Latinoamérica es la región más desigual del mundo, pero ha sido la única que redujo la inequidad en la primera década del siglo XX. Pero en este segunda década la mejora se ha acotado, se ha estancado o incluso ha dado paso a retrocesos, según cada país. Para profundizar en la reducción de la desigualdad, una de las claves radica en la política fiscal, según un informe que hoy difunde la organización no gubernamental Oxfam. Los países en su mayoría ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reducen la desigualdad de ingresos, reflejado en el índice de Gini, a través de la recaudación de impuestos y el gasto social en más de un 35%, pero los de Latinoamérica la disminuyen en menos de un 10%. De seis países analizados en América Latina, Argentina, Uruguay y Brasil, en ese orden, son los que más consiguen reducir la desigualdad con la política fiscal, mientras que Perú, Bolivia y México se encuentran a la cola.
“La política fiscal es una de las herramientas para la reducción de la desigualdad”, comenta desde México la directora regional de Oxfam, Françoise Vanni Chacín. “No es la única”, aclara quien antes se desempeñó en Unicef y Médicos del Mundo. “La desigualdad más estructural sigue marcando la vida de las personas en la región”, advierte Vanni. “Muchas estructuras sustentan la desigualdad, como la posesión de tierra, la discriminación por etnia o género que impone barreras al acceso a servicios, el secuestro democrático de elites que controlan la política de redistribución”, ejemplifica la dirigente con una maestría en Cooperación Internacional de la Universidad de La Sorbona.
Oxfam plantea que los sistemas fiscales de Latinoamérica recortan poco la desigualdad por la baja e “insostenible” recaudación, la alta dependencia de los impuestos al consumo, las exenciones tributarias a medida y otras injusticias con los gravámenes, el fraude fiscal y también la elusión, es decir, la ingeniería contable para sortear de manera legal a Hacienda, y la insuficiente inversión en políticas públicas contra la inequidad. El informe aporta datos concretos de cada aspecto.
Françoise Vanni Chacín/OXFAM
Para empezar, la presión tributaria es baja en Latinoamérica, del orden del 19,5% del PIB, frente al 34,2% de la OCDE. Además, “los presupuestos públicos de muchos países de la región dependen en gran medida de ingresos derivados de la explotación de recursos naturales poco predecibles”, dados los vaivenes de las cotizaciones, que ahora están en bajada, y “medioambientalmente insostenibles”, lamenta Oxfam. Las materias primas aportaron en el trienio 2009/2011 el 40% de los recursos fiscales de Venezuela, el 35% de Ecuador, el 33% de México, el 30% de Bolivia, el 17% de Chile, el 16% de Colombia y el 14% de Argentina. “Esta dependencia suele promover la pereza de los sistemas fiscales al desmotivar los intentos para aumentar los ingresos públicos a través de la recaudación de impuestos directos”, como el de la renta, según Oxfam.
En 2010, los impuestos directos supusieron el 26% de la recaudación latinoamericana y el 33% de la de los países de la OCDE. Pese a que Vanni cita como único ejemplo latinoamericano destacable en la reducción de la desigualdad en los últimos años a Brasil, dadas sus políticas sociales, como las transferencias monetarias del plan Bolsa Familia y la subida del salario mínimo, el gigante sudamericano mantiene una estructura tributaria injusta: “Cifras de 2008 indican que la carga tributaria que soportaron los hogares que ganaron más de 30 salarios mínimos al mes ascendió a 29% del ingreso familiar, mientras que los hogares que ganaron menos de dos salarios mínimos soportaron un 53,9% de carga en impuestos”. Pero la recaudación del impuesto a la renta como porcentaje del total representa en Brasil una porción mayor que en Argentina o Uruguay, según la director regional de Oxfam.
“Incluso hay estudios que demuestran que los avances que se han logrado gracias a programas de protección social del Estado, se revierten por el impacto que tienen los impuestos al consumo sobre las finanzas de los más pobres”, advierte el documento. Y pone un ejemplo: “En Bolivia el índice de Gini se reduce en un 2% cuando se aplican las ayudas estatales a través de transferencias directas, pero cuando se añade el efecto de los impuestos al consumo esta reducción baja a tan solo el 0,5%”.
“La escasa aportación de los impuestos directos (a la riqueza) se explica en parte por las exoneraciones e incentivos fiscales para promover inversión nacional y sobre todo extranjera, y por la nula o baja tributación de las rentas del capital financiero e inmobiliario”, apunta Oxfam. “Esto conlleva a que lo poco que se recauda por impuestos a la renta personal provenga de los asalariados de clase media. En Brasil, Colombia, Guatemala y Venezuela los ingresos por salarios tienen tasas efectivas de impuestos que son el doble de las tasas que efectivamente pagan las ganancias del sector empresarial”, añade la ONG.
El fraude de las empresas al tributo a la renta alcanza al 69,9% de lo que debería recaudarse por ese concepto en Guatemala, el 58,1% en Ecuador, el 49,7% en Argentina, el 46% en Chile, el 38% en México, el 36,3% en El Salvador y el 32,6% en Perú. “La pobre cultura tributaria (que en muchos casos responde a la falta de credibilidad en la gestión gubernamental), la debilidad de los sistemas de control internos y la impunidad de los delitos fiscales juegan en contra”, lamenta Oxfam.
Dólares y reales brasileños/EFE
En cuanto al gasto, “es necesario reducir los despilfarros y el uso del gasto público con propósitos partidarios que derivan en episodios de clientelismo y corrupción”, advierte Oxfam. Vanni lamenta que países como Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Bolivia hayan reducido en los últimos años la inversión en sanidad pública.
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