Los gobiernos progresistas exigen más compensaciones económicas por la explotación de los recursos naturales

Por: | 01 de marzo de 2012

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hizo hoy una encendida defensa de la minería a cielo abierto, a pesar de las protestas ecologistas en pueblos donde se la practica. No obstante, aclaró que es necesario "pedir a las empresas cuidado ambiental y reinversión de las utilidades". Un discurso similar se oye en boca de otros jefes de Estado de la variopinta izquierda latinoamericana, como el ecuatoriano Rafael Correa o el peruano Ollanta Humala. Precisamente, el investigador de asuntos sobre desarrollo sostenible Eduardo Gudynas, del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes), de Uruguay, advierte que los gobiernos progresistas de Sudamérica han optado por admitir el modelo de explotación de los recursos naturales (minería, hidrocarburos y tierras), pero bajo un control del Estado diferente del planteado por las políticas conservadoras del pasado a fin de que las empresas que los usufructúan tributen más. “Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano” es el título del artículo que Gudynas publicó en el último número de Nueva Sociedad, la revista de la Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, sobre Latinoamérica.

 

“Sin duda América del Sur, gobernada mayoritariamente por partidos y movimientos que se autodefinen como progresistas, ha logrado varios avances en los últimos años, en general centrados en la reducción de la pobreza y el regreso de un Estado más activo”, destaca Gudynas. “Sin embargo, parte de los buenos desempeños van en paralelo a la consolidación de un modelo sostenido en la explotación de la naturaleza –desde el gas hasta la soja, pasando por una diversidad de productos de la minería– y la consolidación de lógicas y prácticas extractivistas”, continúa el experto uruguayo. Gudynas opina que “las medidas de compensación monetaria”, es decir, los mayores impuestos y regalías a las explotaciones mineras, petroleras o agrícolas o las nacionalizaciones de los hidrocarburos, “están encontrando sus límites, y las capacidades que tienen de legitimación política y apaciguamiento social son ahora más limitadas”. En varios casos esto “se debe a los agudos impactos del extractivismo: esos efectos alcanzan tal envergadura que ya no existen compensaciones económicas aceptables para las comunidades locales; o bien, esos impactos afectan dimensiones no mercantiles que las poblaciones locales consideran innegociables”. Gudynas opina que “sin duda, el nuevo desarrollismo” de Latinoamérica “preferiría priorizar la industrialización, pero el problema es que, dados los altos precios de las materias primas, la tentación es tan grande que sucumben a ella”.

A diferencia del pasado, con la llegada al poder de gobiernos progresistas ahora “el Estado juega un papel mucho más activo que en el extractivismo clásico, sea por una participación directa (por ejemplo, por medio de empresas estatales como la petrolera venezolana PDVSA) o por medios indirectos (asistencias financieras, subsidios, apoyos en infraestructura, etc.)”. A su vez, “el empresariado transnacional no desaparece, sino que reaparece bajo otros modos de asociación, tales como la migración a contratos por servicios en el sector petrolero o joint-ventures para la comercialización (tal como sucede, por ejemplo, en Bolivia)”. Todo esto “implica un viraje sustancial, ya que en el pasado la izquierda sudamericana criticaba duramente las economías de enclave extractivistas”, recuerda Gudynas. “Ahora las defiende como un componente indispensable para el desarrollo y el combate contra la pobreza”.

Gudynas considera que los gobiernos progresistas justifican la explotación de los recursos naturales para cumplir con un mandato de “justicia económica redistributiva”. El Estado necesita fondos para financiar las transferencias monetarias que han creado muchos países de la región, incluso los gobernados por la derecha. En cambio, “las demandas originadas en la justicia ambiental son ignoradas o rechazadas por los gobiernos progresistas”, según el investigador uruguayo. “Pero para los gobiernos de izquierda, la acusación de desatender la justicia es seria y tiene repercusiones políticas importantes, y eso explica en algunos casos las virulentas respuestas gubernamentales contra ambientalistas, indígenas y otros nuevos movimientos sociales”, añade el autor, que fue asesor de la oficina de cooperación técnica de Alemania GTZ, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las ONG Action Aid y Oxfam. Gudynas pone como ejemplo el enfrentamiento el año pasado entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y los indígenas que se oponían a la construcción de una carretera y cuestionaban los planes de desarrollo extractivista de la Amazonia de este país.

El artículo también señala que muchas veces el debate se centra en torno de la compensación económica que deben pagar las empresas que explotan los recursos naturales: cuál es su valor, quiénes serán sus beneficiarios y quiénes serán los intermediarios. “Se intenta adjudicar un valor económico a casi todo, y esa mercantilización corre el riesgo de asemejarse a la mirada neoliberal”, opina Gudynas.

