04 jun 2012

Hoy quiero confesar

Por: José Yoldi

Isabel Pantoja critica que la igualdad ante la ley no sea la misma para ella que para Urdangarin o la Infanta Cristina

 

¿Se han fijado en que solo la igualdad de los españoles ante la ley está más a la baja que las acciones de Bankia?

Todo lo que no evoluciona muere y es evidente que de la España del pelotazo —con Javier de la Rosa, Mario Conde, Jesús Gil, Manuel de la Concha o Ruiz-Mateos como principales espadas— hemos pasado en estos tiempos de crisis a una revitalización de la picaresca, como en el Siglo de Oro, pero sin la gloria de Cervantes, Quevedo o Lope.

Cristina de BorbónPorque de la llamada beautiful people de entonces hemos pasado a los pícaros de ahora, que son esos directivos de cajas de ahorros que con "ingeniería financiera" han dejado en la quiebra a sus respectivas entidades mientras ellos se embolsaban indemnizaciones archimillonarias; políticos que sin rubor recibían comisiones por suscribir contratos a la carta o a dedo con el dinero de todos; pedigüeños profesionales que esquilmaban a las administraciones o a las empresas a cambio de publicitar su imagen en eventos que patrocinaban; cobradores de sobornos por licencias urbanísticas irregulares o altos cargos que confunden lo público con lo privado y disfrutan a lo grande y por todo lo alto, mientras 5,5 millones de ciudadanos se hunden en el paro.

Lo curioso es que, a pesar de que el Rey en su mensaje de Navidad recordó el precepto constitucional de que los españoles son iguales ante la ley, la frase está en franco retroceso y, cada día, entre algunos de los usuarios de la justicia más o menos involucrados en aficiones que harían las delicias de Rinconete y Cortadillo, se escuchan más quejas sobre el trato que reciben frente al que disfrutan otros.

Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos —y en el entramado societario, en su mayoría sin actividad, que presuntamente ambos utilizaban para emitir facturas falsas y transferir fondos para desviarlos a paraísos fiscales— se quejó amargamente del trato diferente que el juez José Castro había tenido hacia su esposa, Ana María Tejeiro, en contraste con el recibido por la infanta Cristina. La primera había sido imputada y citada a declarar, mientras que, por el contrario, para el juez y el fiscal, no existían indicios de que la Infanta hubiera realizado ningún acto delictivo, por lo que no solo no le imputaron sino que ni siquiera le han citado como testigo. Así fue, al menos, hasta que Torres presentó unos correos electrónicos que le había dirigido el propio Urdangarin, y que, de ser ciertos, involucrarían al Rey y a la Infanta en el conocimiento de alguna de las operaciones de Nóos.

Isabel PantojaAhora, Isabel Pantoja, que según la fiscalía habría participado en el blanqueo de 1,84 millones de euros supuestamente procedentes de sobornos —bolsas de basura repletos de dinero negro— cobrados por su antigua pareja, Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, también clama al cielo por lo mismo. “Si todos los españoles fuéramos iguales, ¿por qué al señor Urdangarin se le han quitado tantas cosas”, dijo. Y acto seguido, proclamó: “Soy como la infanta Cristina, pero no tengo una sociedad al 50% como ella”.

La tonadillera más famosa de España se quejaba de que a ella le hubieran detenido en mayo de 2007 en el marco de una investigación patrimonial a Julián Muñoz dentro de la trama de corrupción urbanística de Marbella, mientras que a Urdangarín, nadie le detuvo cuando estalló el escándalo y además le dieron dos meses antes de ir a declarar.

Isabel Pantoja, para la que la fiscalía solicita tres años y medio de prisión y una multa de 3,68 millones de euros, asegura que es inocente. Pero el fiscal mantiene  que la tonadillera era “perfectamente conocedora del origen ilícito de los fondos y bienes que recibió”, de Julián Muñoz. Ella alega  que sus ingresos entre 1999 y 2002 ascendieron a 7,58 millones de euros y que pagó en metálico el apartamento del hotel del lujo Guadalpin, en lugar de su ex pareja. No obstante, agrega:  “Yo no fui consciente del dinero que me metían. Soy igual que la Infanta, excepto que no tengo nada al 50% con nadie”, declaró.

A la vista de que sale perdiendo de la  comparación y de que el día 28 empieza en Málaga el juicio contra ella por  blanqueo de dinero es posible que en el próximo concierto modifique el estribillo de una de sus canciones más célebres y cante: Hoy quiero confesar/ que estoy desesperada/ hoy quiero confesar/ que estoy algo cansada/ hoy quiero confesar/ que he llorado mil veces/ hoy quiero confesar/ que me tratan diferente.

Y eso que todavía no sabe cómo han tratado a Dívar.

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Dívar, ayer a su llegada a la comparecencia ante la prensa. Foto: Samuel Sánchez

 

Seguro que recuerdan esa campaña de publicidad de una tarjeta de crédito en la que en varios escenarios posibles van detallando una serie de gastos más o menos corrientes y acaban con un último mensaje en el que disponer de algo que suponga la salvación en una situación comprometida “no tiene precio”.

Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, se ha visto en la obligación de salir a dar explicaciones ante los medios de comunicación por los 20 viajes de fin de semana de cuatro días o más que realizó a Puerto Banús desde octubre de 2008 y en los que se alojó en un hotel de lujo, y celebró más de cuarenta cenas en restaurantes como el Marbella Club Golf Resort & Spa o Puente Romano, siempre para dos personas en viernes y sábado y que cargaba a los gastos protocolarios de la institución.

Un auténtico trago, porque varios vocales del consejo, más de 6.000 personas en el Servicio de Atención al Ciudadano y más de 12.000 en internet han pedido su dimisión por entender que se trata de gastos por actividades privadas que Dívar ha atribuido a partidas por actos oficiales. Ni Marbella es la capital jurídica mundial, para semejante trajín supuestamente oficial, ni esos menesteres se despachan en viernes y sábado noche.

