrid.
Sin embargo, los vocales con más poder en el consejo: Margarita Robles, integrante de Jueces para la Democracia (JpD) y Manuel Almenar, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afines al PSOE y al PP, respectivamente, habían encontrado una fórmula mejor. Entre ellos pactaban los candidatos que les interesaban, según el criterio hoy el tuyo, mañana el mío, y luego los imponían a la Comisión de Calificación para que respaldasen sus enjuagues.
Si la comisión aceptaba, perfecto. En caso contrario, pasaban al plan B, consistente en una artimaña legal para puentearla: presentarlo directamente al Pleno. Automáticamente, el nuevo nombre se añadía a la terna surgida de la comisión pero sin haber pasado por su filtro.
Así fue como Robles y Almenar propusieron a Gimeno-Bayón, que no es doctor ni profesor titular ni catedrático, y solo llevaba seis años y tres meses en el ejercicio de la abogacía, en lugar de los 15 requeridos.
Y usted se preguntará ¿qué otros méritos engalanarán a un candidato que resulta elegido con un currículo tan notablemente inferior? Pues quizá no tiene nada que ver, pero Gimeno Bayón era juez en excedencia, perteneció a JpD en su momento y estuvo en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde fue compañero y amigo de Robles.
La maniobra supuso que el vocal José Manuel Gómez Benítez, miembro de la Comisión, presentase su dimisión de la misma y denunciase el cambio de cromos en los nombramientos.
Como lo que no se hace bien muchas veces no acaba bien, poco más de un año después de aquel nombramiento, el pasado 13 de abril, los 36 magistrados de la Sala de lo Contencioso Admistrativo del Supremo lo revocaron, por abrumadora mayoría, por considerar que Gimeno-Bayón no cumple la condición de llevar 15 años de ejercicio como jurista de reconocida competencia.
Cualquiera al que sus colegas le hubieran dicho que no puede seguir en su puesto, hubiera concluido los casos pendientes y se hubiera retirado discretamente para evitar el oprobio, pero Gimeno-Bayón, a la vista de los tiempos del Supremo —dos meses para que una sentencia cruce la calle Marqués de la Ensenada y llegue al Consejo del Poder Judicial— ha multiplicado su actividad. Además de los casos de la Sala Civil que tenía pendientes, después de saber que tenía que irse, ha participado en las deliberaciones de la Sala del 61 sobre si la coalición Bildu podía presentarse a las elecciones del 22-M y sobre la recusación de Garzón a cinco magistrados de la Sala Penal que tenían que juzgarle por el caso de los crímenes de la Guerra Civil.
La sentencia ya ha llegado al consejo, pero Gimeno-Bayón seguirá ejerciendo por lo menos hasta el 30 de junio, cuando el pleno del organismo la ejecutará. Como el puesto le ha gustado, ahora parece que burlando su propia sentencia, la Sala de Gobierno del Supremo le propondrá para una plaza de suplente, cuando en el Supremo hay magistrados eméritos, pero no suplentes, así que Gimeno-Bayón será suplente de sí mismo.
No se trata de cuestionar su sindéresis, esa capacidad natural para juzgar rectamente, sino que como hace cuatro siglos decía Tirso de Molina, uno de los dramaturgos más grandes que han dado nuestras letras: “Peca de grosero quien aguarda que le digan que se vaya”.

Aldabonazo para la renovación

“Los políticos son como los cines de barrio, primero te hacen entrar y después te cambian el programa”, ironizaba el dramaturgo y humorista Enrique Jardiel Poncela durante el franquismo. Pero la frase es perfectamente aplicable al Tribunal Constitucional, que se había convertido en un cine de barrio donde siempre había programa doble, porque los políticos encargados de cambiar las películas, es decir, de renovar a los magistrados olvidaban su obligación durante años, nada menos que tres años la última vez.

