El ministro Ruiz-Gallardón pone en dos meses a todos los jueces en su contra
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, saluda al presidente en funciones del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en el Congreso. Foto: Uly Martín
Pocas, muy pocas veces, un personaje público, dictadores aparte, ha puesto de acuerdo en su contra a todo un colectivo con el que está condenado a entenderse, a pactar y negociar. Aunque realmente en los últimos tiempos los dirigentes del PP y, en especial su presidente, Mariano Rajoy y su política de recortes —una paga de Navidad menos acá, una subida de IVA allá— van superando todo tipo de récords Guinness de impopularidad entre la ciudadanía.
Pero lo de Rajoy ya nos han informado de que se trata de la herencia recibida del Ejecutivo de Zapatero, de la perfidia de los mercados y del eje franco-alemán que nos obliga a adoptar medidas para sanear las cajas de ahorros plenas de activos tóxicos y que ayudarán a combatir el paro en el futuro, aunque nos dejen sin blanca en el presente.
Pero el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en menos de dos meses, ha puesto de acuerdo a 4.500 jueces, es decir, la totalidad de la carrera judicial, empezando por todas las asociaciones judiciales, incluida la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que siempre se había llevado de maravilla con la cúpula del Partido Popular, lo que le había servido para superar con gracia y donosura procesos espinosos como el caso Naseiro, o más recientemente el caso Gürtel, en el que cuando todavía no se ha acabado la instrucción, ya se ha expulsado de la carrera al juez que inició la investigación, nada menos que un peso pesado como el juez Baltasar Garzón, por las escuchas en prisión a los principales acusados y sus abogados.
Nada que ver con lo que le ocurrió al PSOE con casos como Filesa o los GAL.
Claro que en los últimos 20 años el que ha controlado el mundo de la justicia, las relaciones con la cúpula judicial y las asociaciones de jueces, repartiendo prebendas, haciendo sugerencias, indicaciones y manejando perfectamente con mano de seda en guante de terciopelo todo lo importante en ese mundo era el ex ministro de Defensa y ex presidente de las Cortes, Federico Trillo, que llevaba con discreción y prudencia la finísima tela de araña de esas relaciones.
Desaparecido Trillo de la escena jurídica, Gallardón, que es fiscal de carrera, ha irrumpido arrasando, como la quintaesencia de sí mismo. Aficionado a la visibilidad extrema, en su etapa de alcalde Gallardón convirtió Madrid en un queso Gruyère, suprimió los famosos scalextrics y, tuneladora en mano, sembró la capital de pasos subterráneos al tiempo que endeudaba las arcas municipales hasta el fin de los tiempos.
Cuando tras suplicar que le hicieran ministro, le encomendaron la cartera de Justicia, cuyas competencias están transferidas a muchas comunidades autónomas, Gallardón no se desanimó y se propuso de inmediato ejecutar el programa del PP en materia de justicia: vuelta a la elección de los vocales del Poder Judicial por parte de los jueces, lo que beneficiaría a la conservadora APM; cadena perpetua revisable, aunque la legislación actual ya permite que los terroristas no salgan de prisión en 40 años; y revisión de la normativa sobre el aborto, eliminando la ley de plazos aprobada a propuesta de la ministra Aído, y vuelta a la autorización paterna para que las menores pudieran abortar.
Lo que fue una sorpresa es que, aprovechando las secuelas del desprestigio del Consejo del Poder Judicial por los viajes de fines de semana caribeños de su presidente, Carlos Dívar, Gallardón pretendiera meter una estocada de muerte al Consejo.
Gallardón había encontrado en Dívar un aliado, un interlocutor que se plegaba a sus peticiones, lo contrario que los vocales de la APM, encabezados por Manuel Almenar, que hasta la fecha tenían el control de los nombramientos de los cargos judiciales, en componenda interesada con Margarita Robles, que controla hasta tres votos de miembros de Jueces para la Democracia.
Por eso, cuando estalló el escándalo de los 32 viajes caribeños del presidente, Gallardón, a través de su secretario de Estado, Fernando Román, que le fue impuesto y con el que no se lleva demasiado bien, impartió instrucciones a sus vocales afines en el Consejo para que le mantuvieran en el cargo contra viento y marea.
