La perversa presunción de duque de Palma Arena

¿Cómo defiendes tu inocencia cuando la Casa Real te aparta por comportamiento “no ejemplar”?

 

Iñaki Urdangarin presencia la Copa del Rey de vela el pasado 6 de agosto. Reuters

 

Cuando todo parecía indicar que no había presunción de inocencia más magullada antes del juicio que la del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, llega Iñaki Urdangarin y consigue el más difícil todavía, que la suya sea literalmente pisoteada y desde la Casa Real. Sin duda, un récord Guinness.

Porque como usted sabe, querido lector, la presunción de inocencia es el derecho que tiene todo acusado de que se le considere inocente de aquellos cargos que haya contra él, mientras no se demuestre su culpabilidad. Y Camps, al que estos días se está juzgando por el asunto de los trajes, tiene difícil articular su defensa con credibilidad después de haber tenido que dimitir de sus cargos por exigencia de su partido; de que dos colegas de proceso implicados en la misma mecánica de recepción de regalos hayan reconocido su culpabilidad, devuelto los trajes y pagado las multas para no tener que sentarse en el banquillo; o que toda España haya leído la transcripción de sus conversaciones con El Bigotes, uno de los jefes de la trama de corrupción Gürtel, al que llega a calificar de “amiguito del alma”. Si Groucho Marx viviera, probablemente, les diría aquello tan suyo de “disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien”.

Pero en el caso de Camps ha habido un proceso ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en el que el expresidente ha tenido la oportunidad de defenderse y con eficacia, ya que el caso solo ha llegado a juicio después de que en mayo de 2010 el Supremo revocase la decisión de exculparle que en agosto de 2009 había adoptado un tribunal presidido por su “más que amigo” Juan Luis de la Rúa.

Resulta que Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y por tanto yerno del Rey, ex jugador de balonmano del Barcelona y de la selección española que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta, está siendo investigado desde hace tiempo por corrupción y desviación de caudales públicos en Baleares, Valencia y Barcelona, por lo menos, pero ni ha sido imputado ni citado a declarar. Y es difícil de explicar por qué la Fiscalía Anticorrupción no lo ha solicitado, ni el juez encargado del caso Palma Arena, José Castro, lo ha acordado, a la vista de que hace seis meses que está imputado su socio, Diego Torres, y que este ha declarado que el propio Urdangarin tenía poderes ejecutivos en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que el duque de Palma presidía y que recibió encargos por varios millones de euros de los Gobiernos de Camps (Comunidad Valenciana) y Jaume Matas (Baleares) a los que presuntamente se facturó de forma desproporcionada y a veces por servicios inexistentes. Parte de los fondos públicos obtenidos, según las investigaciones en curso, parece que fueron desviados a la sociedad Aizoon, de la que Urdangarin es propietario junto con la infanta Cristina.

Desde hace algún tiempo, no hay día que la prensa no publique el expolio de dinero público que se desprende de los entresijos del sumario que se tramita en Palma de Mallorca e incluso la voluntad de las autoridades judiciales de imputarle en la causa antes de dos meses. Ello ha supuesto un importante quebranto en la imagen de Urdangarin, al que en las redes sociales ya se le moteja como “duque de Palma Arena”. Se destaca que su fortuna es reciente, puesto que antes de casarse con la infanta Cristina no era precisamente rico. Y es que, como decía Groucho: “¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!”.

Sin embargo, la puntilla a la presunción de inocencia del yerno del Rey no la han puesto los medios de comunicación, sino las autoridades. La Casa del Rey le ha apartado de la vida oficial por su comportamiento “no ejemplar” y le ha dejado a los pies de los caballos. El jefe de la Casa del Rey explicó que es como quien tiene un hijo. “Este no puede dejar de serlo, aunque no te caiga simpático o le tengas que reprender”. Se puede decir más alto, pero no más claro.

La hasta hace unos días tercera autoridad del Estado, el expresidente del Congreso, José Bono, al que recientemente también se ha investigado su patrimonio, dijo sobre el caso: “Padres y hermanos, parientes lejanos. ...y no le digo nada de los yernos”. Finalmente, el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, manifestó el otro día: “Aquí no cabe un chorizo más”.  

No parece que ninguna de estas manifestaciones haya hecho feliz a Urdangarin, aunque como decía el inmortal Groucho: “Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…”. Quizá el todavía duque ya lo sabe.

