Pintan bastos

Todas las asociaciones judiciales y fiscales se han puesto de acuerdo. Aunque solo sea porque cada una es de un padre y una madre, merece la pena conocer su punto de vista, que además, me parece que, al menos por esta vez, cuenta con el respaldo de esa otra mitad de la carrera que no está asociada.

El señor ministro debería escuchar antes de lanzar globos sonda prospectivos que lo único que consiguen es poner de acuerdo a todos en su contra.

Con el fin de que estén ustedes informados les reproduzco el comunicado conjunto que las siete asociaciones han emitido hoy.

La Comisión interasociativa propone a las juntas de jueces y fiscales convocada para el próximo día 21 de septiembre que se adhieran al siguiente comunicado y medidas propuestas.

Los jueces, magistrados y fiscales queremos dejar patente el malestar de la Carrera Judicial y Fiscal debido a la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español, para impulsar una Justicia ágil y eficaz, dotándola de los medios personales y materiales necesarios, cuando, en realidad, no hay inversión más social que la que se efectúa en Justicia, pues una justicia ágil es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión interna y extranjera, todo ello, en garantía de los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, lo anterior contrasta con el manifiesto interés por el control político de nuestros órganos de gobierno.

La situación actual es la siguiente:

.- Ausencia de inversión en Justicia

.- Descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia.

.- Congelación de plazas judiciales, fiscales y oposiciones.

.- Recortes salariales y estatutarios.

.- Control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial.

Reclamamos:

-       El pleno respeto a la independencia, competencia y función del Consejo General del Poder Judicial, con abandono de la reforma planteada que atrofia su capacidad constitucional de actuación.

-       El mantenimiento de un estatuto profesional que contemple actualmente la singularidad de nuestra función y en el que no se limiten ni nuestras funciones ni nuestros derechos.

-       El desarrollo de reformas legislativas que mitiguen el actual colapso judicial y compensen las dificultades presupuestarias para la modernización de la Administración de Justicia.

-       La convocatoria de oposiciones para cubrir aquellas plazas plazas de Juez y Fiscal ya presupuestadas y ofertadas en anteriores procesos selectivos y que han resultado vacantes.

Consideramos estas reclamaciones una exigencia adecuada a la coyuntura económica actual, instando al Ministerio de Justicia para que abra una vía de negociación que de respuesta a nuestras peticiones. Hasta entonces los Jueces y Fiscales, para compensar las inadmisibles carencias de nuestra Administración de Justicia, solo ejerceremos nuestras funciones dentro de los estrictos márgenes de la Ley y, obviando criterios productivistas, atender solo a la Justicia de calidad que los ciudadanos merecen y reclaman.

Se proponen como medidas:

1.- Cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley.

2.- Autorregulación. Instar a la Comisión de Prevención de riesgos laborales para que proceda de inmediato a establecer la carga de trabajo que debe desarrollarse conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e higiene, así como el establecimiento de un catálogo de enfermedades laborales.

Entre tanto, instar la convocatoria de juntas de jueces sectoriales para establecer la carga de trabajo a la que ajustar nuestra función.

Los fiscales instarán a la Fiscalía General que fije un módulo de trabajo razonable y entre tanto, los fiscales ajustarán sus funciones a meros criterios de calidad y salud. Instarán, asimismo, de la Fiscalía General que fije un catálogo de enfermedades profesionales en coordinación con la comisión de riegos laborales de los jueces.

3.- Por la comisión interasociativa se convocará una concentración de toda la Carrera Judicial y Fiscal.

Si los anteproyectos de reforma de la LOPJ no se paralizan, ya que atentan a la independencia de los jueces y a la autonomía de los Fiscales y sigue sin abrirse una vía de negociación seguiremos adoptando medidas de presión concretas sin descartar paros parciales y huelga.

Las asociaciones de jueces y fiscales prestarán cobertura y asistencia a todos aquellos jueces y fiscales que secunden estas medidas.

Mª Teresa Sáez Martínez (APM)

Ramón Rodríguez Jackson (AJFV)

Ignacio Martín Verona (JD)

Benito Raboso del Amo (FJI)

Antonio Roma Valdés (Asociación de Fiscales)

José María Caballero Sánchez – Izquierdo (APIF)

María Moretó Matosas (UPF)

'Acetabularius' de los hechos

Carlos Dívar (izquierda) y Pascual Sala, en los actos del Bicentenario del Tribunal Supremo. Foto: Uly Martín

Equiparar los viajes de Pascual Sala a los de Dívar sería un chiste si no fuera un despropósito

“En tareas de investigación, si los hechos contradicen la teoría, los hechos deben ser descartados de inmediato”. Esa variante sarcástica de una de las leyes de Murphy parece emparentada con la máxima más cínica y célebre del periodismo, esa que dice: “No permitas que la realidad te estropee un buen reportaje”.

Y resulta que a rebufo de la renuncia de Carlos Dívar a sus cargos de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por haber cargado a los presupuestos del organismo hasta 32 periplos de fin de semana largo a Puerto Banús y otros destinos turísticos, algún colega ha decidido sacar petróleo de los viajes del presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, dando por sentado que las conductas de ambos magistrados eran similares o cuando menos equiparables.

Y sorprende que quienes salieron en defensa de la honradez de Dívar, de la legalidad de sus viajes y de sus gastos de representación, ataquen ahora con tanto denuedo a Pascual Sala, no porque su proceder sea ilícito sino, al parecer, por su tendencia ideológica.

Ya se sabe que las comparaciones son odiosas, pero si hay que comparar…

Sala realizó en 2011 seis viajes: a Estrasburgo (Francia), Bucarest (Rumanía), Puerto Rico, Moscú y San Petersburgo (Rusia), Karlsruhe (Alemania) y París (Francia). Todos ellos fueron oficiales, como sus correspondientes actividades, y en todos fue acompañado por una persona, generalmente, el jefe de gabinete, salvo en la devolución de la visita al Tribunal Constitucional de Karlsruhe, a la que asistieron también el vicepresidente y tres magistrados. Las estancias nunca superaron los tres días y en los dos desplazamientos a Francia,  la vuelta se realizó el mismo día. Por regla general, los organizadores costearon los gastos de alojamiento y manutención y, en ocasiones, también los vuelos.

