El rescate a los bancos: hasta 12.000 euros por familia

El gobierno se decidió ayer a pedir un rescate bancario con fondos europeos que podría ascender a 100.000 millones de euros. La cifra que finalmente se inyecte a los bancos dependerá del resultado de las auditorías que se harán públicas a finales de este mes. De momento, lo que sabemos seguro es que el Estado había puesto hasta ayer 38.000 mil millones de euros (15.000 millones en la recapitalización de las cajas que han recurrido al FROB y otros 23.000 en el reciente salvamento de Bankia). El FMI nos dijo el sábado que el sistema financiero español necesitaría otros 40.000 millones adicionales, pero por si acaso las auditorías destapaban algún agujero negro inesperado, el Eurogrupo aprobó un rescate potencialmente mayor.

Estamos hablando de cifras directas de inyección en el capital de los bancos, básicamente a través de compra de acciones, lo que excluye otros apoyos mediante avales o préstamos que el Estado ha venido poniendo en marcha desde el estallido de la crisis financiera en 2008. En este contexto, la oposición reclama que la recapitalización de los bancos no cueste ni un euro a los españoles, y el gobierno afirma que cuando se re-estructuren los bancos y se vendan de nuevo a manos privadas se recuperará toda la inversión. Pero la realidad es que esto no será así. Lo más normal es que el Estado termine asumiendo una buena parte de las pérdidas.

Lo más cercano al caso español es el caso británico, que puede servirnos para hacer un paralelismo aproximado de cómo puede acabar esta historia y de cuánto puede costarle a los ciudadanos de nuestro país. El Reino Unido recapitalizó las entidades bancarias en 2009. Fueron 123.000 millones de libras (en préstamos y compra de acciones) que se repartieron de la siguiente forma: Royal Bank of Scotland (46.800 millones); Lloyds (20.540 millones); Northern Rock (22.990 millones); Bradford & Bingley (8.550 millones) y otros 26.050 millones repartidos entre varias entidades menores para reforzar las garantías de sus depósitos.

El Estado británico comenzó a vender algunas de sus participaciones en 2011, y según los últimos datos disponibles de la National Audit Office, las pérdidas reconocidas hasta el momento por esas operaciones ascienden a 12.900 millones de libras. En realidad, las pérdidas finales no se sabrán hasta que el sector público salga de todos esos bancos, pero si hiciéramos una estimación con los datos de cotización actuales de las acciones, las pérdidas finales podrían ascender al 41% del total. Es decir, si el Reino Unido decidiera deshacerse hoy de todas las acciones que tiene en los bancos nacionalizados, sólo recuperaría 72.600 millones de libras de los 123.000 millones que puso, y los ciudadanos británicos deberían asumir pérdidas por valor de 50.400 millones.

En el caso de España no tenemos por qué suponer que la cosa vaya a ser diferente. La cantidad de activos tóxicos inmobiliarios es superior en nuestros bancos con problemas, lo que compensa el hecho de que no invirtieran en los derivados financieros que explican buena parte del agujero bancario en Reino Unido. Si España terminara recapitalizando los bancos en la cuantía que parece segura hasta ahora, 78.000 millones de euros, y perdiera el mismo 41% que parece que perderán los británicos, el coste para los españoles podría ser de 31.800 millones de euros. Es decir, 676 euros por ciudadano, o lo que es lo mismo, 2.706 euros por familia de cuatro miembros. Pero la cosa podría ser aún peor. Si el agujero se revelara mayor y hubiera que usar los 100.000 millones que le endosaron ayer a de Guindos, entonces la recapitalización total entre 2010 y 2012 ascendería a 138.000 millones, que podrían generar pérdidas para los ciudadanos españoles de 2.931 euros por persona (11.744 euros por familia). Vamos, una nadería, que no debería alterar la tranquilidad con la que parece que Rajoy va a disfrutar del primer partido de España en la Eurocopa de Polonia.

El G7 ante la crisis del euro

Hasta hace un mes, la crisis del euro era un asunto exclusivo de la UE que sólo salpicaba a otras potencias internacionales cuando tenían que aprobar la implicación del FMI en los rescates de Irlanda, Grecia y Portugal. Sin embargo, en estas semanas han concurrido tres factores que afectan a sus protagonistas más destacados y que explican la mayor implicación que está tomando el G7 desde hace 15 días, hasta el punto de haber convocado hoy una reunión de urgencia.

El primer factor es táctico: Hollande no se ve capaz de ganar su batalla contra Merkel sólo en Bruselas y pretende involucrar a otras grandes potencias para doblegar la tozudez germana y aprobar un potente Plan de Crecimiento para la UE antes del verano. El segundo factor es electoral: Obama se arriesga a perder las elecciones si la economía se complica. Los pobres datos de empleo en EEUU de la semana pasada son sólo un aviso. Él sabe que la quiebra de Lehman Brothers hundió el final del mandato de Bush y quemó las posibilidades electorales de McCain; y le inquieta profundamente que la crisis del euro termine suponiendo su tumba política el próximo mes de noviembre. El tercer factor es financiero: los líderes del G7 son conscientes de que el sistema monetario internacional puede verse sometido este año a un shock sin precedentes que ellos tendrían que sufrir, costear y redirigir. Si la crisis bancaria en España obliga a un rescate masivo o si las elecciones en Grecia obligan a su  salida descontrolada del euro, el pánico volverá a apoderarse de los mercados financieros, la volatilidad se disparará y la desestabilización podría requerir una refundación del sistema monetario internacional, de mayor calado incluso que cuando colapsó el Patrón Oro.

En este contexto, y ahora que el G7 ha empezado a preocuparse seriamente por la crisis del euro, la cuestión fundamental es ¿qué puede hacer al respecto? En mi opinión, el G7 no debería perder mucho tiempo en especular sobre la gestión de posibles escenarios catastróficos, y debería emplear todas sus energías en intentar evitarlos. Creo que la mejor opción sigue siendo la de intentar que Europa solucione sus problemas sin la ayuda del resto. Involucrar masivamente al FMI, a EEUU y a China en este asunto debería reservarse como un último cartucho, aunque es cierto que su influencia concertada puede ser muy positiva en estos momentos.

Lo más importante es que el G7 y el G20 utilicen bien las reuniones que tienen previstas para presionar a Alemania y lograr que modifique su actitud permanentemente negativa. Merkel (también apodada Doña No) debería sufrir desde fuera la misma presión que ella impone a las economías más débiles de Europa. Alemania viene comportándose de forma egoísta desde hace meses, pero esa actitud está alargando una crisis que amenaza con contagiarse al resto del planeta. Desde esa postura miope, Alemania se ha negado a los eurobonos, se ha negado a incrementar la dotación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ahora dotado con 500 mil millones de euros); se ha negado a una Unión bancaria que suponga una garantía común de todos los depósitos; no admite ninguna desviación de la austeridad fiscal en Europa (ni siquiera en Alemania); no quiere que el BCE financie las deudas de los gobiernos; no permite una relajación de la política monetaria; y, por supuesto, no quiere ni oír hablar de inducir un boom de crédito y consumo en Alemania que ayudaría a salir de la crisis al resto de Europa.