Pues bien, aunque es cierto que Dívar se ha enfrentado a la jauría de los periodistas ávidos de saber porqué si todo estaba tan claro, el presidente no daba ningún tipo de explicaciones, lo cierto es que las preguntas estaban limitadas a seis, más o menos consensuadas entre todos los medios, con la excusa de que el pleno no había acabado. Es decir, una comparecencia light, con algunas preguntas, pero no una verdadera rueda de prensa.

Y aunque en las cuestiones de fondo, Dívar ha seguido haciendo agua, diciendo que cuatro viajes, en que todo lo pagó el Consejo,  son “reservados”, lo mismo que las cenas protocolarias, de las que no ha detallado ningún comensal, en lo formal, Dívar ha estado más que pasable.

Cuando muchos observadores se planteaban que, ante el acoso de la prensa y las peticiones de los ciudadanos, el presidente se vería en la obligación de dimitir, Dívar ha mostrado determinación. No dimite porque asegura que no hizo nada irregular, aunque lamenta el quebranto causado a la institución y a la carrera judicial. Y aunque no ha sabido salir de la pregunta de por qué los vocales han respaldado en bloque al vocal Miguel Collado, mientras que a él le han dejado en la estacada, ha reaccionado bien a otras preguntas y ha precisado que se había sacado de contexto su afirmación de que los gastos eran una “miseria”.

No obstante el presidente se ha visto obligado a afirmar categóricamente que las cenas con un solo comensal no correspondían a gastos privados y puede que en breve se pueda demostrar lo contrario.

Es decir, Dívar ha salido vivo de su particular confrontación con la prensa. ¿Y por qué? Verán: El equipo de comunicación del Consejo ha preparado al presidente para la ocasión. Durante 48 horas han tenido que doblegar su voluntad porque no quería comparecer ante los medios, y solo cuando cuatro vocales –Margarita Robles, Félix Azón, Inmaculada y José Manuel Gómez Benítez- iban a exigir de nuevo su dimisión en el pleno por no dar explicaciones, accedió a comparecer.

Desde entonces se ha sometido a varios escenarios posibles y el jefe de prensa, Agustín Zurita, le ha sometido –como en las películas americanas- a todas las preguntas que los periodistas le podíamos formular, le han corregido los errores y le han sugerido las respuestas más adecuadas para cada cuestión, sobre la base de la humildad y de que es el presidente del Consejo y del Supremo las 24 horas del día. Precisamente esas sesiones de entrenamiento le mantienen todavía a flote.

Y volviendo a la campaña de publicidad del principio. Les voy a poner un ejemplo: 20 desplazamientos a Marbella en AVE, clase club, 4.120 euros; alojamiento  y manutención durante esos 20 periplos, 4.753 euros; cenas en restaurantes de lujo, siempre de dos personas y contabilizadas como atenciones protocolarias, 4.122 euros; facturas que el presidente ha cargado por su carácter oficial al erario público, 12.996 euros; gastos generados por su servicio de seguridad, integrado por tres coches y siete escoltas, alrededor de 60.000 euros; tener un excelente asesor de comunicación… no tiene precio.

14 vocales salieron en defensa de la honorabilidad de un vocal, pero no de la del presidente

 

Primer pleno del CGPJ 2008
Primer pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 2008.
Foto Uly Martín.

 

Desde el pasado 8 de mayo, cuando el vocal José Manuel Gómez Benítez denunció por malversación de caudales al presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, por los viajes de fin de semana de cuatro días a hoteles de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga) cada día en la sede del Consejo es un sobresalto continuo.

Ayer, sin ir más lejos, se conoció que la Asociación Preeminencia del Derecho, de la que es presidente el letrado José Luis Mazón —uno de los que más uso hacen en España de la figura de la acción popular—, presentó una denuncia contra Dívar por delito de estafa o apropiación indebida cometida por funcionario público, recogido en el artículo 438 del Código Penal o, subsidiariamente, malversación de caudales públicos. Todo ello por culpa de los viajes a Puerto Banús, sobre la base de las informaciones publicadas sobre el tema por este periódico.

Descargar MAZON DENUNCIA SALA PENAL DIVAR ESTAFA 290512 Descargar Mazon anexo EL PAIS 10 DE MAYO290512

Y ahí se originó un incendio en el Consejo, con discusiones, reproches entre vocales, reuniones por grupos afines y la emisión pública de hasta cuatro comunicados. Lo nunca visto.

El incendio se originó porque en la denuncia, aparte de instar la investigación de los viajes de Dívar, se ampliaba la denuncia al vocal Miguel Collado. El presidente, en una reunión de la Comisión Permanente, según algunos de los presentes, se había quejado: “¿Por qué han tenido esa crueldad conmigo, si hay otros vocales que gastan más?” Y mencionó expresamente a Miguel Collado. De ahí, que el letrado Mazón lo incluyera en la denuncia.

Pero como Collado pidió explicaciones a Dívar, este negó haber dicho nada y emitió un desmentido de cuatro líneas en las que negaba haber hecho “manifestación alguna sobre gastos del vocal Miguel Collado”. El caso es que cuatro personas lo oyeron y algunas han ratificado que efectivamente le mencionó. Descargar Desmentido Presidente Dívar gastos Miguel Collado 290512

Pero precisamente eso, la implicación de Collado en la denuncia, dio origen a la gresca, porque entre la mayoría de los vocales se considera que la conducta del vocal nada tiene que ver con la del presidente y hay que defenderle y cerrar filas con él, mientras que otros, encabezados por Almudena Lastra, consideran que salir en defensa de Collado, por comparación, deja a Dívar a los pies de los caballos. Algunas de las reuniones fueron calificadas por algunos de los asistentes de “muy desagradables”. 

