Un camposanto de dinosaurios

Sede del Tribunal de Cuentas. Foto: José Yoldi

Se imaginan un órgano de control al que técnicamente no controla nadie, pero que no controla nada? Sí, su función deviene inútil.

El Tribunal de Cuentas, al igual que otros órganos constitucionales —como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional— está pendiente de renovación desde hace año y medio, cuando los consejeros concluyeron su último mandato de nueve años. Sin embargo, PP y PSOE habían llegado al compromiso de renovar sus miembros antes del día 30 de este mes, aunque, que se sepa, todavía no se han reunido.

<p><br />Los consejeros de cuentas son 12, de los que la mitad son designados por el Congreso y la otra mitad por el Senado, que los eligen por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, magistrados, abogados, economistas, etcétera, de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional.
La Constitución y otras leyes definen al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, y constituye una sección de enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Además, controla las finanzas de los partidos y de los procesos electorales. Depende directamente del Parlamento, aunque no sea un órgano propio del mismo.

Esa es la teoría, porque la práctica rebaja mucho esas expectativas. De hecho, es una institución que legalmente goza de gran independencia y que debería ser técnica, pero que, sin embargo, como señala el informe sobre integridad institucional de España, elaborado por la organización mundial anticorrupción Transparency Internacional, está influenciada, cuando no manejada, por los dos grandes partidos políticos, “que no podían permitir que un órgano de esta importancia quedara fuera de su control”. Aunque tiene recursos suficientes y personal preparado, “no es suficientemente eficaz en el control de la eficiencia y eficacia del sector público, dado que se limita a controles muy formales”. Este supremo fiscalizador nunca ha hecho nada ni en temas de endeudamiento ni de déficit público. Podría haber propuesto la destitución de gestores, pero tampoco lo ha hecho nunca.

El control de su gasto interno es una entelequia. Tamaña función está encomendada a un interventor, al que curiosamente nombra y puede remover libremente el pleno del Tribunal.

Sin embargo, una de sus actividades más inútiles es la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La banca financia a las formaciones políticas con representación parlamentaria con préstamos que luego no reclama, pero nunca pasa nada. Y ¿por qué? Pues porque es norma de la casa que en todos los informes de fiscalización de partidos haya co-ponencias, es decir, que haya dos ponentes, uno designado por el PP y otro por el PSOE. Alguien debió pensar que para que no hubiera sorpresas era mejor prevenir.

El citado informe de Transparency señala que el control financiero de los partidos es muy débil en lo que respecta a ingresos que proceden de fuentes privadas e incompleto en lo referido a las fuentes públicas. Habría que solucionar las lagunas legales existentes y asegurar un organismo supervisor independiente que realizara un control adecuado. “Una mejora en este ámbito sería esencial para la lucha contra la corrupción”, concluye el informe.

El tribunal, además, debería incorporar una auditoria anual de gestión económico financiera, y de eficacia de los órganos públicos, así como evitar el retraso crónico en los informes que realiza, precisa Transparency.

Los consejeros no tienen edad de jubilación ni límite de mandatos, lo que ha propiciado que el Tribunal se haya convertido en un codiciado camposanto para dinosaurios. Ubaldo Nieto de Alba, de 81 años, lleva 30 años en la institución; Juan Velarde, de 85, es consejero desde hace 20 y Ciriaco de Vicente, de 75, desde hace 21. Rafael Corona y Manuel Nuñez, de 78 años cada uno, llevan 10 años en el Tribunal. Si resultaran reelegidos podrían estar en el cargo hasta los 90, 94, 85, 88 y 88 años, respectivamente. Ya lo decía Picasso: “Uno comienza a sentirse joven a los 60 años, pero ya es demasiado tarde”.

En tiempos de crisis, ganan 112.000 euros anuales más antigüedad y disponen de coche oficial, dos secretarias y 6.000 euros anuales de gastos protocolarios por consejero. Una bicoca. Noel Clarasó sostenía que "el mejor modo de resolver una dificultad es no tratar de soslayarla".

¿No creen que ya va siendo hora de que alguien abra las ventanas y ventile el aire asfixiante de camposanto de dinosaurios?

 

ANEXO: Retribuciones netas de los Consejeros del T. Cuentas 2012.
(Después de las deducciones por impuestos y seguros sociales)

En principio y como norma general, todos los consejeros de cuentas cobran las misma retribuciones, tengan el cargo que tengan (El presidente cobra igual que un consejero adscito a un departamento del tribunal).

Cobran 14 mensualidades que varían en función de la antigüedad, así van desde los 5.419 euros mensuales netos el consejero que menos cobra, a los 6.190 euros mensuales netos, el que más percibe. Los trienios de antigüedad son del mismo nivel que los de los magistrados del Tribunal Supremo, los más altos de la Administración.

Además, disfrutan de una partida de gastos de representación y protocolo de 6.000 euros anuales por consejero. También se les pagan los gastos ocasionados con motivo de viajes oficiales. Tienen dos secretarias cada uno y coche oficial con conductor.

Cuatro de los 11 consejeros que actualmente integran el Tribunal (Lluis Armet, Ciriaco de Vicente, Ana Pérez Tórtola y Luis Martínez Noval) viajan regularmente los fines de semana a otra residencia fuera de Madrid, corriendo por cuenta del Tribunal de Cuentas los gastos de transporte, que en algunos casos ascienden a 2.500 euros mensuales. Estos viajes se realizan habitualmente a Barcelona, Salamanca, Valencia y Oviedo.

Tocata y fuga a la francesa

Carlos Dívar, el príncipe Felipe y el ministro Alberto Ruiz Gallardón. Foto: Reuters

 

Las modas cambian, pero a lo largo del siglo XVIII entre los aristócratas franceses hizo furor una costumbre que consistía en salir de una ceremonia o una reunión sin despedirse de nadie, ni siquiera de los anfitriones. La moda llegó a estar tan arraigada que incluso se consideró que el saludar al marcharse de una velada era un síntoma de mala educación. No había problema en que se insinuase la necesidad de partir mirando insistentemente el reloj, pero en ningún caso era de recibo que el invitado se despidiera del dueño de la casa o del anfitrión de la fiesta.

Esa moda originó en Francia el “sans adieu” (sin adiós), que en España pasó a denominarse como despedida a la francesa.

Carlos Dívar, que ayer renunció a sus cargos de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, realizó ayer una despedida a la francesa.

El sábado pasado, los vocales le habían comunicado que había perdido su confianza como consecuencia del asunto de los 32 viajes de fines de semana largo a Puerto Banús y otros destinos turísticos y que esperaban que dimitiera para no perjudicar más a la institución. Los miembros del Poder Judicial dieron por supuesto que tras las celebraciones del Bicentenario del Tribunal Supremo, Dívar presentaría su dimisión.

