Uno de los debates clave en la actualidad de los pueblos indígenas de Latinoamérica, que del 19 al 25 de abril celebraron su semana anual de reinvindicación de la cultura y los derechos, es la obligación que tienen los gobiernos nacionales, provinciales o estaduales y municipales de consultarlos en asuntos que los afecte. Tantas disputas que atraviesan a los pueblos originarios del continente por explotaciones mineras, forestales, agrícolas y petroleras, entre otras, deberían discutirse primero en el marco del acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su artículo 6 establece la consulta previa de los indígenas. El asunto fue abordado el pasado viernes en Buenos Aires en un encuentro organizado por la embajada de Noruega, que también tiene sus indígenas, los sami o lapones, que suman 200.000 integrantes entre este país, Suecia, Finlandia y Rusia.