27 feb 2012

Me lo quedé porque era mío

Por: José Yoldi

Coro Cillán
La juez Coro Cillán, titular del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid, en las inmediaciones de Plaza de Castilla.
Foto: Santi Burgos

"A los silenciosos no se les puede quitar la palabra". Esa irónica frase del poeta polaco Stanislaw Jerzy Lec refleja la única ventaja de los que nunca tienen voz. Porque frente a las florecientes asociaciones de extrema derecha pseudopatrióticas, sindicatos sin afiliados más que sospechosos y personal sin escrúpulos que ha decidido hacer carrera a costa de las víctimas y que se lanzan a interponer acciones criminales contra ministros, jueces, policías o políticos, cuyas actuaciones o resoluciones no les gustan, no existe, que se conozca, agrupación de signo ideológico contrario que recurra a los tribunales para obtener similar satisfacción.

El caso viene a cuento a raíz de la decisión de la Audiencia de Madrid de archivar la causa con la que se pretendían reactivar las teorías conspiranoicas en relación con los atentados del 11-M y volver con la matraca de que ETA estuvo detrás de la matanza de los trenes del 11 de marzo de 2004. Para eso era necesario que el explosivo utilizado no hubiera sido la dinamita Goma 2 robada en Mina Conchita por José Emilio Suárez Trashorras y Jamal Ahmidan, sino Titadyn, y para ello era muy conveniente acusar a los artificieros de manipular las pruebas con oscuros propósitos y a los peritos de la policía científica y de la Guardia Civil de mentir con idéntico fin en la pericial de explosivos del juicio del 11-M.

Como nada de todo eso resultó del proceso de la Audiencia Nacional, sino exactamente lo contrario, es decir, que las bombas las pusieron los miembros de la célula yihadista de Leganés y que ETA no tuvo ninguna intervención, el 4 de junio de 2009 el partido Alternativa Española presentó una denuncia contra el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, jefe de los artificieros el día de los atentados, una perito de los Tedax y otros policías a los que, con base en el libro Titadyn, se acusaba de haber ocultado pruebas de los focos de las explosiones de los atentados del 11-M. El caso cayó en el Juzgado 6 de Madrid y fue archivado el 19 de junio, con un auto de sobreseimiento libre, en el que el juez Ramiro García de Dios destacaba que la denuncia era “totalmente infundada” y que los hechos supuestamente delictivos no resistían “el más mínimo análisis crítico en derecho y desde el derecho”. Finalmente, explicaba que “mediante técnica retorcida y taimada” se trataba de utilizar de forma espuria la jurisdicción penal.

Previamente, el caso se había tratado de resucitar en la propia Audiencia Nacional, pero el juez Eloy Velasco y la Sección Tercera entendieron que era cosa juzgada. El magistrado añadía que por mucha insatisfacción o impotencia que el resultado de las pruebas periciales generase, “no se puede practicar siempre la misma prueba hasta llegar al resultado apetecido”.

Cegadas esas vías, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó el 9 de julio de 2009 una querella por los mismos hechos y con la misma base del libro Titadyn, que en lugar de remitirse al Juzgado número 6 como, por antecedentes, debería haberse hecho, se repartió al Juzgado 43. Y la juez Coro Cillán, jaleada por la acorazada mediática conspiranoica, se empecinó en investigar unas conductas que otro juzgado ya había declarado que no eran delictivas. La abogada de los policías, María Ponte, pidió el sobreseimiento libre y explicó a la juez que era cosa juzgada y que ella no era competente porque otro juez ya había desestimado la denuncia inicial.