El todavía presidente dijo lamentar lo ocurrido por lo que afectaba a la carrera judicial, pero en ningún momento mostró el menor signo de arrepentimiento. A su entender no había hecho nada ilegal. No se le ocurrió decir que se había equivocado, ni que rectificaría en el futuro porque todo lo atribuyó a una campaña de desprestigio contra él. Y hasta se lo debió creer.

El caso es que Dívar todavía seguiría en el Consejo si hubiera dicho que se había equivocado y hubiera devuelto el dinero con el que pagó sus salidas turísticas de fin de semana, si hubiera pedido perdón y hubiera anunciado su propósito de rectificar. La división de fuerzas en el Consejo, aunque solo fuera para no apoyar a la facción contraria, no hubiera permitido su caída.

Fue precisamente su empecinamiento en no dar explicaciones ni a los vocales ni a la prensa, o en dar explicaciones poco realistas —20 viajes a Puerto Banús son difíciles de justificar con actividades oficiales— las que acabaron con su trayectoria en el Consejo. Porque tras señalar primero que uno de los viajes a Bilbao se justificaba por asistir a una toma de posesión, se descubrió que ese acto fue en otra fecha, y para cubrirse alegó que había sido invitado por el Gobierno de Cantabria. El desmentido de su expresidente Miguel Ángel Revilla, dejó al aire sus vergüenzas.

Seguramente, la Asociación Preeminencia del Derecho no recurrirá en súplica la decisión de la Sala Penal del Supremo de archivar la querella contra él, y ya no se perseguirá penalmente su actuación, pero la frialdad con la que fue despedido —en ausencia— del Tribunal Supremo y la postura de los vocales que iban a exigir su remoción si no llega a renunciar, marca la tristeza de un final que nunca debió ser de esa manera.

Ayer, Carlos Dívar, pasadas las 12 horas, salió del Consejo para no volver, cuando su sustituto iniciaba la rueda de prensa. Toda una fuga a la francesa, sin despedirse y por la puerta falsa.

El presidente que nunca debió ser nombrado

Apertura del año judicial de 2011. De izquierda a derecha: Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala Civil; Francisco Caamaño, entonces ministro de Justicia; Carlos Dívar, presidente del Supremo y del Poder Judicial; Cándido Cónde-Pumpido, entonces fiscal general del Estado, y Juan Saavedra, presidente de la Sala Penal.

El primer presidente del Tribunal Supremo que en 200 años se ha visto obligado a dimitir nunca debió ser nombrado. Fue uno de los mayores errores de José Luis Rodríguez Zapatero, que, en un alarde de consenso, pactó con Rajoy la designación de Carlos Dívar, un tipo conservador, con un sentido religioso casi mesiánico, sin ninguna talla jurídica ni política, que fue recibido con las mismas dosis de sorpresa y chirigota en el Tribunal Supremo y que en el Consejo del Poder Judicial siempre votó en contra de los intereses de los socialistas. Como se ve, todo un acierto.

Porque toda la judicatura sabía en 2008 quién era Dívar, que por aquellas fechas presidía la Audiencia Nacional. Tanto es así que cuando se hizo público su nombramiento en el Supremo se recibió con rechifla. Varios magistrados comparaban la designación de Dívar, que no era uno de los suyos porque no tenía la primera categoría de la magistratura, con la Cirilo Cánovas, ministro de Agricultura en el octavo Gobierno de Franco, y recordaban la anécdota del telegrama -“Te juro por la memoria de mamá que a Cirilo lo han hecho ministro”- con el que el 25 de febrero de 1957 el estupefacto hermano del nuevo ministro notificaba a su hermana lo que consideraba un notorio disparate.

La sorpresa fue general en toda la carrera judicial, porque hasta entonces, todos los que habían ocupado el cargo habían sido o magistrados del alto tribunal o catedráticos de universidad de reconocido prestigio. Sin embargo, Dívar no parecía reunir las teóricas características que debe tener un presidente del Supremo. Nunca ha puesto una sentencia, ni ha formado parte de ningún tribunal colegiado. Tampoco tiene la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, circunstancias teóricamente importantes. Tampoco se le conocen artículos o publicaciones por los que haya destacado en el campo del Derecho. Eso sí, con esos condicionantes fue presidente de la Audiencia Nacional durante siete años y, anteriormente, durante otros 21, luchó contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado como juez central en el citado órgano.

Malagueño, de 70 años, soltero y próximo al Opus Dei, estudió Derecho en Deusto y Valladolid y ejerció como juez en Castuera (Badajoz) y Orgaz (Toledo) antes de llegar a la Audiencia Nacional. No pertenece a ninguna asociación judicial, aunque sus profundas convicciones religiosas y su pensamiento cristiano más tradicional le sitúan ideológicamente próximo a los postulados del PP.

Sin embargo, Dívar supo venderse con éxito. Disciplinado y respetuoso con el poder, hizo gala de sentido institucional. Tanto es así que informaba por igual de lo que ocurría en la Audiencia a los ministros del Interior del PP y del PSOE, y tenía buenas relaciones con representantes de todas las opciones políticas democráticas, a los que invariablemente aseguraba que rezaba por ellos, lo mismo que también repetía a otros magistrados, fiscales, funcionarios o periodistas.

Su trato es extremadamente afable y melifluo, por lo que se pensó que podía generar consensos desde su nuevo puesto, lo que evidentemente en los más de tres años que ha presidido el Consejo del Poder Judicial no se ha producido.

Dívar vive de forma exacerbada la religión y, además de peregrinar regularmente a Palestina, en estos tres años de mandato ha visitado varios santuarios marianos, como Fátima y Lourdes, y ha hecho ejercicios espirituales en Roma. Precisamente a la virgen de Fátima, y no a la casualidad o a la suerte, atribuye que su conductor eligiera un itinerario distinto para ir desde su domicilio a la Audiencia Nacional, cuando un 13 de mayo ETA preparó un atentado contra él en el recorrido que solía hacer habitualmente.

Ha dado conferencias acerca del “testimonio cristiano en la vida pública” en el Arzobispado de Madrid y en la página web de la Hermandad del Valle de los Caídos puede todavía encontrarse un escrito suyo titulado “Justicia y Juan Pablo II”, en el que tras reflejar su coincidencia de pensamiento con el del anterior Papa sobre temas como la justicia divina, los derechos de Dios, la independencia judicial, los nacionalismos, la dignidad del ser humano, los emigrantes y refugiados, el matrimonio, la familia y el aborto, concluye: “Sólo en amar a Cristo y hacerle amar, en una vida coherente y cabal, se encuentra la única y verdadera Justicia”.

