La UE debería regular el papel de las agencias de "Rating"

En Japón existe una inveterada costumbre de pedir perdón cuando se comete un error garrafal. No es extraño asistir a actuaciones de líderes políticos, económicos o sociales solicitando el perdón de los ciudadanos ante una metedura de pata, antes de presentar la dimisión. Aunque en Occidente no exista esa costumbre, muchos inversores castigados por quiebras recientes echan de menos que los directivos de las tres principales agencias de rating del mundo (Moody’s, Standard and Poors y Fitch) no hayan reconocido públicamente su error de mantener la máxima calificación a Lehman Brothers, o de otras empresas cotizadas, hasta el día antes de que quebraran.

 Y lo que más extraña es que estas agencias se hayan pasado ahora al otro lado del péndulo y se dediquen a reducir drásticamente la calificación de la deuda soberana de algunos países europeos (entre ellos, España), en el momento más inoportuno, causando un daño irreparable a sus cuentas públicas, al generar un círculo vicioso: la bajada de rating aumenta el coste de la refinanciación de una deuda que está condenada a crecer exponencialmente. Se impone una regulación europea de estas sociedades que imponen, en muchos casos, un abuso de posición de dominio a la hora de ejercer su actividad. 

Sucede, además, que no es la primera vez que caen grandes imperios considerados AAA o AA por las agencias de calificación norteamericanas. WorldCom, Parmalat, Enron, AIG, Goldman Sachs, AMRO, Dubai Investments y, por supuesto, las decenas de productos estructurados que empaquetaban hipotecas subprime de Estados Unidos, con un lazo de oro y un contenido de auténtica basura, como más tarde se demostró.

 El último episodio sucedió hace escasas dos semanas en España. Los mercados esperaban que el 10 de marzo el Banco de España presentara el informe sobre la solvencia de las entidades financieras (bancos y cajas de ahorro) españolas. Estaba anunciado con días de antelación. Pero a primera hora de la mañana de ese jueves, Moody’s sorprendió al mercado con una rebaja de un escalón en la nota de solvencia de España, aduciendo que el coste para el Estado de la capitalización de estas entidades se situaría entre los 40.000 y los 50.000 millones de euros. Pocas horas después, el Banco de España situaba el agujero en 15.000 millones. 

 Como no es la primera vez que estas agencias actúan así (el caso griego es el más sangrante), las autoridades comunitarias han puesto estos días el grito en el cielo. Tanto la Comisión Europea, como el Banco Central Europeo han censurado la actuación de estas sociedades de calificación, llegando ha hablar de “actuaciones irracionales”. Y, por supuesto, la vicepresidenta española, Elena Salgado, y el propio Banco de España han expresado sus dudas sobre la forma de actuar de Moody’s. Hasta el FMI ha criticado abiertamente su actuación, al incluir un capítulo en el último World Economic Outlook, en octubre de 2010, titulado “Usos y abusos de las agencias de calificación”.

  Sin embargo la UE no termina de lanzar una auténtica nueva legislación que regule su actividad. El año pasado la Unión Europea se limitó a exigir un registro de carácter obligatorio para estas sociedades, sin que haya supuesto ningún cambio significativo en su forma de actuar

 Las agencias de calificación nacieron a principios de los años noventa en Estados Unidos, tras la quiebra de la firma Knickerbocker Trust Company (en 1907), que hizo perder a la Bolsa de Nueva York casi la mitad de su valor. Inicialmente, cobraban a los inversores. Pero con el paso del tiempo vieron que el negocio estaba en cobrar a los emisores, creándose un clarísimo conflicto de intereses que nunca se ha llegado a resolver. Además, las tres grandes del sector controlan más del 90 por ciento del negocio (77 por ciento entre Moody’s y Standard and Poors, y 15 por ciento Fitch), y generan más de 2.000 millones de dólares en beneficios anuales entre ellas.

 Los últimos datos oficiosos cifran en 500.000 euros anuales lo que paga el Estado español a las tres grandes agencias de rating, las únicas reconocidas por la CNMV.

