La paradoja del interés compuesto

 
Palacio de Justicia de San Sebastián, sede del Centro de Documentación Judicial (Cendoj). Prolinor

“España es un país raro”, sostenía el humorista catalán Jaume Perich, aunque parece que en realidad lo que quería decir es que los españoles somos incongruentes, incoherentes e ilógicos. Parafraseando sus argumentos: está prohibida la droga, pero autorizado su consumo; no se permite ir a más de 110 kilómetros por hora, pero se construyen coches que pueden ir a más de 200; se estigmatiza a los fumadores, pero el Estado tiene el monopolio del tabaco. ¿A que algo de razón tenía?
Una de las extravagantes incoherencias más celebradas a finales del pasado año en el mundo jurídico fue la de la contratación de un seguro por parte del Consejo General del Poder Judicial para hacer frente a las fianzas y responsabilidades civiles impuestas a los jueces por negligencias en su actuación o incluso por determinadas conductas dolosas. Una broma de 450.000 euros con cargo a los bolsillos de todos los españoles que pagamos impuestos y que fue conocido como el principio Stevie Wonder para jueces, por aquello del Don’t worry, be happy (no te preocupes, sé feliz), que popularizó en España el músico de Detroit.
Porque, para que se haga una idea de lo que este seguro significa, suponga que un capo de la Mafia rusa paga una cantidad multimillonaria a un juez para evitar la extradición a su país. La operación se descubre y al juez en cuestión se le persigue por el soborno y la prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) por lo que se le impone una fianza para no ingresar en la cárcel y otra, para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso. Pues bien, esas fianzas no las pagaría el juez, como a usted le podría parecer, sino el seguro.
Un seguro que también cubre las multas que correspondan a los jueces por imprudencias, los gastos del proceso, las indemnizaciones por daños a terceras personas o incluso los honorarios de sus abogados. Y lo paga usted. Un chollo.
Como a la vista de la crisis el Consejo General del Poder Judicial ha decidido reducir costes, el último desatino conocido no tiene que ver con el gastar, sino con el ahorrar.
En junio de 2006, el Consejo puso en Internet 1.150.000 sentencias, emitidas por el Tribunal Supremo y por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las 17 Comunidades Autónomas, para que pudieran ser consultadas libre y gratuitamente por quien lo deseara a través de su portal www.poderjudicial.es .
Al hacerlo, los vocales Javier Martínez Lázaro y Javier Laorden explicaban que “la publicidad de todos los documentos de libre disposición que obran en poder del sector público es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio básico de la democracia”.
Pero el 28 de octubre de 2010, cuando ya se había producido la renovación de los vocales, el pleno del Consejo aprobó el reglamento de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales, por lo que a partir de esa fecha se cobra a las bases de datos comerciales, como Aranzadi, El Derecho, Tirant lo Blanch o la Ley, por incluir en sus servicios las sentencias que generan los tribunales españoles. Y a su vez, estas empresas, que incorporan valores añadidos, como comentarios, relaciones de sentencias por temas o vinculadas a algún artículo de una ley, etcétera, cobran tanto a clientes externos, como los abogados, como al órgano que le proporciona las sentencias, el Centro de Documentación Judicial (Cendoj), dependiente del  Consejo del Poder judicial, por el acceso de los jueces y magistrados a esos servicios.
Lo paradójico del caso es que, por ahorrar algo parecido al chocolate del loro, el Cendoj ha exigido hace una semana a los jueces que elijan una sola base de datos comercial para suscribirse, sin poder acceder a las demás. Es decir, que a partir de ahora, los jueces españoles, que son los creadores de las resoluciones que se comercializan, verán limitado su acceso a las bases de datos privadas en las que se relacionan sus sentencias y que se consideran un instrumento imprescindible para el trabajo judicial. ¿No es kafkiano?
Decía Facundo Cabral que “lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas”, pero hay que reconocer que algún fundamento tenía Winston Churchill cuando con ironía  reflexionaba que “el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo”. Y más en tiempos de crisis.

Comments

[Publicado por: Danton]

Facundo Cabral, W. Churchill.., y para terminar Pacheco: "la Justicia española es un cachondeo".., incluso cuando no emiten sentencia.

[Publicado por: José Yoldi]

Efectivamente, la canción es de Bobby Mc Ferrin, como ya se decía en artículo "el principio de Stevie Wonder para jueces (pincha en el enlace que viene en el artículo), pero en España la popularizó un anuncio de compresas y una versión de Stevie Wonder.

[Publicado por: Saitam]

"Don't worry, be happy" no es de Stevie Wonder sino de Bobby Mc Ferrin. Y a capella, no hay instrumentos en ella.

Saludos.