Dívar ha gozado de una vida divina y suele huir de los problemas como del mismísimo diablo, pero de lo que no ha podido huir es de la justificación de esos 32 viajes de fines de semana caribeños disfrutados en los tres años de presidencia del Consejo y que ha cargado en su mayoría a los presupuestos de la institución. Nadie se cree que haya ido 20 veces a Puerto Banús por motivos oficiales, y las coartadas ofrecidas sobre los otros 12 viajes de fin de semana de cuatro días a Galicia, Barcelona, Mallorca o Cantabria se han desmoronado como azucarillos en agua. Incluso el ex presidente Miguel Ángel Revilla afeó su conducta al señalar que nunca le invitó, en contra de lo que había dicho Dívar, y que fue este quien pidió entradas gratis para visitar la cueva de El Soplao.

Ahora se ha convertido en el primer presidente del Supremo y del Poder Judicial obligado a dimitir por indignidad. Nunca debió ser nombrado.

197 años de historia y tres de presidencia de Dívar

Nunca antes el Supremo había tenido una imagen tan deteriorada

 

Entrada de la Torre Tavira, primera sede del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo celebra hoy con pompa y boato el bicentenario de su creación con su presidente, Carlos Dívar, en entredicho. Seguramente, en esos 200 años de historia, el tribunal ha vivido momentos más convulsos, en periodos de guerra o dictaduras, sin embargo, ni los más viejos del lugar recuerdan un momento de tanto desprestigio del tribunal y de falta de confianza de los ciudadanos en la justicia.

A todo ello no ha sido ajeno el hecho de que el presidente de la institución, en tiempos de crisis y con más de cinco millones de parados en el país, se haya marchado hasta 32 veces de fines de semana caribeños, de cuatro días o más, 20 de ellos a Puerto Banús, haya cargado alrededor de 30.000 euros a los bolsillos ya exhaustos de los españoles y haya intentado hacernos creer que eran gastos de servicio por asuntos oficiales, cuando no eran más que jornadas de turismo y relax.   

Que alguien abuse de los recursos del cargo y que se resista a dejarlo aunque se lo hayan pedido o exigido todas las asociaciones judiciales, 17 jueces decanos y más de 20.000 personas es algo que el público comprende. Pero lo que no comprende es que 11 de los 15 hombres justos de la Sala Penal del Supremo, —por cierto, ¿tan malas son las mujeres que ni una sola puede integrar esa sala?— decidan no investigar los hechos. Porque la doctrina señala que para admitir una querella e iniciar una investigación solo hace falta una descripción de conductas que tengan visos de ser delito. Y lo podrán calificar como quieran, pero hacer pasar por gastos de servicio facturas que no lo son tiene todo el aspecto de falsedad documental, y en la sentencia sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior ya se estableció que utilizar para fines propios los recursos que por el cargo se dispone constituye un delito, aunque esos fondos por su propia naturaleza no tengan que estar sujetos a control. Es decir, una cosa es que sean reservados y otra que te los puedas quedar, o lo que es lo mismo, los gastos de protocolo tienen como finalidad agasajar a otras autoridades por actos oficiales, no para que te regales vacaciones en Puerto Banús, Mallorca, La Toja, Santillana del Mar, etc. Y eso que esto solo son los viajes de fin de semana y todavía no han salido los de Fuerteventura, Lourdes, Fátima, Roma o los de Iberoamérica.

A raíz de la absolución del ex presidente valenciano Francisco Camps, por el asunto de los trajes, uno de los comentarios más extendidos entre los jueces era que este no habría sido absuelto si, en lugar de un jurado popular, hubiera sido juzgado por magistrados profesionales. Nunca lo sabremos, como tampoco sabremos si un jurado popular hubiera llegado a condenar a Dívar por los viajes de lujo de fines de semana caribeños, en lugar del respaldo que 11 de sus 15 colegas le han brindado al archivar la querella contra él. ¿Habrá que cambiar la ley para que a los jueces les juzgue un jurado popular y no ellos mismos?

El caso es que el Supremo se ha desgastado en decisiones polémicas, como la absolución de Botín y la condena de Atutxa, por una interpretación diferente del mismo precepto legal. Seguramente no tiene nada que ver, pero entre uno y otro caso existía la sutil diferencia de que el patrón del Santander patrocina muchos de los cursos en los que participan los magistrados del Supremo, mientras que el expresidente del Parlamento Vasco había desafiado a tan excelsos próceres ya que se había negado a cumplir la orden de disolver el grupo parlamentario afín a Batasuna.  

Y este año el alto tribunal ha consumado su divorcio del sentir de la ciudadanía tras arrastrar por el fango al juez Garzón, en tres procesos cuyos tiempos ha manejado con maestría —juzgó primero el más reciente— y en el que le ha condenado por las escuchas de la Gürtel, un caso de corrupción que ha afectado a varios altos cargos y a la financiación del Partido Popular. Con un gran mensaje para el que quiera escuchar: Cuando todavía no se ha juzgado la trama de corrupción, ya se ha expulsado de la carrera al juez que la investigó.

Desde el Supremo se recuerda que nadie está por encima de la ley, y desde la calle apostillan: sobre todo si has molestado al Supremo.  

El caso es que hoy, 45 presidentes después de que Ramón Posada-Soto liderara el primer Tribunal Supremo en 1812, veremos al frente de la celebración —el Rey ha modificado su agenda y viaja a Yedda, en Arabia Saudí— a un personaje a punto de la dimisión por indignidad, pero que todavía se empecina en sostener que todo lo ha hecho bien y ni siquiera ha sido capaz de decir “Lo siento. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”, lo que hubiera marcado el primer síntoma real de arrepentimiento.

Un tipo que pretendía hacernos creer que fue a Cantabria invitado a un acto oficial y resulta que fue él quien llamó para pedir entradas gratis para visitar la gruta de El Soplao, porque los gastos del viaje nos los endosó a todos.

Ya ven, un bicentenario: 197 años de historia y tres de presidencia de Dívar.

 

 

La carambola de la salida honorable

Hay ocasiones en que las soluciones se buscan y otras en las que salen de carambola. Poco antes de empezar el pleno en el que se iba a debatir la dimisión de Carlos Dívar como presidente del Supremo y del Poder Judicial los cinco vocales integrantes de la Asociación Profesional de la Magistratura acudieron a visitarle a su despacho para explicarle que su situación era insostenible, que estaba perjudicando a la carrera judicial y a la credibilidad del propio Consejo y que ya no le iban a respaldar.

Dívar supo así de primera mano que el respaldo ofrecido desde el Ministerio de Justicia y el Partido Popular, apoyado por editoriales de algún periódico que aseguraba que no había ninguna razón para que dimitiera, no iba a resistir los dos meses más de plazo que le habían prometido que se mantendría en el cargo.