De Dívar no se han contado sus viajes internacionales, sino únicamente los 20 viajes de fines de semana caribeños, de al menos cuatro días a Puerto Banús (Marbella) y los otros 12 a otros destinos turísticos de España, en hoteles de lujo, la mayoría de los cuales hacía pasar por oficiales y con cargo a los presupuestos del Consejo, cuando en realidad eran de placer y descanso. El expresidente se desplazaba en AVE, clase club, hasta Málaga, donde le recogía un tan suntuoso como innecesario séquito de entre cinco y siete escoltas y dos o tres coches oficiales que le trasladaban a Marbella.

Dívar rechazó dar explicaciones de esos viajes, pero las coartadas utilizadas por personas de su entorno para justificar el carácter oficial de las estancias fueron desmentidas por autoridades judiciales, autonómicas y municipales. Una invocada invitación oficial a Santillana del Mar para justificar un viaje a Bilbao debería figurar en la antología del disparate. El desmentido del expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla fue de tal calibre que precipitó la caída de Dívar: Nunca fue invitado, sino que reclamó entradas gratis para visitar la siempre jurídica y oficial cueva de El Soplao.

También se publicaron las 24 cenas y 8 comidas para dos, solo en las estadías de Puerto Banús, que Dívar facturó como gastos protocolarios y de las que alegó que tenían “carácter público y oficial y no respondían a relaciones personales”, cuando en realidad no eran otra cosa que  atenciones a su jefe de seguridad.

Y no se han detallado sus viajes internacionales, siempre con ampuloso séquito y en gran clase, salvo para explicar que desde el Consejo se intentaron suprimir escenas de los vídeos en los que aparecía con su jefe de seguridad en Colombia, República Dominicana, Panamá y Chile, pero nada de otros lugares como Uruguay, Argentina o Roma, o sus visitas a Fátima o Lourdes.

Tal vez se pudiera exigir una mayor austeridad en los viajes del presidente del Constitucional, pero equipararlos a los de Dívar es un despropósito que solo podría ocurrir en una semana con dos domingos. O eso o que se haga magia. Esa ilusión que permite creer como posible un imposible.

Quizá no lo sepan, pero como me ha contado mi amigo Javier, prodigioso mago, en la Roma clásica los prestidigitadores eran conocidos como acetabularius, es decir, los que juegan con los vasos del vinagre, porque el truco, que perdura hoy en día, era el de los trileros, esconder la bolita en los vasos.

De modo que aquellos que intentan distraernos con la magia de comparar los viajes de Dívar con los de Sala solo pueden ser acetabularius de los hechos y del periodismo.

La visibilidad del señor ministro

Alberto Ruiz-Gallardón y Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que se anunció un informe previo al anteproyecto de Código Penal. Foto: Uly Martín

 

Parece evidente que Alberto Ruiz-Gallardón es un político que necesita como pocos una presencia constante en los medios de comunicación. Y hasta ahora, especialmente en su etapa de alcalde de Madrid, lo había conseguido con grandes proyectos, como el de los túneles de M-30, la vía de circunvalación de Madrid, que requerían importantes inversiones e ingentes cantidades de dinero. No por otra cosa se ganó el apodo de Alberto Ruiz Faraón.

Ahora, conseguido su sueño de ser ministro, le ha tocado en suerte el Ministerio de Justicia, y a falta de fondos —los recortes de Rajoy nos alcanzan a todos— ha puesto en marcha una impresionante campaña publicitaria de sus actividades que le está proporcionando la visibilidad deseada, aunque a costa de un notable desgaste personal.

Acertada o equivocadamente, Gallardón tenía fama de ser el ala izquierda del PP, el “verso suelto” al decir de Esperanza Aguirre, el personaje que posibilitaba el viaje al centro del partido, que necesita el desencanto de los votantes de izquierda o ganar los votantes de centro para alcanzar la mayoría absoluta.

Y en dos patadas, o como quien dice con dos informes previos a sendos anteproyectos de ley, ha desparramado el tarro de las esencias y ha puesto en su contra a los casi 5.000 jueces españoles, por su anunciada reforma del Poder Judicial, y a la mayor parte de las mujeres por cómo ha planificado la contrarreforma de la ley del aborto.

Ahora, en la presentación tras el Consejo de Ministros de otro de esos informes previos a los anteproyectos de los que tanto gusta, ha anunciado de nuevo —ya las había explicado en julio— las líneas maestras de lo que será el nuevo Código Penal.

La medida estrella es la entronización de la cadena perpetua revisable. Un supuesto endurecimiento de la pena que es más populista que real. Porque, por si no lo saben, en España, ahora mismo, ya se puede imponer una pena de 40 años de prisión sin beneficios penitenciarios y a cumplir día a día. Se introdujo en la reforma de 2003, con Aznar como presidente del Gobierno. Y la pena que ahora propone Gallardón es la prisión permanente revisable entre los 25 y los 35 años, según el delito del que se trate. O sea, más o menos parecido pero con mucha alharaca.

Para que tengan una idea de las penas que se aplican en Europa, Anders Breivik, el neonazi que asesinó a 77 personas en Oslo y la isla de Utoya, fue condenado en Noruega a 21 años de cárcel prorrogables si las autoridades encuentran que tras pasar ese período sigue siendo peligroso para la sociedad.

Lo que parece evidente es que varios de los supuestos que ahora se contemplan están inspirados en los de los casos más llamativos de los últimos tiempos como el de Marta del Castillo, la niña Mari Luz o el más reciente de los niños Ruth y José Bretón. Alguien dirá que no es populismo, pero desde luego, tiene toda la pinta, sobre todo porque aunque las Cortes aprueben los artículos como quiere Gallardón, nunca podrán ser aplicados a los supuestos autores de esos delitos, ya que no estaban en vigor cuando los crímenes se cometieron. La Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de las normas  sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Lo que si es una novedad es la llamada “custodia de seguridad” que es una prolongación de la pena de prisión si una vez cumplida la pena el tribunal considera que el reo sigue siendo un peligro para la sociedad. La custodia de seguridad debe fijarse en la misma sentencia donde se imponga la prisión.