Gallardón, en un error de libro, llegó a decir públicamente que Dívar saldría reforzado de la crisis,
Pero Dívar tenía los pies de barro y, a pesar de que la Fiscalía del Estado y 11 de los 15 compañeros de la Sala Segunda le echaron una mano, declarando que no había malversación en sus actos, cada vez que trataba de ofrecer una coartada de que sus viajes eran oficiales, alguien salía a desmentirle. Llegó un momento en el que la APM le puso en la tesitura de renunciar o ser expulsado. Y ante la realidad de los números, a Dívar no le quedó otro remedio que acceder.
El ministro podía haber esperado que el Consejo se cociese en su jugo y que, debido a la tremenda división existente en su seno, los vocales fuesen incapaces de encontrar un sustituto para Dívar. Y probablemente habría ganado. Pero su impaciencia, su vena exhibicionista y esa necesidad de quedar como el gran director de las obras más faraónicas le llevaron a plantear un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una declaración de guerra a todos los jueces de España, ya que trata de reducir al tercer poder del Estado y sus amplias atribuciones a una especie de apéndice de su ministerio.
El proyecto pretende una reconversión de la cúpula judicial tan brutal que ha puesto de acuerdo a todos contra él. De entrada, elimina el sueldo de todos los vocales y mantiene únicamente el del presidente, que tendrá que tener la condición de magistrado del Supremo con más de tres años de antigüedad en la categoría, y que seguirá con dedicación exclusiva. Los demás continuarán con sus profesiones y cobrarán dietas únicamente por asistir a los plenos.
También se prevé una drástica reducción de las comisiones. Solo se mantendrán la Permanente y la de Igualdad. Las ocho restantes serán tramitadas por un cuerpo de letrados. Los viajes internacionales deberán coordinarlos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y un juez del Supremo se hará cargo de promover la acción disciplinaria, entre otros detalles menores.
Como se aprecia, una manera de eliminar de un plumazo la separación de poderes de Montesquieu, anular el contrapoder de los jueces y del Consejo y tratar de imponer la fuerza del Ejecutivo, es decir, él mismo.
De modo que todo el Consejo a excepción de sus cuatro vocales afines, Fernando de Rosa, Antonio Dorado, Concepción Espejel y Claro José Fernández, se ha rebelado y clama venganza.
Para ello resulta imprescindible que la voluntad de unión que Gallardón ha generado cristalice en un presidente presentable y que pueda hacer frente al rodillo de la mayoría absoluta del PP; aunque hace tiempo, al PSOE no le desagradaba una idea similar de desactivar al Consejo, por lo que no se descartan apoyos en ese terreno.
Los vocales llevan más de 14 horas de reuniones sin ponerse de acuerdo, pero todos ellos son conscientes de que del martes —para cuando está convocado un nuevo pleno— no puede pasar sin que la institución tenga nuevo presidente.
Y mientras tanto, Gallardón, se maneja entre los jueces con la desenvoltura de un rinoceronte entre piezas de cristalería de Bohemia, Rosenthal o Sèvres.
NOTA: El autor de este blog disfrutará a partir de hoy de sus merecidísimas vacaciones anuales. Les deseo lo mejor y mucha paciencia para hacer frente a los recortes de casi todo, menos de impuestos, que nos tiene preparados el Gobierno. Saludos cordiales a todos.
Hay 14 Comentarios
Sinceramente D. Luis, me gusta su definición:
"disfrazan de Ley, lo que no es otra cosa que su voluntad preestablecida"
Concisa, concreta y certera.
Por una vez, estamos de acuerdo.
Con su permiso la utilizare, en mis escritos mas pausados, porque en los blogs, escribo rapido, mal y a borbotones.
Saludos.
Publicado por: Panóptico | 18/07/2012 9:46:44
No le quepa duda que la admisión de la querella contra Bañez estaría igual de bien fundamentada , es más, sería mucho más fácil para el ropón supremo justificar porqué cuando Fátima filtra a los medios amigos datos reservados de trabajadores afectados por un ERE puede haber incurrido en un delito de revelación de secretos que razonar que Divar aplique fondos públicos a actividades privadas no constituye ilícito alguno, al haberse cumplido la norma que regula su fiscalización. O que el hecho de un conocidísimo promotor te regale el amueblado de una habitación para tu hija o que Hípica Almenara sea la única hípica de España con beneficios merced a sus jugosos patrocinios no constituye ilícito de cohecho alguno.
