El triunfo del voto contra

Nada une más que el voto contra algo o alguien. Es un engrudo mucho mejor que la pasión por algo, como por ejemplo por la Roja o tu equipo de fútbol de toda la vida, que solo funciona cuando todo va bien, pero que cuando pierden ven cómo el apoyo con el que contaban se diluye como un azucarillo.

El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón puso de acuerdo a todas las asociaciones judiciales y fiscales en su contra tras anunciar un plan de modificación del Consejo del Poder Judicial que constituía el más brutal ataque a los jueces del que se tiene noticia en democracia. Pretendía anular el contrapoder de las asociaciones judiciales, incluida la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, para autoproclamarse como dueño y señor de la Justicia, con modificación de las leyes que fueran necesarias y, en particular, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La salida de Carlos Dívar de la presidencia del Supremo y del Consejo por causa del asunto de los viajes de fin de semana caribeños, y al que Gallardón trató de sostener en el cargo, dejó a los vocales en la tesitura de elegir nuevo presidente que pudiera oponerse a los planes del ministro.

Parecía que los cinco vocales de la APM (Manuel Almenar, Pío Aguirre, Miguel Collado, Antonio Monserrat y Gemma Gallego) junto con tres de Jueces para la Democracia (Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Félix Azón) en pleno fragor reivindicativo conseguirían atraer a algunos otros compañeros para votar a un candidato de consenso propuesto por la APM. De ser así, fuentes del Consejo aseguran que estaba prevista la sustitución del vicepresidente, Fernando de Rosa, por Robles, y de la portavoz, Gabriela Bravo, por Almenar.

Sin embargo, la fuerza del voto contra, una vez más, ha hecho que los opuestos se toquen y que aquello que Fraga definió como “extraños compañeros de cama" vuelva a ser una realidad.

Fíjense la locura: El candidato elegido ha sido Gonzalo Moliner, miembro de Jueces para la Democracia, por 12 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones. Fue propuesto como candidato por el vocal que más odio suscita en el Consejo, José Manuel Gómez Benítez, cuya denuncia ante el fiscal general del Estado fue la causa de la gran crisis de la institución y determinó en última instancia que Dívar tuviera que dejar la presidencia. Pero lo más curioso es que Moliner ha agrupado a los 12 vocales que están en contra de que el tándem Margarita Robles-Almenar atesore más poder en el Consejo.  Ambos han controlado con mano de hierro todos los nombramientos importantes de los últimos cuatro años y esos 12 vocales, de procedencia tan distinta, no solo no están de acuerdo, sino que han llegado a ponerse de acuerdo para evitarlo y les han derrotado.

El grupo Robles-Almenar propuso de nuevo a José Ramón Ferrándiz como candidato, pero en la votación correspondiente solo obtuvo nueve votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones.

Tras dos plenos y 14 horas de reuniones infructuosas, durante el fin de semana y el lunes, los desterrados han conseguido ponerse de acuerdo y en media hora de pleno han elegido a su candidato. Entre esos 12 vocales están los cuatro vocales más afines al PP: De Rosa, Antonio Dorado, Concepción Espejel y Claro José Fernández; dos fiscales progresistas: Gabriela Bravo y Almudena Lastra; los miembros de Jueces para la Democracia disidentes de la línea Robles, Miguel Carmona y Carles Cruz; los dos autonómicos: Margarita Uría y Ramón Camp; el miembro de la asociación Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela y el apestado Gómez Benítez. Nadie hubiera dicho que estos 12 pudieran ponerse de acuerdo por muchas razones, pero además cuando lo habían expresado en público ya que siete de ellos repudiaron a Gómez Benítez y le exigieron la renuncia en el primer pleno sobre la destitución de Dívar, y ahora han votado a su candidato (que es un magistrado serio y competente). Ha sido un rechazo a la imposición, un discurso anticorporativo.

Y más curioso todavía es que tres miembros de Jueces para la Democracia, Robles, Azón y Montalbán, se hayan abstenido cuando se trataba de nombrar a un candidato de su asociación. Muchas explicaciones van a tener que dar, me temo.

El caso es que solo cinco jueces han votado a Moliner, que es juez, mientras que  ocho o han votado en contra (los de la APM) o se han abstenido (los de JpD).