No quiero extenderme mucho, pero no quería dejar de mencionar el aumento de penas para los delitos de incendios forestales, el de atentado a la autoridad, con especial incidencia para los integrantes de movimientos como el 15-M , y la de persecución de los morosos, para reforzar la protección de los acreedores.

 ¿Por qué será que no me sorprende que la reforma que propone el ministro Gallardón no ha endurecido la persecución de los directivos de bancos y cajas que han propiciado su quiebra y que han puesto en peligro la solvencia y la economía de un país? ¿Por qué no se ha aumentado el plazo de prescripción para tan graves delitos económicos? ¿Por qué no se ha tipificado la conducta de determinados especuladores que esquilman valores y llevan a la quiebra a empresas?  Seguro que se merecían estar en este Código Penal tan deslumbrante como pomposo.

Aunque igual Gallardón incorpora estas indudables mejoras en la próxima reforma que anuncie.

Del a pie juntillas al ya veremos

España trata de soslayar las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Palacio de los Derechos del Hombre, sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo (Francia). Foto: Michel Christen (TEDH)

 

España es un país de grandes campeones. Y rápidamente alguien pensará en los triunfos de La Roja, la selección de baloncesto, Rafa Nadal o Alberto Contador. Pero mucho más campeones son los magistrados del Tribunal Supremo o del Constitucional, algunas de cuyas resoluciones son condenadas en Europa por vulnerar derechos humanos y tratados que España ha suscrito y lejos de humillar la cabeza y tratar de reparar el daño que han causado, se buscan tecnicismos para soslayar el efecto de las condenas. ¡Qué grandes!

Pero eso no siempre fue así. Durante la Transición, los magistrados eran más conscientes de los excesos que cometían para evitar que determinados delincuentes se beneficiasen de las garantías que las leyes otorgan a los ciudadanos y eran más propensos a reparar sus propios errores. Ahora parece que son más reacios a rectificar las resoluciones en las que ellos –encargados de defenderla y aplicarla- han vulnerado la ley.

En 1982, la Audiencia Nacional condenó a tres independentistas catalanes Xavier Barberá, Antoni Messegué y Ferran Jabardo a penas superiores a 30 años de prisión, por haber colocado el 9 de mayo de 1977 una bomba en el pecho del industrial José María Bultó, cuya explosión le causó la muerte horas después. El Supremo confirmó la condena y aunque los condenados alegaron que no habían tenido un juicio justo, el Constitucional avaló la sentencia.

El 6 de diciembre del 1988, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por violación del derecho a un proceso con todas las garantías. Sentencias del TEDH. El problema era que no había un cauce establecido para aplicar en España las sentencias del TEDH. No parecía razonable mantener en prisión a Barberá y Messegué —que llevaban presos desde el 14 de octubre de 1980— cuando el juicio por el que habían sido condenados no había sido justo. No es que fueran inocentes, pero prorrogar la prisión equivalía a convalidar la ilegalidad por la que habían sido condenados.

El Supremo, sin embargo, declaró que las sentencias del TEDH tenían naturaleza declarativa y no fuerza ejecutiva, y se negó a anular las condenas contra Barberá, Messegué y Fajardo. Pero, en 1991, el pleno del Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la pena de prisión y anuló las resoluciones de la Audiencia y del Supremo, declarando que aunque las sentencias del TEDH no tienen efectos ejecutivos en España, son “obligatorias y vinculantes para nuestro Estado”. Descargar sentencia. La decisión suponía de hecho otorgar eficacia de derecho interno a una sentencia del TEDH, es decir, un cumplimiento a pie juntillas.

El Constitucional aseguraba que el Estado democrático de derecho sufriría irremisiblemente si hubiera de consentirse la perpetuación de una situación declarada contraria a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, sin posibilidad de ser reparada satisfactoriamente”. No hay indemnización compensatoria posible cuando está en juego la libertad personal.

Sin embargo, y a pesar del precedente, un par de años después, el Constitucional se negó a conceder los mismos efectos a la condena de España por el caso Ruiz-Mateos —vulneración al derecho de defensa y dilaciones indebidas—, al que ni siquiera admitió a trámite los recursos.

Lo mismo ocurrió con otra condena a España en octubre de 1998 por el caso Castillo Algar, condenado a tres meses de cárcel por el Tribunal Militar Central. Varios miembros de la Sala habían rechazado recursos del militar lo que suponía que habían perdido su imparcialidad objetiva y no deberían de haber formado parte del tribunal que luego le condenó. Estudio del catedrático Ángel Rodríguez sobre los efectos de las sentencia del TEDH en España

Ni el Constitucional, ni el Supremo anularon la condena de Castillo Algar, pero desde entonces se ha establecido que el juez que instruye no puede juzgar, principio que se aplica sistemáticamente, salvo en algunos casos de aforados en el Supremo. España también ha sido condenada por no respetar el principio de doble instancia penal, pero ni los magistrados ni el legislador han hecho nada para remediarlo.

Ahora ha llegado la primera condena por la llamada doctrina Parot, esa interpretación de la aplicación de los beneficios penitenciarios que ha servido para prorrogar de manera arbitraria y con efectos retroactivos las condenas de más de 50 presos, en su mayoría de ETA. “Un denodado intento de los custodios de la legalidad de hacerse trampas al solitario”, en palabras de un magistrado. Y es que uno espera que los garantes de las leyes, las defiendan y no las vulneren, lo mismo que se espera de los banqueros que nos guarden el dinero, no que nos lo roben. Y parece claro que habrá muchas más condenas por causa de la doctrina Parot, porque como varios catedráticos habían explicado y el TEDH ha confirmado, es una vulneración manifiesta de derechos fundamentales.

De entrada, los magistrados, lejos de acatar el fallo que ordenaba la puesta en libertad de la etarra Inés del Río, se han puesto de perfil, y el Gobierno ha ordenado que se recurra ante la Gran Sala, de modo que para cuando se resuelva el asunto la etarra llevará un año más en prisión.