Sin embargo, los jueces conservadores se oponían frontalmente a que la dimisión de Dívar, como consecuencia de haber cargado a los presupuestos de la institución los gastos de viajes de 32 fines de semana aparentemente privados, se produjera durante un pleno convocado por los vocales progresistas encabezados por Margarita Robles y por el vocal denunciante José Manuel Gómez Benítez.

Nada menos que 14 vocales se oponían a que Robles y Gómez Benítez cantaran victoria, por considerar que ellos eran parte del conflicto que habían provocado y no podían convertirse en la solución del mismo.

Con esa premisa como punto de partida, el vocal Manuel Torres Vela, asociado a la moderada Francisco de Vitoria, expuso varias ideas que se resumían en lo siguiente: Dívar debía abandonar la presidencia porque su situación y el deterioro del Consejo y del Supremo por esta causa es máximo. Por tanto, se le ofrecía la salida honorable de que presida los actos  del Bicentenario del Supremo y que el jueves, en el pleno ya convocado, presente su dimisión.

Torres Vela advirtió de que cualquier maniobra por parte de Dívar para evitar cesar daría lugar a una votación de remoción que contaría con amplísima mayoría. Robles no ganaba y de carambola, el todavía presidente podía planificar su salida elegante.

Dívar suele citar al poeta y novelista mexicano Amado Nervo: “La mayor parte de los fracasos nos viene por querer adelantar la hora de los éxitos”.

Las fisuras en la coartada de Dívar enconan la batalla en el Poder Judicial

La sospecha sobre las irregularidades en la conducta del
presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, por el supuesto uso de
dinero público —cerca de 30.000 euros en tres años— para gastos privados —32
viajes y estancias en hoteles durante largos fines de semana—, se extiende
entre los vocales que le sostienen en el cargo. Hasta el punto de que Dívar
será sometido de nuevo esta semana a otro pleno de censura, ya que cinco
vocales lo han instado para pedir su dimisión o cese, y debe ser convocado en
un plazo de 72 horas.

Los miembros del Poder Judicial, jueces y fiscales en su
mayoría, conocieron ayer otros 12 viajes de fin de semana de Dívar (que se
iniciaban el jueves o el viernes) para acudir supuestamente a actos o reuniones
oficiales que duraban unas horas endosando el gasto de cuatro días de estancia
en hoteles (algunos, los más caros de la ciudad donde se hospedaba) a los
presupuestos del organismo que dirigía.

Si 13 de los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial así
lo decidieran, podrían destituir a su presidente, según establece la Ley
Orgánica del Poder Judicial. “El presidente del Supremo y del Poder Judicial cesará
a propuesta del pleno del Consejo del Poder Judicial por causa de notoria
incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciada por tres
quintos de sus miembros”.

En algunos de los nuevos viajes conocidos —hay otros 20,
todos a Marbella, que han provocado una querella contra Dívar cuya admisión a
trámite dilucidan hoy 15 jueces del Supremo fuertemente divididos— la
información facilitada a El Mundo como justificación, sobre fechas y lugares no
coincide con lo que ocurrió en realidad.

Hasta el punto de que el Poder Judicial se vio obligado ayer
a aclarar que el supuesto viaje a Bilbao para la toma de posesión del
presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco —ocurrida dos meses
antes de la fecha del viaje de Dívar—, era en realidad una invitación de la
Consejería de Turismo de Cantabria al presidente del Supremo para visitar
Santillana del Mar, aunque el expresidente de la comunidad Miguel Ángel Revilla
desmintió ese extremo. Sin embargo, en la documentación oficial sobre ese
periplo figura que Dívar se pagó los gastos de desplazamiento (645 euros),
alojamiento (222), manutención (99) y atenciones protocolarias (77) a otras
personas.

En las justificaciones aportadas se señala un gasto de
dinero público de 2.000 euros para impartir una conferencia en el colegio mayor
Arosa, de Santiago de Compostela, entre el 18 de junio y el 20 de junio de
2010. Pero, la conferencia, titulada “El fundamento de la Justicia en el Estado
de Derecho”, se celebró el 22 de noviembre.

Es cierto que Dívar apadrinó a la promoción de Deusto pero
el acto se celebró el 11 de marzo de 2010 y no el 18, como asegura en la
justificación de uno de los viajes. Dívar también cargó gastos al Consejo  por un viaje realizado a A Coruña entre el 2
y el 4 de octubre de 2010 para acudir a las jornadas de presidentes de las
Audiencias Provinciales e inaugurar la exposición Las Huellas de la Justicia en
el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ambos actos se celebraron el lunes
día 4 de octubre, pero Dívar endosó al CGPJ el fin de semana completo en A
Coruña en los que no consta ningún acto oficial, informa José
Precedo.

En la justificación ofrecida se cita otro fin de semana
largo en Palma de Mallorca (de jueves a domingo de mayo de 2010) en el que
supuestamente Dívar se habría reunido con el presidente del TSJ de esa comunidad. Dívar llamó el miércoles de esa semana para quedar, el viernes, con el alto cargo judicial balear. Sin
embargó, cargó a la cuenta del Consejo General del Poder Judicial 1.752 euros
por sus cuatro días de estancia en la isla, hospedado en el hotel Valparaíso.

Otro viaje de cuatro días, que no ha desmentido el Consejo,
tuvo como justificación una visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia, cuya relación con la administración de la Justicia es nula. El gasto
en ese caso fue de 1.928 euros.

Entre 2008 y 2011, Dívar viajó fuera de Madrid coincidiendo
con 29 fines de semana. Cada mes prácticamente había uno de esos viajes donde
el presidente del Supremo aludía a algún acto oficial que duraba unas horas en
un día determinado para quedarse en la ciudad a la que viajaba entre tres y
seis días.

En Oviedo, donde asistió a unos jornadas sobre presidentes
de audiencias provinciales, se hospedó en el hotel más caro (Reconquista) a
razón de casi 500 euros la noche, precios sólo vigentes para las habitaciones
de mayor lujo del establecimiento.

Algunas de las justificaciones dadas por Dívar a la Fiscalía
General del Estado sobre sus desplazamientos han sido desmentidas por los altos
cargos a los que supuestamente fue a ver (alcalde de Málaga, alcaldesa de
Marbella, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz…). Pese a ella, la
Fiscalía prefirió no comprobar si eran ciertas las justificaciones porque, según
destacó, la normativa del Consejo del Poder Judicial no obliga a sus miembros a
justificar el motivo de sus viajes ni las personas en las que gastan dinero
público por atenciones protocolarias.