 

“Los gobiernos progresistas edifican barreras de contención para evitar imponer nuevas regulaciones al capital que pudieran limitar su crecimiento económico”, se refiere el investigador del CLAES a que se evitan las consultas populares para definir si se emprende una mina en Perú o una central hidroeléctrica en la Amazonia brasileña. “Los políticos de izquierda muchas veces sostienen que ya conocen lo que el pueblo desea, ya que ellos provienen de ese pueblo, como repiten por ejemplo Lula, Morales o Mujica”, sostiene Gudynas en referencia al expresidente de Brasil y a los actuales jefes de Estado de Bolivia y Uruguay, que impulsa la minería a cielo abierto.

Los presidentes de la izquierda sudamericana suelen rechazar los argumentos culturales, religiosos o ecológicos que se esgrimen contra el extractivismo, según Gudynas. Incluso tachan las protestas de “políticas”, como si esta palabra tuviese un sentido negativo, expone el autor del artículo de Nueva Sociedad.

Gudynas observa que amplios sectores sociales están valorando más los conceptos de “solidaridad y protección de la naturaleza”. Estos cambios son “análogos a aquellos que hace pocos años desembocaron en la elección de los gobiernos progresistas; existen amplias reservas movilización social en escenarios políticos que siguen evolucionando a rápidos ritmos y con mucha intensidad”, añade este experto con un posgrado en Ecología Social por la Multiversidad Franciscana de América Latina, de Uruguay, y la Pontificia Facultad de San Buenaventura, de Italia.

“Sin dudas el Estado progresista tiene la voluntad de desempeñar un papel activo y acabar con la pobreza, pero también debe reconocer que muchas de sus medidas son ahora dependientes de una particular circunstancia global, lo que lo hace muy frágil ante los cambios internacionales”, señala Gudynas. En concreto, advierte de que la “ruta extractivista aumenta su dependencia comercial e incrementa los riesgos”. ¿Qué pasaría con el gasto social si cayesen los precios de las materias primas?, se pregunta el autor. Un debate que sin dudas está abriéndose en toda Latinoamérica y en el que hay otras posturas también interesantes.

Hay 1 Comentarios

Hola, amigos. El tema me parece importantísimo en este momento. Se da en toda nuestra América una especie de fiebre de explotación de los recursos naturales, como el mejor medio en la actualidad para salir de la pobreza y enrumbarse por el camino del desarrollo. Desde luego que podría ser un medio privilegiado para lograrlo, pero si se cumplieran algunas condiciones que, por lo menos en Colombia, no se están dando plenamente, en mi modesta opinión. En primer lugar, la consulta a los pueblos, etnias y comunidades directamente afectados por la explotación o la construcción de represas o nuevas vías, debe hacerse en forma objetiva e imparcial, sin presiones de ninguna clase y mediante la colaboración de los verdaderos líderes de las diferentes comunidades.
En segundo lugar, hay que establecer prioridades claras y según baremos internacionales que miren el desarrollo integral de los pueblos. En Colombia, por ejemplo, se vuelve a presentar en este momento el poblema de la explotación de oro en los páramos de Santurbán, Santander. ¿Qué es más importante: el oro o el agua? Porque la explotación de esos páramos supone la destrucción o el deterioro de las zonas hídricas que surten un buen número de poblaciones.
En tercer lugar, aun en el caso de que se adelanten las explotaciones, ¿quién mide de verdad los efectos negativos y quién mide la justa compensación por los daños de toda índole que se suelen producir en la gran mayoría de las explotaciones?
Nuestra historia nos enseña que en el pasado muchas de esas explotaciones, por ejemplo, la del petróleo, se hicieron entrando a saco, con compensaciones ridículas y llenando los bolsillos de los políticos corruptos que permitían dichas explotaciones. Pregunto: ¿han variado sustancialmente esas condiciones o se siguen repitiendo aunque con disimulo, engaño, trampa y manipulación de los medios?
En fin, el tema da para mucho y el aporte al mismo del periodista Rebossio y del citado señor Gudynas es muy valioso. Cordial saludoi. FRANCISCO TOSTÓN DE LA CALLE

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Sobre el blog

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Sobre el autor

Alejandro Rebossio es periodista. Su especialidad es la economía y trabaja en la corresponsalía de El País en Buenos Aires. Coautor del libro Estoy verde. Dólar, una pasión argentina (Aguilar) y Vaca Muerta (Planeta) junto con Alejandro Bercovich.

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