Todos los países suelen acabar condenados por vulneración de derechos en casos incómodos. Reino Unido es por el momento el gran campeón en ese terreno, pero las sentencias por la doctrina Parot nos van a colocar en cabeza y quizá no sea un timbre de gloria tratar de ser campeones en lo malo, evitando aplicar las sentencias que nos condenan.

 

El arte de hacerlo... como siempre

Dívar, que tuvo que renunciar a su cargo por sus viajes caribeños, pretende llevarse 208.243 euros

Carlos Dívar abandona el Consejo tras su renuncia al cargo. Foto: Uly Martín

 

Menos mal que el Gobierno de Rajoy decidió recortar el sueldo de los funcionarios, suprimirles la paga de Navidad y subirnos a todos el IVA, porque de lo contrario igual Hacienda no tenía fondos suficientes para pagar los 208.243 euros de indemnización que el ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, sin el menor atisbo de vergüenza o rubor, ha reclamado tras tener que renunciar a su cargo el 21 de junio pasado por el vidrioso asunto de los viajes.

Porque, por si no lo recuerdan, el 16 de junio, dos días antes de la celebración del bicentenario del Tribunal Supremo, un nutrido grupo de vocales comunicaron a Dívar que había perdido su confianza por haber cargado a los presupuestos del Consejo la mayor parte del desplazamiento, alojamiento y manutención de los 32 viajes de fines de semana caribeños (solo se trabaja de martes a jueves) que realizó a Puerto Banús y otros destinos turísticos durante tres años, así como los gastos protocolarios que incluían numerosas cenas para dos en restaurantes de lujo.

Sus compañeros, para no deteriorar más la imagen de la institución, le pusieron en la tesitura de dimitir o de ser expulsado. Y él, que había proclamado que nunca dimitiría, no tuvo más remedio que tomar la salida que le enseñaban, aunque con la convicción de que gastarse el dinero de los contribuyentes a cuerpo de rey era un derecho que le asistía.

Ahora,  ya jubilado, considera que los españoles tenemos que seguir financiando sus actividades, algo así como el óbolo de San Carlos —el de San Pedro, obviamente es para el sostenimiento de la Santa Sede—, y ha reclamado una indemnización que equivale al 80% del sueldo que percibía durante dos años, es decir, 208.000 euros. Esta dádiva, prevista en una ley de 1980, tenía como finalidad compensar a los ministros y altos cargos por los perjuicios ocasionados al acceder al cargo o los derivados de las incompatibilidades que tenían que sufrir al volver a la actividad privada, ya que no podían ocuparse de asuntos que hubieran tratado durante su etapa oficial.

Pero de ninguna manera podía entenderse como una prebenda para los políticos frente al resto de la ciudadanía. Así lo declaró en 2000 una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Supremo que señalaba: “Es evidente que la voluntad de los representantes de la soberanía popular era compensar a ciertos altos cargos, entre ellos los ministros, fijando un mecanismo indemnizatorio por los perjuicios derivados del ejercicio del cargo al dejar temporalmente sus anteriores actividades”.

Descargar sentencia

Pero el legislador nunca pensó en engordar la buchaca de personas que se jubilaban o las que hubieran tenido que dimitir, y la sentencia mencionada recordaba que determinadas excepciones chocan frontalmente con el principio de igualdad. Por ello señalaba que las pensiones públicas de los altos cargos, “deben estar sometidas a las mismas normas limitativas a que están todas las pensiones que se satisfacen con fondos públicos, con la excepción de las derivadas de actos terroristas”.

Y Dívar no padeció perjuicio alguno ni al acceder al cargo ni al tener que dejarlo, por lo que la indemnización no le corresponde. Lo mismo, por cierto, que a los dos ex presidentes del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba o Manuel Núñez que también han reclamado su indemnización.

Pero el Consejo, lejos de rechazar el notable abuso de quien tuvo que dejar el cargo por causa del deshonor, por 12 votos a favor (Moliner, De Rosa, Bravo, Lastra, Espejel, Dorado, Carmona, Torres Vela, Uría, Camp, Monserrat y Fernández Carnicero), una abstención (Gemma Gallego) y ocho en contra (Robles, Gómez Benítez, Cruz, Almenar, Montalbán, Azón, Aguirre y Collado) decidieron pedir a Hacienda la dotación presupuestaria para hacer frente al pago.

En un momento de recortes brutal y cuando los políticos deberían derogar sus propias prerrogativas y los beneficios de la ley 74/80 para no afrentar a los ciudadanos, el Consejo provisiona fondos para indemnizar al personaje que más ha deteriorado el prestigio del organismo y de la justicia. Grandioso.

El pleno del CGPJ decidirá el día 21 si da el dinero a Dívar. Esperemos que al final los vocales no tengan que reproducir la célebre frase del que fuera primer ministro ruso Viktor Chernomyrdin: “Quisimos hacerlo de la mejor manera posible y nos salió como siempre”.

Huelgas de hambre y dieta taurina

El etarra Iñaki de Juana, en el hospital 12 de Octubre, de Madrid, en febrero de 2007 durante su segunda huelga de hambre.

 

Del máximo beneficio al mínimo impacto. Así se podría definir el camino recorrido desde que el jefe del comando Madrid de ETA, Iñaki de Juana Chaos, con 25 asesinatos a sus espaldas y una condena de 3.129 años de prisión, realizó en 2007 la huelga de hambre más productiva de un terrorista que se conoce, hasta la que estos días ha llevado a cabo, con escasa repercusión y ninguna eficacia, Iosu Uribetxebarria, uno de los carceleros de Ortega Lara y condenado por los asesinatos de tres guardias civiles, que reclama la puesta en libertad por motivos humanitarios ya que padece un cáncer de riñón con metástasis en el pulmón y el cerebro, en fase terminal.