Ramiro Losada López, técnico del Servicio de Estudios de la CNMV, publicó el año pasado un interesantísimo informe sobre la actividad de estas agencias, en el que explica que ejercen una triple función: son intermediarias de información y certifican y estandarizan las cuentas y las proyecciones financieras de las empresas cotizadas o emisoras de bonos. Con unas rentabilidades de entre el 30 y el 50 por ciento, las tres grandes del sector obtienen más del 40 por ciento de sus ingresos por la calificación de productos estructurados y ejercen en muchos casos “comportamientos anticompetitivos” mediante una triple estrategia: emisiones de rating no solicitados, notching punitivo y venta de lotes.

 Dejando a un lado los aspectos técnicos de su función, hay unas consideraciones éticas y de pura oportunidad que han puesto en entredicho su trabajo. Jesús Fernández-Villaverde, de la Universidad de Pensilvania y de Fedea, explicaba el domingo pasado en este periódico, que las agencias de calificación tienen como objetivo ganar dinero, como todas las sociedades anónimas. Y que estas empresas, y en concreto Moody´s, sufrieron un golpe espectacular con la reciente crisis financiera. “Su respuesta natural ha sido”, explica Fernández-Villaverde, “reconstruir su reputación pecando de excesivo optimismo y anunciando necesidades muy rigurosas”.

 Nadie pretende, a estas alturas, negar que las entidades financieras españolas tengan fuertes necesidades de capitalización, o que un grupo amplio de países europeos, incluida España, tengan que hacer importantes esfuerzos de reducción del déficit y la deuda pública para poder hacer frente a sus pagos futuros. Pero en una situación tan delicada como la actual, las agencias de calificación deberían ejercer su función con un plus de responsabilidad y visto que la autorregulación brilla por su ausencia, se impone una regulación por parte de las autoridades europeas.

 Si Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, o Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, han llegado a calificar de “irracional” la actuación de estas entidades, ¿a qué esperan para proponer una nueva reglamentación sobre su actividad?.

Con escepticismo, pero a favor de las reformas

Intenso debate de los colaboradores de “economismo” en elpaís.com. El arranque no ha podido ser más participativo, a pesar de los problemas técnicos con los que nos hemos encontrado algunos por falta de experiencia bloguera.

De entrada, se han producido algunas enmiendas a la totalidad, al afirmar que el látigo que ha funcionado realmente es el de los mercados y no el del posible Pacto del Euro (José Luis Escrivá, Guillermo de la Dehesa, José Carlos Díez y José Luis Martínez); también ha habido muestras de escepticismo sobre el papel que jugará el pacto a la hora de provocar las reformas necesarias y sobre su propia bondad (Pablo Vázquez, Fernando Gutiérrez y el propio De la Dehesa); aunque todos los panelistas coinciden en que es imprescindible avanzar en las reformas emprendidas y en la urgencia de que España recupere credibilidad para poder emprender la senda del crecimiento económico (Santiago Carbó, Miguel Ángel García y José Luis Martínez). Éste último se pregunta, con razón, "¿qué alternativas quedan?", ante la necesidad emprender las reformas enunciadas en el blog.

Hay también una cierta unanimidad a la hora de urgir que las reformas sean tanto a corto, como a medio y largo plazo. La primeras buscarían la estabilidad y la credibilidad, para acabar con los riesgos de un rescate europeo; y las segundas irían destinadas a un cambio de un modelo económico hacia otro que permita un crecimiento sostenido capaz de volver a crear empleo. Prácticamente todos los expertos coinciden en que, con látigo o sin él, hay que avanzar en las políticas de recorte fiscal, mejora de la competitividad y reformas estructurales. Algunos hablan también de reformas en la educación y en el modelo de innovación.

Santiago Fernández de Lis, Mauro Guillén y Rafael Myro coinciden en destacar la necesidad de llegar a un consenso político y social sobre las reformas y de explicarlas bien a los españoles. Muy interesante, en este sentido, la aportación de José Ignacio Wert sobre la pérdida de soberanía de los países frente a la UE y el cambio en el “contrato electoral” en cada estado.

