Gómez Benítez denuncia que varios vocales viajan diariamente en primera a su residencia para dormir en casa y que muchos solo trabajan de martes a jueves
Reunión del Pleno del Consejo del Poder Judicial
El pleno del Consejo General del Poder Judicial rechazó el jueves pasado un plan de austeridad propuesto por el vocal José Manuel Gómez Benítez para poner un poco de orden en los abusos en los que, según el citado vocal, incurren continuamente algunos de sus vocales y el propio presidente, Carlos Dívar. Los gastos por viajes durante el último año se elevan a casi medio millón de euros, de los que una gran parte se atribuyen a desplazamientos particulares que se financian con cargo al presupuesto del Consejo.
José Manuel Gómez Benítez considera un escándalo que no pocos vocales duerman en sus domicilios de provincias prácticamente todos los días, adonde viajan en primera clase con cargo al contribuyente, y que algunos pasen hasta dos semanas sin aparecer por la sede del Consejo en la madrileña calle de Marqués de la Ensenada.
Además, critica que la gran mayoría viaje a su lugar de residencia el jueves en lugar del viernes por la tarde y regrese el martes, en lugar del lunes por la mañana, lo que se conoce en la sede del organismo con la expresión “semana caribeña”.
Por último, denuncia los desplazamientos del presidente, que siempre viaja con numeroso séquito, más el personal de seguridad, lo que considera un dispendio. Especialmente, varios viajes de fin de semana al sur de España, es decir, fuera de su lugar de residencia. Gómez Benítez sostiene que la mejor medida para la austeridad en los viajes es que estos gastos tengan que ser publicados. Por ese motivo, Gómez Benítez propuso en ese mismo pleno del órgano de dirección de los jueces un plan de ocho puntos en el que pretendía que en la documentación sobre desplazamientos del presidente y de los vocales con cargo al presupuesto del Consejo se hiciera constar expresamente la actividad concreta que motivaba el viaje.
Igualmente, reclamaba que, “salvo en circunstancias personales o familiares excepcionales”, la obligación de dejar constancia en el expediente de la actividad concreta motivo del desplazamiento fuera “aplicable a los viajes al lugar del domicilio fuera de la Comunidad de Madrid (...) cuando el desplazamiento tenga lugar en días que no coincidan con los fines de semana (de viernes por la tarde a lunes por la mañana) o con días festivos”.
Muchos vocales argumentan que viajan en jueves porque los viernes los dedican a visitar juzgados o sedes judiciales en su comunidad. Y que eso lo hacen también algunos lunes. Pero el vocal Gómez Benítez considera que simplemente realizan la llamada “semana caribeña” y que, por tanto, si no acuden a la sede del Consejo los lunes o viernes deben justificar su ausencia indicando el lugar y la actividad que estaban realizando. Gómez Benítez proponía que, para reducir el gasto en desplazamientos, los vocales concentraran las visitas a las sedes judiciales en determinados días del mes.
Además, en caso de que los desplazamientos no fueran en automóvil, instaba a que los vocales y el personal de los servicios técnicos viajaran en clase económica o similar cuando lo hicieran con cargo al presupuesto. Únicamente se permitiría viajar en clase preferente en vuelos internacionales de duración superior a dos horas y media.
Otra de las medidas propuestas hacía referencia a que los puntos y bonificaciones sobre precios que conceden las compañías aéreas y ferroviarias por los viajes realizados con cargo al Consejo deberían revertir al organismo —para reducir o amortizar el coste de otros viajes oficiales— y no a los vocales y a sus esposas, como ocurre ahora.
También se proponía que los viajes del presidente y de los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales se deberían realizar con propuestas razonadas de presupuesto y limitar los viajes y el personal que se desplaza a lo imprescindible, además de estar justificado el desplazamiento del personal auxiliar.