El G7 debería darle la vuelta a los siete “noes” de Merkel (como los ha resumido Martin Wolf la semana pasada en FT). La zona euro necesita más financiación externa, que sería más fácil a través de los eurobonos; necesita un respaldo colectivo a los bancos, que sería más simple con una Unión bancaria y con un cambio en las reglas de utilización del fondo de rescate para la recapitalización de las entidades financieras en apuros (que las hay en España pero también en Alemania); El euro también requiere una contracción fiscal más suave, una política monetaria más expansiva con menores tipos de interés y una demanda interna alemana más vigorosa.

Si el G7 es capaz de lograr alguno de estos avances, sus reuniones habrán merecido la pena. Si no, tendrán que sacar la calculadora y empezar a elucubrar sobre escenarios imponderables de rescate a grandes economías avanzadas que no se han producido en la historia económica moderna. Confiemos en que la presión de los líderes más importantes del mundo sea suficiente para convencer a Alemania.

En este sentido, lo mejor será no empeñarse en los argumentos frontales, sino en los que pongan el interés propio alemán por delante. Algunos de esos argumentos son bastante potentes: si Grecia se sale del euro, los electores alemanes no perdonarán haber tirado 80 mil millones de euros de sus bolsillos a la basura; si España termina siendo rescatada, los bancos alemanes verán peligrar casi 200 mil millones de euros en activos invertidos en títulos españoles; y si Europa sigue ajustándose el cinturón hasta la inanición, la economía alemana entrará en recesión, ya que el crecimiento de sus exportaciones a las economías emergentes parece estar tocando techo.

Ante estos peligros para Alemania, el Plan de Barroso para avanzar en la Unión fiscal, la Unión bancaria y la Unión política puede suponer la excusa perfecta para que Merkel justifique un cambio de opinión y se ponga a la cabeza de esos cambios estructurales en la construcción europea. Por eso, el G7 debería apoyar también el Plan Barroso en su declaración final, como hizo hace unos días con los Planes de crecimiento que llevaba Hollande en la agenda.

Este mes de junio puede ser el final de una historia, pero los actores que tendrán que escribir las primeras líneas de la siguiente serán los mismos. Así que confiemos en que no hagan borrón y cuenta nueva. El mejor camino es enderezar los renglones más torcidos del actual relato.

 

¿Te sumas a la campaña contra la austeridad?

Esta semana, mientras los jefes de estado y de gobierno de Europa se reunían en Bruselas para diseñar un plan de empleo  y crecimiento, los think tanks progresistas del continente y EEUU, entre ellos la Fundación IDEAS, han decidido que es hora de ejercer aún más presión contra la auteridad, y es necesario hacerlo de forma colectiva.  

La elección de François Hollande a principios de mes ha suscitado la esperanza de los progresistas de  toda Europa de que una alternativa a las políticas de austeridad es posible. Cuando se dirigió a sus votantes en la Bastilla, Hollande reconoció que su elección era la victoria de todos los europeos que deseaban cuadrar las cuentas públicas a base de crecimiento y empleo y no sólo a base de recortes. Aun así, en la Cumbre del G8 en Washington la semana pasada, y en la cena del Consejo  Europeo esta semana en Bruselas, el nuevo Presidente francés no ha conseguido cambiar el debate de forma sustancial. Mientras las promesas de crecimiento abundan, no existen planes reales de acción ni una hoja de ruta, cuando sólo queda un mes para que el Consejo Europeo de finales de junio intente cerrar un acuerdo.

Por tanto, sin voluntad política ni liderazgo, no es sorprendente que aumente la frustración en toda la sociedad y que cada vez haya más personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que piensen que se necesita más presión desde abajo. Mientras los líderes se reunían en Camp David y en Bruselas, se empezaba a construir una coalición de instituciones progresistas a favor de una agenda pro-europea y pro-crecimiento. La campaña mundial “Austerity Isn’t Working” (www.austerityisntworking.eu) se inspira en parte en las campañas de movilización popular y a través de internet que, en los Estados Unidos han conseguido cambiar el rumbo de los debates públicos sobre la economía. De momento, esta iniciativa está en la fase de pre-lanzamiento, usando las redes sociales para recoger testimonios personales sobre cómo la austeridad está afectando a personas de verdad, y usando las redes intelectuales de los think tanks que la impulsan para aportar evidencia sobre los destrozos que las políticas de austeridad pueden crear en un contexto de restricción crediticia e incertidumbre generalizada. La campaña también pretende servir de plataforma para intercambiar nuevas ideas destinadas a ofrecer una respuesta fiscalmente responsable, pro-europea y pro-crecimiento a la crisis que sufrimos y, a principios del mes que viene, las diferentes plataformas implicadas empezarán a promocionar esa agenda públicamente.

Fue en Madrid donde el movimiento de los  “indignados” alumbró la esperanza de que una democracia mejor era posible. Sus propuestas para fortalecer las instituciones  desde abajo y  servir de contrapeso a las economías de mercado desreguladas con otros modelos de producción y consumo cooperativos, creativos y sostenibles, tuvieron un impacto muy positivo en otras partes del mundo. El movimiento de los “indignados” tomó varias formas en Nueva York, Tel Aviv y Londres entre otras muchas ciudades del que vivieron sus propias “Primaveras” de activismo social.

Un año después, vemos que esos movimientos siguen activos pero se enfrentan a la necesidad de transformar sus reivindicaciones genéricas en iniciativas políticas concretas. Creo que para muchos ciudadanos la iniciativa “La Austeridad No Está Funcionando”  puede ser la plataforma que estaban buscando, una plataforma para transformar su perplejidad y sus quejas ante la gestión actual de la crisis en una acción política de presión activa y positiva.

Esta campaña puede ayudar a que nuestros líderes políticos en Europa entiendan que la austeridad no tiene sentido en plena recesión causada por una crisis financiera. Aunque eso ya lo saben muchos de ellos, y por eso quizá lo más importante de esta campaña es que puede aportar historias personales que apoyen los argumentos con sentimientos de empatía hacia todos aquellos ciudadanos que están sufriendo las peores consecuencias de la crisis. Ciudadanos que están cayendo por debajo de los niveles de pobreza en zonas del mundo, como Europa o Estados Unidos, donde por primera vez en 6 décadas una generación entera de jóvenes se enfrenta a la desesperanza de un futuro sin empleo, y donde los otrora generosos sistemas de protección social son incapaces ya de cubrir las necesidades básicas de un número creciente de familias sin ingresos.  