El radio de acción hasta donde afecta la atracción de un agujero negro se denomina en ciencia el “horizonte de sucesos”, algo así como un umbral de eficacia. Al trasladar ese concepto a la repercusión que tuvo la fotografía de De Juana en el hospital publicada en 2007 por el diario británico The Times, hay que concluir que sus efectos fueron devastadores.

De Juana había realizado una huelga de 63 días para reclamar su libertad en agosto y septiembre de 2006, tras haber pasado 18 años en prisión, en un momento en el que ETA había declarado una tregua. Todavía no se aplicaba la doctrina Parot, por lo que a De Juana, que no había seguido las directrices de la banda de renunciar a los beneficios penitenciarios —como sí hicieron sus compañeras de comando Inés del Río o Inmaculada Noble, que siguen en prisión—, le correspondía su excarcelación. Sin embargo, el terrorista fue condenado de nuevo a 12 años —que el Supremo redujo luego a tres— por unas cartas que la Audiencia Nacional consideró que constituían amenazas terroristas, por lo que volvió a la huelga de hambre.

ETA rompió la tregua con el atentado de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006 y la foto de De Juana en The Times fue publicada en febrero de 2007, mientras el Gobierno aseguraba que la ruptura con la banda era total. El etarra, para el que los jueces ordenaron la alimentación forzosa si fuera necesaria, pasó del Hospital 12 de Octubre, en Madrid, al Donostia, en San Sebastián, junto a su domicilio, donde daba paseos con su novia por los alrededores. El Gobierno de Zapatero le concedió la prisión atenuada, lo que provocó manifestaciones masivas en las principales ciudades españolas convocadas por el PP, y finalmente fue excarcelado el 2 de agosto de 2008, con recibimiento y homenaje en la Parte Vieja de San Sebastián.

Ahora, Uribetxebarria ha pretendido hacer lo mismo, forzar la máquina con una huelga de hambre, auxiliado por la insaciable voracidad reivindicativa de la izquierda abertzale, que cuando ha perdido exige como si fueran los vencedores.

Pero su horizonte de sucesos es mínimo. El Gobierno del PP no tiene pudor ni complejos a la hora de mantener en prisión a medio centenar de etarras cuya prisión fue prorrogada varios años por aplicación de la doctrina Parot que, según el Tribunal de Estrasburgo, vulnera los derechos humanos.

En medio de la crisis económica mundial más importante desde el crack del año 29 del siglo pasado, con 5,5 millones de parados, la prima de riesgo por las nubes, la bolsa por los suelos, unos recortes que son hachazos, los precios de los servicios en alza permanente, igual que los impuestos, y un previsible rescate de la economía española tipo Grecia, la huelga de hambre de Uribetxebarria, parecía un chiste. El miércoles pasado la abandonó para “priorizar su vida”. Saldrá en libertad cuando lo diga el juez porque se está muriendo, como en su día salió Esteban Esteban Nieto, compañero de comando de De Juana. Si los periódicos le han dedicado algo de espacio en sus páginas es porque en agosto no había grandes noticias.

Pero es que ahora, además, Patxi López ha adelantado las elecciones vascas, tras la ruptura del acuerdo con el PP.

Así que parece que por solidaridad, varios presos de ETA han abandonado también la huelga de hambre que realizaban. Aunque para algunos más que una huelga de hambre era más bien una dieta taurina. Sí, como decía Académica Palanca, aquella que te la puedes saltar a la torera. Y estos la burlaban comprando comida en el economato para comerla en la celda, mientras proclamaban que no acudían al comedor.

Lo dicho, del máximo beneficio al mínimo impacto.

El triunfo del voto contra

Nada une más que el voto contra algo o alguien. Es un engrudo mucho mejor que la pasión por algo, como por ejemplo por la Roja o tu equipo de fútbol de toda la vida, que solo funciona cuando todo va bien, pero que cuando pierden ven cómo el apoyo con el que contaban se diluye como un azucarillo.

El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón puso de acuerdo a todas las asociaciones judiciales y fiscales en su contra tras anunciar un plan de modificación del Consejo del Poder Judicial que constituía el más brutal ataque a los jueces del que se tiene noticia en democracia. Pretendía anular el contrapoder de las asociaciones judiciales, incluida la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, para autoproclamarse como dueño y señor de la Justicia, con modificación de las leyes que fueran necesarias y, en particular, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La salida de Carlos Dívar de la presidencia del Supremo y del Consejo por causa del asunto de los viajes de fin de semana caribeños, y al que Gallardón trató de sostener en el cargo, dejó a los vocales en la tesitura de elegir nuevo presidente que pudiera oponerse a los planes del ministro.

Parecía que los cinco vocales de la APM (Manuel Almenar, Pío Aguirre, Miguel Collado, Antonio Monserrat y Gemma Gallego) junto con tres de Jueces para la Democracia (Margarita Robles, Inmaculada Montalbán y Félix Azón) en pleno fragor reivindicativo conseguirían atraer a algunos otros compañeros para votar a un candidato de consenso propuesto por la APM. De ser así, fuentes del Consejo aseguran que estaba prevista la sustitución del vicepresidente, Fernando de Rosa, por Robles, y de la portavoz, Gabriela Bravo, por Almenar.

Sin embargo, la fuerza del voto contra, una vez más, ha hecho que los opuestos se toquen y que aquello que Fraga definió como “extraños compañeros de cama" vuelva a ser una realidad.

Fíjense la locura: El candidato elegido ha sido Gonzalo Moliner, miembro de Jueces para la Democracia, por 12 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones. Fue propuesto como candidato por el vocal que más odio suscita en el Consejo, José Manuel Gómez Benítez, cuya denuncia ante el fiscal general del Estado fue la causa de la gran crisis de la institución y determinó en última instancia que Dívar tuviera que dejar la presidencia. Pero lo más curioso es que Moliner ha agrupado a los 12 vocales que están en contra de que el tándem Margarita Robles-Almenar atesore más poder en el Consejo.  Ambos han controlado con mano de hierro todos los nombramientos importantes de los últimos cuatro años y esos 12 vocales, de procedencia tan distinta, no solo no están de acuerdo, sino que han llegado a ponerse de acuerdo para evitarlo y les han derrotado.