La propuesta fue acogida con mucha frialdad, y algunos vocales pretendieron que se votara por separado cada uno de sus puntos. Uno de los vocales anunció que estaba dispuesto a votar a favor del acuerdo propuesto, pero que era contrario al punto relativo a que se especificase a qué se dedicaban los vocales durante los lunes y los viernes en los que no estaban en la sede del Consejo.
Nadie quiso hacer más observaciones, pero puesto el acuerdo a votación fue rechazado por 15 votos en contra y cuatro a favor. Dos ya se habían marchado. Los cuatro votos favorables fueron los del propio Gómez Benítez, Margarita Robles, Claro José Fernández Carnicero y el presidente Carlos Dívar. Curiosamente se produjo entonces una explicación de voto sucesiva de todos los vocales. Todos defendieron que hubieran votado aspectos concretos, pero no todo el bloque de reformas.
Otros vocales han calificado de “insultante” y de “planteamiento infumable” la propuesta de Gómez Benítez y han dejado claro que los cuatro que votaron a favor son residentes en Madrid. Gabriela Bravo, la portavoz del Consejo, aseguró que se han rebajado un 35% los gastos de desplazamientos. Los vocales del CGPJ ganan unos 112.000 euros al año y el presidente 130.000.
Las sanciones a los jueces permanecerán secretas
Las sanciones que el pleno del Consejo General del Poder Judicial o la comisión disciplinaria del citado organismo impongan a los jueces y magistrados no serán públicas, salvo que el caso de que se trate tenga una especial relevancia y los vocales decidan que la resolución puede ser conocida por la opinión pública.
El pleno del Consejo rechazó por 14 votos en contra y 7 a favor una propuesta del vocal José Manuel Gómez Benítez en la que instaba a la transparencia informativa en materia disciplinaria sobre los jueces y magistrados, el jueves, justo la víspera de que el Consejo de Ministros aprobara ayer la nueva ley de Transparencia.
En el pasado, las decisiones tanto del pleno como de la comisión disciplinaria que suponían apertura de expedientes informativos o disciplinarios, así como las exculpaciones o las sanciones que se imponían a jueces y magistrados eran públicas. Incluso el consejo publicó hasta 2004 unos libros compilatorios sobre las mismas, que desde entonces solo son accesibles por los propios jueces.
Gómez Benítez señalaba que la política de transparencia “exige una actuación responsable de las Administraciones públicas, de forma que la información sobre su actividad no perjudique el ejercicio de sus respectivas funciones y los derechos fundamentales de las personas”. Agregaba que la transparencia “es incompatible con las prácticas de ocultación de aquello que, con los límites señalados, tiene interés público, y precisamente por eso, debe ser difundido de forma veraz y responsable”.
Por el contrario, “una política de ocultación de la actividad pública deja el campo abierto a la filtración interesada, manipulada y parcial de una información que de otro modo habría llegado con naturalidad y objetividad a los ciudadanos”. Por ello proponía la publicidad de las sanciones entre 2005 y 2010, que permanecen secretas, así como una actualización anual de los datos.
El pleno del consejo rechazó la propuesta de Gómez Benítez con el argumento de que la publicidad de esos expedientes y sanciones genera mala imagen para la justicia.
Hay 21 Comentarios
Me temo que el señor Martín M. Cavanna confunde al vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez con el que fue presidente de la sala penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. es cierto que ambos son totalmente calvos, pero su trayectoria es bien diferente.
Saludos cordiales
Publicado por: José Yoldi | 09/05/2012 22:07:05
Siempre que sobra poder falta verguenza
Publicado por: Manuel Figueredo | 09/05/2012 10:56:35
Conozco bien al Sr Divar y pongo la mano en el fuego por la inocencia de este hombre y no así por la veracidad de la afimacion de Gomez Benitez de quien tengo dudas reales de sus virtudes... Juicio 11-M, libro sobre el atentado escrito por "su mujer", forma de trepar e inclinacion a mostrarse como juez estrella, no me dan demasiada credibilidad a sus juicios de valores de quienes discrepan con el en ideologia y moralidad.
