El llamado Microscopio Global de las microfinanzas evalúa el marco regulatorio y la práctica de los pequeños préstamos, en general orientados a financiar emprendimientos laborales y construcción de viviendas de personas en situación de pobreza, así como el entorno institucional del país y su estabilidad política. Para ello, Economist Intelligence Unit elabora entrevistas y una encuesta en línea a especialistas en microcréditos que trabajan en instituciones de microfinanzas, redes, organismos reguladores, consultoras y firmas inversoras. El informe cuenta con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Centro para Inclusión Financiera en Acción, Citi Microfinance y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMN), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El BID elaboró una lista de los principales hallazgos del informe de este año en relación con América Latina y el Caribe:
1. Los gobiernos de varios países, entre ellos República Dominicana, Nicaragua, Panamá y Uruguay, mejoraron la regulación de los agentes financieros, de modo de crear oportunidades para la innovación en banca corresponsal (los bancos designan corresponsales, en general ONG, para trabajar en el terreno cercano a los clientes) y banca móvil; sin embargo, hasta la fecha, el desarrollo de estos nuevos servicios se encuentra todavía en la fase experimental.
2. República Dominicana se metió entre los mejores diez por mejoras en la transparencia de los precios, en el diseño de mecanismos para las transacciones financieras a través de agentes y la capacidad de regulación en el país.
3. Nuevas regulaciones en relación con la protección del consumidor financiero favorecen una mayor transparencia en los precios en El Salvador y se mejoró el diseño de los derechos de clientes financieros con respecto a los mecanismos de resolución de controversias en Honduras. En su conjunto, Latinoamérica ocupa el tercer lugar en el tema de transparencia de precios.
4. Varios países de la región implementaron cambios regulatorios durante el año pasado, con posibles consecuencias importantes para el entorno operativo de las microfinanzas. En Nicaragua, por ejemplo, una nueva entidad de supervisión especializada busca mejorar las normas para las microfinanzas sin imponer topes a los tipos de interés. En Ecuador, también hay una nueva entidad de supervisión con un mandato más amplio.
5. La región es líder a nivel mundial en relación a los mecanismos para la resolución de conflictos; todos los países de la región cuentan con un mecanismo de esta naturaleza, aunque los recursos asignados varían según el país. Por ejemplo, las instituciones de Perú deben publicar en sus páginas web estadísticas sobre este tema, mientras que Brasil usa mediadores en el sector financiero regulado para ayudar a resolver conflictos.
Más allá de los primeros diez puestos, otros países latinoamericanos aparecen en el ranking: Panamá y Paraguay comparten el puesto 11°; Nicaragua está 14°; Uruguay, 17°; México, 18°;Chile, 19°; Brasil, 20°; Ecuador, 23°; Honduras, 27°; Costa Rica, 32°; Guatemala, 33°; Argentina, 45° y Venezuela, 53°. En el top ten figuran Pakistán, Filipinas, Kenia, Camboya y Uganda.
Lo curioso de esta clasificación es que valora como positivos aspectos que muchos analistas cuestionan de los microcréditos. La principal crítica a las microfinanzas suele ser a los tipos de interés altos que cobra una amplia cantidad de instituciones. Y el informe de Economist Intelligence Unit castiga en su valoración a los países que han tomado cartas en el asunto para evitar abusos en los tipos. Por ejemplo, “el puntaje de Bolivia se redujo debido a que hubo cambios en su entorno normativo; en el momento en que se realizó este análisis, entró en vigor una ley de servicios financieros, anunciada mucho tiempo antes, que prescribe topes a las tasas de interés y cuotas de préstamos para sectores productivos específicos”, señala el documento como si fuera algo negativo. Para muchos actores del sector social, es positivo. También Kirguisistán, en el Asia Central, sufrió una caída en el ranking porque impondrá topes a los tipos y eso supuestamente perjudicará a las instituciones de microfinanzas en relación con los bancos comerciales. A su vez, el informe alerta que en El Salvador los topes recientemente establecidos provocarán quiebras de entidades y restricciones del crédito. ¿Será realmente así o se solucionará uno de los aspectos más cuestionados de un instrumento, el microcrédito, que en muchos casos ha contribuido con el desarrollo social y que en otros solo ha servido para que algunas entidades no se diferenciaran demasiado de los usureros que siempre han lucrado con los pobres?
En Senegal se ha dispuesto que los topes actuales se reduzcan en 2014. En Bangladesh rige un máximo del 27% para los préstamos en general. En India había un tope similar del 26%, pero se eliminó en 2012 para que comenzara a regir un máximo a los beneficios de los bancos. En Tailandia rigen límites del 15% al 28%, según el tipo de crédito. También hay topes en Vietnam.
En Brasil y Argentina, instituciones públicas prestan a entidades de microfinanzas con la condición de que otorguen con ciertos topes en los tipos. En Chile directamente rigen máximos para toda la actividad de microcréditos. El Gobierno de Sebastián Piñera incluso ha propuesto rebajarlos. Colombia tiene sus topes para las microfinanzas y los revisa cada tres meses. Uruguay también cuenta con ellos y Economist Intelligence Unit los tacha de “artificialmente bajos”. En Paraguay hay máximos, pero en niveles demasiado altos.
Hay 0 Comentarios