En Latinoamérica se escuchan historias de que hay carreteras en mal estado, los ferrocarriles son antiguos, los puertos necesitan modernizarse, las empresas agotan los recursos energéticos pero invierten poco en ellos, los proyectos de hidroeléctricas demoran en concretarse, hay población sin electricidad ni agua potable y muchos más sin cloacas, las comunicaciones por móvil funcionan en forma defectuosa. Son relatos que reflejan la insuficiente inversión en infraestructura, lo que redunda en menor calidad de vida y en un perjuicio para el crecimiento de las economías. La Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) difundió este mes un informe en el que sugiere que los países inviertan en infraestructura el 6,2% de su PIB, tanto con recursos públicos como privados, una cifra que solo Costa Rica y Uruguay, que vota este domingo presidente, están un poco más cerca de alcanzar. Brasil, que también va a elecciones presidenciales el mismo día, debería aumentar casi un 50% su inversión, mientras que México, Argentina o Chile tendrían que duplicarla. En sociedades en las que se ha reducido la pobreza, las nuevas clases medias por un lado temen que la actual desaceleración económica erosione las conquistas sociales conseguidas y por otro, exigen mejores servicios públicos, como lo demostraron las protestas callejeras del año pasado en Brasil. Veamos las cifras.