Quienes lanzamos esta campaña somos conscientes de que se trata de un experimento, pero estamos convencidos de que es un experimento que puede crear un punto de inflexión y marcar la diferencia. Todos necesitamos canalizar nuestras energías de forma positiva y, por eso cualquier persona que tenga algo que aportar en forma de experiencia vital, historia personal o reflexión intelectual, será bienvenido a bordo de esta iniciativa. ¿Te sumas?

 

Austerimiento para Merkollande

Ya tenemos fecha para la nueva Cumbre europea sobre el crecimiento, el 23 de mayo, y ya ha comenzado la negociación. Merkel ha dicho que el Pacto fiscal es innegociable y Hollande ha empujado a la Comisión Europea a proponer cosas parecidas a las que él mismo ha defendido en su
campaña, como los project bonds (una especie de eurobonos para financiar proyectos de inversión a escala europea sin que computen en las cifras de déficit).

La primera cuestión importante no es si Europa va a incluir en sus declaraciones la apuesta simultánea por la austeridad y el crecimiento, sino qué orden le va a dar. Para Merkel y sus seguidores, la austeridad es la premisa del crecimiento porque, según ellos, los recortes del déficit generan confianza en los mercados financieros y así aumenta la inversión privada que luego deviene en actividad económica y empleo. Para Hollande y los suyos, la lógica es la inversa: es el crecimiento
el que permite estimular el empleo y generar los ingresos fiscales que a su vez son fundamentales para reducir los déficits y las deudas acumuladas. Como ven, es como la cuestión del huevo y la gallina, que depende de quién lo mire, pero la verdad es que el caso de las cuentas públicas tanto el numerador como el denominador son las dos partes inseparables de cualquier cociente numérico.

Dado que el pacto fiscal se firmó en el pasado Consejo europeo y que está ya en proceso de ratificación, creo que Merkel se hará fuerte en su posición y Hollande no logrará mucho más que añadir un plan adicional o algún tipo de enmienda, pero ni de lejos modificará ese tratado
como sugirió al principio de su campaña. En ese sentido, Europa evolucionará (como ya viene haciendo desde hace unas semanas) hacia un discurso híbrido en torno al “austerimiento” (o austeridad con crecimiento), pero no dará el salto hacia el orden contrario.

La segunda cuestión importante es qué tipo de instrumentos tendrá cada cual en la cabeza a la hora de hablar de crecimiento en esa cumbre. Para la ortodoxia alemana (y también de la Comisión y el BCE) lo único que merece la pena es impulsar el crecimiento a medio plazo por el lado de la oferta: para ellos, habría que continuar con reformas estructurales de los mercados de bienes y servicios y sobre todo del mercado de trabajo, lo que a su vez supondría también ganancias de competitividad internacional que expandirían la demanda externa vía exportaciones, mientras la demanda interna (el consumo de las familias, la inversión y el gasto público) permanecen bajo control. Según
esta lógica, lo que podemos esperar de la posición alemana para la cumbre de mayo son propuestas para mejorar el mercado de servicios, para rebajar la presión fiscal sobre el factor trabajo, para darle movilidad, así como alguna inversión para impulsar el I+D comunitario y también para mejorar las
interconexiones energéticas.

En el caso de Hollande y la coalición de países afectados por los recortes (entre los que podríamos encontrar a Rajoy de forma sorprendente), la apuesta de cara a la cumbre del 23 de mayo será por un crecimiento a corto plazo, ese que surge de expandir la demanda interna, con medidas que aumenten
el gasto público agregado, la actividad de las pymes y el consumo de las familias. En este paquete entraría el cambio en el ritmo de reducción de déficits (para que el consumo público no se deprima más de la cuenta), la ampliación del presupuesto comunitario (con nuevos recursos mediante impuestos a las transacciones financieras y/o project bonds) y un intenso programa de obras públicas europeas con impacto nacional en las zonas más castigadas por la crisis. También habría probablemente una parte dedicada a financiar nuevas políticas de reciclaje y activación de trabajadores en los sectores destacados como prioritarios por la Estrategia 2020.

Con estos dos enfoques llegaremos a la cumbre y saldrá un acuerdo intermedio, aunque no creo que sea muy ambicioso. Lo que realmente sería una sorpresa es que alguien pusiera encima de la mesa que quien tiene que hacer más por estimular la economía europea es Alemania. Es Merkel, por el superávit comercial que tiene su país y el ahorro acumulado, quien debería poner en marcha medidas de aumento del gasto público y privado alemán. Y si no desea hacerlo por cuestiones de política interna, Alemania debería financiar la mayor parte de las iniciativas europeas que se vayan a plantear en esa cumbre (lo que sólo ocurrirá si se vinculan a las próximas perspectivas financieras). De lo que se trata es de equilibrar una Europa que está desequilibrada, con toda la periferia en recesión, y una Alemania en buena situación que se financia gratis en los mercados por los problemas de deuda del resto. Todo el mundo habla de esto en círculos europeos, pero veremos si Hollande se lo plantea claramente a Merkel. Si fuera así, entonces el tándem tendría que invertir el orden de los nombres, aunque se convirtiera en una pareja de mote impronunciable. El resultado lo veremos en 2 semanas.

El programa económico de Hollande

Tras la victoria en la primera vuelta, es muy probable que Francois Hollande sea el próximo presidente de Francia. Como todos los nuevos presidentes electos en Europa desde 2008, lo primero que tendrá que atender son los asuntos económicos.

La situación económica de Francia es de estancamiento, pues las expectativas de crecimiento para este año son de apenas el 0,6%, mientras que la inflación y el desempleo siguen creciendo, y el país afronta importantes dificultades para reducir el déficit (que se espera termine el año en -5,3%) y la deuda (que llegará hasta el 91% del PIB en 2013, según la Comisión Europea) (véase: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn/fr_en.pdf)

Cuando Hollande visitó Madrid en Octubre de 2011 invitado por la Fundación Ideas, acababa de ganar las primarias del Partido socialista francés, pero ya tenía muy claro que centraría su programa electoral en la alternativa a las recetas económicas de Merkozy.

De hecho, en ese viaje, firmó la Declaración de líderes progresistas de Madrid, dirigida al G20 que se iba a reunir en Cannes, y donde ya reclamaba una nueva estrategia de crecimiento para Europa, un nuevo papel para el BCE y un impuesto a las transacciones financieras que diera nuevos recursos para impulsar la recuperación en el continente. Cuando presentó su programa económico completo en el mes de febrero de 2012, añadió también la propuesta de los “Project bonds” (eurobonos para financiar proyectos de infraestructuras y energía a escala europea).