La necesidad de obtener un respaldo de tres quintos en el Congreso o en el Senado ha forzado a consensos venenosos donde no prima la elección del mejor en mérito y capacidad, como debería ser, sino que los partidos eligen a los candidatos más serviles, incluso aunque no reúnan las condiciones mínimas exigibles.
Ahora, tres magistrados que han excedido seis meses su mandato, Javier Delgado, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay, han dado un aldabonazo para forzar la renovación. Su dimisión no ha sido aceptada pero se recordará al Congreso que tiene que cumplir los plazos de renovación.

 
Dos investigadores, Antonio Villar y Nicolás Porteiro, propusieron recientemente que en caso de fallo del consenso, para que la elección se realizara en tiempo y forma, se debía proceder a un sorteo en el que cada candidato tiene tantas opciones de salir elegido como el porcentaje de escaños que el partido que lo propone tiene en el Parlamento. La idea es muy buena, pero dudo que los partidos vayan a aplicarla, porque pierden el control. Lástima.

La paradoja del interés compuesto

 
Palacio de Justicia de San Sebastián, sede del Centro de Documentación Judicial (Cendoj). Prolinor

“España es un país raro”, sostenía el humorista catalán Jaume Perich, aunque parece que en realidad lo que quería decir es que los españoles somos incongruentes, incoherentes e ilógicos. Parafraseando sus argumentos: está prohibida la droga, pero autorizado su consumo; no se permite ir a más de 110 kilómetros por hora, pero se construyen coches que pueden ir a más de 200; se estigmatiza a los fumadores, pero el Estado tiene el monopolio del tabaco. ¿A que algo de razón tenía?
Una de las extravagantes incoherencias más celebradas a finales del pasado año en el mundo jurídico fue la de la contratación de un seguro por parte del Consejo General del Poder Judicial para hacer frente a las fianzas y responsabilidades civiles impuestas a los jueces por negligencias en su actuación o incluso por determinadas conductas dolosas. Una broma de 450.000 euros con cargo a los bolsillos de todos los españoles que pagamos impuestos y que fue conocido como el principio Stevie Wonder para jueces, por aquello del Don’t worry, be happy (no te preocupes, sé feliz), que popularizó en España el músico de Detroit.
Porque, para que se haga una idea de lo que este seguro significa, suponga que un capo de la Mafia rusa paga una cantidad multimillonaria a un juez para evitar la extradición a su país. La operación se descubre y al juez en cuestión se le persigue por el soborno y la prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) por lo que se le impone una fianza para no ingresar en la cárcel y otra, para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso. Pues bien, esas fianzas no las pagaría el juez, como a usted le podría parecer, sino el seguro.
Un seguro que también cubre las multas que correspondan a los jueces por imprudencias, los gastos del proceso, las indemnizaciones por daños a terceras personas o incluso los honorarios de sus abogados. Y lo paga usted. Un chollo.
Como a la vista de la crisis el Consejo General del Poder Judicial ha decidido reducir costes, el último desatino conocido no tiene que ver con el gastar, sino con el ahorrar.
En junio de 2006, el Consejo puso en Internet 1.150.000 sentencias, emitidas por el Tribunal Supremo y por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las 17 Comunidades Autónomas, para que pudieran ser consultadas libre y gratuitamente por quien lo deseara a través de su portal www.poderjudicial.es .
Al hacerlo, los vocales Javier Martínez Lázaro y Javier Laorden explicaban que “la publicidad de todos los documentos de libre disposición que obran en poder del sector público es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio básico de la democracia”.
Pero el 28 de octubre de 2010, cuando ya se había producido la renovación de los vocales, el pleno del Consejo aprobó el reglamento de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales, por lo que a partir de esa fecha se cobra a las bases de datos comerciales, como Aranzadi, El Derecho, Tirant lo Blanch o la Ley, por incluir en sus servicios las sentencias que generan los tribunales españoles. Y a su vez, estas empresas, que incorporan valores añadidos, como comentarios, relaciones de sentencias por temas o vinculadas a algún artículo de una ley, etcétera, cobran tanto a clientes externos, como los abogados, como al órgano que le proporciona las sentencias, el Centro de Documentación Judicial (Cendoj), dependiente del  Consejo del Poder judicial, por el acceso de los jueces y magistrados a esos servicios.
Lo paradójico del caso es que, por ahorrar algo parecido al chocolate del loro, el Cendoj ha exigido hace una semana a los jueces que elijan una sola base de datos comercial para suscribirse, sin poder acceder a las demás. Es decir, que a partir de ahora, los jueces españoles, que son los creadores de las resoluciones que se comercializan, verán limitado su acceso a las bases de datos privadas en las que se relacionan sus sentencias y que se consideran un instrumento imprescindible para el trabajo judicial. ¿No es kafkiano?
Decía Facundo Cabral que “lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas”, pero hay que reconocer que algún fundamento tenía Winston Churchill cuando con ironía  reflexionaba que “el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo”. Y más en tiempos de crisis.