En cuanto al Juez Divar, no sólo es el conocimiento que de él tengo sino tambien el que otros tienen. Recuerdo el comentario que alguien con un muy alto cargo hizo acerca del Sr Divar, afirmando que si en elguna ocasion tuviera que sentarse ante la Justicia, querria que el juez fuese el Sr Divar por su sentido estricto de la Justicia y su honestidad como ser humano.
Dicho esto e independientemente del resultado de las investigaciones que se lleven a cabo, yo defenderé la inocencia del Sr. Divar y más aún con la experiencia que tenemos los ya entrado en años de la facilidad con la que la izquierda de los jueces manipula y tergiversa las realidades...
No es por casualidad que Gomes Bermudez goce de una estrecha amistad del más indigno de los jueces como ha sido el juez Garzon
Publicado por: Martin M Cavanna | 09/05/2012 10:21:53
No comprendo como puede existir un trato tan discriminatorio entre los JUECES y los ABOGADOS, dado que ambos tienen un fin COMUN que solo es servir al ciudadano administrando JUSTICIA. Otra cosa son los honorarios a percibir, puesto que depende del caso y funcion, te puede tocar en suerte el caso que esta "ganado" de entrada o condenado a "perder" puesto que la postura es completamente incompatible con el ordenamiento juridico y avocada sus pretensiones al fracaso.
SIn embargo, una Proposicion del Congreso del año 2001 y el actual art. 435.2 de la Ley Organica del Poder Judicial dan plena validez ha esta olvidada:
CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA
34.- El ciudadano tiene derecho a denunciar ante los Colegios de Abogados o
de Procuradores las conductas contrarias a la deontología profesional y a
conocer a través de una resolución suficientemente motivada el resultado de la
denuncia.
35.- El ciudadano tiene derecho a conocer, a través del Colegio Profesional
correspondiente, si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción
disciplinaria, no cancelada, por alguna actuación profesional.
• Los Colegios respectivos establecerán un sistema para que el
ciudadano pueda conocer de forma efectiva las sanciones
disciplinarias, no canceladas, impuestas a un profesional en todo el
territorio nacional.
36.- El ciudadano tiene derecho a que los profesionales que le representen,
asesoren o defiendan guarden riguroso secreto de cuanto les revelen o confíen
en el ejercicio de estas funciones.
Un cliente informado.
37.- El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado
de la intervención del profesional elegido y la forma de pago.
• Los Abogados y Procuradores estarán obligados a entregar a su
cliente un presupuesto previo que
Publicado por: Panóptico | 30/03/2012 17:21:41
EStimado señor Yoldi: Vd y yo en eso no nos vamos a poner nunca de acuerdo, me parece. De todas maneras, que conste que yo no estoy en desacuerdo con el control que debe ser ejercido por la ciudadanía a unas personas que, solo en tanto en cuanto ejercen una función, encarnan un Poder del Estado. Pero recuerdo que, cuando se bajan de estrados, son seres de carne y hueso, con familia, hijos y amigos. Que, por ello, les debe ser aplicable el régimen de garantías que se aplica a cualquier otro funcionario (pues es lo que estatutariamente son) y que, desde luego, no carecen por completo de derechos fundamentales, incluidos intimidad y honor , que no por causualidad se regulan en el mismo artículo de la Constitución (18.1 ), que creo que ampara a todos, también a los jueces. Saludos
Publicado por: Luis Garcia | 26/03/2012 10:29:59
Hola a todos, queridos amigos. Les hago partícipes de mi felicidad por dos días de descanso excelsos tras una semana perra, perra. Grandes paseos por el campo, lectura sobre la vida de Cicerón, música de jazz tranquila, siestas de padrenuestro, pijama y orinal, que se decía antes, visita a museo (Fundación Mapfre) donde es muy recomendable la del fotografo que retrató el trabajo y la pobreza durante la revolución industrial y la construcción del Empire Estate Building, (no tanto el impresionista francés que completa la muestra), aperitivo en la terraza del Thyssen. No se puede pedir más. Casi me sentí vocal del Consejo. Solo casi, eh!.