Si  quiere cumplir con sus promesas, es probable que el primer viaje de Hollande sea para visitar a Merkel y presentarle un memorando de modificación del tratado fiscal aprobado en el Consejo Europeo de marzo, pero aún no ratificado por la Asamblea francesa. Si quiere jugar a fondo, deberá amenazar con bloquearlo en esa votación interna, con el propósito de que los alemanes acepten una modificación del texto (probablemente con un anexo nuevo) en el próximo Consejo Europeo del 27 y 28 de junio. Además de utilizar el mandato de las urnas, Hollande debería esgrimir ante Merkel que tanto el FMI como EEUU están de su lado al advertir de las devastadoras consecuencias que tendrá la austeridad excesiva en la eurozona, si los calendarios de ajuste no se revisan pronto.

Será muy interesante ver cómo contraponen su visión a la crisis europea Sarkozy y Hollande en su debate televisado antes de la segunda y definitiva votación. Junto a las nuevas políticas económicas en materia europea, Hollande deberá hacer valer también algunas de sus propuestas económicas de dimensión nacional.

Las medidas estrella del programa de Hollande se pueden agrupar en tres bloques (para más detalle véase: http://www.lepoint.fr/economie/document-le-programme-economique-et-social-de-hollande-decrypte-26-01-2012-1424142_28.php). En primer lugar, Hollande ha defendido la creación de una banca pública para la inversión productiva en las Pymes y el aumento de los límites de la exención fiscal (de 6.000 a 12.000 euros) para las libretas de ahorro destinadas a actividades industriales (producto que no existe en España); también ha propuesto separar la banca comercial de la banca de inversión y suprimir los productos derivados y los activos tóxicos; en segundo lugar, Hollande ha defendido retrasar un año el objetivo de equilibrio presupuestario (hasta 2017), la generación de nuevos ingresos mediante un nuevo impuesto de sociedades (con tipos del 35%, el 30% y el 15% en función del tamaño de las empresas), y con la interesante propuesta de rebajas adicionales si los beneficios son enteramente reinvertidos en nuevas actividades económicas; además ha propuesto un aumento de la fiscalidad de la banca en un 15%. Por último, para los jóvenes ha propuesto 2,5 millones de viviendas protegidas y un nuevo “contrato de tutoría”, con el fin de mejorar sus posibilidades de emancipación personal y de desarrollo laboral.

En realidad, el programa económico de Hollande contiene más de 60 propuestas específicas y ha intentado seguir en su mayoría el programa del Partido Socialista, pero ha añadido algunas medidas propias que le han permitido aumentar su visibilidad como candidato solvente en el terreno económico.

Parece que la batalla de la credibilidad interna la está ganando, a tenor de sus buenas perspectivas electorales. En apenas un par de semanas sabremos si sus propuestas a nivel europeo tienen el apoyo de los mercados y de Merkel (ójala no le pase como  a Miterrand cuando en 1981 tuvo que darle la vuelta a su programa ante la huída de capitales). Aunque sus iniciativas son distintas de la ortodoxia alemana, tienen un amplio respaldo entre reputados expertos económicos y organismos internacionales, así que es probable que si pone todo su empeño y experiencia política en el intento, logre impulsar un cambio significativo en la política económica de Francia y de toda la UE. Aquellos países en peor situación, como España o Italia, lo estamos esperando como agua de Mayo (y nunca mejor dicho).

 

¿Por qué nos atacan los mercados?

Desde hace unos días, los mercados no paran de demostrar que están perdiendo la fe en la economía española. A pesar de la reforma laboral y los recortes que el PP ha puesto en marcha, la confianza está en mínimos y la prima de riesgo vuelve a tocar niveles máximos. Parece que los analistas no se fían de las medidas aprobadas por 3 razones: primero, creen que la reforma financiera es tímida y no servirá para resolver de manera definitiva el problema de nuestros bancos (algunos de los cuáles podrían necesitar más dinero público); segundo, no les convence un presupuesto que ha exprimido al máximo los ministerios, pero ha dejado intactas las pensiones, los subsidios de desempleo, la sanidad y la educación (por eso Guindos ha salido ya avisando que irá por esas partidas en breve); y en último lugar, pero de manera más importante, los mercados no ven de qué forma va a volver el crecimiento económico y el empleo a nuestro país.

En este sentido, los datos que confirman que ya estamos en recesión otra vez (la segunda desde 2009) no ayudan a mejorar el panorama. Con toda lógica, el sentimiento de los ciudadanos es de zozobra. Y en el caso de las empresas, de desconcierto. Ahora la crisis va a dar de lleno a aquellos que lograron superar con cierta dignidad el primer embate de 2009. Entonces los más afectados fueron los trabajadores y empresas ligados al sector de la construcción y los trabajadores temporales del sector servicios. Ahora, los despidos alcanzarán al sector público y el cierre de empresas también se cebará con las medianas y las grandes de otros sectores. Industrias dependientes del apoyo público, como las energías renovables, el automóvil, las industrias culturales o el sector de servicios sociales pasarán un año terrible, y el sector de la construcción no logrará revivir a pesar de los esfuerzos del gobierno por cebar de nuevo la burbuja a base de recuperar la deducción por compra de vivienda. A diferencia del año 96, cuando el PP abonó el terreno para la peor crisis que haya sufrido la economía española, ahora el crédito no fluye a nuestros bancos y los ciudadanos prefieren pagar sus hipotecas pasadas, antes de meterse en otras nuevas. Da igual lo que intente, pero el PP no obtendrá la deseada recuperación económica por la inmobiliaria.

Lo peor de la situación es que nadie es capaz de responder a la pregunta que se hacen todos los ciudadanos, y que también empieza a preocupar a los mercados que financian nuestras deudas. Durante 15 años nos hemos dedicado a construir casas, hacer infraestructuras, a explotar nuestro turismo y a exportar servicios financieros y energéticos a Latinoamérica. Pero, ¿a qué nos vamos a dedicar los próximos 15 años? Cualquier gobierno debería estar más preocupado de responder a esa pregunta, que de cualquier otra cosa. La confianza y el esfuerzo colectivo sólo se multiplican cuando uno tiene claro hacia donde tiene que remar. De lo contrario, la incertidumbre y la melancolía acaban echando por tierra cualquier sacrificio colectivo. Por eso, cuando alguien me pregunta por mi opinión sobre la política económica actual, le respondo que equilibrar el presupuesto y reformar el mercado de trabajo o el sector financiero está bien. Es verdad que son medidas muy necesarias pero no dejan de ser instrumentales. Lo importante es fijar bien los objetivos, imaginar en qué tipo de país queremos convertirnos, y entonces se podrá hacer una narrativa creíble e ilusionante con la que comenzar a subir los duros escalones de la recuperación.