Dívar pasó como gastos protocolarios las cenas privadas con su jefe de seguridad

Es policía de la escala básica y desempeña funciones mucho más cualificadas

 

Jerónimo Escorial, ayudante personal y jefe de seguridad del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, es la persona que compartió con él muchas de las cenas en restaurantes de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga), según confirman fuentes del Consejo, de la Audiencia Nacional y del equipo de seguridad del presidente.

Dívar, al ser preguntado al respecto, dijo textualmente: “No era así”, pero no dio más explicaciones, y se remitió a la oficina de prensa del Consejo, que desde hace 10 días se ha negado a responder si Escorial era el segundo comensal. El jefe de seguridad, por su parte, no quiso hacer ningún comentario.

En la comparecencia ante la prensa, del 30 de mayo, Dívar aseguró que la persona con la que había cenado “tiene carácter público y oficial y no responde a relaciones personales”. Pero se acumulan los datos en contra.

En muchas ocasiones, el jefe de seguridad pasaba gastos por comidas, pero no por cenas, en las fechas en las que tenían lugar esas citas para dos comensales en restaurantes de lujo como el Marbella Club o Puente Romano.

Por ejemplo en el viaje entre el 3 y el 7 de febrero de 2011, Escorial solo pasó gastos de cena el día 3, pero no el día 4 (cena en Villa Tiberio), ni el día 5 (en el Marbella Club). También, en el viaje del 8 al 12 de septiembre de 2011, Escorial solo pasó gastos por cena el día 8, pero no los días 10 (cena en el Marbella Club) y 11 (cena en Puente Romano).

Se da la circunstancia, además, de que escenas en las que aparecía este ayudante del presidente y que le acompaña en todos sus viajes, tanto en España como en el extranjero, habían sido retiradas la semana pasada de al menos cuatro vídeos de viajes oficiales a Colombia, Panamá, República Dominicana y Chile.

La explicación ofrecida desde el Consejo fue que varios medios trataban de obtener imágenes de una de las personas que suelen acompañar al presidente en todos sus viajes y que, según algunas fuentes, podría haber sido la persona que habría compartido las cenas en restaurantes de lujo con Dívar.

Desde el Consejo se indicó que los vídeos se repondrían cuando se hubiera pixelado el rostro del asistente, porque es miembro de los Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que no se había tenido en cuenta al publicar el vídeo original. Luego se eliminaron las escenas y, finalmente, cuando este periódico anunció su intención de publicar la maniobra, se volvieron a subir a internet todos los vídeos originales.

Jerónimo Escorial lleva más de 15 años en el servicio de escolta de Dívar y es una persona de su absoluta confianza. Es un policía nacional de la escala básica, pero su ascendiente con Dívar le ha llevado a desempeñar funciones muy por encima de su cualificación profesional y hasta a sentarse en mesas oficiales en viajes institucionales.

Empezó a su servicio cuando Dívar era juez central número cuatro en la Audiencia Nacional. Luego amplió sus funciones a jefe de sus escoltas cuando el magistrado fue nombrado presidente de la Audiencia Nacional. Al ser elegido presidente del Supremo, Dívar se lo llevó como su jefe de seguridad, título al que añadió el de ayudante personal, como figura en su tarjeta de presentación.

Durante todos estos años en los que ha estado al servicio del presidente, ha obtenido cinco condecoraciones. Así, entre 1996 y 2005, Escorial fue galardonado con una medalla al mérito policial con distintivo blanco. Otra, al mérito de la Guardia Civil. Además, fue condecorado con dos cruces de San Raimundo de Peñafort. Una de ellas es de categoría sencilla y la otra, distinguida. En 2010 le fue concedida la medalla al mérito policial con distintivo rojo. Este galardón conlleva una pensión del 10% de aumento en su salario de por vida.

Rótulo

 

Dívar viajó otras 12 veces en fines de semana largos

Los 15.185 euros de gastos se cargaron al presupuesto del Consejo

 

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, viajó, además de los 20 viajes de fines de semana de cuatro días a Puerto Banús (Marbella, Málaga), otras 12 veces en fines de semana largos a Barcelona, Bilbao, A Coruña, Santiago de Compostela, Oviedo, Valencia y Palma de Mallorca, según una nota de servicio interior de esa institución a la que ha tenido acceso este periódico.

Dívar cargó al erario gastos de desplazamiento en todos los viajes, así como alojamiento y manutención, también en todos los periplos menos en uno, a Santiago de Compostela en junio de 2010 Descargar 2012 06 11 NSI a Celso docuemntación doce nuevos viajes pte

También pasó gastos por atenciones protocolarias en todos los viajes, salvo en uno a Barcelona, en marzo de 2009 y en otro a Galicia, en octubre de 2008.

Los importes por desplazamiento del presidente ascendieron a un total de 6.618 euros. Los gastos por alojamiento alcanzaron la cifra de 4.876 euros y los de manutención, la de 2.291 euros. Las atenciones protocolarias de diez de los viajes se elevaron a 1.398 euros.

Los gastos de los nuevos viajes del presidente Dívar y la documentación que los soporta habían sido solicitados por el vocal José Manuel Gómez Benítez a la Secretaría General, que custodia la documentación. El vocal tuvo que esperar varios días a que le proporcionaran la documentación, pero finalmente se le informó que los originales habían sido entregados al presidente. Gómez Benítez, en una nota de servicio interior dirigida al secretario general, Celso Rodríguez Padrón, se queja de que Dívar ha retenido la documentación en su poder —“ilegalmente, ya que se trata de documentación oficial del Consejo, no del presidente—, sino que, además, no ha permitido que sea fotocopiada”.

El vocal señala que en esas circunstancias no solo se intenta impedir o retrasar que acceda a la documentación hasta después de que se celebre el pleno de la Sala Segunda que tiene que decidir sobre la admisión a trámite de una querella contra el presidente por sus viajes a Marbella, sino que “es posible cualquier manipulación de la documentación soporte”. Gómez ha pedido al presidente que explique los fines de esos viajes. 

Stalin pernocta en el Poder Judicial

El Consejo borra huellas y "limpia" vídeos para eliminar el rastro de un "ayudante personal" de Dívar

 

 “A veces parece que fue una lástima que Noé y todos los de su grupo no perdiesen el barco”, decía el escritor Mark Twain, a principios del siglo XX, con una ironía rayana con el sarcasmo, porque en demasiadas ocasiones la conducta de los humanos rebasa el nivel máximo tolerable de estupidez.

