Falsos impuestos ambientales

Por: | 31 de marzo de 2011

Torre de alta tensión La crisis económica ha despertado un enorme interés en las Comunidades Autónomas por los “impuestos ambientales”. Esto debería ser una buena noticia para el medio ambiente. Sin embargo, lo cierto es que estos nuevos tributos tienen poco de impuesto ambiental.

Tras la fallida ‘ecotasa’ de hace unos años que gravaba la estancia en hoteles en las Islas Baleares, esta nueva ola de mal llamados impuestos ambientales va dirigida a instalaciones como embalses, parques eólicos o líneas eléctricas.

Galicia tiene un gravamen sobre el agua embalsada, Asturias acaba de aprobar en sus Presupuestos de 2011 uno sobre el transporte de la electricidad, Extremadura ha aumentado también en sus Presupuestos otro que ya tenía por el transporte de la electricidad, Castilla-La Mancha ha sacado adelante un canon para la energía eólica, y Castilla y León estudia en estos momentos implantar varios de estos tributos.

La filosofía es hacer pagar a aquellas instalaciones que tienen un impacto sobre el territorio o el paisaje. En apariencia, esto suena muy ambiental. ¿Por qué no deben de ser incluidos entonces estos tributos dentro de la tan reclamada fiscalidad verde? La respuesta está en el propio concepto de impuesto ambiental: si algo distingue este tipo de tributos de cualquier otro es que su objetivo fundamental consiste en desincentivar la actividad que causa un impacto. Es decir, el propósito es aumentar el coste para que deje de compensar económicamente (en parte o totalmente) el realizar esta acción negativa para el medio ambiente.

¿Es esto lo que se persigue en todos estos nuevos gravámenes autonómicos? Si esto fuera así, entonces se debería cumplir uno de los primeros requisitos para desincentivar una actividad: que realmente se pueda dejar de realizar esa actividad. Cuando se pone una tasa ambiental para circular en coche por el centro de una ciudad es porque se entiende que existen otras alternativas para desplazarse por esa área, como el transporte público, una bicicleta, a pie… Ahora bien, parece realmente complicado dejar de utilizar hoy en día las torres de alta tensión para transportar la electricidad. O al menos sin afectar hoy en día al suministro que debe llegar a los usuarios (pues sí que existen opciones tecnológicas para ir reduciendo su uso).

¿Por qué torres eléctricas? Pues porque esta es una de las instalaciones, junto a antenas de comunicación y otros elementos fijos para el transporte de electricidad, que grava el “Impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente”, aprobado en el Principado de Asturias, dentro de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2011 (en su Capítulo III). En concreto, este impuesto obliga a pagar al año 700 euros por kilómetro, torre, poste, antena o instalación y elemento patrimonial afecto. No es previsible que estos 700 euros sirvan para reducir el impacto ambiental de estas instalaciones, que van a seguir siendo igual de dañinas y necesarias, pero desde luego se trata de una buena cantidad de dinero.

¿Y qué pasa en el caso de embalses o de parques eólicos? Desde luego, parece difícil reducir el impacto ambiental de lo que ya está construido por medio de un impuesto. El impacto visual de un aerogenerador o de un embalse va a seguir siendo el mismo. Así pues, aquí tampoco se busca evitar que se produzca un daño al medio ambiente.

Es cierto que el “canon eólico” aprobada en Castilla-La Mancha o el impuesto “sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada” de Galicia sí puede desincentivar la construcción de nuevas instalaciones. En el caso concreto del canon, el tributo obliga a pagar trimestralmente por cada aerogenerador 489 euros en parques eólicos de 3 a 7 turbinas, 871 euros en parques de entre 8 y 15 turbinas, y entre 1.233 y 1.275 euros en parques de más de 15 turbinas. Mientras que el impuesto gallego grava las presas con una cuota trimestral de 800 euros por hm3 multiplicada por un coeficiente en función del salto o la potencia instalada.

Sin embargo, de nuevo, resulta poco probable que esto ayude a reducir el impacto ambiental de estas actividades. En el caso de los embalses, porque hoy ya no hay grandes proyectos de nuevas presas como antaño (no tiene sentido desincentivarlas de este modo). Y en el de los parques eólicos, porque si realmente el propósito fuera disminuir las posibles afecciones se tendría en cuenta el factor más determinante en el impacto ambiental de un aerogenerador: el emplazamiento. ¿Tiene sentido gravar por igual a aerogeneradores en ubicaciones que sean muy diferentes? Conclusión: estos nuevos impuestos no han sido diseñados para desincentivar un impacto ambiental, sino para recaudar dinero en tiempos de crisis. No se trata de impuestos ambientales.

¿Y qué ocurre si en lugar de reducir su impacto se intenta compensar? Estos nuevos tributos se comprometen a utilizar el dinero recaudado en acciones beneficiosas para el medio ambiente. ¿No es esto suficiente para considerarlos impuestos ambientales? La respuesta es no. Y es que para reducir el impacto negativo de una actividad se necesita un impuesto ambiental que desincentive realmente que se lleve a cabo, no vale cualquier tributo, pero el dinero para medidas correctoras si puede venir de cualquier otro sitio con el mismo resultado. De hecho, sería mucho mejor conseguir esos fondos de aquellas actividades que son más nocivas para el medio ambiente: el consumo de combustibles fósiles, las emisiones nocivas, la contaminación de los suelos o el agua…

Aunque a nadie le gusta pagar, una buena fiscalidad ‘verde’ puede ser un instrumento muy interesante para conseguir unos determinados objetivos ambientales. Sin embargo, eso no quiere decir que pagar más impuestos sea más ambiental. En realidad, se  trata de desincentivar las prácticas realmente más dañinas para el entorno (aumentando sus costes) e incentivar aquellas más sostenibles (reduciendo sus costes). Se entiende que las comunidades autónomas quieran tener una compensación por aquellas instalaciones construidas en su territorio, sobre todo, si los beneficios van a ir a parar a otras regiones. Ahora bien, también se espera que estos impuestos estén en consonancia con una estrategia ambiental más global, de otra forma, se puede estar penalizando en algunos sitios actividades que por otro lado están siendo fomentadas (o incluso primadas).


* Pedro Linares es profesor de la Universidad Pontificia Comillas.

Hay 12 Comentarios

En cuanto a los IBIS millonarios de los embalses...decir que las CCAA continuan sin comunicar a Catastro los concesionarios en vigor, para que sean ellos los que soporten el impuesto y no las CCAA. Por que no se cumple la ley 16/2007 de 4 de Julio y la circular EHA/821/2008? todavia no lo sé.... Alguien me lo podría explicar.. Gracias

El dinero del canon eólico van a gastarlo en proteger la biodiversidad, o en comprar derechos de riego en Daimiel... Sí, seguro que sí. ¡Qué sinvergüenzas! Con medidas así se hace mucho daño a la necesaria implantación de una fiscalidad verde,

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Como si mirásemos por el ocular de un microscopio, Ecolaboratorio es un blog ambiental que trata de ver más de cerca todo aquello que nos rodea. En este particular laboratorio se buscan respuestas a las cuestiones más enrevesadas que nos asaltan de forma cotidiana.

Sobre el autor

Clemente Álvarez

(Madrid, 1973) es un periodista especializado en medio ambiente y ciencia. Colaborador de El País desde 2004, le entusiasma mezclar elementos de la ecología con reactivos de la energía y la economía, aunque la fórmula pueda resultar inflamable.

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