De modo que 13 vocales —Margarita Robles, Inmaculada Montalbán, Félix Azón, Fernando de Rosa, Miguel Carmona, Ramón Camp, Antonio Monserrat, Antonio Dorado, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Gemma Gallego, Carles Cruz y Manuel Torres Vela— hicieron pública una declaración de apoyo y solidaridad con Collado del que destacaron “su honestidad, integridad y dedicación a la carrera judicial y a la ciudadanía”. Descargar Declaración apoyo Miguel Collado 13 vocales 290512

El primer denunciante, Gómez Benítez, también salió en defensa de Collado, ya que en su comunicado señaló que no había observado en los gastos de sus viajes “indicio alguno de desviación de fondos públicos para pagar gastos privados”, ni le consta que eso haya sucedido. Descargar Nota a los medios de comunicación del vocal Gómez Benítez sobre el vocal Collado290512

Collado, por su parte, también salió en defensa de su honradez porque su actuación a lo largo de casi cuatro años “no puede quedar empañada por unas acciones carentes de todo fundamento”. Descargar Nota del vocal del Consejo General del Poder Judicial Miguel Collado290512

Por otro lado, 9.000 ciudadanos habían firmado ayer la petición de dimisión de Carlos Dívar a través del portal de Internet Change.org.

28 may 2012

Clases de contabilidad con el Gran Capitán

Por: José Yoldi

La soberbia de Dívar en no explicar sus viajes recuerda el irónico desplante del virrey de Nápoles.

 

Carlos Dívar en un pleno. Cristóbal Manuel
Carlos Dívar en un pleno en el que el Consejo no se puso de acuerdo para aprobar un informe sobre la ampliación del aborto. Foto: Cristóbal Manuel

 

“En picos, palas y azadones, para enterrar a los muertos del adversario, he gastado cien millones. Cien mil ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres de los enemigos tendidos en el campo de batalla. Ciento sesenta mil ducados en poner y renovar campanas destruidas por el uso continuo de repicar todos los días por nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo”. Este es el inicio de una de las versiones más populares que ha llegado a nuestros días de las llamadas cuentas del Gran Capitán. Una leyenda sobre las sarcásticas explicaciones que Gonzalo Fernández de Córdoba —vencedor de las batallas de Ceriñola y Garellano (Italia, 1503) y, por ello, conocido como el Gran Capitán—, se vio obligado a ofrecer al rey Fernando el Católico en 1506 por lo que el Monarca consideraba unos gastos desproporcionados en la guerra contra los franceses, aunque hubieran supuesto la conquista del reino de Nápoles.

Según la leyenda, que Modesto Lafuente da por buena aunque sin tanta floritura, el orgulloso militar no se arredró ante lo que consideraba una humillante fiscalización por parte de Fernando el Católico, y siguió con su irónico desplante: “Doscientos mil setecientos treinta y seis ducados y nueve reales en frailes, monjas y pobres, para que rogasen a Dios por la prosperidad de las armas españolas. Un millón en misas de gracia y tedéums al Todopoderoso. Tres millones de ducados en sufragios por los muertos”.
Y luego ya se centró en aspectos más materiales: “Diez mil ducados en pólvora y balas. Cincuenta mil ducados en aguardiente para las tropas, en días de combate. Millón y medio de ducados para mantener prisioneros y heridos. Siete mil cuatrocientos noventa y cuatro ducados en espías y escuchas”.

La altanería con la que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha eludido dar explicaciones a la ciudadanía y a los propios vocales del organismo que preside sobre los 20 viajes de fin de semana de al menos cuatro días a hoteles y restaurantes de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga), con la crisis que estamos viviendo, con 5,5 millones de parados, recuerda la soberbia del virrey de Nápoles.

Lejos de aprender del ejemplo de Juan Carlos I que, tras el incidente de la cacería de Botsuana, llegó a decir: “Lo siento. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”, la humildad de Dívar, tras el archivo de las diligencias del fiscal que sin investigación alguna ha dictaminado que no existe delito, le ha llevado a enrocarse. A pesar del innegable desprestigio que tan lujosos periplos han causado a la institución que preside, ni dimite ni da explicaciones.

Dívar ha despreciado la petición de la inmensa mayoría de los vocales de que fuera él personalmente el que acudiera ante los medios de comunicación para dar cuenta de lo ocurrido en el pleno en el que cinco vocales exigieron su dimisión por entender que había cargado a los presupuestos del Consejo gastos suntuarios de actividades privadas de fin de semana. Este prócer, que predica la austeridad, la misa diaria y la caridad cristiana, no tuvo inconveniente en exponer a la portavoz, Gabriela Bravo, al oprobio de tener que dar la cara por él. El Gran Capitán

El vocal denunciante, José Manuel Gómez Benítez, ha explicado que en el Consejo nadie se cree que Dívar fuera a trabajar en esos viajes a Puerto Banús, donde no constan actividades oficiales, y en los que se contabilizan como gastos protocolarios numerosas cenas para dos personas en el Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa o Puente Romano, entre otros restaurantes de lujo, generalmente en viernes y sábado.

Dívar, que debió de recibir clases de contabilidad en la misma academia que el Gran Capitán, ha realizado otros viajes oficiales y privados en estos tres años a lugares como Barcelona —es aficionado a la ópera—, Roma y santuarios marianos, Argentina o Colombia, alguno de los cuales también ha despertado sospechas en algún vocal de que la justificación ofrecida por el presidente no se ajuste a la realidad.

Lo cierto es que la arrogancia del Gran Capitán parece justificada cuando en su última partida contabiliza: “Cien millones por mi paciencia en escuchar ayer que el Rey pedía cuentas al que le había regalado un reino”.

Y Dívar, ¿qué reino habrá regalado?

25 may 2012

El Consejo se fractura por causa de Dívar

Por: José Yoldi

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Imagen de una campaña en favor de los jueces del Consejo del Poder Judicial

 

 

 

La imagen del Consejo General del Poder Judicial como institución del Estado saltó ayer por los aires en el pleno extraordinario convocado para que su presidente Carlos Dívar ofreciera explicaciones a los vocales sobre los 20 viajes de fin de semana de cuatro días o más que realizó a Puerto Banús (Marbella, Málaga)donde pernoctó y mantuvo cenas para dos personas en restaurantes y hoteles de lujo, como Puente Romano o el Marbella Club Golf Resort & Spa, entre otros.