Iósif Stalin, que gobernó con mano de hierro la Unión Soviética durante los años treinta y cuarenta del siglo pasado, hasta su muerte en 1953, pasó a la historia por sus famosas purgas, en las que físicamente exterminaba a sus adversarios políticos —unos 700.000 fusilados— y uno de cuyos ejemplos más conocidos fue Trotsky, asesinado en 1940 en México por el estalinista Ramón Mercader. Sin embargo, la eliminación física de los rivales no era suficiente, porque quedaba la memoria. Por eso, durante todos esos años, el régimen comunista se encargó de borrar toda huella del pasado que pudiera ser comprometida y de reescribir la historia.

Así, el nombre del disidente que caía en desgracia era suprimidos de libros y enciclopedias y las fotografías en las que aparecía con Stalin o con otros líderes del partido o del Gobierno eran trucadas oficialmente y de forma inmisericorde. Del tipo no quedaba ni rastro como se puede apreciar en las imágenes que ilustran la página. En la primera, se puede apreciar a Nikolái Yezhov, a la derecha, que era comisario político y mano derecha de Stalin (con la mano en el pecho dentro del abrigo) en la etapa de la Gran Purga, entre 1936 y 1938. Mólotov y Voroshílov aparecen junto a Stalin. Sin embargo, Yezhov cayó en desgracia y fue ejecutado en 1940, por lo que la imagen fue retocada y su figura suprimida.

En los últimos días, el Consejo General del Poder Judicial, que se ha convertido en una caja de sorpresas, parece haber decidido emular los procedimientos de Stalin.

El jueves pasado decidió retirar de internet —en un principio la retirada era definitiva, pero luego solo fue de unas horas— cuatro vídeos de viajes internacionales de Dívar a Colombia, República Dominicana, Panamá y Chile. Fuentes del Consejo explicaron que con la medida trataban de evitar que algunos medios de comunicación obtuvieran imágenes de una de las personas que suele acompañar al presidente del Supremo en todos sus viajes y que, según algunas fuentes, podría haber sido la persona que había compartido cenas de lujo con él.

Este periódico y algún diario digital, como vozpópuli,  ya habían publicado fotos del personaje, aunque sin identificarle. Desde el Consejo explicaron que los vídeos se repondrían, pero con la cara de esta persona pixelada por tratarse de un miembro de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, en ninguno de los vídeos la cara del policía se retocó, sino que, como en las fotos de la Unión Soviética, simplemente se eliminaron escenas en las que aparecía, como una del vídeo de Colombia, en la que el presidente y su séquito bajaban por una escalera en Cartagena de Indias. Al final, y al conocer que este periódico iba a informar del escándalo, los vídeos originales fueron repuestos.
 

 

Pero ese no es el único rastro que el Consejo intentó borrar. Ese ayudante personal del presidente se instaló en unas dependencias de la primera planta del edificio, en lo que había sido un archivo, tanto es así que disponía hasta de puerta blindada. Y allí, en la entrada figuraba un flamante rotulo con el cargo: “Ayudante personal y jefe de seguridad del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo”.

Hace unos días el letrero fue retirado, parece ser que para evitar que alguien pasara con una cámara y le hiciera una foto. Tras los jocosos comentarios del personal del CGPJ, el  rótulo fue repuesto el viernes pasado. Aunque, según fuentes del Consejo, al titular del despacho hace días que no se le ve por allí.

A la vista del cariz que toman los acontecimientos será mejor que tenga cuidado no le vayan a desaparecer las cinco condecoraciones que ostenta: una medalla al mérito policial con distintivo blanco; otra medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, una cruz de San Raimundo de Peñafort sencilla y otra distinguida, todas ellas entre 1996 y 2005. En 2010 le fue concedida la medalla al mérito policial con distintivo rojo, es decir, pensionada de forma vitalicia con el 10% sobre su sueldo. Poca gente tendrá un historial como ese con el tipo de actividad que realiza.

Y esperemos que no caiga ahora en desgracia, y que no le ocurra lo que a Yezhov, el rival de Stalin.

El Consejo pagó paquetes de cuatro días en Marbella por actos de Dívar de unas horas

- El presidente se tomó 20 días libres en Puerto Banús en fechas laborables de 2009

- El jefe del Supremo estuvo cinco días en Málaga por la imposición de una medalla

 

Carlos Dívar, en misa, antes de su toma de posesión como presidente del Tribunal Supremo. Foto: Efe

El Consejo General del Poder Judicial pagó a su presidente, Carlos Dívar, estancias de cuatro días en Marbella (Málaga) con viaje, alojamiento y manutención incluidos, para acudir a actos públicos de unas horas que, a veces, se celebraban en una provincia distinta y, en algunos casos, a 200 kilómetros de distancia por carretera. Para justificar estas irregularidades, Carlos Dívar alegó que es presidente las 24 horas del día y que algunos viajes eran de carácter “reservado”.

Además del dinero público utilizado supuestamente con fines privados, el  caso Dívar presenta otra derivada: los días libres —hasta 20 en poco más de un año— que se tomó en fechas laborables. El presidente del Poder Judicial y del Supremo aseguró a la Fiscalía que hubo cinco desplazamientos a Marbella (de cuatro o cinco días de duración cada uno, coincidiendo siempre con algún fin de semana) en los que se pagó todos los gastos —salvo el desplazamiento, que corrió a costa del Consejo del Poder Judicial— porque se trataba de actividades privadas. En esos largos fines de semana, Dívar se tomó supuestamente esos 20 días libres en fechas laborables (jueves, viernes y lunes fundamentalmente).

La relación de los viajes de Dívar investigados por la Fiscalía General del Estado así lo acredita. En el decreto dictado por el teniente fiscal del Supremo que archivó la denuncia del vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez contra Carlos Dívar por supuesta malversación de fondos públicos, se diferencian los viajes en función de quién los paga o qué se paga con dinero público de cada uno de ellos. EL PAÍS ha comprobado los actos de los que hablan esos viajes y cuándo el Poder Judicial pagó con dinero público actividades supuestamente oficiales de Dívar de las que no existe ninguna información.

Dívar se negó ayer a dar explicaciones más precisas que las que ofreció en la comparecencia del 31 de mayo. La respuesta textual del Consejo fue la siguiente: “El presidente del CGPJ compareció el pasado día 31 de mayo ante todos los medios de comunicación y no va a añadir nada mas a lo allí manifestado, máxime cuando desde entonces ha declinado realizar declaraciones o entrevistas para no discriminar o privilegiar a ningún medio de comunicación. Por lo demás toda la documentación relativa a los viajes denunciados por el vocal sr. Gómez Benítez, se remitió a la Fiscalía que como se sabe procedió al archivo de la denuncia al no constatar irregularidad alguna.