Como si el caso llegaba a la Audiencia se lo iban a quitar -como finalmente así ha sido-, la juez Coro Cillán tardó un año y cinco meses –del 21 de diciembre de 2009 hasta el 25 de mayo de 2011- en denegar la pretensión de la defensa. La abogada Ponte le tuvo que recordar en tres ocasiones que seguía sin resolver su petición, lo que le impedía apelar a la Audiencia. Cillán solo se dio prisa después de que la letrada la denunciara en el Consejo del Poder Judicial. La actuación de la juez al no resolver para quedarse con el caso encajaba en la falta muy grave de "desatención o retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas”. Pero de la actuación del Consejo en este caso nunca más se supo. Los vocales, con cierta petulancia, se han autoproclamado “el consejo de la transparencia”, pero en lo relativo a sanciones a jueces rige la más impenetrable opacidad.  La denuncia probablemente sería archivada, porque  Cillán siguió en sus trece hasta que la Audiencia le ha dicho basta.

Ahora que el Supremo ha puesto de moda la prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) al echar de la judicatura a Garzón, cabe preguntarse: ¿Es delito no resolver en año y medio para evitar que en la apelación te archiven el caso porque era cosa juzgada y otro juez ya lo archivó antes de que admitieras a trámite la querella?

Si el caso hubiera sido de otro signo político no tengan duda de que numerosas asociaciones salvapatrias se habrían querellado contra la juez. En este caso, ni siquiera los policías perjudicados lo han hecho. Después de casi tres años acusados en un proceso que no se debía haber iniciado, o están agotados o no confían en la justicia. Ya saben, a los silenciosos no se les puede quitar la palabra.

Hay 8 Comentarios

Jajaja, señor García. Esfuércese un poco más, que está desbarrando y si no sospechase que pertenece usted a la carrera fiscal diría que tiene deplorables intereses corporativos con estos juececillos. jajaja. Pues claro que los servidores públicos deben someterse al escrutinio público de sus actos. O deberían, porque seguramente estará usted de acuerdo con que el juez Urquía, ese que se lo llevó crudo del tal Roca vuelva a la carrera judicial. Imagine con que cara irá el tipo que ha robado dos barras de pan en el hiper para dar de comer a sus hijos porque está en el paro cuando lo conduzcan a su presencia. Seguro que opinará que la justicia es igual para todos, como dice el suegro de Urdangarin y la portavoz del Gobierno de los jueces.Y Doña Coro tiene el mismo derecho al honor que el que ha tenido el señor Garzón, o el señor Urquía.
Ande, deje de meterse con mi vejez, que llevo con dignidad y resignación y tómese la medicación, que no puede ser bueno semejante abstinencia. Con mis consideraciones más distinguidas, un muy cordial saludo.

Refractario señor Yoldi: ¿un periódico como el suyo, campeón de las libertades, que se niega al escrutinio de sus lectores y del público en general? ¿No ve vd de relevancia pública y general un asunto tan grave? Ay ay ay, a ver si va a haber aquí más sectas en este pais que la del Opus, los Legionarios, los Kikos o los altísimos ropones...Me va a tener que mandar los CD del Barrio Sésamo, ay espere, no lo haga, que vd tampoco llegó a la época analógica, sino solo a la de las ondas hertzianas.
Por cierto, alguna forma de reparar al servidor público si luego lo filtrado, perdón, lo informado, no se acredita en el expediente. ¿O doña Coro tampoco tiene derecho al honor?. Saludos sorprendidos.

Señor García, ¿qué expresiones son esas? jajaja. ¿repugnantes calumnias?, jajaja. Si soy un pedazo de pan. Relajese que le va a dar algo. Mire yo creo que Coro Cillán, en cuanto que servidora pública, tiene que tener una actuación inmaculada y que precisamente por ello, los expedientes disciplinarios deberían de ser públicos. Ya entiendo que a usted le parecerá que no. Creo que en eso se diferencia de mí la señora Cillán, según el ejemplo insidioso que menciona de la compra de Akelarre. Ella tiene un puesto público al servicio de los ciudadanos en la Justicia y yo no. Entiendo que mi actividad se desarrolla en una empresa privada y por tanto, no veo porque los ciudadanos tengan que exigir nada si por ejemplo yo hubiera robado la merienda a un compañero. Otra cosa son los lectores. Si mi conducta hubiera afectado a mi trabajo, seguramente el caso daría lugar a explicaciones por parte del defensor del lector y si el asunto fuera gravísimo, como por ejemplo, haber cobrado por publicar una información (estoy hablando en hipótesis, que le conozco señor García) pues seguramente la dirección me despediría. Servicio público, sometido a control de los ciudadanos; actividad privada, control de la empresa que te paga. Es como Barrio Sésamo, pero más fácil, señor García. ¿Se lo repito más despacio?
Y quiero mandar un saludo cariñoso a Don Alfonso, que debe estar pasando por un trance difícil y le mandamos todo nuestro apoyo.