Cuando el gobierno socialista anunció una Estrategia de Economía Sostenible en 2009, intentó dar respuesta a esa pregunta existencial, aunque la pobre Ley que trató de vehicular aquel proyecto terminó deslegitimándolo. El país que aquella estrategia imaginaba  era un país en que los vehículos eléctricos sustituirían a los motores contaminantes, los molinos de viento y los techos solares se extenderían hasta nuestros edificios; era un país en el que los contenidos culturales en español se extenderían por la red, y en el que el cuidado de nuestros mayores y nuestros dependientes sería una industria productiva más. En ese modelo, el turismo seguiría siendo una parte importante de nuestra actividad colectiva, pero sería más sostenible, y nuestras multinacionales apostarían también por Asia. Además, los emprendedores tecnológicos tendrían las máximas facilidades y seríamos tan conocidos por nuestros avances en biotecnología y telecomunicaciones como hoy los somos por nuestros deportistas.

Quienes integran hoy el gobierno del PP se rieron de aquello, pero nos están avocando a un esfuerzo sin rumbo. No sabemos si imaginan un futuro alternativo o no saben lo que quieren. Sería bueno que lo aclararan pronto porque los datos dicen que cuando se alumbra un poco de luz al final del túnel, todo el mundo, dentro y fuera, vuelve a creer en la economía española.

Si no, que miren a los datos de inversión extranjera directa que hemos conocido la semana pasada, la misma en que se disparaba otra vez nuestra prima de riesgo. En 2011, las inversiones procedentes del exterior en actividades productivas aumentaron un 18% (cuando la economía no crecía ni un 1%). El dato es realmente impresionante, porque indica que los capitales productivos siguieron confiando en nuestro país a pesar de que los capitales financieros dudaran sobre nuestros títulos de deuda. Los mayores flujos se concentraron en los primeros meses, justo cuando parecía que los brotes verdes se convertirían en tallos consistentes, y se dirigieron al sector aéreo y al de telecomunicaciones. Es cierto, que cuando surgieron de nuevo las turbulencias en la zona euro en verano y la recesión apareció en el horizonte, los flujos de entrada de inversión productiva se ralentizaron.

Pero la señal es lo que importa. En medio de la incertidumbre y el pesimismo se necesitan recortes y reformas, sí, pero como demuestran los datos mencionados, es mucho más importante contar pronto con un dibujo de futuro claro e ilusionante con el que dar sentido al esfuerzo colectivo. Cuando antes recuperemos el debate público en torno “a qué se va a dedicar España”, más cerca estaremos de salir de la crisis, y las dudas de los mercados y de los ciudadanos se acabarán.

La derrota de Arenas y la prima de riesgo

Algo extraño pasa en España con las elecciones y la prima de riesgo. Se supone que los mercados deberían preferir las victorias de los gobiernos de derechas, porque están más cerca de sus postulados y prometen mayor disciplina fiscal. Al menos eso es lo que dicen los académicos que trabajan en estas cuestiones (véase http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/39961/3/wp575.pdf)

Sin embargo, en las últimas 4 elecciones que se han celebrado en nuestro país, nos encontramos con el efecto contrario. Cuando ha ganado el PP, la prima de riesgo ha aumentado significativamente: así, tras las elecciones europeas del 7-J de2009, la prima subió de 68,9 a 73 puntos básicos; tras las municipales y autonómicas del 22-M de 2011, la prima pasó de 213,3 a 249,9; y tras las elecciones generales del 20-N de 2011, la prima se disparó desde 432,5 a 463,8. Por el contrario, cuando el PSOE ha vencido a las encuestas, como en las elecciones asturianas y andaluzas celebradas ayer, la prima se ha relajado desde 351 a 339 puntos básicos (los datos se pueden ver en http://www.datosmacro.com/prima-riesgo/espana)

Los lectores más cercanos al PP dirán que esta aparente paradoja es pura coincidencia, pero cualquier experto en psicología financiera y en economía política sostendría lo contrario. La crisis de la deuda europea está demostrando en los últimos 24 meses que los mercados no están tan preocupados por el color del gobierno como se afirmaba hasta hace unos años, sino que lo que más les preocupa es la posible inconsistencia entre los discursos y las políticas.

Esa disonancia cognitiva propia de quien dice una cosa y hace la contraria es una constante en toda la carrera política de Rajoy. Por eso ahora parece que los mercados no están muy convencidos del compromiso del PP con la disciplina fiscal, o al menos, no piensan que sea más riguroso que el PSOE. De hecho, el aumento de la prima de riesgo tras las autonómicas de mayo de 2011 puede interpretarse en clave española por la alegría con la que los nuevos dirigentes autonómicos del PP (con Cospedal a la cabeza) comenzaron a hacer catastrofismo sobre las cuentas públicas que habían heredado en sus regiones. Ese “efecto afloramiento” de las cuentas autonómicas, junto al “efecto enfrentamiento” que ello vaticinaba con el gobierno central que aún controlaba Zapatero, pusieron muy nerviosos a unos mercados que ante todo buscan minimizar las incertidumbres. Durante los meses que transcurrieron entre mayo y noviembre del pasado año, los nuevos dirigentes locales del PP engordaron las cifras recibidas, pospusieron los ajustes y ocultaron sus datos al gobierno socialista, impidiéndole cumplir con sus compromisos internacionales.

Tras el 20-N, la victoria de Rajoy no modificó este esquema de actuación. Entonces quedó claro que el PP volvía a poner por delante sus aspiraciones electorales, frente a sus aparentes convicciones fiscales y pese a las promesas hechas por nuestro país. Rajoy pospuso el presupuesto 4 meses, revisó la cifra de déficit para 2011 (subiéndola del 6 al 8,5%), relajó el objetivo de déficit para 2012 (del 4,4 al 5,8) sin negociarlo con Bruselas, y se negó a seguir hablando de ningún recorte adicional. La sensación evidente para algunos analistas internacionales era que modificaba las cifras hacia atrás y hacia adelante para absorber los 4 meses de inacción fiscal que implicaba esa sucia apuesta electoral por desbancar a los socialistas andaluces a toda costa.

El resultado fue que los mercados volvieron a asustarse. Como me contaba este fin de semana un antiguo compañero que hoy trabaja con inversores internacionales en la City de Londres, el sentimiento creciente entre ellos es que “no somos Grecia, pero últimamente nos comportamos de forma parecida (…) afloramos déficit sin explicaciones y no tomamos decisiones mientras hay elecciones”.