Será por motivación estos señores...para algo son ropones supremos, leñe¡¡ Otra cosa son que yo sea muy libre de hacer juicios de intenciones, a la vista de lo mucho que me ha maleado el titular de este blog y de que , al final, tanto si prevarican (es decir, si disfrazan de Ley lo que no es otra cosa que su voluntad preestablecida), como si no, da igual, pues los únicos jueces que podrían condenarles serían....ellos mismos.
Esa es la diferencia real con Serrano, y no otra.
Publicado por: Luis Garcia | 17/07/2012 22:33:13
Recuerde D. Luis, que la admisión o no de las querellas vendrá motivado, porque después de ser competente, el Juzgado que la analiza, resulta que los hechos en que se funde constituyan delito y porque el juicio de verosimilitud que realiza el Juez Instructor, en esa primera fase, supone que no estando prescritos, durante la tramitación se podrá probar de forma contradictoria,que dichas conductas son punibles.
Los Autos del Tribunal Supremo que acordaron el Archivo, en los casos de Divar o Bono, son muy fundamentados, con lo cual cumplen "lo poco" que le es exigible a un Juez.
Bien sabe, que no están obligados los Jueces, a tener un acierto completo en sus resoluciones, pero si a motivarlas desde la correcta aplicación de la Ley vigente.
Por esta razón, no creo que en los casos por Vd., citados dichos Jueces del Tribunal Supremo hayan prevaricado.
Lo que no se puede consentir, es que antes de ser juzgado, el Juez Serrano acepte la "imparcialidad implicita" -puesto que pudiendo hacerlo no formulo recusacion- de toda la Sala Penal que le toco "en suerte" para conocer de su Recurso y que ahora después de conocer la Sentencia, diga sin argumento que lo sustente, que estos Jueces del Supremo (solo los 3 que votaron a favor de su condena) son parciales.
Que mal perder tiene este Juez, que se sentía "esclavo" y que acusa al Tribunal Supremo de aceptar presiones de lobbys feministas (la webs, que le apoyan hablan de feminazis) y que por eso prefiere ser un "Abogado Libre" a partir de ahora.
El comunicado de la Asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, de hoy dice que "el hecho de que la sentencia de instancia condenara por el delito de prevaricación imprudente" le causa indefension a su asociado cuando, la Acusación Particular y el Tribunal Supremo reconoce que fue prevaricacion DOLOSA (a sabiendas).
En fin "caso cerrado" puesto que el Tribunal Constitucional, seguro que no acepta el Recurso de Amparo, ni menos el TEDH, dado que durante el proceso no se ha denunciado ningún derecho fundamental.
Publicado por: Panóptico | 17/07/2012 21:39:03
Vamos a ver, Panóptico: ¿quién cree que prevarica más?: el Magistrado de la Sala 2ª que admite una querella contra una ministra de quien se sospecha fundadamente que ha remitido una copia de la solicitud de un ERE con información reservada (revelación de secretos) o quien inadmite una querella a Divar por malversación o a Bono por cohecho pese a la existencia de sospechas igualmente razonables.
Los aforamientos se inventaron para evitar que Diputados, Senadores y miembros del Gobierno se vieran en la tesitura de responder ante cualquier juececillo del montón, uno de esos que nos le debe nada y que puede tener la tentación de tratarles como a un justiciable más. Obviamente, su adorados magistrados supremos funcionan bajo el principio do ut des , es decir, son muy escrupulosos y exigentes para admitir una querella , escrúpulos que pueden desaparecer si el señor ministro continúa haciendo guarradas a la carrera.
Publicado por: Luis Garcia | 17/07/2012 20:28:48
El idiomático es "un elefante en una cacharrería". ¿De dónde sale lo del "rinoceronte en una cristalería"?
Publicado por: 1qalkiera | 17/07/2012 10:34:48
Como se puede estar defendiendo a un Juez prevaricador y al mismo tiempo decir:
"Gallardón minusvalora el enorme poder que tienen las cúpulas asociativas sobre las altas magistraturas. Ojito a los próximos meses, y recuerden que el Gobierno solo es Gobierno mientras las Sala 2ª decide que sea así. Esa querellita que le puede caer a la ministra Bañez por revelación de secretos...hum, cualquiera sabe lo que puede pasar"
Yo creo en la presunción de inocencia y en la legitimidad de las personas -que temporalmente- encarnan el cargo de Juez. Amenazar la Sala 2ª del TS de modo "velado" que aceptara una "querellita" cuando no debían hacerlo (PREVARICACION DOLOSA de nuevo) nunca pasa por mi imaginación.