Vale que hay que confiar en los jueces, pero me temo que en nuestro país, sospechosamente, se siguen equivocando de todas todas. No entiendo por qué, y sí estoy seguro que cómo evitarlo: comité de jueces que vigilen a los jueces, o de árbitros que vigilen a los árbitros, etc.
Pero no soy quién para decir esto, cuando soy el primero en negar la razón de un minsterio de la mujer, o de la igualdad, y los consiguientes institutos. La cuestión, ¿qué tal traerse a unos de fuera a mediar? Total, nuestros futuros ya se están largando.

Señor Yoldi: ya sé que, puestos a ser malvados, no le gana a vd nadie. Cuando deje vd de afrentarme con repugnantes calumnias le he de decir que todos, incluso doña Coro Cillán, tienen derecho a que su órgano disciplinario tramite secretamente los expedientes sancionadores que existan frente a ellos por las razones que antes apunté y que no combate, pues le es más cómodo verter calumnias. El CGPJ es un órgano sin sentido del ridículo, así que dificilmente lo puede hacer.Siga vd haciéndoles la rosca a los vocales y fingiendo ser crítico con la institución, que no cuela.

Mi querido señor García!!!
Cómo me hace disfrutar su taimada intención y su siempre pretendida perversa maldad, que luego es de una ingenuidad palmaria jajajaja! Hasta me ha llegado que se reúne con un grupo organizado y armado de vividores para ponerme a caldo. Invíteme un día al contubernio (por supuesto pagando la parte alícuota proporcional) y le daré satisfacción en el debate que no podrá olvidar mientras viva, jajaja
Me ha alegrado la mañana su pretendida iniquidad, pero hasta más de la mitad del comentario no me había dado cuenta de que el comprador del restaurante Akelarre, en mi querido Igeldo, era yo, jajaja. Quizá porque me considero rico del afecto y cariño de mis amigos, pero a pesar de haber trabajado y cotizado al fisco toda mi vida no he llegado a ser acaudalado en posesiones materiales (ni las echo en falta, que uno es más bien austero).
Le voy a aclarar un par de cosas que veo que no tiene usted claras:
Mi director tiene cosas mucho más importantes que hacer que ocuparse de mí, que además procuro no darle problemas.
Admiro a doña Almudena Lastra por varios motivos, entre ellos y no menores, su independencia que le lleva a hacer votos particulares difíciles frente a sus compañeros, y su dedicación al trabajo. Lo de los corazoncitos flechados, jajaja, es como para que usted se lo haga mirar señor García.
Me divierte mucho que en lugar de trabajar en la oficina se dedique a los corazoncitos, jajaja, o a escribir en el blog dándome caña. Es todo un honor.
Señor García, es usted joven e inexperto, pero aunque todos seamos iguales ante la ley, no lo somos ante los encargados de interpretarla. Algo así como aquello que decía Matas, que siempre recibía a Urdangarin porque era Urdangarín, el yerno del rey, y a Pepito Pérez, pues no hubiera tenido tiempo de recibirlo
Los periodistas no recibimos filtraciones, trabajamos para obtener las informaciones. Otra cosa es que el CGPJ se empeñe en hacer el ridículo una y otra vez por ese concepto.
Conozco el retardo malicioso en la administración de la justicia, y no le voy a contar cómo se aplica, o si quiere se lo cuento, con algún juez que tiene sentencias sin poner desde hace un año en el buque insignia de la justicia.
Y podría constituir un pseudosindicato, pero esperaré a que antes funde usted el suyo, jajaja.
Abrazos, que yo también tengo otras cosas que hacer.

