Unos 800 policías de la provincia de Buenos Aires irrumpieron por orden judicial este jueves a las 6 de la mañana, cuando aún no había amanecido y el frío era intenso, en un terreno de 40 hectáreas que habían ocupado hace pocas semanas unas 750 familias pobres en Abasto, dentro del municipio de La Plata. Los desalojaron con balas de goma y gases lacrimógenos. Unos 35 ocupantes fueron heridos y otros 13 acabaron arrestados. Los presuntos dueños del terreno lo recuperaron. En las últimas semanas otras familias sin techo o sin suelo han ocupado tierras en otras provincias de Argentina, como Jujuy, Corrientes, Catamarca y Neuquén. Algunos gobernadores de esos distritos atribuyen la movida a intereses electorales en un año de comicios nacionales, provinciales y municipales en el país. Pero la realidad es que en la tercera economía latinoamericana 3 de las 12 millones de familias viven en viviendas precarias, mientras 2 millones de casas permanecen vacías.
El déficit habitacional no es una cuestión que solo se soluciona con la construcción de viviendas sino que también tiene que ver con el mejoramiento de los barrios de chabolas, o ‘villas’, y la falta de suelo disponible en el octavo país más extenso del planeta en el que la especulación inmobiliaria y el avance de la actividad agrícola y ganadera de exportación desplaza a los pobres de tierras antes poco codiciadas. Estos temas quedaron plasmados en un debate que el pasado miércoles se celebró en Buenos Aires entre los asesores de los candidatos presidenciales para las elecciones primarias de agosto próximo. En esos comicios tienen la obligación de participar todas las fuerzas políticas y todos los ciudadanos.
Argentina es uno de los dos únicos países latinoamericanos en los que jamás se ha celebrado un debate entre candidatos presidenciales, pero el colectivo Habitar Argentina, junto con otras entidades y referentes sociales, promueven que este año se haga el primero y como anticipo organizó la discusión sobre vivienda. También aprovechó para plantear una lista de nueve puntos para un “consenso nacional para un hábitat digno”, que incluyen “políticas públicas de regulación y redistribución de suelo, regulación del mercado de alquileres, regularizacion de tierra urbana y rural”, dado que muchos ocupantes carecen de títulos de propiedad; “procedimientos democráticos en casos de desalojos”, para evitar la violencia como la de este jueves en tierras bonaerenses, y “acceso universal a los equipamientos sociales y servicios básicos”, como lo referido a cloacas, servicio eléctrico, transporte público, educación, sanidad, seguridad y medio ambiente.
La Villa 31 de Buenos Aires/AFP
En el debate estuvieron los asesores de los tres candidatos favoritos para las elecciones, es decir, los colaboradores del peronista kirchnerista moderado Daniel Scioli, gobernador de la provincia Buenos Aires; el diputado peronista opositor Sergio Massa y el conservador Mauricio Macri, alcalde de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El subsecretario de Tierras, Urbanismo y Vivienda bonaerense, Fabián Stachiotti, dijo que en su provincia han entregado en siete años de Gobierno de Scioli más de 285.000 títulos de propiedad de tierras. También citó el Plan Federal de Vivienda de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner por los que en 12 años se construyeron o repararon 1,6 millones de casas en toda Argentina, así como el programa de de mejora de barrios de chabolas. Abogó por que el Estado entregue microcréditos para reparar viviendas.
En el nombre del conservador Macri, el director del Instituto de la Vivienda porteño, Iván Kerr, no centralizó su discurso en la construcción de casas sociales, aspecto en el que el ayuntamiento exhibe cada año subejeciones presupuestarias, sino en la necesidad de “incentivar el alquiler”. “Hemos desarrollado el programa ‘Alquilar se puede’, como una medida de acceso a la garantía para alquilar. Apunta a los que no tienen ingresos ‘en blanco’ (trabajadores informales), a diferencia del Procrear (Programa de Crédito Argentino)”, se refirió Kerr al plan del Gobierno kirchnerista que ha subvencionado 160.000 créditos hipotecarios. El funcionario conservador elogió al Procrear, pero abogó por un mayor crecimiento de los préstamos hipotecarios. Alegó a favor de un mejor transporte entre la capital argentina y su periferia, el Gran Buenos Aires, y planteó que es en estos suburbios y en los de Córdoba y Rosario, segunda y tercera ciudad del país, en los que se concentra la mayor cantidad de viviendas precarias del país. Es decir, apuntó contra áreas gobernadas por Scioli, el peronista opositor José Manuel de la Sota, que competirá en las primarias con Massa, y el socialismo, que promueve la candidatura presidencial de Margarita Stolbizer.
En representacción de Massa, el exviceministro de Desarrollo Social argentino Daniel Arroyo lamentó que persistan los problemas de vivienda, “pese al Plan Federal y al Procrear”. Reconoció que debe mejorarse el “hábitat, pero sobre todo hacer una masiva construcción de viviendas”. Pidió que se cree un “banco social de tierras” fiscales para definir cuáles son habitables y pueden ser usadas para levantar casas. En este sentido, reconoció que el Procrear logró algunos avances, pero reclamó que se tenga en cuenta a los trabajadores informales, que en Argentina suponen el 46% del total, entre empleados y autónomos. “Para ellos hay que generar un sistema de construcción propia, un banco de materiales, microcréditos, un sistema de ahorro previo”, ejemplificó Arroyo.
También expusieron asesores de otros tres candidatos para las primarias kirchneristas, Sergio Urribarri, Jorge Taiana y Agustín Rossi, y del radical (centrista) Ernesto Sanz, que competirá en una contienda interna con Macri. Además lo hizo el representante de la progresista Stolbizer, Horacio Alcuaz, que advirtió sobre los poderes que se enfrentan al consenso promovido por el colectivo Habitar Argentina. “Hemos sido víctimas de pensar que la vivienda era obra pública y se gastaron millones de pesos para beneficio de la constructoras”, atacó el exdirector del Instituto de la Vivienda bonaerense. También criticó que en la provincia de Buenos Aires solo dos municipios apliquen el concepto legal de plusvalía, que establece que si una acción del Estado provoca un incremento del valor de un inmueble, su propietario deberá ceder un porcentaje del incremento patrimonial al municipio mediante la cesión de tierras, la construcción de obras de infraestructura pública u otras medidas en pos del bien común.
Hay 0 Comentarios