Cinco vocales —Félix Azón, Margarita Robles, Carles Cruz, Inmaculada Montalbán  y José Manuel Gómez Benítez— reclamaron la dimisión de Dívar por su conducta irregular,   que ha supuesto un grave quebranto para el Consejo y para la judicatura.

Pero lo sorprendente fue que en el pleno en el que el presidente tenía que dar explicaciones y pedir disculpas, no lo hizo, y otros siete vocales —Almudena Lastra, Gemma Gallego, Concepción Espejel, Gabriela Bravo, Antonio Dorado, Claro José Fernández-Carnicero y Fernando de Rosa— exigieron la dimisión del vocal José Manuel Gómez Benítez, que le había denunciado. La razón que a su entender había actuado con  falta de lealtad con la institución y por —como explicó Lastra— haber presentado una denuncia “por un delito de malversación de caudales públicos, y ello a sabiendas en su condición de jurista de reconocido prestigio, catedrático de derecho penal, que no concurrían los elementos del tipo penal”, es decir, que sabía que no era delito.

Gómez Benítez no se quedó callado y atacó duramente a la fiscal Lastra, según fuentes del Consejo. Reivindicó la presentación de la denuncia porque si en su día se pudieron investigar los fondos reservados del Ministerio del Interior es mucho más fácil hacerlo con estos viajes si se tiene intención de hacerlo, pero el fiscal no ha querido. El vocal denunciante dijo que sufragar gastos privados con presupuesto público es un delito de libro y que dirigiéndose a Lastra le dijo que al decir que él sabía que no había delito le estaba imputando  un delito de acusación y denuncia falsa. Y le retó a que presente una querella contra él y que ante los tribunales se dirima si es delito o no.

Gómez, muy enojado, dijo que si ella no interponía la querella, lo haría él por delito de calumnias, y que, a través de la “exceptio veritatis” (la verdad exime del delito) se investigaría todo lo que el fiscal no ha querido investigar.

La vocal Lastra, en nombre de cinco de sus compañeros criticó duramente “la campaña de desprestigio y confusión”  que según ella intencionadamente ha llevado a cabo Gómez Benítez y respaldó expresamente a Dívar, por considerar que “el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, para lo bueno y para lo malo, lo es todos los días del año”, por lo que le reiteró “la confianza otorgada en el nombramiento.

Lastra apeló a la honestidad de Gómez Benítez para que renunciara a su cargo.

Este, se negó. “Por responsabilidad ante los ciudadanos y ante los jueces, no puedo dimitir”, explicó. Eso sí,  pidió disculpas únicamente por no haber informado al pleno de su intención de denunciar a Dívar por los viajes. No obstante señaló que la obligación de la autoridad de denunciar los delitos de los que se tenga conocimiento es personal y no se puede llevar a debatir al pleno lo que constituye materia penal.

La mayoría de los vocales pidieron explicaciones a Gómez Benítez acerca de por qué había presentado la denuncia contra Dívar.

El vocal contestó que hay mucha gente que no necesita que le explique por qué presentó la denuncia, porque actuar para atajar el despilfarro de gastos de altos cargos es hacer política con mayúscula y de la que quieren los españoles. Preguntado sobre quién es esa gente, Benítez respondió que 5,5 millones de parados, millones de jóvenes sin futuro, los que no saben qué hacer para llegar a fin de mes y aquellos que actúan contra la corrupción. Eso, dijo, es hacer “política con mayúsculas”.

Miguel Carmona, uno de los representantes de Jueces para la Democracia en el Consejo, que fue el único de los integrantes de esa asociación judicial que no respaldó la petición de dimisión de Dívar, como había pedido su secretariado, contestó a Gómez Benítez que lo que había hecho era “política de corral”.

Mientras tanto, la explicación de Dívar a sus compañeros, brilló por su ausencia. “Yo en este momento no puedo dimitir”, señaló el presidente, “porque eso se interpretaría como una asunción de responsabilidades, que yo no siento que tengo y que sería contrario a esa exculpación que ha hecho el fiscal”.

Un importante número de vocales le reclamó que fuera él y no la vocal portavoz, Gabriela Bravo —una de las que de forma más entusiasta había salido en su apoyo— el que saliera a dar explicaciones públicas a los medios de comunicación que esperaban en el salón de actos. Sin embargo, Dívar dijo: “No lo voy a hacer”.

Y fue en ese momento, ante la soberbia de Dívar en esa respuesta,  cuando Carles Cruz, que hasta ese momento se había resistido a firmar el documento de asociación pidiendo la dimisión del presidente, cuando se animó a firmarlo.

 A última hora, el vocal Manuel Almenar intentó que se aprobara un borrador de acuerdo que contaba con el apoyo de 10 vocales, en su mayoría integrantes de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Ese borrador destacaba que el Pleno del CGPJ, en relación con los hechos  de la denuncia interpuesta contra el Presidente, manifestaba “el profundo pesar por el quebranto a que se ha dado lugar, no solo para el Poder Judicial, sino para todos y cada uno de los Jueces y Magistrados que lo conforman”.

“Resulta comprensible la repercusión mediática y social, conscientes como somos de la difícil situación que atraviesa nuestro país”, recogía el texto, que concluía: “Por este motivo en el día de hoy, se acuerda iniciar para su aprobación en el próximo Pleno, la elaboración de un Plan de Transparencia en la ejecución del Presupuesto de este Consejo, en el que se delimite de la forma más exhaustiva posible, y con el fin de que estos hechos no vuelvan a producirse, el régimen de fiscalización de todos los gastos que se realicen, con expresa justificación y correlativa motivación”.

Dívar se acogió a que el pleno era deliberativo para rechazar la propuesta.

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Pleno del Consejo. De espaldas, Dívar, y a su derecha, Fernando de Rosa y Antonio Monserrat. Foto: Gorka Lejarcegi

 

El pleno extraordinario que hoy celebrará el Consejo del Poder Judicial para pedir explicaciones a su presidente, Carlos Dívar,  por los 20 viajes de fines de semana de cuatro días o más a Puerto Banús con cenas de dos personas en restaurantes de lujo, se presenta largo, difícil y con sabor a fracaso.