Si fuera verdad que ocurre, como cuenta nuestro contertulio, habria que "derogar" el art. 127.1 de la Constitución, donde se reconoce a los Magistrados, la posibilidad de fundar e incorporarse a ASOCIACIONES PROFESIONALES.
Miedo me da, que personas que tuvieron todo el viento a favor para aprobar una difícil oposición, se olviden de que su legitimada democrática, recae en su capacidad para MOTIVAR aplicando el ordenamiento jurídico vigente y no su propia voluntad, porque entonces "prevarican".
El que sea un "órgano colegiado" y la exigencia de motivación nos protegen en este caso de un aventurado "salva-patrias" que utiliza el poder democrático que se le otorga, para que los demás reconozcamos que en el fondo es un dictador y que lo quiere es "aplicarnos, su propia voluntad hecha ley".
CORRUPTIO OPTIMA, PESIMA EST.
PD.- No se entienda que estoy de acuerdo con GALLARDON y "sus proyectos de ultima hora" solo digo, que este Ministro y gobernante, tiene mas "legitimidad democratica", ademas por Ley le corresponde proponer, que las personas que modo temporal encarnen el Poder Judicial, estas (los Jueces) solo se representan a si mismo y tienen como todos un solo voto, por lo que les esta vedado "andar politiqueando y menos desde el estrado, bajo la apariencia de AUTORIDAD judicial".
Publicado por: Panóptico | 17/07/2012 0:21:21
En efecto, Sr. Yoldi, concluyen primero por "caducidad" es decir porque al Magistrado (Letrado CGP) Instructor no le da tiempo de concluirlo en 6 meses desde que lo inicio.
Como sabe, desde que se comenten "los hechos" hasta que se ordena la incoación del Expediente Disciplinario, pasa un tiempo que es de PRESCRIPCIÓN (en este caso, un plazo como el de las faltas penales de 6 meses) osea que se INTERRUMPE esta, por la Apertura del Expediente (que tiene otros 6 meses para que se instruya y resuelva) y se SIGUE contando el plazo de prescripción (hasta los 6 meses) una vez resuelto el Expediente (o trancurridos el plazo de 6 meses).
EL FRAUDE DE LEY, esta en dictar resolución en un Expte, que debería archivarse por caducidad y no proceder a la apertura de otro Expediente NUEVO.
Puestos de acuerdos "el sistema" resulta que solo se tiene que impugnar una "resolución caduca, extemporánea" y como esto lo suelo conceder la Sección 7ª del TS (mas de 2 años después) resulta que ahora, ya ha PRESCRITO la posibilidad de sancionar del CGPJ y el Juez quede INDEMNE, impoluto.
HECHA LA LEY, vemos que esta hecha la ..........................
Ahora ademas "los jueces sancionados disciplinariamente y después anuladas por caducidad" son INDEMNIZADOS, hay algos casos que por la cantidad reconocida merecen un post.
PD: Esta "carnaza" la puse para que picaran "los primos" de los "ropones", pero Vd., Sr. Yoldi se ha adelantado.
Buenas vacaciones.
Publicado por: Panóptico | 17/07/2012 0:04:52
Se me olvidó: Felices vacaciones!!!
Publicado por: Belén Mtnez. Oliete | 16/07/2012 20:20:32
El post me parece muy interesante.
Los post anteriores parecen mostrar que el poder judicial está activo. El anterior resulta una burla ante la gravedad de asuntos que afrontamos muchos ciudadanos.
Es la primera vez que he oído por parte de un gobierno, que se va a legislar sobre el uso fraudulento de los recursos públicos con el fin de aniquilar a determinados ciudadanos.
Resulta muy preocupante que el poder judicial no se haya pronunciado al respecto en sentencia alguna. Teniendo esto en cuenta, no es posible comprender la protesta que se expone en este post: "trata de reducir al tercer poder del Estado y sus amplias atribuciones a una especie de apéndice de su ministerio".
Con la colaboración del Ministerio Fiscal, el Poder Judicial no muestra independencia en su quehacer ante los poderes fácticos (gobiernos, curia, corporaciones y bancos, entre otros). Por eso toman partido.
Así pues, queda entendido el post como una toma de riendas por parte del gobierno central o de Ruiz Gallardón.