Todo es un contrasentido, que solo tiene explicación por el voto contra. Solo así tiene sentido que los cuatro votos cautivos del ministro, que no quería que saliera presidente alguno, se hayan decidido a votar. De Rosa, además, salva su vicepresidencia.

La rebelión de los desterrados y el voto contra devuelve al Consejo al orden establecido. Como decía Churchill, “el éxito es la capacidad de ir de error en error sin perder el entusiasmo”.

NOTA: Hay ocasiones, muy contadas, en que las vacaciones pueden esperar. Esta ha sido una de ellas.

Un rinoceronte en la cristalería

El ministro Ruiz-Gallardón pone en dos meses a todos los jueces en su contra

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, saluda al presidente en funciones del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en el Congreso. Foto: Uly Martín

 

Pocas, muy pocas veces, un personaje público, dictadores aparte, ha puesto de acuerdo en su contra a todo un colectivo con el que está condenado a entenderse, a pactar y negociar. Aunque realmente en los últimos tiempos los dirigentes del PP y, en especial su presidente, Mariano Rajoy y su política de recortes —una paga de Navidad menos acá, una subida de IVA allá— van superando todo tipo de récords Guinness de impopularidad entre la ciudadanía.

Pero lo de Rajoy ya nos han informado de que se trata de la herencia recibida del Ejecutivo de Zapatero, de la perfidia de los mercados y del eje franco-alemán que nos obliga a adoptar medidas para sanear las cajas de ahorros plenas de activos tóxicos y que ayudarán a combatir el paro en el futuro, aunque nos dejen sin blanca en el presente.

Pero el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en menos de dos meses, ha puesto de acuerdo a 4.500 jueces, es decir, la totalidad de la carrera judicial, empezando por todas las asociaciones judiciales, incluida la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que siempre se había llevado de maravilla con la cúpula del Partido Popular, lo que le había servido para superar con gracia y donosura procesos espinosos como el caso Naseiro, o más recientemente el caso Gürtel, en el que cuando todavía no se ha acabado la instrucción, ya se ha expulsado de la carrera al juez que inició la investigación, nada menos que un peso pesado como el juez Baltasar Garzón, por las escuchas en prisión a los principales acusados y sus abogados.

Nada que ver con lo que le ocurrió al PSOE con casos como Filesa o los GAL.

Claro que en los últimos 20 años el que ha controlado el mundo de la justicia, las relaciones con la cúpula judicial y las asociaciones de jueces, repartiendo prebendas, haciendo sugerencias, indicaciones y manejando perfectamente con mano de seda en guante de terciopelo todo lo importante en ese mundo era el ex ministro de Defensa y ex presidente de las Cortes, Federico Trillo, que llevaba con discreción y prudencia la finísima tela de araña de esas relaciones.

Desaparecido Trillo de la escena jurídica, Gallardón, que es fiscal de carrera, ha irrumpido arrasando, como la quintaesencia de sí mismo. Aficionado a la visibilidad extrema, en su etapa de alcalde Gallardón convirtió Madrid en un queso Gruyère, suprimió los famosos scalextrics y, tuneladora en mano, sembró la capital de pasos subterráneos al tiempo que endeudaba las arcas municipales hasta el fin de los tiempos.

Cuando tras suplicar que le hicieran ministro, le encomendaron la cartera de Justicia, cuyas competencias están transferidas a muchas comunidades autónomas, Gallardón no se desanimó y se propuso de inmediato ejecutar el programa del PP en materia de justicia: vuelta a la elección de los vocales del Poder Judicial por parte de los jueces, lo que beneficiaría a la conservadora APM; cadena perpetua revisable, aunque la legislación actual ya permite que los terroristas no salgan de prisión en 40 años; y revisión de la normativa sobre el aborto, eliminando la ley de plazos aprobada a propuesta de la ministra Aído, y vuelta a la autorización paterna para que las menores pudieran abortar.

Lo que fue una sorpresa es que, aprovechando las secuelas del desprestigio del Consejo del Poder Judicial por los viajes de fines de semana caribeños de su presidente, Carlos Dívar, Gallardón pretendiera meter una estocada de muerte al Consejo.

Gallardón había encontrado en Dívar un aliado, un interlocutor que se plegaba a sus peticiones, lo contrario que los vocales de la APM, encabezados por Manuel Almenar, que hasta la fecha tenían el control de los nombramientos de los cargos judiciales, en componenda interesada con Margarita Robles, que controla hasta tres votos de miembros de Jueces para la Democracia.

