Desigual gestión de empresas nacionalizadas en Latinoamérica

Por: | 21 de mayo de 2015

Este siglo XXI alumbró una serie de nacionalizaciones de empresas diversas en Venezuela, Bolivia, Argentina y algún que otro país latinoamericano. Cuando se cumplen 15 años de esta ola de expropiaciones, analistas hacen balance de cómo los estados han gestionado las nuevas compañías públicas y encuentran grandes diferencias entre los países, dado que ninguno ha nacionalizado tanto como Venezuela, y entre las empresas de un mismo país, como ocurre en Argentina.

 

Esteban Serrani, sociólogo de la Universidad de San Martín, en el Gran Buenos Aires (periferia de la capital), destaca la “profesionalización de la gestión de YPF”, cuyo 51% fue expropiado a Repsol en 2012, y lo contrapone con “la politización” de otras petroleras estatales latinoamericanas como la mexicana Pemex, la venezolana PDVSA y la boliviana YPFB, tres que financian a los estados con sus ingresos. YPF, en cambio, se beneficia ahora de los incentivos fiscales y de precios que para todas las petroleras ha creado el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tras la nacionalización y ante la caída de la cotización del petróleo. No por nada están recuperándose las antes alcaídas reservas y producción de hidrocarburos de YPF. “La expropiacion fue positiva para la empresa misma y para el modelo productivo que rige en Argentina”, comenta Serrani, aunque algunos opositores al kirchnerismo critican la política de compras de la petrolera estatal o su apuesta por la fractura hidráulica, tan cuestionada por los ecologistas.

El presidente de YPF, el ingeniero en petróleo Miguel Galuccio, planteó a Fernández antes de asumir el cargo que él no quería que esta empresa acabase como el Correo Argentino, la primera compañía reestatalizada por el kirchnerismo, en 2003, y que en 2014 requirió subvenciones por 129 millones de euros. Aerolíneas Argentinas ha mejorado su servicio en cuanto a puntualidad, frecuencia y antigüedad de sus aviones desde que la jefa de Estado se la quitó a Marsans en 2008, pero hay debate político por los subsidios que recibe y que el año pasado alcanzaron los 455 millones. Menos discusión genera que el Estado argentino haya ayudado con 287 millones a Aguas y Saneamientos Argentinos (un servicio expropiado en 2006 a la francesa Suez y Aguas de Barcelona), dado que en el mundo ha crecido la opinión de que el servicio de agua debe mantenerse alejado del criterio de negocio, sobre todo a la hora de atender poblaciones pobres.

Ypfb

El presidente de Bolivia, Evo Morales, con el casco de la resurgida Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)/EFE

 

“Las estadísticas muestran que la cobertura del estatalizado servicio de agua de Cochabamba y El Alto, en Bolivia, no ha mejorado dramáticamente, pero al menos el dinero que antes ganaban las multinacionales ahora se dedica a la extensión de la red”, opina Susan Spronk, profesora de la Universidad de Ottawa, acerca de dos de las primeras nacionalizaciones de esta ola del siglo XXI, ocurridas en 2000. “Fue difícil cuando las empresas volvieron al control estatal porque la corrupción es frecuente y hay poca profesionalización, en contraste con Uruguay, por ejemplo”, elogia Spronk el caso de la reestatalización del servicio de agua del departamento (provincia) de Maldonado, en 2004, antes en manos de Aguas de Bilbao. Spronk advierte de que en este sector algunas empresas públicas latinoamericanas “están tendiendo a actuar como las privadas, más enfocadas en la generación de ingresos que en lo solidario”.

En cambio, Daniel Blume, analista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), destaca a las empresas públicas de Chile, Perú y Colombia, países que permanecieron al margen de la ola de renacionalizaciones, porque intentan acercarse a los estándars de buena gobernanza que ha establecido esa entidad. “El marco jurídico y regulatorio de las empresas públicas debería garantizar la igualdad de condiciones en los mercados en los que compiten con las empresas del sector privado, con el fin de evitar distorsiones de mercado”, reza la OCDE.

Otro experto, Daniel Chávez, del holandés Transnational Institute, opina que las empresas públicas no solo deben buscar la eficiencia económica sino también contribuir al desarrollo del país al que pertenecen. “Este es el caso de las telecomunicaciones y las energías renovables de Uruguay, que experimentaron una modernización impresionante en los últimos diez años. (La telefónica) Antel es la preferida de los uruguayos, ha extendido la fibra óptica. En cambio, los trenes no han funcionado bien. No por ser pública o privada la empresa va a ser eficiente. Está el caso de la colombiana EPM, que es 100% del municipio de Medellín, da agua y energía, ha perdido el perfil social y hoy se expande en otras ciudades y países como cualquier multinacional. En Costa Rica, el Grupo ICE, de electricidad y telefonía, compite bien, pero hay mucha presión para que actúe como una corporación más”, comenta Chávez.

 

“La calidad de las empresas públicas no puede ser mejor que la calidad de los gobiernos”, observa Massimo Florio, economista de la Universidad de Milán. “En este aspecto Latinoamérica es muy diferente. Hay gobiernos que son muy claros, con baja corrupción, como Uruguay, Chile y Costa Rica, y hay países que no pueden recuperarse de problemas sistemáticos, como Argentina o Venezuela”, añade Florio. El profesor italiano señala que después de tres décadas de privatizaciones a partir de la crisis mundial de 2008 cambió la tendencia no solo en Latinoamérica sino también en algunos casos de EE UU, Reino Unido, Alemania y Europa del Este.

Hay 1 Comentarios

A ver, un poco de rigor:
- todos sabemos que el gob argentino ha exprimido a las utilities en manos de extranjeros para justificar las posteriores expropiaciones. ¿De verdad vamos a tomar su ligera recuperación post-expropiación como una evidencia de que están mejor gestionadas que antes?

- servicio de agua en Cochabamba y El Alto: "nada ha mejorado, pero el dinero que antes ganaban las multinacionales ahora se dedica a mejorar la red". Vaya argumento: el dinero que antes ganaban las multinacionales era la retribución al capital invertido; capital que tiene un coste, tanto para las empresas como para el Estado boliviano. Si el Estado boliviano decide (legítimamente) no dedicar la rentabilidad de la operación a cubrir su coste de capital sino a invertir más en la red sin que aumenten las tarifas , eso supone de hecho estar inyectando dinero de los contribuyentes en la operación. Algo que se podría haber hecho igual subsidiando la operación del privado, y que hace imposible demostrar absolutamente nada sobre quién gestiona mejor

de manera más general, la idea de que dos gobiernos de calidad institucional tirando a mediocre vayan a ser capaces (en igualdad de condiciones) de mejorar la gestión de una empresa multinacional es francamente cuestionable de inicio. Y, precisamente porque los países serios se toman lo de nacionalizar con muchísimas cautelas, el track record de las nacionalizaciones recientes, lejos de ser desigual, es bastante "igual": malo, peor o desastroso

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Sobre el blog

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Sobre el autor

Alejandro Rebossio es periodista. Su especialidad es la economía y trabaja en la corresponsalía de El País en Buenos Aires. Coautor del libro Estoy verde. Dólar, una pasión argentina (Aguilar) y Vaca Muerta (Planeta) junto con Alejandro Bercovich.

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