Por lo demás, estoy muy de acuerdo con la mayoría. Y tengo alguna objeción a los comentarios de don Alfonso y del señor García, como no podía ser de otra manera, jajaja.
Mire don Alfonso, los titulares no son como los largos expresos europeos. Son concisos. No se puede poner CGPJ, hay que poner Consejo General del Poder Judicial, así que imagine cuando encima hay que precisar si se trata de la Comisión Permanente, la disciplinaria o el pleno. ¿Sabía usted que Constitucional, y por tanto, inconstitucional o inconstitucionalidad no entran en los titulares a una columna? No me diga que confundo a los pobres y sufridos jueces con esos crápulas de los vocales, según su criterio, porque le reto a que me busque un titular mejor con las mismas matrices, es decir letras, y con pocas emes, que ocupan el espacio de tres eles.
Personalmente, lo de los viajes de algunos vocales (porque no son todos, solo algunos) es intolerable. Viajes a Fatima y Lourdes con séquito y escolta, o a spas en la Costa del sol, o a visitas con la señora, por dos veces el Perito Moreno, además de la semana caribeña (eso de trabajar de martes a jueves a mediodía) o lo de ir a dormir a casa todos los días, cuando tu casa está en Barcelona, Valencia o Sevilla y la sede en Madrid. Es un escándalo.
Y el señor García y yo ya hemos tenido antes el debate sobre si los expedientes disciplinarios de los jueces deben ser transparentes o no. El dice que no, porque a los pobres se les estigmatiza y yo creo que sí. Ocupan un cargo público y la ciudadanía debe de saber para poder someterlos a control como toda la cosa pública. Absolutamente de acuerdo con el señor Flock. La honradez debe ser la pauta, antes que la imagen, pero es que para cuidar la imagen es imprescindible la honradez. Y no me vale que el señor García diga que los posibles expedientes laborales no son públicos. Mi empresa es privada y mientras mis faltas no afecten a los lectores, no tienen por qué saber si me he dado a la bebida en el puesto de trabajo, por ejemplo. Ser juez es un alto honor al servicio de la sociedad y por ello su conducta debe ser transparente, por mucho que al señor García no le guste.
Bueno, ya les he dado bastante el tostón. Saludos muy cordiales desde el insomnio.
Publicado por: José Yoldi | 26/03/2012 7:11:10
¡CGPJ : Insolidarios y Vividores! Qué se aprienten los demás el cinturón, con vosotros no va el tema de la Crisis, está claro.
Publicado por: Felizísima Fortuna | 26/03/2012 1:45:15
¡VERGÜENZA! Yo me moriria de eso, pero estamos en España y aquí ya se sabe. Y además no hay la libertad de expresion suficiente para decir lo que pensamos.
Publicado por: carlos | 25/03/2012 22:37:11
Ayayayay... Tal vez lo malicioso sea el titular: "el poder judicial...". A ver si nos aclaramos, porque de vocal del consejo a juez o magistrado de la calle, hay un buen camino. La noticia, aunque lo explicita en su texto, parece querer dar a entender que dentro del poder judicial (que según el 117 CE corresponde sólo a juzgados y tribunales, sin que el poder judicial como tal venga integrado por el Consejo; aunque esto es un ejercicio de retórica de por mi parte, claro está), los viajes son gratis. Convendría no confundir ni echar leña al fuego: los jueces no tienen viajes gratis, ni nada por el estilo. Sobre los expedientes disciplinarios, las memorias del CGPJ recogen los jueces que han sido sancionados; pero las sentencias condenatorias en vía penal se publican eliminado los nombres (vaya, que en principio nadie sabe el nombre de la persona condenada por violación o asesinato, por un derecho muy gordo que es la intimidad). Como señala el Sr. García, el 301 LECrim es uno de los preceptos más conculcados de nuestro ordenamiento; y en vez de apenarnos de que cosas así ocurran, la reacción parece ser la contraria. A modo de conclusión: los jueces no tienen viajes gratis (de pensarlo me parto de la risa) y las personas condenadas mantienen su anonimato, salvo por la "majestuosa" actuación de los periodistas de la prensa rosa o sensacionalista que se pasan por ahí la doctrina básica del TC sobre la intimidad. Un cordial saludo para todos
Publicado por: Alfonso | 25/03/2012 21:21:27
Por lo demas, convengo con vd en que efectivamente lo esencial es la honestidad y que el valor "confianza en la A de J" nunca puede quedar por encima de la necesidad de integridad y probidad de los jueces. Pero, en el sentido contrario, a veces se presenta como deshonesto a aquel que no lo es, y que busca rectamente la aplicación la Ley , a la que se supone que solo está sometido (de ahí la garantía de la independencia) y no a las presiones de los políticos y sus respectivas terminales mediáticas.