Por eso, cuando estalló el escándalo de los 32 viajes caribeños del presidente, Gallardón, a través de su secretario de Estado, Fernando Román, que le fue impuesto y con el que no se lleva demasiado bien, impartió instrucciones a sus vocales afines en el Consejo para que le mantuvieran en el cargo contra viento y marea.

Gallardón, en un error de libro, llegó a decir públicamente que Dívar saldría reforzado de la crisis,

Pero Dívar tenía los pies de barro y, a pesar de que la Fiscalía del Estado y 11 de los 15 compañeros de la Sala Segunda le echaron una mano, declarando que no había malversación en sus actos, cada vez que trataba de ofrecer una coartada de que sus viajes eran oficiales, alguien salía a desmentirle. Llegó un momento en el que la APM le puso en la tesitura de renunciar o ser expulsado. Y ante la realidad de los números, a Dívar no le quedó otro remedio que acceder.

El ministro podía haber esperado que el Consejo se cociese en su jugo y que, debido a la tremenda división existente en su seno, los vocales fuesen incapaces de encontrar un sustituto para Dívar. Y probablemente habría ganado. Pero su impaciencia, su vena exhibicionista y esa necesidad de quedar como el gran director de las obras más faraónicas le llevaron a plantear un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una declaración de guerra a todos los jueces de España, ya que trata de reducir al tercer poder del Estado y sus amplias atribuciones a una especie de apéndice de su ministerio.

El proyecto pretende una reconversión de la cúpula judicial tan brutal que ha puesto de acuerdo a todos contra él. De entrada, elimina el sueldo de todos los vocales y mantiene únicamente el del presidente, que tendrá que tener la condición de magistrado del Supremo con más de tres años de antigüedad en la categoría, y que seguirá con dedicación exclusiva. Los demás continuarán con sus profesiones y cobrarán dietas únicamente por asistir a los plenos.

También se prevé una drástica reducción de las comisiones. Solo se mantendrán la Permanente y la de Igualdad. Las ocho restantes serán tramitadas por un cuerpo de letrados. Los viajes internacionales deberán coordinarlos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y un juez del Supremo se hará cargo de promover la acción disciplinaria, entre otros detalles menores.

Como se aprecia, una manera de eliminar de un plumazo la separación de poderes de Montesquieu, anular el contrapoder de los jueces y del Consejo y tratar de imponer la fuerza del Ejecutivo, es decir, él mismo.

De modo que todo el Consejo a excepción de sus cuatro vocales afines, Fernando de Rosa, Antonio Dorado, Concepción Espejel y Claro José Fernández, se ha rebelado y clama venganza.

Para ello resulta imprescindible que la voluntad de unión que Gallardón ha generado cristalice en un presidente presentable y que pueda hacer frente al rodillo de la mayoría absoluta del PP; aunque hace tiempo, al PSOE no le desagradaba una idea similar de desactivar al Consejo, por lo que no se descartan apoyos en ese terreno.

Los vocales llevan más de 14 horas de reuniones sin ponerse de acuerdo, pero todos ellos son conscientes de que del martes —para cuando está convocado un nuevo pleno— no puede pasar sin que la institución tenga nuevo presidente.

Y mientras tanto, Gallardón, se maneja entre los jueces con la desenvoltura de un rinoceronte entre piezas de cristalería de Bohemia, Rosenthal o Sèvres.

 

NOTA: El autor de este blog disfrutará a partir de hoy de sus merecidísimas vacaciones anuales. Les deseo lo mejor y mucha paciencia para hacer frente a los recortes de casi todo, menos de impuestos, que nos tiene preparados el Gobierno. Saludos cordiales a todos.

Estrasburgo tumba la doctrina Parot

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por haber aplicado a la miembro del comando Madrid Inés del Río Prada, con más de 3.000 años de condena nominal, la doctrina Parot, un recuento del cumplimiento de la pena basado en una interpretación del Tribunal Supremo, que en vez de aplicar los beneficios penitenciarios sobre el máximo de cumplimiento de prisión, que eran 30 años, lo hacía sobre la totalidad de la condena, con el efecto de que a todos reclusos a los que les afectaba ya no podían salir a los 18 años de condena sino cuando hubieran apurado los 30 años de cumplimiento efectivo.