Precisiones y desalojo

 
Sede de la Audiencia Nacional de la calle Goya,14.

En marzo, la Inspección de Trabajo dio dos meses a la Audiencia Nacional para cerrar parte del edificio y por tanto, proceder a su desalojo parcial y subsanar las deficiencias, según informaron responsables de ese tribunal. La razón tiene que ver con pasillos demasiado estrechos y reducido espacio para el número de funcionarios existente, especialmente en un momento en el que se está procediendo a la digitalización de los sumarios y que las cajas con los tomos y expedientes abarrotan el vestíbulo de la planta séptima. 

El presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, y el secretario de Gobierno, Luis Martín Contreras, señalaron que en el proceso de unificación de las seis sedes actuales de la institución en dos se ahorrará 1.300.000 euros al año. En la actualidad, la Audiencia tiene alquilados inmuebles en la calle Genova, 17; Prim, 12; Gran Vía, 52; Miguel Ángel, 21 y la oficina de víctimas en la calle Marqués de la Ensenada, además de la sede de García Gutiérrez, 1, de la que es propietaria. Esos alquileres —7.695 metros cuadrados— cuestan ahora 3.516.174,53 euros al año, mientras que el edificio de Goya, 14, con una disponibilidad de 8.500 metros cuadrados, y al que se trasladarán las salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social, además de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, así como algunos servicios comunes, como el de ejecutorias, costará 2.2 millones de euros al año. Ese ahorro servirá para el pago del alquiler del edificio de Prim, (alrededor de 1,5 millones / año) donde durante año y medio se trasladará la Sala de lo Penal y los Juzgados Centrales de Instrucción mientras se realizan las obras de reforma de la sede principal, cuyo presupuesto son 12 millones de euros.

Sé que tanto número puede resultar abrumador, pero en mi opinión es muy interesante conocer a qué se dedica el dinero del contribuyente.

La rebelión de los ignorados

 
Proyecto de reforma de la Audiencia Nacional

Probablemente solo a Angelina Jolie no le han dicho eso tan socorrido y falso de "te llamo esta semana y quedamos", aunque quizá haya algunos más. En todo caso, a la mayoría nos han ignorado, despreciado o humillado en alguna ocasión. Y eso es ni más ni menos lo que ha ocurrido con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la que no se ha contado a la hora de diseñar y presupuestar la reforma del edificio principal de ese tribunal.

Solo hace una semana desde que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño y el presidente de la Audiencia, Ángel Juanes, presentaron en rueda de prensa la reforma integral de la sede de la Audiencia de la calle de García Gutiérrez, 1, de Madrid, con un coste de 12 millones de euros. El ministro destacó que se trata de un concepto absolutamente nuevo en el funcionamiento de la Administración de Justicia y que el edificio resultante tras las obras será el primero en nivel de sofisticación técnica en Europa. Añadió que supondrá una dignificación de las estructuras judiciales y que con su diseño se busca la eficiencia y la eficacia.

Como en breve plazo la Audiencia quedará libre de papel, es necesaria la introducción de un cable de fibra óptica y su distribución por todas las plantas para dar servicio informático y telemático a todos los juzgados, secretarías, tribunales e incluso magistrados y fiscales, lo que en cierta medida justifica la obra. 

