La huelga del 29-M contra la flexibilización laboral en España es una buena oportunidad para analizar qué hace sucedido con reformas similares en Latinoamérica. En 2010, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un trabajo de los economistas Guillermo Cruces y Andrés Ham que debate “la necesidad de contar con mercados laborales que puedan adaptarse a una estructura moderna, pero discute cómo ciertas reformas en las últimas dos décadas en la región se implementaron primordialmente en términos del deterioro de las condiciones laborales y de la calidad del empleo".
La economía laboral tradicional dice que si se abarata el trabajo, baja el desempleo, pero Cucres y Ham muestran a partir de los datos concretos de Latinoamérica que esto no sucede así en mercados que, como éste, no funcionan de manera competitiva. Por ejemplo, en Chile y Venezuela, por cada punto porcentual que aumentó el desempleo, los salarios tendieron a la baja en 11% y 9%, respectivamente, en las últimas dos décadas.
“Los cambios específicos en la regulación de los mercados de trabajo fueron en su gran mayoría en desmedro de la seguridad de los trabajadores, por lo menos de aquellos que contaban con cierta protección en el marco del empleo formal”, relata el documento de la CEPAL. “Este proceso incluye la instauración de modalidades promovidas (períodos de prueba prolongados, pasantías sin beneficios de seguridad social), la reducción o eliminación de indemnizaciones por despido, la reducción de los impuestos al trabajo y la generalización de contratos a término, entre otros. Además de este proceso de precarización, con impacto directo en el empleo, el resto de las reformas estructurales en general tendieron a incrementar los niveles de exclusión e informalidad en los mercados de trabajo”, añaden Cruces, investigador de la Universidad de La Plata (Argentina), y Ham, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (EE UU). Los autores señalan que el desempleo y la informalidad continuaron pese a que en la década de 2000 algunas reformas laborales han sido desandadas en países como Argentina y Venezuela.
Latinoamérica partía de un escenario en que muchos de sus trabajadores estaban empleados fuera de la ley y, por tanto, ya sufrían una flexibilización laboral de hecho. La reforma de las normas no ayudó a crear empleo ni tampoco a formalizar a los empleados informales, según muestran las estadísticas que cita la CEPAL en este trabajo hecho con la cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “La implementación de medidas flexibilizadoras tiene un techo dado, en gran parte, por el nivel de informalidad de la fuerza de trabajo, dado que los trabajadores informales cuentan con un acceso limitado a mecanismos efectivos de protección y compensación frente a una mayor flexibilidad”, observa la investigación de la CEPAL. De ahí que se identifique “a los altos niveles de informalidad en la región como el principal obstáculo hacia mercados laborales con una mayor flexibilidad que balancee los intereses de trabajadores y empleadores”. El reporte recuerda que “en América Latina el Estado de bienestar con acceso a la protección social a través del empleo formal fue un modelo, a lo sumo, incompleto”, que tuvo su apogeo en los 60 y los 70 en algunos países. “Sin mecanismos de protección social universal adecuados, la flexibilización laboral resultará en general en el deterioro de las condiciones de trabajo, por las dificultades en establecer compensaciones por los costos que estas medidas suelen involucrar. En última instancia, la formalización de los mercados de trabajo y la presencia de mecanismos de protección social universales constituyen elementos fundamentales para lograr mercados de trabajo dinámicos que puedan adaptarse a las nuevas condiciones de inserción en el mundo de las economías de América Latina”, concluyen los autores.
Cruces y Ham se adentran en el caso de Argentina después de la crisis de 2001/2002 para analizar la gran caída del paro y la persistencia de empleados en la economía sumergida. “La economía se recuperó fuertemente tras la crisis de 2001–2002, con condiciones óptimas de términos de intercambio y tipo de cambio, resultando en un período de inusitado crecimiento económico (alrededor del 8% anual en promedio para el período 2003–2007). Además de este crecimiento récord, los distintos gobiernos del período adoptaron una política explícita de reversión de las reformas en el mercado de trabajo, revitalizando el rol de los sindicatos, aumentando los salarios mínimos y adoptando en general una posición pro–trabajador”, recuerdan los investigadores. Incluso Argentina instauró en el Gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003) una doble indemnización por despido, en lugar de abaratarlo. “Por último, estas mismas administraciones implementaron una estrategia de formalización del empleo, incrementando de manera significativa las tareas de policía laboral (inspecciones de trabajo), realizando importantes esfuerzos de difusión (campañas de concientización) y estableciendo rebajas impositivas y regímenes específicos. En un contexto económico y político sin igual se lograron notables avances en términos de formalización de la fuerza de trabajo. Sin embargo, las características del mercado laboral post–reformas estructurales marcaron las limitaciones de esta estrategia”, se refieren al alto desempleo en subgrupos como los jóvenes con baja instrucción y a la elevada informalidad de las relaciones laborales que han persistido pese a las mejoras sociales en los Gobiernos de los Kirchner.
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