Descargar PAROT-STRSBRG

Inés del Río es una terrorista del comando Madrid, que entre otros crímenes participó en el atentado de la República Dominicana en Madrid, y que está condenada a más de 3000 años de cárcel. Sin embargo, por aplicación de los beneficios penitenciarios podría haber salido el 3 de julio de 2008, a los 18 de cumplimiento ininterrumpido, como ocurrió con su jefe de comando, el tristemente célebre Iñaki de Juana Chaos. Del Río tuvo mala suerte, porque antes de que le pudieran aplicar las redenciones de penas por trabajo o estudios el Supremo estudió un recurso sobre la forma de aplicar esos beneficios a la condena del etarra Henri Parot y cercenó toda opción de acceder a la libertad provisional no solo de Parot, sino también de otros 76 reclusos, casi todos etarras.

Ahora el Tribunal de Derechos Humanos indica a España que debe poner en libertad a Del Río en el plazo más breve posible porque ha violado los artículos 7 y 5.1 de la Convención de salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales y le otorga una indemnización de 30.000 euros como daños morales y 1.500 euros más por los gastos del proceso.

La resolución tumba la doctrina Parot, porque los más de treinta casos planteados en el Tribunal de Estrasburgo llevan el mismo camino y más tarde o más temprano acabarán de la misma manera, con indicación de puesta en libertad y la correspondiente indemnización por daños morales. Mientras tanto, algunos de los principales terroristas habrán cumplido alrededor de seis años más de cárcel.

El artículo siete de la Convención de Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales establece que “Nadie puede ser condenado por acción u omisión que en el momento de en el que fue cometida  no constituyera delito en el derecho nacional o internacional. Y tampoco nadie puede recibir una pena más elevada que la que era aplicable al delito en el momento de su comisión”.

Y es la segunda parte del artículo la que Estrasburgo considera que ha vulnerado la doctrina Parot. Porque, en definitiva, de acuerdo con el Código Penal del 73 había que aplicar los beneficios penitenciarios –para que fueran efectivos- sobre la refundición de la condena. Todo el mundo sabe que no se pueden cumplir 3000 años y para que las redenciones de penas cumplieran su función, debían aplicarse sobre los 30 años de cumplimiento efectivo. Es decir el máximo de cumplimiento era considerado como si se tratase de una nueva pena autónoma a la que aplicar los beneficios. Y así lo había dictaminado el Supremo en 1994, pero en 2006, la alarma social, provocada porque terroristas de ETA con más de 20 muertos a sus espaldas fueran a salir de prisión, determinó que el alto tribunal reinterpretase su propia doctrina y prolongase de facto la prisión de los terroristas, aunque la mayoría de los catedráticos considerase que la medida era inconstitucional.

La Constitución, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, como la libertad, y la doctrina Parot atentaba claramente contra ella. Pero ni el Supremo, ni el Constitucional, apreciaron que se vulnerase la Constitución. El Constitucional se hace trampas al solitario

Ahora, el Tribunal de Derechos Humanos considera que la nueva interpretación del Supremo conocida como doctrina Parot ha alargado casi nueve años de forma retroactiva la pena que Inés del Río debería haber cumplido, porque las remisiones de pena por trabajo de las que se podía haber beneficiado se han convertido en totalmente inoperante.

Aunque, el Supremo no está obligado a revisar cada uno de los casos que están pendientes en Estrasburgo, alguien debería evitar la vergüenza de que España vaya siendo condenada una y otra vez por esta misma vulneración.  

 

  

Como la expedición del Titanic

La resolución del macroproceso a Bankia difícilmente estará a la altura de las expectativas que ha generado.

Rodrigo Rato, en el centro, junto a otros directivos de Bankia el día de la presentación de la nueva denominación. Foto: Carles Francesc 

¿Saben qué tienen en común los Reyes Magos, las teorías geocéntrica o heliocéntrica del Universo, el plan Marshall o la expedición del Titanic? Pues que se trata de conceptos o situaciones que generaron ilusión y grandes expectativas en su inicio y que, sin embargo, con el paso del tiempo o en su resolución, por distintas razones, acabaron en gran decepción.