Subcontrata de asesinos

Cómo cometer un delito de asesinato terrorista sin ser terrorista

Gurutz Agirresarobe, durante su juicio en la Audiencia Nacional. EFE

¿Puede alguien que no es terrorista cometer un delito de asesinato terrorista? La Audiencia Nacional, que nunca defrauda, ha incurrido en una aparente incoherencia al condenar a 32 años de cárcel a Gurutz Agirresarobe por el atentado contra Joseba Pagazaurtundua, militante del Partido Socialista de Euskadi y sargento de la policía local de Andoain (Gipuzkoa), fallecido el 8 de febrero de 2003 de cuatro disparos en la cabeza. Y sin embargo, en la misma sentencia, los magistrados han absuelto al asesino de pertenencia a banda terrorista. ¡Como si ETA encargara sus crímenes a una subcontrata!
La prueba del algodón, en este caso ha sido el ADN que el autor de los disparos dejó en una taza de café con leche que había consumido minutos antes de tirotear por sorpresa al indefenso Pagazaurtundua. El asesino no fue reconocido por los tres testigos que había en el bar en aquel momento, ya que cubría parcialmente su cara con un pasamontañas. Sin embargo, la huella genética hallada en la taza coincidió con las que dejó en otras dos botellas de agua de las que bebió Agirresarobe, lo que ha determinado que sea condenado dada la remotísima probabilidad de error.
Y, en realidad, los jueces no han dicho que el acusado no sea de ETA, sino que no hay pruebas de que lo sea, o que su “vinculación es tenue”, ya que en el registro de su domicilio, cuando fue detenido le ocuparon casi 6.000 euros, procedentes de las recaudaciones en una txosna (caseta de fiestas) para ayuda a los presos de ETA.
Agirresarobe jugaba en el equipo de rugby de Hernani junto con los etarras Beinat Aginagalde y Joanes Larretxea, y aunque en principio se pensó que formaba parte del mismo comando que ellos, ese extremo nunca pudo ser acreditado.
En 2003 tuvo una cita con Jon Lizarribar, que en 2010 fue arrestado en Francia como miembro de ETA. Además, Agirresarobe en aquella época era pareja de Aitziber Ezkerra que fue detenida como colaboradora de la banda, aunque luego fue absuelta. En las declaraciones de la exnovia figura que “antes de ser detenida en 2003, Gurutz le confesó que había pertenecido a un grupo que había acabado mal porque ellos (los del grupo) querían trabajar de forma independiente y la organización (ETA) les dijo que tenían que irse de liberados, negándose ellos”. La expareja puntualizó que Agirresarobe “no le dijo quiénes formaban el grupo ni que ekintzas (acciones) habían realizado”. Existe algún indicio más contra él, como que había sido condenado en 2005 por delitos de atentado, lesiones, amenazas condicionales y daños, al golpear a un ertzaina, pero al tribunal no le parece suficiente como para considerar que el asesino de Pagaza estuviera implicado en la estructura de ETA.
Cualquiera podría pensar desde la lógica que la prueba evidente de que Agirresarobe era miembro de ETA al menos en 2003, es que realizó el atentado, como prueba su ADN, puesto que fue la propia ETA la que lo reivindicó en un comunicado que se publicó en varios diarios del País Vasco. Y, que se sepa, la organización terrorista nunca ha subarrendado sus crímenes a sicarios colombianos ni concede patentes de corso a independientes para que le realicen el trabajo sucio. Así que, con toda probabilidad, Agirresarobe era miembro de ETA y presumiblemente todavía lo es.
Pero resulta que a diferencia de lo que suelen hacer muchos etarras con varias causas pendientes, que no reconocen al tribunal y renuncian a la defensa, Agirresarobe negó la mayor. Dijo que nunca había estado en el bar Daytona, donde se cometió el atentado y que tampoco bebía café.
Lo que ocurre es que el ADN es testarudo, más incluso que las huellas dactilares, por lo que deja poco lugar a la duda, al margen de la apariencia de asesino que un acusado pueda tener.
Además, a veces los humanos llegamos a la convicción de las cosas por aspectos que no siempre puede utilizar un tribunal como prueba. Ya saben, si ladra como un perro y tiene forma de perro, es que debe ser un perro. Aguirresarobe se presentó en la Audiencia con José María Elosua de abogado. Por supuesto que el letrado tiene muchos clientes, pero en la Audiencia se le conoce desde hace muchos años por ser abogado de etarras. Si hubiera ido con otro defensor quizá hubiera conseguido sembrar la duda.
Así que el tribunal le ha condenado al máximo tiempo efectivo de prisión, 30 años, por lo que la absolución por pertenencia a banda terrorista es irrelevante.
“Zuria eta botilan”, que es como se diría en euskera “blanco y en botella”.