Perdón, al períódico en que vd trabaja. Es que, como está últimamente tan bien considerado, me he figurado que lo dirige vd en la sombra. Téngase por solicitada corrección de error material, es justicia, etc etc

Estimado señor Yoldi; que el CGPJ es un órgano de máxima transparencia lo demuestra el hecho de que, respecto de su togada paisana, se hayan filtrado actuaciones reservadas de naturaleza disciplinaria al periódico que vd dirige, para después, en un alarde de cinismo, señalar que las informaciones que difundían lo filtrado tienen "naturaleza vejatoria".
¿Qué opinaría vd si el probo director de su diario, alarmado por la aparente adquisición del Restaurante Akelarre por uno de sus más viejos redactores para su disfrute personal y por otras muestras o signos exteriores de riqueza, incoara un expediente disciplinario a éste para comprobar si cobra de alguien que no sea su periódico, y que información tan sensible para su reputación se filtrara de forma que su mujer, hijos y amistades estuvieran al cabo de la calle de la misma? Piense que no sea cierto que efectivamente vd pone el cazo antes de escribir, sino que simplemente doña Almudena Lastra, agradecida por ciertos artículos que prácticamente tendrían que ir firmados por corazoncitos flechados, en vez de por Jose Yoldi, le reserva a nombre suyo el imperio donostiarra antes citado, en consideración a tantas y tan buenas mercedes.

Pues algo así ha sucedido con Coro Cillán. Vd la llama prevaricadora ; sus compañeros, inestable; ¿va a tener la señora magistrada menos derechos que cualquier yerno del Rey? ¿no somos todos iguales?

Por cierto, existe un precepto penal que se acomoda menor a lo que vd narra: el retardo malicioso del 449 CP. No dictar una resolución no parece que pueda equivaler, en principio, a dictarla en forma manifiestamente injusta y a sabiendas. De todas maneras, anímese a constituir un pseudo-sindicato y a querellarse contra la juez. Su gran amigo Suarez Robledano nos puede sacar de dudas; esperemos que confíe tanto en su criterio jurídico como en otros casos.Saludos

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Sobre el autor

(Donostia-San Sebastián, 1954)
es periodista licenciado en la Universidad
de Navarra. Lleva en El País desde 1983, donde ha
sido corresponsal de Interior y miembro del equipo de
Investigación. Como redactor jurídico ha cubierto casi todos los
juicios importantes que ha habido en España, desde el 23-F, el
síndrome tóxico o el crimen de los Urquijo hasta los atentados del 11-M.

Sobre el blog

Este blog es un lugar de encuentro sobre temas jurídicos, pero no es para todo el mundo. Es muy recomendable tener mucho sentido común y ganas de sonreír, ya que el humor es síntoma de inteligencia. La única norma es el respeto a los demás. Si usted prefiere insultar es muy libre, pero le agradecería que no se molestase en seguir leyendo, yo también preferiría estar en la playa.
El blog se alimentará también -o principalmente- con la serie de artículos que bajo el título “El último recurso” se publican los lunes en El País

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El último recurso El último recurso. Los artículos que forman parte de este compendio fueron publicados en EL PAÍS bajo el epígrafe El último recurso durante los años 2010 y 2011. Todos ellos fueron escritos durante esas horas de la noche en la que todo parece estar parado y en silencio. Mi objetivo era centrar el foco o aportar un punto de vista particular hacia algunas noticias que me parecía que merecían mayor atención que la que se les había prestado. La otra finalidad, no menor, era que el lector se lo pasara bien y que, a ser posible, esbozara una sonrisa. Y ello, aunque el tema a tratar fuera tan tremendo como la rebaja de cinco años en la condena de un tipo que dejó a su mujer parapléjica a golpes.

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