A falta de Estado de Derecho en la práctica, los ciudadanos deseamos que las cosas mejoren. Se ha llegado a atentar contra las víctimas en los juzgados, por ejemplo, con la complicidad de todos los poderes (incluído el de la Información). Coincido en que "El ministro podía haber esperado que el Consejo se cociese en su jugo y que, debido a la tremenda división existente en su seno, los vocales fuesen incapaces de encontrar un sustituto para Dívar". Pero dadas las circunstancias, me parece coherente su proceder. Apartarse ahora solamente hubiera denotado un juego sucio
Publicado por: Belén Mtnez. Oliete | 16/07/2012 11:50:09
¿Sabe una cosa? A mi lo que mas me fastidia de este chulazo, es que se haya ido del ayuntamiento de Madrid sin pagar, y encima nos deja una boba para disimular.
De su nuevo ministerio ya hablaremos cuando haya libertad de expresión. Mira, rima con Garzón...
Publicado por: carlos | 16/07/2012 9:55:21
Estimado señor Yoldi: para que veo que siempre sigo sus recomendaciones , voy a expresar mi opinión en forma breve, y procurando ajustarme al tema objeto de debate.
De tanto decir que el CGPJ está politizado hemos olvidado que realmente lo que está es fuertemente influenciado por dos de las cuatro asociaciones judiciales, APM y JD, cuya filiación conjunta anda en torno a 1.600 personas, pero que realmente disponen acerca del 90% o más de las designaciones de altos cargos de la magistratura. Durante todo este tiempo, el tandem Robles-Almenar han sido quien ha pactado por tanto los nombramientos, y ello ha enfadado a bastante gente. Pero el culmen llega cuando Gallardón, empecinado por controlar a Almenar, llega a exigir a Jesús Chamorro, a través del Secretario de Estado que mantenga a Divar. JCH solo quiere hablar directamente con el ministro, quizás porque pretende meter cuchara en los tres grandes proyectos judiciales en marcha (LOPJ, Lecr nueva y Ley de planta), y no con un chisgarabís que nadie sabe de donde ha salido (bueno, se sabe, del gabinete técnico del TS). El Ministro no se pone al teléfono y consuma su venganza por la caída de Divar: os quito los 20 momios y hago un consejo sin virtual peso (serán 20 señores que se reúnan un par de veces al mes para ser pastoreados por un Presidente, que se espera que sea de la máxima confianza). No le va a salir gratis a Gallardón. Los de la APM serán muy de derechas, pero no tanto como para hacer de palmeros de las arbitrariedades del ministro (y menos si encima te rebajan la nómina, y te pasan de 18 días de permisos por asuntos propios a solo 3, de golpe). Gallardón minusvalora el enorme poder que tienen las cúpulas asociativas sobre las altas magistraturas. Ojito a los próximos meses, y recuerden que el Gobierno solo es Gobierno mientras las Sala 2ª decide que sea así. Esa querellita que le puede caer a la ministra Bañez por revelación de secretos...hum, cualquiera sabe lo que puede pasar.
Vaya, me pasé con la extensión. Lo siento, felices vacaciones, don José.
Publicado por: Luis Garcia | 15/07/2012 20:16:40
Señor Panóptico, dos cosas.
1) No me sea provocador. Lea mi último comentario al post del juez Serrano y aplíquese el cuento.
2) Los expedientes disciplinarios contra los jueces acaban sin responsabilidad por caducidad del expediente, como llevo comentando desde hace tiempo en este blog, no por prescripción. El plazo de caducidad (instruir y sancionar) para los jueces es de seis meses, claramente insuficiente, mientras que para los secretarios judiciales o funcionarios es de un año. Una discriminación que no parece razonable.
Por cierto, en mi opinión, el caso Palazón, que afectaba al catedrático Eduardo García de Enterría y varios integrantes de la jet set, tiene poco que ver con el caso Bankia, y el juez Luis Lerga era muy diferente del juez Fernando Andreu.
Y gracias por sus buenos deseos. Yo también le deseo que descanse y pase buen verano
Publicado por: José Yoldi | 15/07/2012 13:05:42
Tambien le deseo un merecidisimo "descanso" Sr. Yoldi.
Si va por Marbella, ya sabe donde no encontrara a Divar.
Respecto de este post, estoy con Vd., que andan todos muy cabreados, dicen que los experimentos con gaseosa.