Sin duda, el debate más encendido es el que han protagonizado David Taguas y José Carlos Díez sobre la pérdida real de la competitividad en la economía española. El que fuera jefe de la Oficina Económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero insiste en la necesidad de mejorar la competitividad mediante un pacto de rentas que vincule el aumento salarial a la productividad, mientras que el economista jefe de Euromoney niega que haya un problema de competitividad y lo argumenta con el crecimiento de las exportaciones en los últimos años.

En definitiva, el foro ha arrancado con ganas, alto nivel técnico, muchas opiniones y, probablemente, con algo de desorden en el debate. Cosa que seguro que mejorará en las próximas semanas. Como también espero que cambie un hecho que ha provocado algunas críticas, con razón, entre los lectores: la ausencia de mujeres en el equipo de expertos. Desde el principio invitamos a un buen número de mujeres a participar en el panel de debate, pero hasta muy entrada la semana no hemos recibido las primeras aceptaciones, que espero aumenten día a día.

España necesita el látigo del Pacto del Euro

La reciente historia económica de España demuestra que nuestros gobernantes solo han hecho sus deberes cuando han tenido presión externa, o cuando el país se encaminaba hacia el precipicio. En estos momentos en los que corremos el riesgo de que se produzca la segunda condición (si cae el cortafuegos portugués, el foco volverá contra nuestra deuda), es más necesario que nunca que el Consejo Europeo apruebe la próxima semana el denominado Pacto del Euro (anterior Pacto por la Competitividad), que nos obligue a afrontar con seriedad y urgencia las reformas estructurales que encaucen la salida de la crisis.

El Gobierno español, el actual y el futuro, necesita el látigo franco-alemán para continuar y acelerar ese camino impopular, pero imprescindible. No se trata de perder soberanía porque sí, o pensar que actuamos al dictado de Bruselas. El Pacto del Euro debe suponer un paso de gigante hacia una deseada y necesaria política económica común en la eurozona. Además, quién puede negarse a aplicar políticas que nos aseguren una convergencia real con nuestros socios europeos.

A estas alturas del partido, no creo que nadie se atreva a seguir defendiendo que las causas de la recesión de la economía española haya que buscarlas solamente en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria o en la crisis financiera. Como explicaba el economista César Molinas (panelista de este foro), en un reciente artículo, “la primera ha sido el detonante y la segunda, el agravante; pero lo que impedirá una recuperación vigorosa será la terrible pérdida de competitividad que ha sufrido España entre 2001 y 2008: casi un 30% respecto a la alemana, debido al incremento de los costes laborales y el escaso crecimiento de la productividad”.

En los noventa, cuando un país perdía competitividad, devaluaba su moneda. España lo hizo cuatro veces en la crisis de 1992, igual que otros estados europeos. Pero eran otros tiempos. No existía el euro y las naciones más ricas aplicaban la llamada doctrina Sinatra (término que acuñó el gobierno soviético de Mijaíl Gorbachov en 1989, de la canción “My Way”, para explicar que cada gobierno del bloque comunista podía tener su propia evolución política). Las reuniones del G-7 o de la Unión Europea acababan con comunicados generalistas y al día siguiente cada país tomaba sus medidas sin contar con el vecino.

Pero ahora no puede ir cada uno por su camino, ni es posible devaluar la moneda para recuperar competitividad. España está integrada en la Europa del euro y, si quiere competir en igualdad de condiciones y crecer a unos niveles suficientes para crear empleo (esto es, por encima del 2% anual), tiene que cambiar su modelo económico. Hacen falta reformas estructurales de calado y una política fiscal coordinada con nuestros socios europeos. Y no podemos perder tiempo, porque la situación ha empeorado demasiado en los últimos meses, con una tasa de paro superior al 20% y un peligrosísimo deterioro de la confianza internacional hacia nuestra economía, que ha llevado a que la prima de riesgo de la deuda española se mantenga por encima de los 200 puntos básicos respecto a la alemana. 