El desglose de las principales anomalías detectadas es el que sigue:

Viajes mixtos. Se trata de desplazamientos de Dívar con algún motivo oficial en el que hay algunos días que el presidente del Supremo se queda en Marbella y se paga los gastos de hotel y manutención, pero cargando al Consejo los gastos del resto de los días. Son los que siguen:

• Cumbre Judicial Iberoamericana, en Cádiz, y Jornadas Jurídicas Malacitanas, un evento privado patrocinado por una caja de ahorros, en Málaga. Carlos Dívar, según la fiscalía, decidió viajar a Marbella el martes 8 de noviembre de 2011 aunque no tenía ningún acto oficial. Al día siguiente (9 de noviembre) Madrid, donde tiene la sede el Consejo General del Poder Judicial, celebraba la festividad de la Almudena. Dívar se paga la estancia en el hotel de Puerto Banús los días 8 y 9 de noviembre y, a partir de aquí, los gastos corren por cuenta del Consejo. Según la reconstrucción de los hechos, Dívar acude el día siguiente, 10 de noviembre (jueves) a la apertura de unas jornadas jurídicas malacitanas. El viernes 11 de noviembre, el sábado 12 y el domingo 13, hasta media tarde, continúa en Puerto Banús a cuenta del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial sin que se conozca actividad oficial alguna. Llega a Cádiz y el lunes 14, antes de regresar a Madrid, inaugura la Cumbre Judicial Iberoamericana.
• Visita a Sevilla. Del 10 de mayo (martes) al 15 de mayo (domingo) de 2011, Dívar se desplazó a Marbella alegando que tenía un viaje oficial a las salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, a 177 kilómetros de distancia. Según la información que suministró el Consejo General del Poder Judicial a la fiscalía, Dívar se pagó los gastos de alojamiento y manutención de viernes 13 de mayo y sábado 14 de mayo, con lo que supuestamente estuvo visitando salas los días 10 (martes), 11 (miércoles) y 12 (jueves) en Sevilla. Solo hay confirmación de la visita de Dívar a Sevilla, rueda de prensa incluida, el 11 de mayo, por lo que el Consejo habría pagado otros dos días sin estar justificada ninguna actividad oficial.
• Reunión con el alcalde de Málaga. Del 3 de febrero (jueves) al 7 de febrero (lunes) de 2011, Dívar justificó gastos pagados por el Consejo en una reunión con el alcalde de Málaga para tratar sobre la creación de juzgados mercantiles como consecuencia del aumento de concursos que se estaban produciendo. Tan solo se pagó Dívar el alojamiento y la manutención del domingo 6 de febrero. Se entiende que su reunión con el alcalde se alargó desde el jueves 3 de febrero al sábado 6 de febrero.

Viajes pagados por el Consejo donde Dívar corre con los gastos de alojamiento y manutención. Hay una variante en los desplazamientos de Dívar a Marbella que tampoco tiene explicación. Se trata de fines de semana largos (comienzan el miércoles o el jueves y se prolongan hasta el lunes o el martes) donde Dívar no señala ningún motivo de desplazamiento (que se paga, sin embargo, con dinero público) y él corre con todos los gastos de alojamiento y manutención (porque se trata de un viaje privado). Todos estos viajes (al menos cinco) suman hasta 20 días laborables que, según la información facilitada a la fiscalía, el presidente del Consejo General del Poder Judicial se tomó libres.

Viajes pagados íntegramente por el Consejo: desplazamiento, alojamiento y manutención. El presidente del Supremo viajó en varias ocasiones a actos oficiales, que duraban unas horas, y en los que sin embargo él permanecía en Puerto Banús durante cuatro días con cargo a los presupuestos del Consejo General del Poder Judicial. Son los que siguen:

• Imposición de una medalla. Del 24 de marzo (jueves) al 28 de marzo (lunes) de 2011, Dívar acudió a Marbella para la “imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a Francisco Arroyo Fiestas, presidente de la Audiencia Provincial de Málaga”. El acto de la imposición de la medalla tuvo lugar el viernes 25 de marzo a las 12.30 en la sala número cuatro de la Audiencia Provincial. Dívar llegó un día antes a Puerto Banús para ese acto y se quedó el sábado y el domingo a costa del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial.
• Visita a Cádiz desde Marbella. El 25 de noviembre de 2010 (jueves) llegó Dívar a Marbella para una visita al presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz y una visita al Ayuntamiento de esa ciudad (a 200 kilómetros de distancia). El viaje duró hasta el 29 de noviembre (lunes).
• De jueves a domingo para un acto en viernes. Del 23 de septiembre (jueves) al 26 de septiembre (domingo) de 2010, Dívar justificó su viaje a Marbella para asistir a los actos del Bicentenario de las Cortes de San Fernando (Cádiz). El acto al que asistió Dívar tuvo lugar el 24 de septiembre (viernes) a las 12.30. Pero el Consejo pagó cuatro días de alojamiento y manutención en Puerto Banús.
• De sábado a miércoles para una reunión y una visita. Del 11 de septiembre (sábado) al 15 de septiembre (miércoles) de 2010, Dívar pasó gastos de su estancia en Marbella. El motivo del desplazamiento, según informó a la fiscalía, era una “reunión con el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga y visita a la Ciudad de la Justicia y otras dependencias”.

  

Entrada al Marbella Club, uno de los lugares de lujo donde cenaba Dívar

El presidente del Consejo cargó al erario 24 cenas y 8 comidas para dos

Incluyó como gasto protocolario una lujosa cena de Reyes, de un solo comensal

 

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, cargó como gastos protocolarios a los presupuestos de la institución que preside hasta 24 cenas y 8 almuerzos para dos personas, en restaurantes de lujo, como Villa Tiberio, Marbella Club Golf Resort & Spa o Puente Romano, en los 20 viajes que realizó a Puerto Banús, entre noviembre de 2008 y marzo de este año, según fuentes del Consejo.

No son los únicos gastos de protocolo que Dívar pasó para su abono por parte del citado organismo. 

Los gastos protocolarios o de representación de los que gozan algunas instituciones suelen tener como finalidad agasajar a otras personalidades de organismos similares de otros países o a representantes de otros poderes del Estado. En la empresa privada suelen estar orientados a obtener beneficios futuros, por lo que lo habitual es que se enmarquen dentro de una actividad económica de la empresa.

En el Consejo General del Poder Judicial esos beneficios son más intangibles y van unidos al prestigio que debe tener una institución de esa naturaleza y, por tanto, esos gastos nunca pueden ser de naturaleza privada.

Por eso, no deja de causar sorpresa que en el viaje que el presidente  Dívar, realizó a Puerto Banús del 2 al 9 de enero de este año, se cargase a los presupuestos, como gastos protocolarios, una cena de un solo comensal. Fue la cena del viernes, 6 de enero, día de Reyes, en el restaurante del Hotel Puente Romano. Es evidente que en fecha tan señalada no hubo ninguna actividad oficial que justificase el cargo.