El macroproceso abierto a Bankia esta semana, como consecuencia de una querella de UPyD contra los directivos de la entidad y que ha supuesto la imputación de 33 integrantes de su anterior consejo de administración, incluidos el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, el exministro Ángel Acebes y otra docena de consejeros vinculados al PP, reúne todas las características para acabar, como la travesía del Titanic, en gran desengaño.

Aparentemente, la apertura de un proceso penal marca el inicio del momento de hacer justicia, es decir, que tipos que se han hecho multimillonarios con el dinero de muchos, tras una gestión nefasta, tengan que pagar con la cárcel por haberse forrado y haber dejado en la estacada a miles de familias.

Todo pinta muy tremendo, ya que existen indicios de apropiación indebida, falsedad contable, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y administración fraudulenta, que llevarían aparejadas penas entre los dos y los 15 años de cárcel. Por ello, mucha gente ve con esperanza que ahora que la maquinaria de la justicia ha empezado a rodar, pueda llegar a recuperar gran parte del dinero perdido o, por lo menos, que los responsables se tengan que pudrir en prisión tras haberles embargado todo lo que se llevaron.

Y no va a ser así. No porque se haya abierto la vía penal, que precisamente daría sentido al castigo y reparación del daño. Ni por el juez al que ha correspondido, Fernando Andreu, un magistrado honrado y trabajador que no se casa con nadie y de lo mejor que se puede encontrar en la Audiencia Nacional y en la judicatura. La verdadera causa del previsible fracaso es que se trata de un macroproceso de naturaleza económica.

Verán, antes de nada nos encontramos con 33 imputados, cada uno con su letrado, más la Fiscalía Anticorrupción, los querellantes y los múltiples perjudicados, generalmente representados en grupo por varias asociaciones de afectados. Es decir, que previsiblemente, antes de un mes habrá más de 60 partes en la causa, con sus respectivos abogados que tienen que justificar el sueldo que cobran. La mayoría tratando de alargar el proceso, para lo que tras las declaraciones iniciales de los acusados, formularán peticiones de pruebas y de comparecencia de testigos y peritos, así como los correspondientes recursos contra su denegación. Y eso al principio.

Porque en una causa tan enorme como esta la parte decisiva, es decir, lo que define la condena o la absolución, son los informes periciales sobre las finanzas de la entidad. Y habrá un informe realizado por los peritos oficialmente designados por el juzgado y varios contrainformes más realizados por expertos, censores jurados de cuentas, fiscalistas, etcétera, que pagarán los imputados, que para eso tienen dinero. Además, a los acusados, contra lo que pueda parecer, les interesa que el juicio se demore todo lo posible, para que cuando se vaya a celebrar la sociedad española tenga otros problemas y preocupaciones y Bankia solo sea un mal recuerdo. Siempre es más difícil condenar a alguien a 15 años de prisión cuando ya han transcurrido otros 15 desde que se cometió el delito. Y eso en la Audiencia Nacional, donde hasta ahora los delitos económicos se veían con más benevolencia en comparación con las otras áreas de su competencia: terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.

Por eso, que nadie espere que este macroproceso esté resuelto antes de 10 años. Por si no lo creen les recordaré que el caso Batasuna, con 40 procesados a los que solo se acusa de pertenecer a ETA, lleva abierto desde 2002, sin que haya sido todavía señalada la vista. Y ¿qué decir del caso Gürtel?, donde en cuatro años únicamente se juzgó a Camps por lo de los trajes, se expulsó de la carrera al juez Garzón que lo investigó y Correa, tras tres años de prisión preventiva, está en la calle disfrutando de su apartamento de lujo en Sotogrande. El juicio, ni se vislumbra.

Y las expectativas creadas por el proceso de Bankia, como la expedición del Titanic. Decía Woody Allen: “Mi forma de bromear es decir la verdad”.

 

Dívar nunca vio Barrio Sésamo

Parece evidente que el ya ex presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, nunca vio Barrio Sésamo.

Como seguramente saben la mayoría de los lectores, Barrio Sésamo (Sesame Street) era un programa infantil de televisión creado en Estados Unidos por Jim Henson, y que en España se emitió trufado con otras producciones nacionales desde 1976 hasta 2000. El espacio tenía una parte muy didáctica en la que uno de los personajes, un monstruo peludo de color azul llamado Coco (Grover en Norteamérica), enseñaba a los más pequeños a diferenciar conceptos básicos, como arriba y abajo, dentro y fuera, cerca y lejos, acierto y fallo, y cosas por el estilo.