El grupo Robles-Almenar propuso de nuevo a José Ramón Ferrándiz como candidato, pero en la votación correspondiente solo obtuvo nueve votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones.

Tras dos plenos y 14 horas de reuniones infructuosas, durante el fin de semana y el lunes, los desterrados han conseguido ponerse de acuerdo y en media hora de pleno han elegido a su candidato. Entre esos 12 vocales están los cuatro vocales más afines al PP: De Rosa, Antonio Dorado, Concepción Espejel y Claro José Fernández; dos fiscales progresistas: Gabriela Bravo y Almudena Lastra; los miembros de Jueces para la Democracia disidentes de la línea Robles, Miguel Carmona y Carles Cruz; los dos autonómicos: Margarita Uría y Ramón Camp; el miembro de la asociación Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela y el apestado Gómez Benítez. Nadie hubiera dicho que estos 12 pudieran ponerse de acuerdo por muchas razones, pero además cuando lo habían expresado en público ya que siete de ellos repudiaron a Gómez Benítez y le exigieron la renuncia en el primer pleno sobre la destitución de Dívar, y ahora han votado a su candidato (que es un magistrado serio y competente). Ha sido un rechazo a la imposición, un discurso anticorporativo.

Y más curioso todavía es que tres miembros de Jueces para la Democracia, Robles, Azón y Montalbán, se hayan abstenido cuando se trataba de nombrar a un candidato de su asociación. Muchas explicaciones van a tener que dar, me temo.

El caso es que solo cinco jueces han votado a Moliner, que es juez, mientras que  ocho o han votado en contra (los de la APM) o se han abstenido (los de JpD).

Todo es un contrasentido, que solo tiene explicación por el voto contra. Solo así tiene sentido que los cuatro votos cautivos del ministro, que no quería que saliera presidente alguno, se hayan decidido a votar. De Rosa, además, salva su vicepresidencia.

La rebelión de los desterrados y el voto contra devuelve al Consejo al orden establecido. Como decía Churchill, “el éxito es la capacidad de ir de error en error sin perder el entusiasmo”.

NOTA: Hay ocasiones, muy contadas, en que las vacaciones pueden esperar. Esta ha sido una de ellas.

Un rinoceronte en la cristalería

El ministro Ruiz-Gallardón pone en dos meses a todos los jueces en su contra

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, saluda al presidente en funciones del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en el Congreso. Foto: Uly Martín

 

Pocas, muy pocas veces, un personaje público, dictadores aparte, ha puesto de acuerdo en su contra a todo un colectivo con el que está condenado a entenderse, a pactar y negociar. Aunque realmente en los últimos tiempos los dirigentes del PP y, en especial su presidente, Mariano Rajoy y su política de recortes —una paga de Navidad menos acá, una subida de IVA allá— van superando todo tipo de récords Guinness de impopularidad entre la ciudadanía.

Pero lo de Rajoy ya nos han informado de que se trata de la herencia recibida del Ejecutivo de Zapatero, de la perfidia de los mercados y del eje franco-alemán que nos obliga a adoptar medidas para sanear las cajas de ahorros plenas de activos tóxicos y que ayudarán a combatir el paro en el futuro, aunque nos dejen sin blanca en el presente.

Pero el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en menos de dos meses, ha puesto de acuerdo a 4.500 jueces, es decir, la totalidad de la carrera judicial, empezando por todas las asociaciones judiciales, incluida la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que siempre se había llevado de maravilla con la cúpula del Partido Popular, lo que le había servido para superar con gracia y donosura procesos espinosos como el caso Naseiro, o más recientemente el caso Gürtel, en el que cuando todavía no se ha acabado la instrucción, ya se ha expulsado de la carrera al juez que inició la investigación, nada menos que un peso pesado como el juez Baltasar Garzón, por las escuchas en prisión a los principales acusados y sus abogados.

Nada que ver con lo que le ocurrió al PSOE con casos como Filesa o los GAL.

Claro que en los últimos 20 años el que ha controlado el mundo de la justicia, las relaciones con la cúpula judicial y las asociaciones de jueces, repartiendo prebendas, haciendo sugerencias, indicaciones y manejando perfectamente con mano de seda en guante de terciopelo todo lo importante en ese mundo era el ex ministro de Defensa y ex presidente de las Cortes, Federico Trillo, que llevaba con discreción y prudencia la finísima tela de araña de esas relaciones.

Desaparecido Trillo de la escena jurídica, Gallardón, que es fiscal de carrera, ha irrumpido arrasando, como la quintaesencia de sí mismo. Aficionado a la visibilidad extrema, en su etapa de alcalde Gallardón convirtió Madrid en un queso Gruyère, suprimió los famosos scalextrics y, tuneladora en mano, sembró la capital de pasos subterráneos al tiempo que endeudaba las arcas municipales hasta el fin de los tiempos.

Cuando tras suplicar que le hicieran ministro, le encomendaron la cartera de Justicia, cuyas competencias están transferidas a muchas comunidades autónomas, Gallardón no se desanimó y se propuso de inmediato ejecutar el programa del PP en materia de justicia: vuelta a la elección de los vocales del Poder Judicial por parte de los jueces, lo que beneficiaría a la conservadora APM; cadena perpetua revisable, aunque la legislación actual ya permite que los terroristas no salgan de prisión en 40 años; y revisión de la normativa sobre el aborto, eliminando la ley de plazos aprobada a propuesta de la ministra Aído, y vuelta a la autorización paterna para que las menores pudieran abortar.

Lo que fue una sorpresa es que, aprovechando las secuelas del desprestigio del Consejo del Poder Judicial por los viajes de fines de semana caribeños de su presidente, Carlos Dívar, Gallardón pretendiera meter una estocada de muerte al Consejo.

Gallardón había encontrado en Dívar un aliado, un interlocutor que se plegaba a sus peticiones, lo contrario que los vocales de la APM, encabezados por Manuel Almenar, que hasta la fecha tenían el control de los nombramientos de los cargos judiciales, en componenda interesada con Margarita Robles, que controla hasta tres votos de miembros de Jueces para la Democracia.