Ante este panorama, la derrota de Arenas ante Griñán (no en escaños pero sí en capacidad de gobernar) podría tener la siguiente lectura. En primer lugar, evita el esperado “efecto afloramiento” que sin duda habría hecho el líder regional del PP para tratar de manchar el legado socialista y así comprar algo de margen para los recortes que ocultó durante la campaña. Unas décimas adicionales de déficit andaluz por boca del señor Arenas habrían colmado la paciencia de los mercados.

En segundo lugar, la derrota de Arenas va a forzar a Rajoy a aplicar sus recortes con vehemencia el día 31, para dar signos de fortaleza interna en su partido y para demostrar hacia afuera que “él hará lo que hay que hacer”, a pesar de que la oposición progresista se haya mostrado más viva de lo esperado.  Los mercados están esperando esos recortes a nivel nacional, y cualquier signo de dureza adicional será bienvenido.

Por último, es posible que a los mercados les guste el equilibrio democrático que supone el contrapeso socialista en Andalucía. Griñán será más proclive que Arenas a políticas de crecimiento (y no sólo de ajuste), y los mercados saben que las deudas se pagan creciendo (no sólo recortando) en una Comunidad que debe hacer frente a una tasa de paro altísima. Además, el fortalecimiento del PSOE a nivel nacional que supone mantener el gobierno andaluz, permitirá a Rubalcaba seguir adelante con su “oposición útil”, lo que es crucial para sacar al país de la crisis.

En definitiva, como en las próximas elecciones los socialistas vuelvan a resistir (o a mejorar) y los mercados sigan recortando la prima de riesgo, algunos estudiosos van a tener que mirarse el caso español con lupa.  

 

Los efectos económicos de las huelgas

El anuncio de huelga general en España prevista para el próximo 29 de marzo ha desatado la polémica habitual en torno a la utilidad y pertinencia de estas acciones por parte de las organizaciones sindicales y los trabajadores.Los argumentos que ya están empezando a esgrimir el gobierno y el PP son falaces.Fundamentalmente se quejan de que los sindicatos son reacios al cambio y a la modificación de las relaciones laborales y sostienen que convocar una huelga general en medio de una crisis económica como la que está viviendo España es una traición de Estado. Para el PP, los trabajadores que quieren ejercer su bien fundamentado y conquistado derecho a la huelga cometen además un atentado contra sus propios intereses porque estarían retrasando la salida de la crisis.

Sin embargo, si echamos un vistazo a la literatura sobre relaciones laborales y economía industrial, es facil descubrir cuan erróneos y manipuladores son esos argumentos. La mayoría de los estudios en esta área  se centra en analizar las causas de las huelgas, pero hay pocas investigaciones sobre los efectos económicos de las mismas (véase http://www.psa.ac.uk/2009/pps/Kelly.pdf). En todo caso, los trabajos publicados sobre las consecuencias de los paros masivos se dividen entre aquellos que consideran que las huelgas tienen efectos negativos a corto plazo y aquellos que consideran que pueden tener efectos positivos a medio.Examinemos los razonamientos que se ofrecen en cada caso.

La hipótesis predominante (llamada neoclásica) según la cuál las huelgas reducen el Producto Interior Bruto, sostiene que cuanto mayor sea el número de días perdidos por huelga, más cae la inversión empresarial y el producto por trabajador. Incluso los defensores de esta tesis admiten que cuando se pierde un día de trabajo, se suele recuperar la actividad perdida en los días posteriores, de tal forma que el efecto sobre el PIB sólo se dejaría notar si las huelgas se concatenasen. Según varios estudios empíricos, las huelgas masivas empiezan a afectar negativamente a la economía cuando incrementan sustancialmente la conflictividad media de la economía en cuestión a lo largo de un año. Y es especialmente dañina cuando los paros afectan a todos los sectores de la economía (como en las huelgas generales) durante más de un día. En esos casos, diversos estudios dan distintas cifras, pero en media, la relación podría ser del tamaño 3 a 1 (por cada 3 días de huelga general, se pierde el equivalente a 1 día entero de PIB en las economías de la OCDE). (véase http://www.allbusiness.com/government/107315-1.html)

La hipótesis alternativa (llamada neoinstitucional) defiende que las huelgas pueden ser un instrumento efectivo para neutralizar el abuso en el reparto de rentas por parte de los empresarios y para reducir la discrecionalidad en las relaciones laborales. Al equilibrar el reparto del valor añadido entre trabajadores y empresarios, la economía se vería beneficiada por una demanda más robusta (más trabajadores con salarios mejores y mayor capacidad de compra). Al mismo tiempo, la reducción de la discrecionalidad incrementaría la seguridad en el empleo y los trabajadores serían más productivos en sus puestos de 
trabajo como resultado de esa mayor estabilidad.Según esta tesis, las huelgas puntuales no tienen ningún efecto en la economía a corto plazo y pueden ser muy positivas para conseguir un crecimiento más sostenido y equitativo en el futuro. Lamentablemente, dada la dificultad de medir este razonamiento, no parece haber ninguna estimación concreta de esos efectos positivos a medio plazo, al menos en los estudios que yo he consultado para este post.

Lo que sí hay es evidencia histórica, especialmente en la Europa de antes de la II Guerra Mundial (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/228625/general-strike), cuando los movimientos obreros utilizaron en diferentes momentos el recurso a las huelgas masivas para lograr cambios importantes en las relaciones económicas y laborales, así como en las instituciones políticas. Las huelgas en Bélgica (1902), Suecia (1903), Italia (1904), Rusia (1905); Alemania (1920) o Reino Unido (1929) son claros ejemplos de cambios políticos y económicos sustanciales erigidos sobre huelgas generales masivas y prolongadas. Algunos de aquellos cambios darían lugar a modelos de crecimiento económico robustos y equitativos que se convirtieron en referente mundial durante todo el siglo XX. Sin embargo, las experiencias más recientes de huelgas masivas, al calor de los recortes que ha provocado la crisis financiera en países como Islandia, Grecia, Portugal e Italia, no parecen haber tenido mayores consecuencias positivas. 

En esta ocasión, los trabajadores españoles tienen buenas razones para manifestarse, ya que es la única forma de mostrar su rechazo a un profundo cambio en el marco de relaciones laborales vigente desde la transición a la democracia. Lo importante, en mi opinión, es que no lo hagan solo por los derechos que la reforma elimina, sino por la falta de medidas para generar nuevas oportunidades que tiene esta ley. Esa sería la mejor manera de llenarse de razones para plantear una reforma alternativa, más equilibrada entre los intereses de las partes y más efectiva para recuperar cuanto antes la capacidad de nuestra economía para generar empleo y salir de la crisis.