El expresidente Dívar, que en contadísimas ocasiones había realizado declaraciones sobre sí mismo o sobre su trabajo, parece que ha sentido esta semana la necesidad de explicar en la emisora de los obispos —¿dónde si no?—  y nada menos que en una entrevista con varios tertulianos, el asuntillo de sus viajes caribeños a Marbella y otros destinos turísticos a cargo de todos los españoles. Un impulso a dar explicaciones que no llegó a sentir cuando los vocales del Consejo y la ciudadanía se las reclamaron.

A ver, no vayan a deducir de mis palabras que Dívar sintió un arrebato por contar la verdad. No. Lo que dijo es que ha sido objeto de “una campaña cruel, desproporcionada y con ensañamiento”, en la que “se han metido con mi vida privada y con mis creencias religiosas”. Porque, según afirmó, solo “han sido 11 viajes en cuatro años”.

Desprovisto de cualquier remordimiento llegó a asegurar que el dinero público se empleó en actos públicos, conferencias, semanas jurídicas y otros encuentros, aunque todas sus coartadas hayan sido desmentidas por varias autoridades judiciales, municipales y hasta por el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, que explicó que no había invitado oficialmente a Dívar, como este sostenía, sino que el prócer le había pedido entradas gratis para ver la muy jurídica y oficial cueva de El Soplao.

El caso es que Dívar podría haber dicho que se había equivocado, que había interpretado mal la norma, haber devuelto el dinero y seguramente todavía seguiría en su puesto.  Pero se empeñó —y todavía sigue con lo mismo— en que no ha hecho nada reprobable. En el mejor estilo de Homer Simpson cree que “la culpa la tienen todos menos yo”.

Y no es por llevarle la contraria, pero trató de camuflar como viajes oficiales nada menos que 32 periplos de fin de semana de cuatro días —no 11 como pretende— que no eran más que de turismo y relax, aunque en ocasiones acudía a actos públicos de unas horas que, a veces, se celebraban a 200 kilómetros de distancia por carretera del hotel o parador en el que se alojaba. También cargó como gastos protocolarios o de atención a otras autoridades 24 cenas y ocho almuerzos para dos personas en restaurantes de lujo, solo de los viajes que realizó a Puerto Banús.

Naturalmente tiene derecho a quejarse, pero que diga que ha sido objeto de una campaña cruel, desproporcionada y con ensañamiento es conmovedor. Porque los medios hemos conocido numerosos detalles que hubieran invadido la intimidad del señor Dívar y que no hemos publicado, por ejemplo, y sólo como botón de muestra, faxes sobre las reservas de habitaciones, las facturas de sauna que intentó pasar como gasto oficial y que le fueron rechazadas por la interventora del Consejo, o el uso del coche oficial para ir a misa y a la playa.

Si se ha mencionado la exacerbada exhibición de su religiosidad es porque él hace ostentación de ello y su conducta, que rebosa incoherencia, dista mucho de la austeridad monacal que predica.

Y si este periódico desveló que el segundo comensal de la mayoría de sus cenas de lujo era su ayudante personal y jefe de seguridad, Jerónimo Escorial, es porque el 30 de mayo, Dívar aseguró públicamente que la persona con la que había cenado tenía “carácter público y oficial” y no respondía “a relaciones personales”. Lo que obviamente no era cierto.

Además, con ayuda de algún periódico de la competencia, ha intentado hacer creer a los españoles que los demás vocales del Consejo tenían una conducta similar a la suya, por lo que el secretario general Celso Rodríguez ha tenido que certificar que no hay ningún vocal que haya tenido un comportamiento ni remotamente parecido.

Porque los que sí vimos Barrio Sésamo podemos pensar que dos viajes a la Patagonia del vicepresidente y un vocal, autorizados por la Comisión Permanente, con el fin de explicar la modernización de la justicia española, o sea, a algo así como enseñar Derecho a los pingüinos, es un exótico exceso puntual; mientras que 32 viajes caribeños, con sus cenas de lujo a cargo del contribuyente, es un delirante abuso sistemático, o sea, una pasada que tiene más que ver con los privilegios de quien se siente el amo del chiringuito.

 Quizá Dívar tenga que repasar los capítulos de Barrio Sésamo para apreciar la diferencia.