El Gobierno de Argentina prorrogó a partir de esta semana y por otros dos meses la congelación de precios que había comenzado en febrero pasado. En un intento por calmar una inflación tan alta como la de Venezuela, el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner selló un primer acuerdo de precios con los supermercados que rigió durante 60 días y, dado sus buenos resultados, lo ha renovado por otros 60, hasta el 1 de junio. Los críticos de la política económica de Fernández advierten de que esta congelación constituye solo una solución temporaria ante el problema de la inflación y recuerdan que entre diciembre de 2005 y el mismo mes de 2006 rigió una congelación de precios en los supermercados, pero en 2007 se acabó y la inflación se aceleró.
El índice de precios al consumidor (IPC) que difunden algunos diputados de la oposición a partir de relevamientos de consultoras privadas había subido en enero pasado al mayor nivel en 22 meses, al 2,5% mensual, con lo que la inflación anual alcanzaba el 26,2%. Con el acuerdo de precios entre el poderoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y las cadenas de comercio minorista, como las francesas Carrefour y Casino, la norteamericana Wal-Mart y la chilena Cencosud, el llamado IPC Congreso bajó drásticamente al 1,2% mensual en febrero (25,2% acumulado en los últimos 12 meses).
Las consultoras, sin embargo, miden los precios sobre todo en Buenos Aires, donde la hegemonía de los supermercados por sobre los pequeños almacenes es notoria. En cambio, las agencias de estadística de seis provincias (kirchneristas y opositoras) que elaboran sus propios IPC muestran datos contrapuestos a los de las consultoras. Según la media que elabora el blog Cosas Que Pasan, el IPC provincial había bajado al 1% mensual en enero (23,1% anual) y subió en febrero al 2,4% mensual (24,1% anual). El índice de las provincias es el que usaba un economista kirchnerista, Axel Kicillof, antes de asumir como viceministro de Economía en 2011.
Pero mientras fuera de las grandes ciudades algunos consumidores se quejan de que los precios siguen aumentando en los pequeños almacenes, los clientes de supermercados respiran más tranquilos y la popularidad de Fernández se recupera después de un 2012 de caída, según sondeos de politólogos críticos de su gestión. En agosto y octubre próximos se celebran las elecciones legislativas de medio término del segundo Gobierno de Fernández, que resultarán clave para consolidar o no al kirchnerismo como fuerza dominante dentro del Partido Justicialista (PJ, peronista). Algunos analistas especulan con que la congelación de precios se extenderá hasta octubre inclusive.
Entre los economistas, la continuidad de la congelación de precios ha recibido elogios y críticas, pero aun los que la apoyan consideran que no puede tratarse de la única medida para bajar la inflación. “Era necesario que se aplicara esta herramienta de política económica, pero tiene que ser acompañada por otras medidas”, opina Mariano Kestelboim, del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular. “De forma aislada no le veo sustentabilidad. Hay que buscar medidas de fondo, como alentar la producción, con medidas como las que se tomaron para alentar la inversión con líneas de crédito subsidiadas, la norma del Banco Central que obligó a los bancos a prestar al 15% (de tipo de interés) o aquella que ordenó que las aseguradoras inviertan parte de su cartera en la economía real. Para superar la pérdida de competitividad y pérdida de poder adquisitivo de sectores medios en los últimos años se necesita una estrategia más profunda para ampliar el aparato productivo argentino”, opina Kestelboim, para quien la solución pasa por aumentar la oferta y no por achicar la demanda mediante ajustes de las expansivas políticas fiscal y monetaria en tiempos en que el crecimiento económico de Argentina se ha desacelerado. En este sentido, también aboga por un combate al mercado marginal del dólar, dado que “la especulación financiera ilegal es más rentable que la inversión productiva”. Además sugiere acuerdos sociales para que los salarios no aumenten tanto en términos nominales, aunque sigan subiendo por encima de una inflación en bajada.