Desde que el pasado lunes el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, hizo público el archivo de las diligencias informativas abiertas con motivo de la denuncia por malversación de caudales públicos presentada por el vocal José Manuel Gómez Benítez, se han sucedido numerosas reuniones de los vocales para llegar a un acuerdo. Se trataba de encontrar un mínimo común denominador con el que ir juntos al pleno y tratar de lavar la imagen de descontrol del gasto del Consejo y despilfarro de su presidente, un Consejo que clama por la honradez de sus miembros y que está muy enfadado por la falta de explicaciones de Dívar.

Sin embargo, a pesar de todas esas reuniones, que se mantuvieron durante todo  el martes  y siguieron ayer por la mañana y durante toda la tarde, no se alcanzó ningún acuerdo y todo parece indicar que hoy, alrededor de media docena de vocales exigirá la dimisión del presidente por causa de indignidad, mientras que el resto, todo el sector conservador incluido — que ha recibido el mensaje de que no se inmiscuyan en lo que dicen que es una disputa entre Gómez Benítez y Dívar— no respaldará la petición.

Hay quien sostiene que habrá vocales que reprobarán la conducta de Dívar, pero que no votarán en su contra. Y el presidente piensa en sobrevivir, dando por sentado que el que resiste gana, y que como dijo el ministro Alberto Ruiz Gallardón, saldrá reforzado si no se produce su remoción.

Lo curioso del caso es que Dívar puede beneficiarse de las luchas internas por el poder en el Consejo. Ninguno de los vocales quiere que le asocien con el presidente, pero su salida, supondría que el vicepresidente Fernando de Rosa ocuparía su puesto hasta el final del mandato, puesto que nadie cree que los vocales puedan ponerse de acuerdo para elegir a otro presidente. En ese caso, De Rosa, únicamente presidiría el Consejo, mientras que el presidente de Sala más antiguo, en este caso, Juan Antonio Xiol, pasaría a presidir el Supremo.

Y esa solución gusta a algunos, pero horroriza a otros, porque hay quien analiza que eso favorecería un incremento en las cotas de poder por parte de los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar, que ya en la actualidad constituyen un poder fáctico de primer orden y manejan con regularidad el capítulo de nombramientos de altos cargos para el Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional.  Es decir, que para evitar que el tándem adquiera más poder, algunos están dispuestos a hacer lo que sea, incluso a perpetuar a Dívar a pesar de que son conscientes de que la solución es pésima, porque muy probablemente salgan a la luz otros viajes sospechosos del Presidente que no fueron los de  Marbella y en fin de semana.

Ayer mismo, a Dívar se le pidieron explicaciones sobre otro viaje diferente -a Barcelona- que hizo pasar por oficial. La explicación que Dívar ofreció como coartada es que había ido a reunirse con una persona. Pero los vocales llamaron a esa persona que negó haberse reunido con el presidente.

El caso es que la inmensa mayoría de los vocales saben que los viajes a Marbella no eran oficiales y con quien cenaba el presidente, pero no quieren hacer sangre. Solo si este en un error de cálculo les toma por tontos —el viernes pasado había pedido los gastos de viajes y protocolo de todos los vocales, pues había dicho que si él caía no lo haría solo— y les miente, puede hacer que los vocales —a algunos de los que se han reunido estos días los funcionarios les llaman “los indignados”— se pongan de acuerdo en hacerle caer.  Pero de momento, las componendas de poder son más importantes que el repudio a la inmoralidad y a la falta de estética.

La Unión Progresista de Fiscales, como ya hizo Jueces para la Democracia, ha reclamado la dimisión de Dívar, pero este va a tratar de eludirla todo lo que pueda. Con 70 años pasaría a la jubilación y perdería sueldo (130.000 euros), coche oficial, escoltas. Un desastre para él.

Lo cierto es que ya hubo un precedente del intento de  remoción de un vocal que resultó un fiasco. Pascual Sala, presidente del Consejo entre 1990 y 1996, planteó la destitución del vocal Pascual Estivill por estar incurso en una causa de remoción. Estivill estaba entonces implicado en una causa por delito fiscal por la que fue condenado en el Tribunal Supremo y en otro proceso por el que acabó en la cárcel por mercadear con prisiones y libertades. La propuesta de Pascual Sala solo obtuvo 8 de los 17 votos posibles. Siete vocales votaron en contra y otros dos se abstuvieron. De modo, que el Consejo ya tiene experiencia en decisiones sonrojantes.

El fiscal exculpa a Dívar y avala el gasto de dinero público sin justificar

El presidente del Supremo no explicó el motivo de seis viajes ni otros gastos

El secretario del Consejo no quiso certificar que eran desplazamientos oficiales

 

Divar (Luis Sevillano)
El presidente del Supremo, Carlos Dívar, con el fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce (derecha). Foto: Luis Sevillano

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, archivó la denuncia por malversación de caudales públicos presentada por el vocal del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, contra el presidente de ese organismo y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por haber viajado 20 veces a Puerto Banús (Marbella), en fines de semana de al menos cuatro días, supuestamente para actividades oficiales. El fiscal archivó la denuncia sin realizar las principales comprobaciones de investigación sobre el destino dado al dinero público gastado y apenas dos días después de conseguir algunos de los datos que había solicitado al Consejo General del Poder Judicial.

Descargar 2012 05 21 Decreto Fiscalia del Tribunal Supremo

El decreto de archivo recoge que el presidente Carlos Dívar no tuvo “una intención de lucrarse o de aprovecharse en su beneficio” pues llegó a abonar parte de los gastos en esos desplazamientos a Marbella y concluye que “no existe prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del Presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal”.

La Fiscalía General del Estado avala con su decreto de archivo de la denuncia la más laxa manera de controlar el gasto público, porque se admite que, en muchos de los desplazamientos, no se conoce para qué viajó Dívar ni a qué dedicó los gastos protocolarios, en cenas para dos en distintos hoteles, como el Marbella Club Golf Resort & Spa o Puente Romano, entre otros.