El recorte de Rajoy será de 33.000 millones

Por fin llegó el momento: ya tenemos la cifra oficial del déficit público en 2011 (-8,5%) y la previsión de crecimiento realizada por la Comisión para 2012 (-1%). Ahora sólo falta que Rajoy presente los presupuestos y que Bruselas decida si nos permite suavizar la senda de ajuste original. Si no lo hace, Rajoy tendría que recortar 41.000 millones de euros este año (para reducir el déficit del -8,5% al -4,4% inicialmente comprometido). Pero yo creo que el recorte al final será menor.

Hoy, todos los economistas (incluso los más conservadores) comienzan a entender que la política irracional de austeridad generalizada en todos los países europeos nos ha metido en recesión, y que es necesario tomarse la consolidación con más tranquilidad. En este contexto, y con las elecciones andaluzas y asturianas a la vuelta de la esquina, Rajoy ha decidido optar por su estrategia favorita: dejar que el tiempo corra a ver si los problemas se resuelven solos. Retrasar la presentación de los presupuestos hasta el 30 de marzo tiene ventajas electorales para el PP, y además hace que Europa pueda reconsiderar el calendario de ajuste para todos (no sólo España) a la vista de que una gran mayoría de países europeos vuelve a caer en el agujero del crecimiento económico negativo.

Las previsiones de la Comisión para España que nos pronostican una caída del PIB del -1% están lejos de las estimaciones de la OCDE y del FMI (que se disparan hasta el -1,5 y el -1,7%, respectivamente). Rajoy también reaccionó a esas cifras la semana pasada y dijo que él calculaba una caída del PIB del -1,3 o -1,4%. La verdad es que si ya tiene los números en la cabeza, debería presentar los presupuestos y evitar un ejercicio de irresponsabilidad mayúscula que claramente se explica por su evidente voracidad electoralista. Pero en todo caso, todas las señales apuntan a que el objetivo final de déficit para 2012 se relajará, aunque lo importante es saber si será mucho o poco.

Con este mareo de cifras, lo que todo el mundo quiere saber es  ¿cuánto va a recortar finalmente Rajoy en 2012?. Yo me voy a aventurar a dar una cifra concreta. Creo que con estos números, y conociendo el juego normal entre Moncloa y Bruselas, está bastante claro que serán unos 33.000 millones de euros: la mitad ya anunciados en diciembre pasado (con las subidas del IRPF y los recortes en todos los ministerios), y la otra mitad por anunciar el último viernes del próximo mes de marzo.

Explicaré brevemente mis cálculos, que por otro lado no exigen demasiada complicación. El objetivo original de reducir el déficit del -6% en 2011 al -4,4% de déficit en 2012 estaba basado en una previsión de crecimiento del PIB para el presente año del 2,3% (lo que hoy se antoja como una auténtica quimera). Eso significaba que por cada punto de crecimiento estimado de PIB, la Comisión nos pedía un recorte del déficit de 6 o 7 décimas. Ahora que no vamos a crecer, sino a decrecer un 1%, lo lógico sería, por tanto, que la Comisión nos diera un respiro adicional de esas mismas 6 o 7 décimas al alza, lo que implicaría tener que rebajar el déficit al -5% en lugar de al -4,4% inicialmente comprometido. La Comisión ha dicho que no quiere ceder mucho, pero hay dos elementos que el gobierno de Rajoy está utilizando para ganar algo más de margen: por un lado acaba de anunciar que el déficit heredado es más alto de lo previsto (del 6% se ha ido al 8,5%) y que la recesión será más profunda de lo que dice Europa. El gobierno español pretende elevar el objetivo al entorno del -5,5, para que los recortes no sean tan drásticos, y Bruselas sólo quiere "ceder unas décimas" (en palabras del Comisario Oli Rehn)

Yo creo que al final la Comisión y el gobierno de Rajoy llegarán a un acuerdo para quedarse en un déficit para 2012 alrededor del -5% del PIB. Vistas las declaraciones recientes del BCE, dudo mucho que prolonguen a 2014 la senda de ajuste, así que en 2013 tendríamos que cumplir en todo caso con el límite del -3% al que obligan los tratados. Es decir, a Rajoy le están sirviendo sus amigos conservadores (Barroso en la Comisión y Merkel y Sarkozy en el Consejo) para ganar algo de margen este año y para recibir aplausos en sus recortes laborales y fiscales, pero no le darán mucho más oxígeno para los años siguientes. Zapatero habría agradecido ese buen trato, pero se ve que en Europa la cosa va de familias ideológicas y tampoco eso garantiza demasiado. Rajoy va a tener que flirtear fuera del eje Merkozy con gobiernos tecnócratas (Monti y Papademos) o de fuera del euro (Cameron) -como ha hecho con su carta conjunta de la semana pasada- si quiere doblarle la mano al férreo eje franco-alemán (salvo que se rompiera naturalmente con la victoria de Hollande en primavera) . En todo caso, pase lo que pase, nadie librará a Rajoy de recortar al menos 3 puntos del PIB (entre 30 y 35 mil millones este año). Pero para él la diferencia entre esa cifra y los más de 40.000 millones que pensaba tener que recortar cuando ganó el 20N, supone un colchón crucial porque ahí está la frontera entre atacar la educación y la sanidad (con el consiguiente estallido social) o dejarlas a grandes rasgos como están.

Por tanto, si la Comisión le deja a Rajoy ese margen adicional, lo que nos espera es "solamente" un recorte adicional de 16.000 millones entre marzo y diciembre de 2012. ¿Cómo hará Rajoy ese nuevo ajuste? A mí me parece claro que subirá el IVA, recortará la factura del gasto en desempleo e incluirá alguna medida recaudatoria de izquierdas que le dificulte al PSOE la oposición, como viene haciendo en todos sus paquetes de reforma. Al primer ajuste lo acompañó con subidas más que proporcionales del IRPF y del capital, que parecían sacadas de un manual socialdemócrata. Y a la reforma financiera la ha acompañado con engañosas recomendaciones a la dación en pago, que han surtido gran efecto mediático. Parece que en este terreno, Rajoy está jugando como Sarkozy lo hizo durante sus primeros años, para tratar de complicar aún más la vida a sus rivales políticos.