El caso es que para hacer la reforma, se ha decidido que la Sala de lo Penal y los Juzgados Centrales de Instrucción pasen temporalmente al edificio de la calle Prim, en el que se encuentran las salas de lo Contencioso y de lo Social, que se desplazarán a otro inmueble en la calle Goya. En el edificio de Prim habría que construir calabozos, con el elevado coste que eso conlleva. Del espacio previsto para ubicar a los 20 fiscales que ejercen su función en la Audiencia no se tiene noticia.

Así que, de momento, los ignorados de ese proyecto han anunciado que no se van. El fiscal jefe, Javier Zaragoza, está muy enfadado porque no se ha contado con ellos y cree que la reforma se podría haber hecho planta por planta, como ya se hizo en el pasado y habría costado solo ocho millones de euros. Una reducción de la tercera parte del presupuesto no es en absoluto despreciable en los tiempos de crisis que corren.

A la vista del patinazo con la Fiscalía, se les ha ofrecido una ubicación en un piso alquilado en las proximidades. Una tontería que cuesta a 28 euros por metro cuadrado al mes y una superficie de 1.500 metros cuadrados, además de 5.000 euros por gastos de comunidad. Una verdadera ganga. Además habría que sumar 20 plazas de garaje a razón de 200 euros al mes. Si tenemos en cuenta que los edificios de Prim y Goya también están alquilados, la sangría económica es espectacular. 

Decía Benjamín Franklin, "si quieres conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado". Como estos no tienen que pedirlo, asÍ nos va".

El fracaso de discrepar

 
La vocal Almudena Lastra, en un pleno del Consejo del Poder Judicial. Claudio Álvarez

“Todo voto particular es un fracaso”. Así se expresaba la vocal del Consejo General del Poder Judicial Almudena Lastra cuando yo elogiaba su valentía al discrepar en un pleno del organismo contra todos los demás consejeros.
El Consejo es el órgano de gobierno de los jueces y el teórico encargado de defender la independencia judicial. Sin embargo, su vicepresidente Fernando de Rosa —que había sido conseller de Justicia y Administraciones Públicas en el Ejecutivo valenciano presidido por Francisco Camps— había arremetido contra ella cuando en una entrevista televisiva acusó al juez Baltasar Garzón de “estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación”. Garzón era entonces el instructor del caso Gürtel, en el que ya aparecía la implicación de Camps en el asunto de los trajes gratis total y la supuesta financiación irregular del PP.
De Rosa, que había sido elegido a propuesta de ese partido, fue denunciado por atacar a la independencia judicial, pero el Consejo no le reprobó, sino que admitió las disculpas que este presentó. Lastra, sin embargo, consideró que eso no era suficiente y por eso emitió un voto discrepante, en el que dejaba claro que ella no respaldaba esa decisión.
“El voto es un fracaso”, argumentaba, “porque no has podido convencer a la mayoría de que tus puntos de vista son los correctos”. Sin duda tiene razón en estricta puridad. Lo que ocurre es que en un momento en el que casi todo el mundo vota de acuerdo con la adscripción ideológica o política del partido que te ha llevado a la institución, un voto particular contra todos tus compañeros por no reprobar al vicepresidente es un voto que demuestra coraje y valentía.
El caso es que varios profesionales del derecho me han hecho ver la proliferación desmedida de votos discrepantes en todo tipo de resoluciones y tribunales, algo que hace 20 años no pasaba. Antes era raro o tenía que haber una diferencia de criterio muy grave para que un magistrado redactara un voto particular. La votación se producía y si se quedaba en minoría, se asumía la postura mayoritaria. Generalmente, no solía haber problemas, o a lo sumo se arreglaba tomando unas cervezas en el bar, según varios magistrados.
De un tiempo a esta parte, no hay sentencia que no tenga uno o varios votos discrepantes. Parece que, igual que las posturas políticas se han enconado, la necesidad de comunicar a los tuyos tu posición también se ha exacerbado.
Ocurre en todos los tribunales: Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, pero quizá, donde más se aprecia, seguramente por el carácter más político del organismo, es en el Tribunal Constitucional (TC).
En un recuento no exhaustivo, pero muy significativo, elaborado por Julio M. Lázaro, los votos discrepantes en el TC son como un tsunami, desbordantes.
Así, en la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley del Matrimonio Homosexual hubo cuatro votos particulares, de los 12 que integran el alto tribunal; en el Estatuto de la Comunidad Valenciana, por la cuestión del agua, hubo cinco votos; en la ley de Igualdad, un voto; en el plan Ibarretxe, cinco votos; en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la que el pleno estaba compuesto por ocho magistrados, hubo tres votos discrepantes; en la de Derechos y Deberes de los Extranjeros en España, tres votos; en la de Violencia de Género, cinco votos; en el Reglamento del Senado, tres votos; en la suspensión cautelar de la Ley del Aborto, cinco votos; y en el Estatuto de Cataluña, cuatro votos sobre el articulado, porque respecto al Preámbulo, en el que se decía que Cataluña es una nación, dos de los integrantes de la mayoría votaron con la minoría, para invalidarlo. 
 