El Pacto del Euro supone reforzar el fondo de rescate a los países miembros, a cambio de un compromiso de los Estados para emprender profundas reformas económicas y sociales, cuyos resultados se revisarán cada año, y su incumplimiento dará lugar a sanciones. Se trata de medidas de fomento de la competitividad y el empleo, contribución a la sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzamiento de la estabilidad financiera, como contraprestación a aumentar de 250.000 a 440.000 millones de euros el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), y luego convertirlo en otro de carácter permanente, a partir de 2013, el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEDE), de 500.000 millones.

Entre las propuestas iniciales de la canciller alemana, Angela Merkel, y el plan del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, los líderes del Eurogrupo negocian este fin de semana un acuerdo, que deberá ser ratificado los días 24 y 25 de este mes (jueves y viernes próximo). El Ecofin cerró el martes pasado un principio de pacto de orientación general sobre el refuerzo del gobierno económico de la UE, basado en seis disposiciones legislativas: cuatro destinadas a reforzar la disciplina presupuestaria y dos a reducir los desequilibrios macroeconómicos.

A día de hoy, todo parece indicar que el Consejo Europeo llegará a un consenso razonable respecto a las medidas y las sanciones aplicables, y que las leyes que salgan del pacto estarán aprobadas por el Parlamento Europeo antes de finales de junio. Ya tendremos tiempo de debatir los acuerdos concretos que salgan de la cumbre.

Lo importante ahora es saber qué va a hacer España para cumplir el Pacto por el Euro, mejorar su competitividad y sanear sus finanzas públicas. La verdad es que los gobiernos sucesivos han desperdiciado más de una década. El inicio del nuevo siglo nos pilló en la euforia económica y nuestros políticos no quisieron escuchar las voces que anunciaban la paulatina pérdida de competitividad, las rigideces del sistema, la burbuja inmobiliaria o el crecimiento desproporcionado del endeudamiento público y privado. Los políticos nunca toman medidas impopulares hasta que los problemas les estallan en las manos.

Además, cuando llegó la crisis, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero primero la negó, luego reaccionó tarde y mal y, solo cuando los problemas empezaban a ser gravísimos, decidió cambiar de discurso y emprendió un camino de reformas, que se han revelado como necesarias, pero no suficientes. Estas reformas no han contado con el apoyo del primer partido de la oposición, cuyo líder, Mariano Rajoy, parece que prefiere esperar su turno en La Moncloa, sin darse cuenta de que su irresponsabilidad puede llevar al país a un punto de no retorno.

Así las cosas, el Pacto del Euro puede ser el revulsivo que necesita España para acometer de forma urgente las reformas necesarias que eviten el riesgo de tener que ser rescatados por nuestros socios europeos y nos permitan aumentar nuestra competitividad. En política no hay “minutos de la basura”, como escuché hace unos días decir al diputado popular Cristóbal Montoro, al referirse a los últimos meses de la legislatura. No hay tiempo que perder.

Desde este blog intentaremos debatir cuáles son esas reformas que debería acometer España sin dilación. En algunos casos ya se han dado pasos significativos (reforma laboral, pensiones, financiera…), pero queda mucho camino por andar. Si se hace de forma consensuada, mejor; pero si no hay acuerdo, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades.

Hace unos meses, Fedea publicó un interesantísimo informe que incluía las 25 reformas necesarias en nuestra economía. Como los mandamientos, estas propuestas, se “encierran” en tres:

 1.- Mejorar el entorno económico en que las empresas toman sus decisiones, para dotarlo de mayor certidumbre, transparencia y flexibilidad.

 2.- Flexibilizar y dinamizar los mercados de bienes, servicios y trabajo.

 3.- Incrementar la capacidad innovadora de la economía.

Ya tendremos tiempo de ir sometiendo al debate de nuestros expertos, en “Economismo”, éstas y otras propuestas de reforma para que la economía española salga de la crisis cuanto antes y en las mejores condiciones.

Aquí puedes seguir el debate de los expertos sobre el tema