El próximo sábado comienza la Cumbre de las Américas, el encuentro bienal del presidente de EE UU con sus pares de Latinoamérica, el Caribe y Canadá. En estos encuentros solo falta que inviten a Cuba, y por eso Ecuador ha desistido de ir este año. Ya no se hablará sobre el proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que fuera enterrado en 1995 en la cumbre de Mar del Plata. Desde entonces algunos países han sellado acuerdos comerciales con EE UU y otros no. En estos últimos, la superpotencia ha perdido peso, pero tampoco ha desaparecido como factor de poder. Prueba de ello es su vínculo con un país como Argentina, al que en los últimos días apoyó en sus batallas judiciales contra los fondos buitre que aún reclaman por la deuda impaga de la crisis de 2001 y al que también castigó quitándole un beneficio de eliminación de aranceles a la importación por incumplir con dos sentencias que la condenaron en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Precisamente, en esta entrada del blog hablaremos sobre el CIADI, este tribunal del Banco Mundial, al que recurren en general las empresas de los países desarrollados como EE UU para quejarse de los gobiernos de países en vías de desarrollo como muchos latinoamericanos.
Los países desarrollados suelen pedir que los en vías de desarrollo acepten al CIADI como condición para que sus compañías inviertan en ellos con seguridad. “Para quienes dicen que sin ese tipo de mecanismos la inversión no viene, basta citar el ejemplo de Brasil, que no está bajo la competencia del CIADI y al mismo tiempo es el primer receptor de inversión extranjera directa de la región”, escribe Carlos Alonso Bedoya en La Línea. Brasil no ha firmado tampoco ningún tratado bilateral de inversión y los pocos TLC que ha sellado el Mercosur (la unión aduanera que integra también a Argentina, Paraguay y Uruguay) tampoco contemplan la intervención del CIADI sino que los contenciosos deben dirimirse en los tribunales locales o de la región.
El artículo de La Línea advierte de que los países latinoamericanos que han denunciado al CIADI y los tratados bilaterales de inversión tampoco podrán escaparse del tribunal de un día para el otro porque existen cláusulas que así lo impiden en los tratados bilaterales de inversión. Venezuela, Bolivia y Ecuador también han puestos esos convenios en revisión. Venezuela fue el último en renunciar al CIADI, en enero pasado, después de que fuera demandada en ese ámbito por las petroleras norteamericanas Exxon Mobil y ConocoPhillips, que se negaron a renegociar sus contratos con el Gobierno de Hugo Chávez.
En el 63% de las demandas presentadas por empresas en el CIADI, las querellantes invocaron los tratados bilaterales de inversión y en el 12%, los convenios de estabilidad jurídica. En el 44% de los casos, el CIADI aceptó parcial o totalmente la demanda de indemnización de las compañías. En el 31% de las veces falló en contra de ellas. En el 22% de los laudos se ha declinado la jurisdicción del CIADI.
Entre los árbitros del tribunal abundan los norteamericanos, seguidos por los franceses y los británicos. El 47% de los conciliadores proviene de Europa Occidental y el 23% de Norteamérica.
El 30% de las demandas apunta contra países de Sudamérica. El 7%, contra Centroamérica; el 22%, a Europa Oriental y Asia Central; el 16%, al África Subsahariana; el 10%, a Oriente Medio y África del Norte; el 9%, a Asia del Sur y Oriental. Solo el 5% querella a países de Norteamérica, y los pleitos se concentran sobre todo en México, y el 1%, a Europa Occidental.
Dentro de la región con más litigios, Sudamérica, Argentina figura con 26 causas, seguida por Venezuela (17), Perú (cinco), Ecuador (cuatro), Bolivia (dos), Chile (una) y Uruguay (una). Entre las empresas que han iniciado juicios contra Argentina aparecen la francesa Suez y Aguas de Barcelona. Contra Bolivia ha accionado Pan American Energy, controlada por la petrolera británica BP. Contra Ecuador, la norteamericana Occidental Petroleum. Contra Uruguay, la tabacalera Phillip Morris. La mayoría de los litigios en la región se ha concentrado en empresas petroleras y mineras.
El texto de La Línea critica que el CIADI se centre en los derechos económicos de las empresas y no tenga en consideración los derechos humanos y medioambientales de las poblaciones. También defiende que los Estados cambien las reglas de juego en caso de que los precios de las materias primas, como minerales e hidrocarburos, aumenten hasta niveles extraordinarios, de modo que el erario público pueda aprovecharse de esas cotizaciones.
El CIADI también tiene sus defensores. Uno de sus árbitros, el abogado español Juan Fernández-Armesto, lo defendía en una entrevista que concedió el año pasado a diariojuridico.com: “El arbitraje de inversión es un instrumento que ayuda al crecimiento de los países. Realmente su finalidad última es facilitar el desarrollo de las economías. De lo que se trata es de reducir el riesgo jurídico de los inversores extranjeros en otros países. Eso permite la reducción de la tasa de retorno por invertir en ese país que exigen los inversores. Y eso incrementa la competitividad, reduce los costes, aumenta la riqueza. Lo que hace el arbitraje de inversión es impulsar la seguridad jurídica donde puede que no exista, porque el propio sistema interno de un país no lo ofrece”. El debate sobre el CIADI apenas ha comenzado.
Hay 2 Comentarios
Interesante articulo sobre el CIADI y Argentina: http://alainet.org/active/54327
Publicado por: Jorge Guevara | 25/04/2012 23:34:40
Excelente que se este discutiendo sobre el CIADI y los pro (pocos) y contras (muchos) de adherir a este ¿Organismo?, que si no estoy equivocado, es una creación del G7.
Publicado por: Bonaerense | 12/04/2012 1:24:42