Por eso, cuando estalló el escándalo de los 32 viajes caribeños del presidente, Gallardón, a través de su secretario de Estado, Fernando Román, que le fue impuesto y con el que no se lleva demasiado bien, impartió instrucciones a sus vocales afines en el Consejo para que le mantuvieran en el cargo contra viento y marea.

Gallardón, en un error de libro, llegó a decir públicamente que Dívar saldría reforzado de la crisis,

Pero Dívar tenía los pies de barro y, a pesar de que la Fiscalía del Estado y 11 de los 15 compañeros de la Sala Segunda le echaron una mano, declarando que no había malversación en sus actos, cada vez que trataba de ofrecer una coartada de que sus viajes eran oficiales, alguien salía a desmentirle. Llegó un momento en el que la APM le puso en la tesitura de renunciar o ser expulsado. Y ante la realidad de los números, a Dívar no le quedó otro remedio que acceder.

El ministro podía haber esperado que el Consejo se cociese en su jugo y que, debido a la tremenda división existente en su seno, los vocales fuesen incapaces de encontrar un sustituto para Dívar. Y probablemente habría ganado. Pero su impaciencia, su vena exhibicionista y esa necesidad de quedar como el gran director de las obras más faraónicas le llevaron a plantear un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una declaración de guerra a todos los jueces de España, ya que trata de reducir al tercer poder del Estado y sus amplias atribuciones a una especie de apéndice de su ministerio.

El proyecto pretende una reconversión de la cúpula judicial tan brutal que ha puesto de acuerdo a todos contra él. De entrada, elimina el sueldo de todos los vocales y mantiene únicamente el del presidente, que tendrá que tener la condición de magistrado del Supremo con más de tres años de antigüedad en la categoría, y que seguirá con dedicación exclusiva. Los demás continuarán con sus profesiones y cobrarán dietas únicamente por asistir a los plenos.

También se prevé una drástica reducción de las comisiones. Solo se mantendrán la Permanente y la de Igualdad. Las ocho restantes serán tramitadas por un cuerpo de letrados. Los viajes internacionales deberán coordinarlos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y un juez del Supremo se hará cargo de promover la acción disciplinaria, entre otros detalles menores.

Como se aprecia, una manera de eliminar de un plumazo la separación de poderes de Montesquieu, anular el contrapoder de los jueces y del Consejo y tratar de imponer la fuerza del Ejecutivo, es decir, él mismo.

De modo que todo el Consejo a excepción de sus cuatro vocales afines, Fernando de Rosa, Antonio Dorado, Concepción Espejel y Claro José Fernández, se ha rebelado y clama venganza.

Para ello resulta imprescindible que la voluntad de unión que Gallardón ha generado cristalice en un presidente presentable y que pueda hacer frente al rodillo de la mayoría absoluta del PP; aunque hace tiempo, al PSOE no le desagradaba una idea similar de desactivar al Consejo, por lo que no se descartan apoyos en ese terreno.

Los vocales llevan más de 14 horas de reuniones sin ponerse de acuerdo, pero todos ellos son conscientes de que del martes —para cuando está convocado un nuevo pleno— no puede pasar sin que la institución tenga nuevo presidente.

Y mientras tanto, Gallardón, se maneja entre los jueces con la desenvoltura de un rinoceronte entre piezas de cristalería de Bohemia, Rosenthal o Sèvres.

 

NOTA: El autor de este blog disfrutará a partir de hoy de sus merecidísimas vacaciones anuales. Les deseo lo mejor y mucha paciencia para hacer frente a los recortes de casi todo, menos de impuestos, que nos tiene preparados el Gobierno. Saludos cordiales a todos.

Estrasburgo tumba la doctrina Parot

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por haber aplicado a la miembro del comando Madrid Inés del Río Prada, con más de 3.000 años de condena nominal, la doctrina Parot, un recuento del cumplimiento de la pena basado en una interpretación del Tribunal Supremo, que en vez de aplicar los beneficios penitenciarios sobre el máximo de cumplimiento de prisión, que eran 30 años, lo hacía sobre la totalidad de la condena, con el efecto de que a todos reclusos a los que les afectaba ya no podían salir a los 18 años de condena sino cuando hubieran apurado los 30 años de cumplimiento efectivo.

Descargar PAROT-STRSBRG

Inés del Río es una terrorista del comando Madrid, que entre otros crímenes participó en el atentado de la República Dominicana en Madrid, y que está condenada a más de 3000 años de cárcel. Sin embargo, por aplicación de los beneficios penitenciarios podría haber salido el 3 de julio de 2008, a los 18 de cumplimiento ininterrumpido, como ocurrió con su jefe de comando, el tristemente célebre Iñaki de Juana Chaos. Del Río tuvo mala suerte, porque antes de que le pudieran aplicar las redenciones de penas por trabajo o estudios el Supremo estudió un recurso sobre la forma de aplicar esos beneficios a la condena del etarra Henri Parot y cercenó toda opción de acceder a la libertad provisional no solo de Parot, sino también de otros 76 reclusos, casi todos etarras.

Ahora el Tribunal de Derechos Humanos indica a España que debe poner en libertad a Del Río en el plazo más breve posible porque ha violado los artículos 7 y 5.1 de la Convención de salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales y le otorga una indemnización de 30.000 euros como daños morales y 1.500 euros más por los gastos del proceso.

La resolución tumba la doctrina Parot, porque los más de treinta casos planteados en el Tribunal de Estrasburgo llevan el mismo camino y más tarde o más temprano acabarán de la misma manera, con indicación de puesta en libertad y la correspondiente indemnización por daños morales. Mientras tanto, algunos de los principales terroristas habrán cumplido alrededor de seis años más de cárcel.

El artículo siete de la Convención de Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales establece que “Nadie puede ser condenado por acción u omisión que en el momento de en el que fue cometida  no constituyera delito en el derecho nacional o internacional. Y tampoco nadie puede recibir una pena más elevada que la que era aplicable al delito en el momento de su comisión”.