El secretario general del Consejo del Poder Judicial, Celso Rodríguez Padrón, al que el fiscal encargado del caso había pedido una certificación de que los viajes de Dívar eran oficiales, se había negado a hacerlo. Rodríguez Padrón alegó que él no estuvo allí y que no tenía constancia de actividades oficiales en las fechas de algunos de los viajes, por lo que no podía emitir certificación al respecto.

A la vista de que Rodríguez Padrón se había negado a certificar el carácter oficial de los desplazamientos del presidente pagados con dinero público, el jefe de Gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez, envió un escrito al fiscal el 18 de mayo —en el que éste se ha basado para decretar el archivo—, en el que precisa que algunos viajes pueden tener carácter reservado, debido a que “en ocasiones pueden tener una naturaleza no compatible con la publicidad”. El puesto de Menéndez es de confianza y de libre designación. Menéndez aspiró en marzo de este año a ser nombrado magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el aval de Dívar, pero en la votación correspondiente del pleno del Consejo no alcanzó la mayoría necesaria.

El fiscal justifica no haber realizado ninguna investigación sobre si los viajes de Dívar eran oficiales o no, porque de acuerdo con la normativa del Consejo, en la justificación de los viajes no tiene que constar el motivo oficial que da origen al desplazamiento y da por supuesto que cuando el Consejo ha pagado todo el gasto, se trata de un viaje oficial. Sin embargo, el fiscal podría haber comprobado con las personas que Dívar cita que se reunió durante sus viajes, la veracidad de los mismos. Uno de ellos, Lorenzo del Río, ahora presidente del TSJ de Andalucía y anteriormente presidente de la Audiencia de Cádiz, no quiso confirmar si había comentado con otros presidentes de Tribunales Superiores que la reunión que Dívar alega que mantuvo con él no se había producido. “No voy a decir nada”, señaló. “Cuando haya que decir lo que sea, ya lo haré”. Preguntado si se lo diría al fiscal, respondió: “Por supuesto”.

Desde que tuvo conocimiento de la denuncia, Dívar trasladó a otras personas del Consejo que si él caía no iba a caer solo. En la reunión de la Permanente llegó a decir, según algunos de los presentes: “¿Por qué han tenido esa crueldad conmigo, si hay otros vocales que gastan más?” Y mencionó expresamente a Miguel Collado. Dívar convocó el lunes por la mañana a varios vocales individualmente para preguntarles por su posición. Algunos de los convocados lo interpretaron como una intimidación. Previamente, a través de su jefe de Gabinete, había solicitado una relación de todos los gastos de viajes y atenciones protocolarias de los vocales, pero ante las quejas de una de las vocales, que amenazó con pedir su dimisión en un pleno, dio marcha atrás y la petición se centró en la disminución global del gasto desde 2008.

Por la tarde, Dívar convocó a los vocales, donde se quejó del quebranto institucional y personal que ha provocado la denuncia. Sin embargo, aunque estaban presentes 15 vocales, se le instó a convocar un pleno extraordinario para tratar de forma monográfica la situación de crisis institucional que se ha provocado.

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Hotel de Dívar en Puerto Banús

Gómez Benítez: “Nadie se cree que Dívar fuera a trabajar tanto a Marbella"

 

El vocal José Manuel Gómez Benítez recibió ayer a mediodía el archivo de su denuncia por malversación contra el presidente Carlos Dívar.

 Pregunta.  ¿Qué le ha parecido la decisión?

 Respuesta.  En primer lugar, los hechos de la denuncia han quedado confirmados. Y en segundo, no puede quedar duda de que pagar viajes privados con fondos públicos ha sido, es y será un delito de malversaciones de caudales, pero hay que investigarlo, y eso es lo que no se ha hecho.

 P.  ¿Eso cree?

 R.  El problema de esta decisión es que nadie se cree que Dívar haya viajado tantos fines de semana a Marbella para trabajar y que haya estado trabajando en esos días. No se lo cree ni el propio fiscal, porque lo único que viene a decir es que no ha investigado sobre las actividades oficiales supuestamente realizadas por el presidente en estos fines de semana. Es decir que ha creído sus explicaciones sin practicar ninguna investigación. La función del fiscal no es creerse la versión del denunciado, sino investigarlo. Y eso no lo ha hecho.

 P.  ¿Tiene usted constancia de que los datos proporcionados por Dívar no se ajustan a la verdad?

 R.  A muchos vocales nos han llegado informaciones de que algunas de las actividades y entrevistas supuestamente realizadas algunos de los fines de semana no responden a la realidad.

 P.  ¿Eran actividades privadas?

 R.  Eso es lo que tenía que haber investigado el fiscal, preguntando a los cargos mencionados por el presidente, pero ha preferido escudarse en la normativa del Consejo que no exige que se especifiquen las actividades oficiales que motivan los viajes.

 P.  20 fines de semana de cuatro días con cenas en restaurantes del lujo. ¿No es excesivo?

 R.  Hay viajes sobre los que el presidente no ha dado explicación alguna. El fiscal dice que esos viajes inexplicables pueden ser materia reservada, pero lo dice porque así lo mantiene el jefe de Gabinete del presidente que es hombre de su confianza, sin que se la haya preguntado.

 P.  ¿Y tantas cenas solo para dos personas?

 R.  El fiscal dice que los gastos protocolarios están desvinculados de los viajes y eso es no haber querido entender nada, porque esos gastos se deben a cenas los viernes y sábados por la noche para dos personas durante esos fines de semana. Se ampara de nuevo en que la normativa no exige identificar a los comensales, pero eso no le exime de haber preguntado al respecto.

  P.  ¿Sabe usted quién es el famoso comensal por el que se preguntan en todas la tertulias?

 R.  No. Eso es lo que pretendía que el fiscal le hubiera preguntado entre otras cosas al presidente, pero ha preferido escaparse diciendo que los usos del Consejo no obligan a identificar a los comensales y los gastos protocolarios no están relacionados con los mismos. Con ese argumento no hay forma de controlar los gastos de representación del Consejo.