En ese escenario, podemos esperar una subida del IVA de 2 puntos (del 18% al 20%, que es la media de la UE-27), lo que supondría aumentar la recaudación en 5.000 millones de euros aproximadamente. Para reducir los gastos de desempleo (que hoy está por encima de los 30.000 millones de euros al año) en otros 5.000 millones hay varias fórmulas: reducir el número de meses que se percibe la prestación, disminuir la tasa de cobertura, o eliminarla cuando se rechace alguna oferta de empleo (algo que ya viene proponiendo la CEOE a modo de avanzadilla). Y, finalmente, para cuadrar el último tramo re recortes, Rajoy tiene dónde elegir. Podría adelantar la introducción de la euroviñeta para el transporte en camiones (como obligará Bruselas en 2013), lo que supondría 2.700 millones más. Podría elevar el céntimo sanitario o introducir un copago de 1 euro por receta (como ha hecho el gobierno de Mas en Cataluña), lo que le daría unos 1.500 millones adicionales; o finalmente, podría terminar jugándole una mala pasada al PSOE si subiera el impuesto del patrimonio (grandes fortunas), revisara la remuneración a las energías tradicionales (intentando compensar el golpe a las renovables), o incrementara los impuestos al alcohol y al tabaco. Todas ellas fueron propuestas de Rubalcaba en campaña para recaudar entre 2.000 y 4.000 millones más, pero servirían a Rajoy para terminar de cuadrar una cuentas muy complicadas, al tiempo que barnizaría sus recortes con un tinte progresista.

Haga lo que haga, lo cierto es que no lograremos sacarnos los asfixiantes recortes de encima y tendremos otro año más de grave crisis económica y creciente desigualdad social. Eso deprimirá aún más a la población española y, por tanto, alejará de nuevo la recuperación. Esperemos que esa dinámica cambie a base de alternancia democrática en los líderes de la zona euro, empezando por Francia en 2012 y siguiendo por Alemania en 2013. A los españoles nos vendría de maravilla.

 

La reforma laboral se olvidó de las oportunidades

Esta primera entrada del blog quería haberla dedicado a explicar el título del mismo. Mi propósito era haber concentrado esta primera pieza en la paradoja según la cuál una crisis generada por el 1% (sobre todo vinculado al sector financiero) está siendo soportada por el 99% de los ciudadanos, sin que las políticas que se vienen aplicando desde hace 4 años terminen de dar resultados ni hayan repartido justamente los sacrificios de la crisis.

Pensaba hablar también del incremento de la desigualdad previo a la crisis financiera (y que en cierto modo está en su origen, como apunta Rajan), pero que será mucho más fuerte como consecuencia de los recortes generalizados en todos los países desarrollados. Como señala Stiglitz, hoy el 1% de la clase alta en EEUU controla ya el 40%, cuando hace dos décadas apenas superaba el 33%. En España esos desiquilibrios están más controlados (el 1% más rico posee el 20% de la riqueza nacional) aunque su tasa de crecimiento durante las últimas décadas ha sido también muy llamativa. Eso supone que el otro 99% de la población debe repartirse el 60% de la riqueza restante en EEUU (80% en el caso de España). Es decir, más gente para disfrutar de una menor proporción de riqueza. Ese mayor número de gente (los autodenominados como el otro 99% de la población) es además quien sufrirá en mayor medida los recortes en educación, sanidad y pensiones.

Fíjense en que más allá de esa enumeración de recortes en el estado de bienestar, he dejado fuera todos los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo en los últimos 2 años, porque creo que merecen un tratamiento diferenciado. Es precisamente la reforma laboral aprobada por el gobierno del PP la que se ha metido en la agenda económica justo cuando yo comenzaba a escribir este blog, y la que me ha hecho cambiar el tema general de este primer post. La actualidad manda y por eso le voy a dedicar una reflexión especial, consciente en todo caso, de que el debate sobre la desigualdad no sólo se limita al ámbito del reparto de rentas, sino que está también estrechamente vinculado a las discusiones sobre el mercado laboral.

Frente a la educación, la sanidad y las pensiones (que son sistemas de protección universal con buenos resultados en términos de equidad en España), la parte de nuestro estado de bienestar donde hay más desigualdades sigue siendo el mercado de trabajo. Esto puede parecer una paradoja, pero es importante que asumamos esta realidad de partida antes de emitir una opinión sobre las últimas reformas (del PSOE y del PP). Desde hace años tenemos en España lo que los economistas llamamos un mercado de trabajo dual, donde el 30% de los trabajadores tienen contratos temporales (con indemnzaciones bajas que en el caso máximo llegan a los 12 días por año trabajado), mientras que el otro 70% tiene contratos fijos (con indemnizaciones de 45 o 33 días por año). Todos ellos suman 17 millones de ocupados, que conviven con otros 5,5 millones de parados, lo que en realidad convierte a nuestro mercado laboral en un mercado trial (parados, temporales y fijos). Si se suman los temporales y los parados, son casi tantos como los fijos. Y los jóvenes están en los primeros grupos, mientras que los mayores están en el segundo.

Desde que el gobierno del PP anunció la mayor reforma laboral de la democracia, las protestas de las centrales sindicales y de los partidos de izquierda se han concentrado en denunciar la pérdida de derechos de los trabajadores. Me parece una crítica acertada pero incompleta. En mi opinión, la reforma laboral no es mala únicamente porque baje el despido efectivo de 45/33 días a 20 (en el caso de los despidos procedentes, que pasarán a ser la mayoría), sino porque no hay medidas de calado para impulsar el empleo.

Con un mercado de trabajo tan desigual como el que tenemos, con la crisis tan brutal que padecemos y con el nivel de paro que hemos acumulado, la cuestión sobre la que más deberíamos debatir es cuáles son la reformas necesarias para crear nuevas oportunidades a los que no las tienen. El foco de los más progresistas debería concentrarse en aquellos que no tienen empleo, ni esperanza de encontrarlo o posibilidad de auto-generárselo. La situación de los que sí lo tienen y pueden perderlo con mayor facilidad es preocupante, pero no más que la de los que llevan meses, o años, sin ninguna perspectiva laboral.

Por eso creo que la crítica a la reforma planteada por el PP es que no propone nada serio con respecto a las políticas activas. No hay ni rastro del sistema alemán de formación-empleo (porque aunque se enuncia y se crea una bolsa personal de formación, no dota de recursos adicionales ni hay atisbos de inminencia en su desarrollo); tampoco hay ninguna medida que personalice el reciclaje de los parados (como en el sistema danés) o que utilice de forma efectiva el sector público para mantener a los desempleados con un buen entrenamiento práctico, mientras los trabajadores en activo salen a formarse (como en el modelo sueco). Las posibilidades de renovar nuestras políticas activas son numerosas, pero la reforma apenas las aborda. Y cuando la reforma ofrece iniciativas positivas (como la posibilidad de combinar subsidio y salario) nadie parece prestarles atención, ni siquiera desde el propio gobierno.

En definitiva, creo que para analizar esta reforma y las que vengan, el punto de vista hay que situarlo en la generación de oportunidades. Las reformas y recortes serán buenos o malos desde esa perspectiva, porque lo que nuestro país necesita es más movilidad social, más emprendimiento y más productividad. Aunque algunos no lo quieran ver, esa es también una manera muy eficaz de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, al tiempo que se genera un nuevo modelo de crecimiento y se sale de la crisis.