Publicado por: Luis Garcia | 25/03/2012 16:26:34
Estimado flok; comenzando por el final, le diré que las imputaciones no solo no son públicas, sino que son secretas para cualquiera que no sea parte en el procedimiento (cfr.301 Lecrim). La tramitación de un procedimiento penal es reservada , aun sin declaración expresa de secreto, que solo se refiere además a las partes personadas excepto MF (302 lecrim). Cuestión distinta es que, desdichadamente, en cuanto existe una actuación procesal de relevancia pública, se filtre a los medios por alguna parte o funcionario.
Segundo, las resoluciones sancionadoras firmes se archivan y se publican en recopilaciones. Antes era así, no sé si también ahora. En cualquier caso, existe la posibilidad de solicitar la cancelación de tales antecedentes.
Por último, le ruego que me diga un privilegio, tan solo uno, que a su parecer adorna a un juez o magistrado y que no disfrutan otros funcionarios. Igualmente, desearía que me dijera porque les considera una casta aparte, teniendo en cuenta la forma de acceso a la carrera, libre para cualquiera que apruebe una oposición. Saludos.
Publicado por: Luis Garcia | 25/03/2012 15:41:00
Luis García, dos objeciones:
Primero, según el artículo, todas las sanciones son secretas, incluidas las firmes. No es una cuestión de que no pudiera haber rectificación, es cuestión de ocultar que existe tanto el expediente como la sanción. Y eso en un colectivo que debería ser especialmente transparente, puesto que la sociedad les da un poder especial sobre los demás ciudadanos.
Segundo, lo que tú dices se aplicaría igual a cualquier proceso judicial o expediente, y es bien sabido que las imputaciones son públicas. ¿Porqué los jueces deben tener una protección especial? Siguen manteniendo unos privilegios que les ponen como una casta aparte, intocable y por encima de los comunes mortales.
Lo que es esencial en la judicatura es la honestidad, no sólo la imagen de ella. Y medidas como ocultar los posibles expedientes lo que hacen es dar la impresión de que todos tienen cosas que ocultar. ¿Es eso?
Publicado por: Flock | 25/03/2012 13:33:51
No hay que olvidar que España es la patria de Rinconete y Cortadillo, es dcir de la PICARESCA. Y se ha instalado en nuestra sociedad el espíritu del PATIO DE MONIPODIO
donde parece que el medrar a costa de los demás es un
mérito que añadir a los currículos, como vienen demos-
trando las urnas con machacona insistencia.Sólo nos faltan como noo hace mucho vimos, unos confesionarios
en serie para adquirir el perdón de los pecados.Amén.
Publicado por: GIORDANO BRUNO | 24/03/2012 17:47:56
Está visto que en este psís, hay tanta gente que "tira con pólvora de rey" que no me extraña que Bruselas acabe por intervenir nuestrss cuentas.Lo peor de todo es que
los que lo vamos a pagar somos a ser vuesarcedes y
no "las señorías" .