Últimamente, el Supremo rechazó el acceso de Sortu a las elecciones del 22-M por nueve votos a favor y siete en contra: mientras que sobre la participación de Bildu se denegó por casi idéntica votación: nueve frente a seis. El Constitucional autorizó finalmente la participación de Bildu, pero por seis votos contra cinco. Los cinco magistrados que habían quedado en minoría acusaron a sus seis compañeros de haber invadido competencias del Supremo, cuando habían hecho exactamente lo mismo que en 2009, cuando por unanimidad autorizaron la candidatura de Iniciativa Internacionalista. ¿No les parece un fracaso muy poco edificante?
Decía Nietzche: “Hay almas esclavizadas que agradecen tanto los favores recibidos que se estrangulan con la cuerda de la gratitud”.

Por qué Correa no pagará la fianza

 
Francisco Correa, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Álvaro García
 
 
Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel, ha conseguido que el juez Pedreira acuerde su libertad bajo fianza de 15 millones de euros, además de imponerle otras medidas -en cuanto salga de prisión- para que no pueda eludir la acción de la justicia, como la colocación de un brazalete de control telemático o vigilancia policial, además de comparecer dos veces por semana en el juzgado más próximo a su domicilio.

El juez alega que Correa dispone de una ingente cantidad de dinero y una fortuna superior a la de cualquier imputado. Y precisa que de las distintas comisiones rogatorias ya han recuperado más de 24 millones de euros, por lo que presume que tendrá mucho más en los paraísos fiscales en los que la justicia española no ha podido acceder. 15 millones de euros, la segunda fianza más alta de la historia, le parece proporcionada y adecuada al caso.

Sin embargo, su letrado, Antonio Choclán, ya ha anunciado que recurrirá. Es lo usual. Así ha ocurrido en casi todos los delitos económicos que se han juzgado en España y en los que se presumía que había fondos en paraísos fiscales, como, por ejemplo, Gescartera.

Correa no pagará la fianza. Primero, porque es mucho dinero, incluso para constituirlo con un aval. Pero sobre todo, porque pagar una fianza de ese calibre instalaría en el ánimo de los jueces y de todos los españoles la sospecha de la culpabilidad. Y eso, independientemente de los indicios que usted conozca del caso, como, por ejemplo, las cuentas B de las sociedades que controlaba y que figuraban en el pen drive que ocultaba el contable José Luis Izquierdo y le fue incautado en el piso de seguridad de la calle Serrano. 

Así que ahora, lo que toca, como suele ser habitual, es recurrir alegando que la fianza es desproporcionada; luego, cuando el juez la reduzca, se recurrirá de nuevo, y así hasta que la cantidad sea asumible para alguien que se supone que ya no tienen mucho dinero, aunque ni usted ni los jueces se lo crean.

Igual me equivoco, pero no creo.