El debate

22M+1= A pagar

Por: | 21 de mayo de 2011

 

Foto: Cristóbal Manuel


Las administraciones públicas deben unos 35.000 millones de euros a las empresas y los plazos de pago de las facturas superan ampliamente los 60 días que marca la Ley de Contratos del Estado. Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos son peores pagadores que el Estado y están causando unos enormes perjuicios a las pequeñas y medianas empresas que, además, han visto cómo se les ha cerrado el grifo de la financiación bancaria.

Los equipos (nuevos o repetidores), que se hagan cargo de los gobiernos autónomos y los ayuntamientos españoles tras las elecciones del 22 de mayo, deberían aplicarse a fondo para hacer frente a sus deudas. En caso contrario, seguiremos viendo cómo aumenta el número de pequeñas empresas que reducen plantilla o incluso que echan el cierre. El problema es que ningún candidato ha mencionado en la campaña electoral este grave problema. Es como si existiera un pacto de no agresión entre los partidos mayoritarios, a sabiendas de que es un problema de difícil solución y que es mejor no enfrentarse por él.

Hace dos semanas, en este mismo blog, comentábamos los problemas de financiación de las empresas en España, por la falta de acceso al crédito. Los expertos de “economismo” coincidieron en afirmar que el grifo seguirá cerrado una temporada; por lo menos, hasta que concluya la reestructuración del sector financiero español. La encuesta trimestral del Consejo Superior de Cámaras mostraba que el 87% de las pymes continuaba sin acceso al crédito y que el 71% de los proveedores de las administraciones públicas reconocía sufrir retrasos en el cobro.

El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, explicaba hace una semana que hay miles de empresas al borde de la quiebra por los 35.000 millones que adeuda la Administración. Especialmente, aquellas cuya facturación depende en más de un 70% de los servicios prestados al Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Esta plataforma agrupa a una treintena de instituciones sectoriales de toda España, que representan a cerca de un millón de empresas, con un volumen de negocio de 150.000 millones de euros, que dan empleo a más de cuatro millones de trabajadores y 400.000 autónomos.

“Hay que aprovechar la campaña electoral para asegurar el pago de las deudas”, afirmaba Cañete, que criticaba que el Estado no hubiera destinado los 13.000 millones del Plan E, a financiar a los ayuntamientos para hicieran frente a sus deudas. El líder del PMcM pedía, además, avales de las administraciones para las empresas puedan descontar sus deudas y conseguir créditos bancarios. En concreto, reclamó poner en marcha una línea ICO para los ayuntamientos puedan afrontar sus deudas, tal y como recoge la Ley de Morosidad.

Lo que está claro es que los ayuntamientos morosos estrangulan a un empresariado que está sufriendo doblemente la crisis. “La pequeñas y medianas empresas nos hemos dedicado a financiar a los ayuntamientos, acostumbrados a pagar a 180 o 200 días”, criticaba el anterior presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, hace dos años en este periódico. Y en los últimos 24 meses la situación se ha deteriorado de forma notable, por la fuerte caída de los ingresos de los ayuntamientos por la crisis, que no ha sido compensada suficientemente con un recorte de gastos.

La Ley de Contratos del Estado fija un máximo de 60 días para pagar. Todo lo que exceda de esos dos meses puede considerarse morosidad y los acreedores podrían acogerse al cobro de intereses de demora (por encima del 9%). Sin embargo, las empresas no suelen pedir esos intereses, porque saben que enturbiarían las relaciones con los ayuntamientos y gobiernos autónomos y dejarían de ser contratados.

Los casos más sangrantes de deudas de los ayuntamientos corresponden a las empresas de limpieza pública, que han llegado a amenazar en algunas ciudades con dejar de recoger la basura. Y es que, según la patronal del sector, Aselip, el plazo de cobro de las contratas de basura y limpiezas se ha disparado hasta los seis meses, llegando en algunos casos al año. La situación es especialmente grave en las grandes capitales de Andalucía y en ciudades como Madrid y Barcelona.

Las grandes empresas del sector, filiales de ACS, Ferrovial y FCC, han podido capear el temporal, porque tienen mayor capacidad de resistencia financiera, pero las empresas medianas están sufriendo fortísimas tensiones de circulante, que finalmente han trasladado a sus propios trabajadores, que cobran tarde y mal.