De hecho, Dívar, que previsiblemente se encontraba de vacaciones,  abonó con su tarjeta personal los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de ese viaje, pero no los gastos protocolarios.

En ese periplo cargó al erario una cena para dos personas, el 3 de enero y dos comidas, también para dos, el 8 y el 9 de enero (domingo y lunes, respectivamente).

Sin embargo, lo más singular es la cena de un solo comensal del día 6, en la que parece evidente que el presidente se agasajó a sí mismo.

En los tres primeros viajes de los 20 que Dívar reconoció que realizó a Puerto Banús en fines de semana de cuatro días o más, el presidente no pasó gastos protocolarios, sino únicamente los desplazamientos.  

En los viajes del 23 al 27 de abril de 2009; del  6 al 8 de noviembre de 2009; del 23 al 26 de septiembre de 2010; y del 25 al 29 de noviembre de 2010, Dívar solo pasó una cena para dos por viaje en restaurantes de lujo de Marbella.

En el viaje del 9 al 14 de septiembre de 2009, además de la cena para dos, cargó una comida, lo mismo que en el periplo del 11 al 15 de septiembre de 2010, en el que incluyó una comida para dos en el Parador de Melilla.

A partir de esas fechas, los gastos protocolarios aumentan notablemente y por cada viaje se facturan al Consejo al menos dos cenas para dos en Villa Tiberio, el Marbella Club o Puente Romano. Así ocurre en los viajes del 3 al 7 de febrero de 2011, del 24 a 28 de marzo, del 10 al 15 de mayo, del 24 a 27 de junio, del 8 al 12 de septiembre y del 8 al 14 de noviembre, todos de 2011. 

En los tres de 2012 que figuran en la documentación que el propio Dívar aportó a la fiscalía, y de los que abonó todos los gastos menos los protocolarios, constan dos cenas para dos y una para cuatro, en el viaje del 24 a 26 de febrero; dos cenas y dos comidas para dos, en el del 16 al 20 de marzo, y dos cenas —una de ellas la de un solo comensal— y dos comidas, en el viaje del 2 al 9 de enero.

Hoy quiero confesar

Isabel Pantoja critica que la igualdad ante la ley no sea la misma para ella que para Urdangarin o la Infanta Cristina

 

¿Se han fijado en que solo la igualdad de los españoles ante la ley está más a la baja que las acciones de Bankia?

Todo lo que no evoluciona muere y es evidente que de la España del pelotazo —con Javier de la Rosa, Mario Conde, Jesús Gil, Manuel de la Concha o Ruiz-Mateos como principales espadas— hemos pasado en estos tiempos de crisis a una revitalización de la picaresca, como en el Siglo de Oro, pero sin la gloria de Cervantes, Quevedo o Lope.

Porque de la llamada beautiful people de entonces hemos pasado a los pícaros de ahora, que son esos directivos de cajas de ahorros que con "ingeniería financiera" han dejado en la quiebra a sus respectivas entidades mientras ellos se embolsaban indemnizaciones archimillonarias; políticos que sin rubor recibían comisiones por suscribir contratos a la carta o a dedo con el dinero de todos; pedigüeños profesionales que esquilmaban a las administraciones o a las empresas a cambio de publicitar su imagen en eventos que patrocinaban; cobradores de sobornos por licencias urbanísticas irregulares o altos cargos que confunden lo público con lo privado y disfrutan a lo grande y por todo lo alto, mientras 5,5 millones de ciudadanos se hunden en el paro.

Lo curioso es que, a pesar de que el Rey en su mensaje de Navidad recordó el precepto constitucional de que los españoles son iguales ante la ley, la frase está en franco retroceso y, cada día, entre algunos de los usuarios de la justicia más o menos involucrados en aficiones que harían las delicias de Rinconete y Cortadillo, se escuchan más quejas sobre el trato que reciben frente al que disfrutan otros.

Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos —y en el entramado societario, en su mayoría sin actividad, que presuntamente ambos utilizaban para emitir facturas falsas y transferir fondos para desviarlos a paraísos fiscales— se quejó amargamente del trato diferente que el juez José Castro había tenido hacia su esposa, Ana María Tejeiro, en contraste con el recibido por la infanta Cristina. La primera había sido imputada y citada a declarar, mientras que, por el contrario, para el juez y el fiscal, no existían indicios de que la Infanta hubiera realizado ningún acto delictivo, por lo que no solo no le imputaron sino que ni siquiera le han citado como testigo. Así fue, al menos, hasta que Torres presentó unos correos electrónicos que le había dirigido el propio Urdangarin, y que, de ser ciertos, involucrarían al Rey y a la Infanta en el conocimiento de alguna de las operaciones de Nóos.

Ahora, Isabel Pantoja, que según la fiscalía habría participado en el blanqueo de 1,84 millones de euros supuestamente procedentes de sobornos —bolsas de basura repletos de dinero negro— cobrados por su antigua pareja, Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, también clama al cielo por lo mismo. “Si todos los españoles fuéramos iguales, ¿por qué al señor Urdangarin se le han quitado tantas cosas”, dijo. Y acto seguido, proclamó: “Soy como la infanta Cristina, pero no tengo una sociedad al 50% como ella”.

La tonadillera más famosa de España se quejaba de que a ella le hubieran detenido en mayo de 2007 en el marco de una investigación patrimonial a Julián Muñoz dentro de la trama de corrupción urbanística de Marbella, mientras que a Urdangarín, nadie le detuvo cuando estalló el escándalo y además le dieron dos meses antes de ir a declarar.

Isabel Pantoja, para la que la fiscalía solicita tres años y medio de prisión y una multa de 3,68 millones de euros, asegura que es inocente. Pero el fiscal mantiene  que la tonadillera era “perfectamente conocedora del origen ilícito de los fondos y bienes que recibió”, de Julián Muñoz. Ella alega  que sus ingresos entre 1999 y 2002 ascendieron a 7,58 millones de euros y que pagó en metálico el apartamento del hotel del lujo Guadalpin, en lugar de su ex pareja. No obstante, agrega:  “Yo no fui consciente del dinero que me metían. Soy igual que la Infanta, excepto que no tengo nada al 50% con nadie”, declaró.

A la vista de que sale perdiendo de la  comparación y de que el día 28 empieza en Málaga el juicio contra ella por  blanqueo de dinero es posible que en el próximo concierto modifique el estribillo de una de sus canciones más célebres y cante: Hoy quiero confesar/ que estoy desesperada/ hoy quiero confesar/ que estoy algo cansada/ hoy quiero confesar/ que he llorado mil veces/ hoy quiero confesar/ que me tratan diferente.

Y eso que todavía no sabe cómo han tratado a Dívar.