Y es la segunda parte del artículo la que Estrasburgo considera que ha vulnerado la doctrina Parot. Porque, en definitiva, de acuerdo con el Código Penal del 73 había que aplicar los beneficios penitenciarios –para que fueran efectivos- sobre la refundición de la condena. Todo el mundo sabe que no se pueden cumplir 3000 años y para que las redenciones de penas cumplieran su función, debían aplicarse sobre los 30 años de cumplimiento efectivo. Es decir el máximo de cumplimiento era considerado como si se tratase de una nueva pena autónoma a la que aplicar los beneficios. Y así lo había dictaminado el Supremo en 1994, pero en 2006, la alarma social, provocada porque terroristas de ETA con más de 20 muertos a sus espaldas fueran a salir de prisión, determinó que el alto tribunal reinterpretase su propia doctrina y prolongase de facto la prisión de los terroristas, aunque la mayoría de los catedráticos considerase que la medida era inconstitucional.

La Constitución, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, como la libertad, y la doctrina Parot atentaba claramente contra ella. Pero ni el Supremo, ni el Constitucional, apreciaron que se vulnerase la Constitución. El Constitucional se hace trampas al solitario

Ahora, el Tribunal de Derechos Humanos considera que la nueva interpretación del Supremo conocida como doctrina Parot ha alargado casi nueve años de forma retroactiva la pena que Inés del Río debería haber cumplido, porque las remisiones de pena por trabajo de las que se podía haber beneficiado se han convertido en totalmente inoperante.

Aunque, el Supremo no está obligado a revisar cada uno de los casos que están pendientes en Estrasburgo, alguien debería evitar la vergüenza de que España vaya siendo condenada una y otra vez por esta misma vulneración.  

 

  

Como la expedición del Titanic

La resolución del macroproceso a Bankia difícilmente estará a la altura de las expectativas que ha generado.

Rodrigo Rato, en el centro, junto a otros directivos de Bankia el día de la presentación de la nueva denominación. Foto: Carles Francesc 

¿Saben qué tienen en común los Reyes Magos, las teorías geocéntrica o heliocéntrica del Universo, el plan Marshall o la expedición del Titanic? Pues que se trata de conceptos o situaciones que generaron ilusión y grandes expectativas en su inicio y que, sin embargo, con el paso del tiempo o en su resolución, por distintas razones, acabaron en gran decepción.

El macroproceso abierto a Bankia esta semana, como consecuencia de una querella de UPyD contra los directivos de la entidad y que ha supuesto la imputación de 33 integrantes de su anterior consejo de administración, incluidos el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, el exministro Ángel Acebes y otra docena de consejeros vinculados al PP, reúne todas las características para acabar, como la travesía del Titanic, en gran desengaño.

Aparentemente, la apertura de un proceso penal marca el inicio del momento de hacer justicia, es decir, que tipos que se han hecho multimillonarios con el dinero de muchos, tras una gestión nefasta, tengan que pagar con la cárcel por haberse forrado y haber dejado en la estacada a miles de familias.

Todo pinta muy tremendo, ya que existen indicios de apropiación indebida, falsedad contable, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y administración fraudulenta, que llevarían aparejadas penas entre los dos y los 15 años de cárcel. Por ello, mucha gente ve con esperanza que ahora que la maquinaria de la justicia ha empezado a rodar, pueda llegar a recuperar gran parte del dinero perdido o, por lo menos, que los responsables se tengan que pudrir en prisión tras haberles embargado todo lo que se llevaron.

Y no va a ser así. No porque se haya abierto la vía penal, que precisamente daría sentido al castigo y reparación del daño. Ni por el juez al que ha correspondido, Fernando Andreu, un magistrado honrado y trabajador que no se casa con nadie y de lo mejor que se puede encontrar en la Audiencia Nacional y en la judicatura. La verdadera causa del previsible fracaso es que se trata de un macroproceso de naturaleza económica.

Verán, antes de nada nos encontramos con 33 imputados, cada uno con su letrado, más la Fiscalía Anticorrupción, los querellantes y los múltiples perjudicados, generalmente representados en grupo por varias asociaciones de afectados. Es decir, que previsiblemente, antes de un mes habrá más de 60 partes en la causa, con sus respectivos abogados que tienen que justificar el sueldo que cobran. La mayoría tratando de alargar el proceso, para lo que tras las declaraciones iniciales de los acusados, formularán peticiones de pruebas y de comparecencia de testigos y peritos, así como los correspondientes recursos contra su denegación. Y eso al principio.

Porque en una causa tan enorme como esta la parte decisiva, es decir, lo que define la condena o la absolución, son los informes periciales sobre las finanzas de la entidad. Y habrá un informe realizado por los peritos oficialmente designados por el juzgado y varios contrainformes más realizados por expertos, censores jurados de cuentas, fiscalistas, etcétera, que pagarán los imputados, que para eso tienen dinero. Además, a los acusados, contra lo que pueda parecer, les interesa que el juicio se demore todo lo posible, para que cuando se vaya a celebrar la sociedad española tenga otros problemas y preocupaciones y Bankia solo sea un mal recuerdo. Siempre es más difícil condenar a alguien a 15 años de prisión cuando ya han transcurrido otros 15 desde que se cometió el delito. Y eso en la Audiencia Nacional, donde hasta ahora los delitos económicos se veían con más benevolencia en comparación con las otras áreas de su competencia: terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.

Por eso, que nadie espere que este macroproceso esté resuelto antes de 10 años. Por si no lo creen les recordaré que el caso Batasuna, con 40 procesados a los que solo se acusa de pertenecer a ETA, lleva abierto desde 2002, sin que haya sido todavía señalada la vista. Y ¿qué decir del caso Gürtel?, donde en cuatro años únicamente se juzgó a Camps por lo de los trajes, se expulsó de la carrera al juez Garzón que lo investigó y Correa, tras tres años de prisión preventiva, está en la calle disfrutando de su apartamento de lujo en Sotogrande. El juicio, ni se vislumbra.

Y las expectativas creadas por el proceso de Bankia, como la expedición del Titanic. Decía Woody Allen: “Mi forma de bromear es decir la verdad”.