Se da, además, la circunstancia de que las empresas facturan a los ayuntamientos o administraciones autonómicas aplicando el IVA correspondiente, que tienen que ingresar en el momento de realizar la factura, pero no cobrarán hasta dentro de 180 o hasta 360 días. Quiere esto decir que pagan un impuesto cuando no saben cuándo van a cobrar por los servicios realizados.

Esta semana se sabrá quiénes van a gobernar los ayuntamientos españoles durante los próximos cuatro años y si va a haber cambios significativos en una decena de comunidades autónomas. Los nuevos alcaldes y presidentes autonómicos tienen que enfrentarse a este gravísimo problema, en unos momentos especialmente difíciles, porque la crisis económica y financiera ataca por todos los flancos: los ingresos fiscales siguen cayendo por la menor actividad económica, la financiación está cerrada para todos y los planes de estabilidad presentados por España en Bruselas incluyen compromisos de reducir los déficits autonómico y local, además del estatal.

Ante esta coyuntura, no queda más remedio que recortar el gasto público, mejorar la eficiencia en la gestión y buscar soluciones imaginativas para pagar las deudas lo antes posible, o dar liquidez a las facturas, mediante avales públicos u operaciones de confirming (adelanto del pago de las compras antes de la fecha de vencimiento de la deuda). Hay que actuar ya.

 

Hay 11 Comentarios

Me sorprende el artículo, yo creía que la morosidad del Estado era con sus ciudadanos, desde 1978, esperando por los derechos sociales, con la participación en las decisiones políticas, con el derecho a conocer las cuentas públicas de todas las administraciones (incluidos organismos autónomos y chiringuitos subvencionados), cuanto nos cuesta financiar paridos, sindicatos, patronales (33 años sin sanearse y eso pese a repartirse el patrimonio sindical de la república). Es curioso como se cuantifica la deuda con la empresa y suministradores. Me sorprende que no se haya aprobado una mísera ley para declarar imprescriptible el delito de corrupción (33 años esperando). Aunque puestos a quejarse, lo de los 15 años para "volver" al nivel anterior a la crisis, no tiene desperdicio.. Y por ultimo, mientras que el ciudadano tiene que pagar impuestos, el empresario no esta obligado a contratar con la administración. No comenta el artículo como hinchan los precios esos proveedores-algunos de ellos- en sus facturas -respecto a precios de mercado- precisamente sobre la disculpa de lo que tardan en cobrar, no comenta como esos contratos son en un 95% a dedo, dependiendo de quien gobierna esa institución y que son el primer eslabón-o el último según se mire- de la corrupción. En todo caso mis disculpas para los empresarios honestos, pero si tanto tardan en cobrar ¿no sería mejor que exportasen sus productos? ¿no pagaría mejor el estado si los empresarios pidiesen disciplina presupuestaria y liquidez en las instituciones? ¿No existen garantías, avales?, me resulta curioso que esos instrumentos de las relaciones mercantiles, desaparezcan en esos contratos, como los sobres desaparecen en manos de los corruptos. Y creo que el blog debería planteárselo también.

Lamento que se vuelva a poner en el mismo plano y escala a CCAA y Ayuntamientos. El problema añadido de estos últimos y sus proveedores es la negativa del Ministerio de Economía y Hacienda y el Gobierno a permitir su mayor endeudamiento: permite un déficit el 0,6 % del PIB, pero prohibe endeudarse para pagarlo. Textual y aprobado por el Consejo de Ministros en la actualización del Programa de Estabilidad 2011-14.. Como quiera que el señor Ayuso no quiere leer e interpretar los cuadros 12.03, 13.03 y 14.03 del Boletín Estadístico del Banco de España, le mandaré un par de gráficos través de "Cartas al Director", a ver si así entiende la diferencia entre el déficit y la deuda en CCAA y Ayuntamientos.

Deberíamos saber
a quién votan los banqueros,
no con su voto
sino con su dinero
que en el sistema burgués
no es el voto lo primero
Está dentro de mi lógica pensar que, una vez el PP en el poder, la banca sea más generosa : el crédito fluya mejor hacia las pequeñas empresas e incluso las administraciones tengan más fácil satisfacerles las deudas; pero, a la larga, el PP habrá de recompensar aquella generosidad, aunque siempre dentro de la ortodoxia de la UE, cargando las tintas conforme a sus particulares preferencias.
Lógica que, hasta ahora, no logro mejorar por más que lo intento.