 P.  Qué va a pasar en el pleno del jueves?

 R.  El presidente tendrá que dar explicaciones detalladas de sus actividades y sus gastos y espero que, al menos, se aprueben normas que permitan el control  de los gastos para que nadie pueda abusar haciendo pasar por oficiales lo que pueden ser gasto privados, como hace tiempo propuse.  

21 may 2012

Un sumiller francés para la hamburguesería

Por: José Yoldi

Las tasas que Gallardón proyecta aplicar convierten el derecho a recurrir en una justicia para ricos.

Alberto Ruiz Gallardón
Alberto Ruiz Gallardón en el Congreso. Foto: Uly Martín 

Cada vez que uno de nuestros próceres nos anuncia que ha encontrado una solución a alguno de los problemas de la Justicia es como para echarse a temblar, porque indefectiblemente el supuesto lenitivo recae sobre las anchas y ya magulladas espaldas de los ciudadanos.

Tan imaginativos remedios, curiosamente, suelen postergar lo justo para refugiarse en lo legal, olvidando o despreciando la máxima de Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”.
Seguro que recuerdan aquella célebre apertura del año judicial en la que el presidente del Supremo, Carlos Dívar, anunció que la Sala de lo Contencioso del alto tribunal tenía bloqueados más de 6.000 millones de euros en litigios pendientes, que había varios miles de millones más en las otras salas, y que esos fondos, al encontrarse congelados, no revertían al circuito económico, lo que cercenaba múltiples expectativas.

Quizá ya no se acuerden, pero un par de meses más tarde, Dívar, como Saulo de Tarso al caer del caballo en el camino de Damasco, debió tener una revelación sobrenatural. La panacea alumbrada por el presidente del Supremo pasaba por “confiar más en los jueces y eliminar tantos garantismos”. Es decir, impedir que los ciudadanos pudieran recurrir, cuando precisamente esas garantías jurídicas y procesales sirven para que la ciudadanía pueda acceder a la justicia y paliar la arbitrariedad de los poderes públicos, entre ellos los jueces.

Ahora, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con el encanto de un vendedor de cerillas quemadas, nos quiere colar su piedra filosofal, una ley de tasas que —una vez más— desprecia lo justo y se refugia en lo legal. Necesita dinero y por este procedimiento espera conseguir 306 millones, en lugar de los 164 que fueron recaudados el año pasado, aunque el coste de los juzgados y tribunales en 2011 ascendió a 1.313,8 millones.

Porque las tasas judiciales fueron eliminadas en 1986, con Felipe González en el Gobierno, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia independientemente de su situación económica o posición social. Y en 2002, durante el segundo mandato de Aznar, se reintrodujeron poco menos que de tapadillo, porque únicamente afectaba a las personas jurídicas, es decir, empresas y sociedades, pero no a los ciudadanos de a pie, sin que en la exposición de motivos de la ley se hiciera la más mínima referencia a la oportunidad de la medida.

Ahora, otro Gobierno del PP, con Gallardón como baluarte, pretende pegar una patada a las nubes y propone unas tasas disparatadas especialmente en la segunda instancia (la apelación ante una decisión contraria a tus intereses) o en la casación (el recurso ante el Tribunal Supremo). Imagine, por ejemplo, que usted lleva a juicio a unos grandes almacenes porque no le han instalado bien el mobiliario de la cocina de su casa y les reclama 3.050 euros y el juez de primera instancia no le da la razón. Si usted cree que la sentencia es injusta y quiere que otro tribunal revise el caso, deberá pagar 800 euros de tasas solo para poder recurrir. Probablemente, por ese montante, más gastos de abogado y procurador, usted decida que no merece la pena seguir, si encima piensa que si vuelve a perder le condenarán a pagar las costas y los honorarios del abogado de la parte contraria. Lo que es seguro, es que si son los grandes almacenes los que han perdido, abonarán los 800 euros para poder seguir litigando.

El Ministerio de Justicia ha dado traslado del anteproyecto al Consejo del Poder Judicial. La vocal Margarita Robles, ponente del informe, ha concluido que la medida obedece a exclusivos motivos de oportunidad política y económica y que puede afectar a la tutela judicial efectiva, ya que considera que limita o impide el acceso a la justicia a los pobres mientras deja vía libre a los ricos y a las grandes corporaciones. La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, también ha rechazado el proyecto por considerarlo “poco compatible” con el Estado de derecho. No obstante, el discurrir del informe no será plácido por el Consejo, y es posible que no se llegue a aprobar, pues los vocales conservadores, respaldan en bloque la posición del ministerio.

Se apruebe o no el informe, tasas tan desproporcionadamente elevadas en un servicio tan esencial y básico como la justicia suponen algo parecido a que para pedir un simple refresco de cola en la hamburguesería del barrio te obliguen a contratar los servicios de un auténtico sommelier francés.

19 may 2012

¿Una alegoría de la justicia?

Por: José Yoldi

Ciudad de la justicia de málaga Fernando J Perez

Esta imagen del letrero que anuncia "La ciudad de la justicia", de Málaga, fue tomada hace unos días por mi compañero y amigo Fernando J. Pérez, que prácticamente vive allí cubriendo la investigación y posteriores juicios de todos los casos de corrupción que han asolado Marbella y su entorno, como las operaciones Ballena Blanca, Malaya, Minutas, Nilo, Alhaurín o la Parrada.

El poste fue colocado allí hace cinco años, cuando fue inaugurada "La ciudad de la justicia", y en ese tiempo ha sufrido las inclemencias del tiempo, de manera que está ya oxidado y francamente deteriorado. Esperemos que no constituya una alegoría de la imagen de la justicia, en un momento en el que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, malagueño de 70 años, ha sido denunciado por malversación de caudales públicos, por veinte viajes de fin de semana de cuatro días (semana caribeña) a un hotel de lujo de Marbella, que a pesar de su apariencia de privados, él trata de hacer pasar como "oficiales".

14 may 2012

Cuando vivir como un cura queda desfasado

Por: José Yoldi

Los viajes de fines de semana de Dívar proyectan una imagen suntuaria muy diferente de la austeridad que predica.