Al contertulio "CasasViejas" le remendaria que viera un caso que llevo Vd., hace muchos años (los viejunos, somos asi) era el famoso caso PALAZON, donde estaba implicado un famoso y prestigioso Catedrático de Dº Administrativo y en aquellas fechas, nada mas y nada menos que Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Juez Andreu, que ha hecho una estupenda labor en el Derecho Internacional, sobre "la guerra en el Congo" creo que le pasara como al entonces famoso JUEZ LERGA, con este caso BANKIA, el sistema procesal penal como el Sr. Yoldi, decía en otro post, no esta preparado para llegar al final.
Hay otra cosa, que me gustaría comentar y es en el Proyecto de Reforma de la LOPJ sobre el CGPJ, en la figura del que se conocerá como "Promotor de la Acción Disciplinaria de los Jueces" (Juez del Tribunal Supremo, según se propone).
Dado que el art. 9 y 117 de la Constitucion, asi como la LOPJ nos hablan de un "JUEZ RESPONSABLE" (A nuestro contertulio D. Luis, le recomiendo que le pida prestado a su primo, el Estudio que hizo D. LUIS ESTEBAN DELGADO DEL RINCON, publicado por el Centro de Estudios Politicos y Constitucionales en 2002) creo que esta, es una función que debe ser reformada si queremos unos verdaderos Jueces.
Tanto el anterior responsable (Magistrado de la AN) como el actual en la Sección Disciplinaria, hacen peor trabajo que la famosa Interventora controlando los gastos de Divar.
Debería indagar Sr. Yoldi, sobre ¿los motivos? por los que casi TODOS (95%) de los Expedientes Disciplinarios contra los Jueces terminan con PRESCRIPCIÓN.
Resulta clamorosa y llamativa, la jurisprudencia de la Seccion 7ª del Tribunal Supremo, donde una y otra vez "prescripcion" de modo que si ya cierran la mayoría de Quejas, las pocas que llegan a sancionar (y la prensa se hace eco de ello) si Vd., sigue el caso se encontrara que el Tribunal Supremo, resuelve finalmente que existió PRESCRIPCION.
Es un modo mas de corruptela "oficial" dejando hacer y mirando para otro lado, como vimos todos en el Caso Divar, osea como "Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como".
Que disfrute de las vacaciones Sr. Yoldi.
Publicado por: Panóptico | 15/07/2012 12:32:04
Lo primero es lo primero. Desear un buen descanso al Sr.Yoldi. En relación al tema de hoy: Gallardón y los jueces hay que decir que las relaciones entre uno y otros pasa de castaño oscuro.Para un entendimiento cabal de los "frentes" abiertos hay que ponerse en el lugar del que roba gallinas.En la Fundación "San Borondón" se comenta que quizás ha llegado el momento de fichar/nombrar como árbitro a quien al dia de hoy tiene la mejor y mas completa visión de la "jugada".De la justicia,vamos.Y es que nos jugamos mucho en la "faena".Cada vez estamos mas cerca de la órbita de Estados fallidos como México o Somalia sin ir mas lejos.En lo económico está confirmado.No hay nada mas que ver el prestigio del Banco de España (Mariano Rubio,la cara de asco de Mafo para controlar,etc).Por eso urge salvar los muebles.Por eso urge hacerse con los servicios del mejor "retratista" del "tomate" de la justicia.Estamos en manos del ilustre jerezano D.Pedro Pacheco.Esta criatura,por su experiencia (vamos camino del 50 aniversario de su célebre y muy puñetra frase) sí sabe lo que hay que hacer - y no como otros-para nombrar presidente del CGPJ. Este personaje si sabe que hacer -y no como Aznar-para que los del Tribunal de Cuentas aprendan contabilidad.Este hombre sí sabe que hacer para romper el mayor cancer que tiene esta tierra de conejos:El empate técnico entre política y justicia.En fin,Gallardón tiene que ponerse manos a la "obra",nunca mejor dicho hablando de obras,para que el prestigio de esos 4.500 jueces levante el vuelo por encima de los cordones de los zapatos.Gallardón debe saber que se ha encendido un piloto:El juez de la Audiencia Nacional,Andreu, ha dicho que piensa ir hasta el final en el caso Bankia.Que en España un juez diga eso de ir hasta el final es que estamos iniciando una nueva Era,como la de Pericles sin ir mas lejos.Seamos realistas,el asunto de la justicia en España no sale ni por logaritmos neperianos.Vamos,que no caerá esa breva.Y en ese plan.Ninguno.
Publicado por: Casas Viejas. | 15/07/2012 10:15:17