La verdad es que de eso tenemos la culpa los empresarios que permitimos estas cosas, debería ser trabajo realizado, trabajo pagado, ahora nos vemos así...

Pero nadie se atreve a poner el cascabel al gato.
En Grecia redujeron de 4.000 municipios a poco más de 700 para reducir gastos y duplicidades.
En España hay más de 8.000 municipios con su alcaldes y regidores, pero nadie se trave a hacer un Expediente de Regulación de Empleo de Alcaldes y Regidores. Nadie se atreve a reducir los municipios, algunos de ellos en quiebra absoluta.

Otra cosa que sucede cuando te deben, (y a nosotros nos deben ayuntamientos mas de 400.000,00€), es el ninguneo que en ocasiones te tienen cuando vas a pedir que te paguen lo tuyo. No os podeis imaginar como te sientes cuando un funcionario o político te dice... ¿que quieres que haga, que te lo de de mi bolsillo?. No, digo yo, es mejor que mi empresa pague lo que tu has encargado y de lo que encima ahora en época electoral te beneficias vendiéndo lo que no has pagado. Pasado mañana vendrá igual algo peor ya que como algunos ayuntamientos cambian, los nuevos equipos de gobierno no sienten como suya la deuda que te tienen , como si no fuera con ellos.. y esto ya para morirse.
De manera que mañana hay que estar pegado al ordenador y las noticias a ver quien sigue y quien se va, y cuanto te debe cada uno.

Este es un serio problema que debería estar en la calle a la misma altura que las reivindicaciones del 15M (con las que estoy de acuerdo). Esto deriva en el trabajador, porque al empresario, en ocasiones, no le queda más remedio que destruir puestos de trabajo para compensar la falta de liquidez tremenda que esto ocasiona. A eso le sumamos, que los ayuntamientos y las administraciones públicas están siendo objeto de financiación por parte de empresas con caja que no hacen absolutamente nada. Solamente adelantan el dinero a un tercero (empresas como pueden ser un Elecnor, ACS, Telefónica, etc) y convierten la subcontrata en una subasta al mejor postor, bajando por tanto los márgenes al que realmente ejecuta el trabajo por su capacidad financiera y repercutiendo por supuesto, en el profesional o trabajador a pie que ve como su salario es de "mileurista" o ni siquiera.

UNA PROPUESTA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA - Yo creo que esto es mejor que lo que tenemos ahora...
http://www.youtube.com/watch?v=iaTklDE484k

Gracias por exponer tan claramente un problema del que nadie habla.
Todos prometen crear empleo. Y ¿ por qué no empezar por no destruir más?
Yo también conozco pymes y autónomos al borde de la desesperación por lo que cuenta este post.
Desesperación que se ahonda en el caso de muchos autónomos, al saber, que si se quedan sin empleo, no tendrán ninguna prestación. Absolutamente nada.
Y de los nervios, por el doble rasero. A pymes y autónomos pueden no pagarles. Pero que tengan ellos un solo día de retraso en cumplir con sus pagos...

A mi empresa nos deben unos 180.000€ entre la Junta de Castilla La Mancha y los Ayuntamientos. Estamos al borde de la quiebra y ningún banco nos financia. Mi empresa es solvente y tiene beneficios, pero no podemos pagar a nuestros trabajadores ni proveedores porque mis deudores públicos están en campaña. Pero todos los meses pagamos nuestros Seguros Sociales, IVA, IBI, etc. Si no pago, 20% de recargo. Si no pagan, no pasa nada.

Todo eso es fraude contable (deuda no contabilizada y encubierta) y mercantil (incumplimiento de contrato) y deberían poner a todos los responsables políticos en la carcel. Aún así no va a resolver el problema que es que no hay liquidez. Sin embargo todos los políticos sí que cobran sus sueldos, dietas, gastos discrecionales, etc. puntualmente. No he visto ningún programa electoral que hable de racionalizar la administración, aumentar eficiencia, eliminar empresas públicas deficitarias, reducir plantilla (inflada a dedo), reducir asesores (contratados a amigos), reducir gastos operativos. Se habla de una deuda encubierta de miles de millones de euros que no están reflejados en los manipulados informes del Gobierno. Es cuestión de tiempo que esto explote...

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