Publicado por: GIORDANO BRUNO | 24/03/2012 17:36:19
Malvado señor Yoldi: reconozco su vocación de servicio público al hacernos partícipes de los desafueros consejiles.Es lamentable por partida doble, pues lo que hacen los señores y sras de la calle Marqués de la Ensenada repercute en la imagen de un colectivo que ninguna culpa tiene (bueno, alguna puede que sí, por omisión) de lo amigos que son aquellos del lujo, el privilegio y el boato. Veanse los comentarios blogueros que afirman que estos señores "imparten justicia" o les llama "sus señorías", como si de verdad fueran todos jueces, ejercieran jurisdicción o los jueces realmente les hubieran elegido. Cada vez soy más partidario de dar la institución por fracasada y reformar la CE para que los jueces vuelvan a depender del Ministerio, como antaño. No perdería la imagen de independencia y la Hacienda ahorraría sueldos y dispendios astronómicos.
No obstante, creo que ya le expuse mi punto de vista en ocasión anterior acerca de lo inconveniente de dar a conocer a la opinión pública la existencia de expedientes disciplinarios pendientes de resolución. Por muy servidor público que se sea , también se tiene derecho a la intimidad y a la honorabilidad y, salvo que luego se informe al ciudadano con el mismo despliegue informativo de que el expediente ha sido archivado, su mero conocimiento causa un daño irreparable a una imagen que es esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional. Saludos
Publicado por: Luis Garcia | 24/03/2012 15:51:17
¿Pero qué clase de justicia pueden impartir quienes se quieren tanto a sí mismos a costa de despreciar -o más bien sobrepreciar- los bienes ajenos?
Publicado por: Stímulax | 24/03/2012 14:01:42
dejemonos de lloriqueos, exijamosles que viajen a costa de sus bolsillos y que mantengan el tren de vida que llevan con su sueldo y eso tambien va para sus mujeres, el que quiera desplazarse que lo haga en turista como todos o quiere decir que ¿el culo de los magistardos es un culo especial que no se puede sentar donde se sienta el mio?
Publicado por: oscar diaz | 24/03/2012 11:15:05
Peor que lo de no afinar en los gastos de viaje me parece eso de esgrimir "el daño a la imagen de la justicia " para justificar la opacidad. Eso tiene otro nombre: corporativismo puro y duro, algo demasiado frecuente y grave entre los jueces; son una casta aparte, nadie tiene derecho a valorar sus actos. Residuos del "ordeno y mando" inapelable.
Publicado por: Observador | 24/03/2012 10:25:02
Hombre, los 100.000 + € al año no preocupan mucho, ya los quisiera yo, están controlados. Lo que preocupa son las cuentas de gastos no controladas, las "semanas caribeñas" (¡qué poético! me gusta), las Visas "que no existen", etc etc
Todo eso SOLO "lo usan" nuestros gobernantes y regidores.
¿Lo controlará la Ley o solo será otra declaración de intenciones?
Publicado por: Pep | 24/03/2012 9:51:43
Mala imagen para la justicia !!!! Significa que saber si un juez está sancionado o no está sancionado, el saberlo, es como enseñar los trapos sucios del CGPJ, que han de ocultarse sin airear, una medida plausible si para la educación familiar, pero no para la ciudadana, esa que prevalece sobre la familiar cuando los trapos sucios no son de la familia sino del vecino, de otro ajeno a la familia encargado además de lavar los trapos de la justicia, que pública, no familiar. Si la publicidad de los trapos sucios del CSPJ, se guardan como si fuesen privados, se está apropiando de los trapos públicos como si fuesen de él, del Consejo PPPPP úblico del PPPPPPoder Judicial.
Publicado por: un jubilado | 24/03/2012 9:29:40
"Con la Iglesia hemos topado querido Ciudadano"..Desfachatez y prepotencia en un colectivo clave para la normalización y buena convivencia de los Ciudadanos que deberían ver en la justicia actos ejemplares y buena disposición en su modo de vida...Una vez más..estos "sus señorías"...marcan diferencias a cargo del contribuyente, que cada vez confía menos en su labor...LAMENTABLE.
Publicado por: Utielyague | 24/03/2012 9:29:38