Otro economista heterodoxo, pero crítico de los últimos años del kirchnerismo, Eduardo Curia, censura la congelación: “Fue una medida tomada apresuradamente porque había alzas adicionales de precios. La medida aligeró temporariamente algo las expectativas alcistas, pero es un trance problemático por varias razones. Primero, porque no se sabe qué va a suceder el día después del acuerdo. En la medida en que se prolonga, el día después puede ser más profundo y delicado. Si bien el congelamiento es amplio, no es exhaustivo. A los salarios, el tipo de cambio, los servicios privados y los eslabones de las cadenas (productivas) no llega el congelamiento. Entonces hay una posibilidad de tensión potencial que será importante con el correr de los meses. Argentina ya está contaminada con la apreciación cambiaria y la inflación alta. Para salir, se necesita cirugía mayor drástica, una devaluación, que el sistema político no aguanta. Entonces hay que apostar a políticas minimalistas. ¿Pero es posible desacelerar algo el gasto público en un año electoral? Si se hiciese, el Banco Central emitiría menos para financiar al Tesoro. Si el binomio fiscal-monetario actuara así, habría menos liquidez en el mercado marginal del dólar. ¿Podrá el Gobierno cerrar acuerdos paritarios para elevar los salarios solo el 20% (en 2013)?”, desconfía Curia. No hay que olvidar que tres de las cinco centrales sindicales se oponen al kirchnerismo, e incluso dentro de los sindicatos progubernamentales hay reclamaciones de incrementos mayores de la nómina, como los de los maestros que protestan contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Daniel Scioli.
Como parte del acuerdo de precios, y con el argumento de bajar los costes de los supermercados, el Gobierno de Fernández ordenó a las cadenas de comercio minorista que desde febrero dejaran de anunciar en las ediciones en papel de los periódicos. Los supermercados eran los principales anunciantes de los diarios, que ahora solo reciben sus publicidades en las ediciones digitales. Los dos principales periódicos de Buenos Aires, Clarín y La Nación, han advertido sobre el impacto en sus finanzas, que se extenderá en la medida en que continúe el acuerdo de precios. Pero más allá de las críticas de diversas organizaciones contra el Gobierno por esta decisión, poco se ha comentado de la responsabilidad de grandes multinacionales como Carrefour o Wal-Mart, que han aceptado la orden oficial que perjudica a los diarios. “Los supermercados son víctimas y cómplices. Están priorizando intereses económicos frente a otros temas que deberían ser prioritarios, como la seguridad jurídica que los inversores extranjeros suelen pedir. Se vuelven protectores de sus victimarios”, opina el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, Álvaro Herrero. Carrefour y Wal-Mart han preferido mantenerse en silencio en torno de esta disputa.
El Ejecutivo también se enfrenta a los bancos, incluidos BBVA y Santander, para que bajen la comisión que le cobran a los supermercados por las compras con tarjetas de créditos que emiten esas entidades financieras. Moreno y los bancos siguen discutiendo la propuesta oficial de reducir esa comisión del 3% al 1% del valor de venta. Mientras tanto, el secretario de Comercio Interior impulsa la creación de una tarjeta de crédito propia de los supermercados, de modo de romper la dependencia de los bancos. El economista Kestelboim elogia esta política porque recuerda que las entidades financieras han conseguido en los últimos años grandes beneficios, del orden del 25% sobre su patrimonio en 2012.
Mientras Argentina combate su inflación, otros países latinoamericanos también están preocupados ante su aceleración en mayor o menor medida. En Brasil, cuyo Banco Central duda de si volver a endurecer la política monetaria dada la incierta recuperación de la economía, el IPC acumuló en marzo pasado una subida del 6,4% anual. En México llega al 4,1%; en Colombia, al 2%; en Venezuela, al 25,2%; en Chile, al 1,3% y en Perú, al 2,5%. Donde inquietaba la inflación, pero en marzo ha bajado un poco es en Uruguay, donde fue del 8,5% anual. Allí la receta del Gobierno de José Mujica consistió en que el Banco Central subiera los tipos de interés y los encajes o depósitos que los bancos deben inmovilizar, de modo de contraer la política monetaria.
Hay 4 Comentarios
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