 

Hotel en Pto Banús
Imagenes del hotel de Puerto Banús en el que se alojaba el presidente del Supremo.

 

Vivir como un cura es la forma que desde hace muchos años y, desde luego, durante el franquismo, tenía la sociedad española de expresar un modo de vida envidiable, plácido, descansado y plagado de grandes comilonas. La expresión, en el siglo XXI, ha caído un tanto en desuso y parece que la ciudadanía prefiere ahora utilizar frases como “vivir como un marqués”, aunque tras el incidente de la cacería de elefantes en Botsuana, parece que se ha revitalizado algo la de “vivir como un rey”.
Hotel 6En cualquier caso, esta semana se ha conocido la denuncia presentada ante el fiscal general del Estado por el vocal del Consejo General Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez contra su presidente, Carlos Dívar, que lo es también del Tribunal Supremo, por presunto delito de malversación de caudales públicos.
Los hechos a los que se refiere la denuncia son seis viajes —a los que hay que sumar otros 14 de la ampliación— a un hotel de lujo en Puerto Banús (Marbella, Málaga) en fines de semana Hotel1 largos, de al menos cuatro días cada uno.Descargar 2012 05 10 NST de Celso (relación de gastos) Es decir, lo que se ha dado en llamar “semana caribeña”, porque solo se trabajan tres días por semana en lugar de los cinco que corresponden a la mayoría de los ciudadanos que todavía no se encuentra entre los más de cinco millones que integran las listas del paro.
Estos periplos suntuarios fueron realizados por Dívar entre noviembre de 2008  y marzo de este año y los gastos generados fueron cargados a los presupuestos del Consejo como si se tratara de desplazamientos por actos oficiales, si bien el vocal denunciante sostiene que en las fechas de estas estancias “no consta actividad oficial alguna que los motive”, ni esas actividades suelen celebrarse en fines de semana.
Hotel2El presidente del Supremo, según la información de que se dispone que no ha sido desmentida, viajaba en AVE, clase club, hasta Málaga, donde era recogido por su séquito, integrado por dos o tres coches oficiales y entre cinco y siete escoltas para trasladarse hasta Marbella, donde pernoctaba. En la liquidación de gastos, según la denuncia, el presidente cargaba a los presupuestos del Consejo las facturas por alojamiento y manutención que incluían las Hotel3comidas en el restaurante de la piscina del hotel o del servicio de habitaciones, así como las bebidas de los bares de la piscina, del hotel y las consumiciones del minibar. Los gastos de representación y atenciones protocolarias abarcaban en todos los viajes varias cenas para dos personas en diferentes restaurantes y hoteles del lujo de Marbella, especialmente el Marbella-Club Hotel Golf Resort & Spa, pero también Puente Romano o el Hotel-Casino Torrequebrada.
Dívar no ha desmentido la realidad de estos viajes a Puerto Banús, ni su duración de cuatro días o más, ni de los lujosos lugares en los que estuvo alojado o cenó con compañía. Lo que ha refutado es que estos viajes fueran privados, y que precisamente por su carácter público ha cargado los gastos al presupuesto del Consejo, aunque no ha ofrecido información sobre qué tipo de actividad oficial realizó durante los mismos. Hotel9También ha recalcado que todas las facturas relativas a su vida privada las ha abonado él.
Lo que ocurre es que, independientemente de si fueron públicos o privados, —lo que tendrá relevancia para la existencia o no de un delito de malversación de caudales públicos— lo que revelan estos viajes es una imagen muy distinta de la que el presidente del Consejo y del Supremo suele proyectar en público, de austeridad y misa diaria. Un cordero entre los lobos  Hotel5Muy al contrario, los periplos dan la idea de un Dívar suntuoso, magnífico en el porte y el gasto, nada austero y habituado al lujo, precisamente en un momento en el que la crisis golpeaba —y todavía golpea— con fuerza en España y donde los recortes de sueldos y derechos de los trabajadores estaban —y están— a la orden del día.
Los vocales del Consejo del Poder Judicial, conocedores de la realidad de  esos 20 viajes, han evitado defender a Dívar.  Hotel8Entienden que no se trata de actos propios del Consejo y, por tanto, que debe ser él quien se defienda de las acusaciones de endosar  gastos indebidos.
 Quizá a la vista de los fines de semana de gran lujo del presidente del Supremo en Puerto Banús, la expresión “vivir como un cura”, que ha quedado un tanto desfasada, se convierta en “vivir como un Dívar”.

Sobre el autor

(Donostia-San Sebastián, 1954)
es periodista licenciado en la Universidad
de Navarra. Lleva en El País desde 1983, donde ha
sido corresponsal de Interior y miembro del equipo de
Investigación. Como redactor jurídico ha cubierto casi todos los
juicios importantes que ha habido en España, desde el 23-F, el
síndrome tóxico o el crimen de los Urquijo hasta los atentados del 11-M.

Sobre el blog

Este blog es un lugar de encuentro sobre temas jurídicos, pero no es para todo el mundo. Es muy recomendable tener mucho sentido común y ganas de sonreír, ya que el humor es síntoma de inteligencia. La única norma es el respeto a los demás. Si usted prefiere insultar es muy libre, pero le agradecería que no se molestase en seguir leyendo, yo también preferiría estar en la playa.
El blog se alimentará también -o principalmente- con la serie de artículos que bajo el título “El último recurso” se publican los lunes en El País

Nuevo libro

El último recurso El último recurso. Los artículos que forman parte de este compendio fueron publicados en EL PAÍS bajo el epígrafe El último recurso durante los años 2010 y 2011. Todos ellos fueron escritos durante esas horas de la noche en la que todo parece estar parado y en silencio. Mi objetivo era centrar el foco o aportar un punto de vista particular hacia algunas noticias que me parecía que merecían mayor atención que la que se les había prestado. La otra finalidad, no menor, era que el lector se lo pasara bien y que, a ser posible, esbozara una sonrisa. Y ello, aunque el tema a tratar fuera tan tremendo como la rebaja de cinco años en la condena de un tipo que dejó a su mujer parapléjica a golpes.

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