Yo no he sido y otras reliquias

Camps se enfrenta este mes al juicio de los trajes con la presunción de inocencia maltrecha

 

Francisco Camps, en 2010. Carles Francesc

No conozco un silogismo más pesimista que el que contaba hace años entre perplejo y divertido Patxo Unzueta. Un editorialista de este periódico le había hecho partícipe de sus preocupaciones casi entre susurros y con suma cautela.
— “Algo está pasando”, le confió atribulado.
Como Unzueta no reaccionara, prosiguió: “No sabemos qué está pasando”.
Y ante el asombro del vizcaíno, que seguía expectante, concluyó: “En cualquier caso nos perjudica”.
Algo parecido debe de pasar estos días por la cabeza de Francisco Camps que se enfrenta a un juicio con jurado por el famoso asunto de los trajes a partir del día 12 de diciembre. Todo le perjudica. Pero, ¿cómo remontar el ánimo cuando tras resistir varios años como un jabato, finalmente has tenido que abandonar el cargo, cuando el líder de tu partido al que habías sostenido en sus momentos de debilidad te ha dejado caer con la excusa de que te puedes defender mejor, y cuando se te considera ya políticamente “amortizado”?
La Fiscalía Anticorrupción pide para Camps y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, multas de 41.250 euros por delito continuado de cohecho impropio. Según la acusación, Camps recibió “trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir” por importe superior a 14.000 euros, mientras que Costa superó los 7.000.
Entre las pruebas que figuran en la causa, destaca la declaración del sastre José Tomás, que tomó las medidas al expresidente valenciano y a sus otros tres compañeros de partido, que confeccionó los trajes y que pasó el cargo a las empresas de Álvaro Pérez, El Bigotes, presidente de Orange Market, la delegación valenciana de la trama Gürtel.
Algunos de los trajes fueron encargados en enero de 2006 en la tienda que la firma Milano tenía en la calle Serrano, de Madrid, coincidiendo con la celebración de la feria de turismo Fitur, de ese año. En aquel evento, la Generalitat valenciana dispuso de un estand instalado por Orange Market que supuso al erario público un desembolso de 1.083.925 euros. Los trajes pagados por Orange Market a los cargos valencianos entre el 24 y 28 de enero de 2006 costaron 15.200 euros. La relación de Camps y los otros imputados con la trama se mantuvo hasta 2008 y el precio total pagado por las prendas de ropa se elevó hasta los 34.908 euros.
El expresidente valenciano, como cualquier otro acusado, tiene derecho a la presunción de inocencia, pero hay que reconocer que la suya parece un tanto maltrecha. Primero dijo que no había encargado trajes, luego reconoció que los había encargado pero que los había devuelto, después que los pagó en metálico con el dinero procedente de la farmacia de su esposa. En fin, nada que pudiera acreditar. Además, toda España leyó sus conversaciones con El Bigotes en las que le llamaba “amiguito del alma”. Y dos de sus compañeros, Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo de la Generalitat, que por el mismo procedimiento fueron recompensados con otras prendas, reconocieron su culpabilidad y fueron condenados al pago de una multa de 9.600 euros y a la devolución de los trajes, lo que ya han hecho.
Camps y Costa han preferido que les juzgue un jurado. El expresidente valenciano podría negar la evidencia y decir “no es lo que parece”, como el marido pillado en la cama con otra, pero la experiencia indica que para casos desesperados, solo queda la fe. Camps podría encomendarse a la fuerza del Santo Prepucio, el pedazo de piel que sobró de la circuncisión de Jesús, pero como hace un año contó Paco Cerdá, en Levante, su culto fue derogado por el Vaticano en 1900. Probablemente sería mejor alguna reliquia local, como el brazo izquierdo momificado e incorrupto de Sant Vicent Màrtir, o el supuesto Santo Cáliz que utilizó Jesús en la Última Cena, que se conservan en la catedral de Valencia. Aunque, si no fuera suficiente, siempre podría encomendarse a otras reliquias que también se custodian en la seo valenciana como una astilla de la Vera Cruz en la que murió Jesucristo; una espina de su corona; dos fragmentos del velo de la Virgen María; un trozo de la camisa del Niño Jesús, o pequeños pedazos del pesebre. Y, quizá, ni con eso.

Brazo incorrupto de Sant Vicent que se conserva en la Catedral de Valencia.