A favor del copago, con límites

El copago alcanzará a algunos pensionistas, ahora exentos. / Carlos Rosillo

El decreto aprobado por el Gobierno, por el que se introduce el copago sanitario y farmacéutico para colectivos que, hasta ahora, quedaban excluidos de esa contribución y el recorte de servicios sanitarios como parte de los planes de ajuste ha levantado ampollas entre los ciudadanos y duras críticas por parte de la oposición. Es la primera vez desde que existe el sistema nacional de salud que los pensionistas pagarán una parte del coste de sus medicamentos. Sin embargo, los expertos de Economismo están, en general, a favor de la introducción de medidas disuasorias de gastos innecesarios y de la limitación de una demanda sanitaria, por lo demás, ilimitada. Pero con límites y garantías de que los derechos fundamentales siguen protegidos.

José Luis Martínez, estratega para España de Citigroup, considera en cierta medida que el recorte del gasto farmacéutico resultaba inevitable para ajustar el presupuesto. “¿Justo? No, no lo es. Pero, por otro lado, debemos considerar que buena parte de los ingresos que nos llevaron a tener un gasto como el actual han desaparecido. Y tardarán años en volver”, advierte. Eso nos obliga, recuerda, a reducir las diferentes partidas aunque el reto es de tal magnitud que obliga a tocar todas las partidas y “no solo la inversión y gasto corriente que hasta ahora han sido el objetivo de los recortes”. Sin embargo, Martínez considera que el aspecto preventivo que pretende tener la medida se podría haber conseguido mejor con figuras como el controvertido copago aunque “el recorte en fármacos también puede cumplir esta labor”. El experto de Citigroup considera que los recortes seguirán para adecuar el sector público al tamaño que podemos pagar con nuestros impuestos y, todo ello, condicionado a la recuperación económica que “puede tardar más tiempo del que a todos nos gustaría”.

El profesor de la Universidad de Granada, Santiago Carbó, también considera “necesarias” las medidas de copago farmacéutico para hacer más “asumible” el coste de los servicios públicos. “Mantener el llamado Estado del bienestar tiene un coste muy elevado y, en tiempos de crisis e inestabilidad, estos costes se hacen aún más difíciles de asumir”. Carbó admite, no obstante, que la medida es dura e impopular, pero cree que puede traer efectos positivos: “de racionalización y eficiencia en el uso de medicamentos y de concienciación sobre su coste”.

El catedrático de la Universidad Complutense, Rafael Myro, defiende la introducción de copagos de forma generalizada porque, en su opinión, “se consigue aumentar los ingresos públicos, disuadir el consumo innecesario de servicios públicos y aumentar la conciencia de los ciudadanos respecto al coste de su provisión. Además, se introduce progresividad por el lado del gasto, algo muy necesario”. Eso sí, no cree que las medidas adoptadas por el Gobierno lo consigan dado que “incorporan deficiencias notables” y denotan, en su opinión, una “notable improvisación”. Entre esas deficiencias, que no queden suficientemente protegidos los pensionistas con menores ingresos, que los costes de su implantación no superen a los beneficios o el tratamiento discriminatorio a los inmigrantes sin papeles. Además de las medidas sobre gasto sanitario, Myro critica duramente las adoptadas en el ámbito de la educación, muchas de ellas, en su opinión, “un auténtico dislate”, como la ausencia de una base de cálculo de referencia para la subida de las tasas universitarias, sin distinción por universidades ni tipos de estudios y sin ir acompañada de un proyecto paralelo de expansión de becas. En definitiva, el catedrático de Economía Aplicada considera que las deficiencias en las medidas adoptadas “obligarán a posteriores reajustes” y dado que sus efectos desde el punto de vista de ingresos y gastos “serán pequeños, constituirán solo el inicio de un rosario sin fin de actuaciones a lo largo de 2012 y 2013 que no solo no generará confianza en nuestro entorno internacional sino que tampoco lo hará en el interior de España”.

Para José García Solanes, profesor de Económicas de la Universidad de Murcia, “ante todo se debe mejorar la gestión del conjunto del sistema, desde el funcionamiento de los hospitales hasta la centralización de las compras” y hacer conscientes a los ciudadanos del coste de los medicamentos. “El copago, aparte de ayudar en la recaudación, hace posible que el valor de los servicios médicos y productos farmacéuticos sea conocido por todos. Lo cual ayuda a los agentes económicos a tomar decisiones más eficientes y responsables, que contribuyen a reducir el despilfarro y el exceso de medicación”. Eso sí, García Solanes pide que vaya acompañado de otras medidas que garanticen la progresividad y la atención médica y de los medicamentos necesarios. No obstante, cree que hay problemas para aplicar el decreto del Gobierno “que tal vez podrían subsanarse si el sistema de discriminación del copago se hiciera mediante deducciones en el IRPF de carácter progresivo”. Una idea.

Guillermo de la Dehesa, presidente del Center for Economic Policy Research (CEPR) expone los retos que afronta el sistema sanitario español, “uno de los mejores y más baratos de la UE”, la demanda sanitaria aumenta con la población (y la población ha aumentado mucho en España entre el año 2000 y 2010); el gasto sanitario aumenta con el envejecimiento (lo que llevará el gasto público sanitario del 5,9% al 7,2% del PIB); la frecuencia de visitas al médico en España es un 40% superior a la media de la UE y la deuda acumulada en 2010 con proveedores ascendía a 12.000 millones de euros. Con estos mimbres, apuesta por la prevención, mejorar los incentivos de las comunidades autónomas, “que gastan pero no recaudan, como los de los profesionales del sistema público, que no son remunerados de acuerdo con su productividad”; y, en último término, la disuasión. De la Dehesa defiende el pago de tasa por el uso de los servicios sanitarios siempre que “sean lo suficientemente bajas para que no impidan a los ciudadanos recibir los servicios sanitarios que necesitan y que sean lo suficientemente elevadas para disuadir a a quellos que tratan de recibir servicios sanitarios que no necesitan”. Pero su diagnóstico es tajante: “De no introducir todos estos cambios el sistema será insostenible a medio plazo”.

A vueltas con la amnistía fiscal

El Congreso ha aprobado el polémico real decreto por el que se permitirá a los contribuyentes, según los términos utilizados por el Gobierno, regularizar “activos ocultos”. Esta amnistía fiscal introduce un gravamen especial del 10% para las rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, impuesto sobre sociedades e IRPF de no residentes que no estén siendo investigados por la Agencia Tributaria. Asimismo se fija un gravamen del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados que se repatríen antes del 31 de diciembre de 2012. Según el Ministerio de Hacienda, estas regularizaciones permitirán aflorar unos 2.500 millones de euros que hasta ahora no cotizaban.
Los expertos de Economismo tienen sentimientos encontrados con la amnistía fiscal. Por un lado, reconocen que es una medida impopular, injusta y que lanza un mensaje peligroso al contribuyente. Por otro, admiten que la economía española atraviesa un momento sumamente delicado y que en situaciones así a veces hay que tomar decisiones difíciles. En todo caso, la regularización de los capitales defraudados debería ir acompañada, en su opinión, de otras medidas como una mayor lucha contra el fraude.
Las amnistías fiscales son siempre controvertidas. Así al menos lo ve Mauro Guillén. “La opinión pública y todos los que no evadimos impuestos tenemos dificultad para entender las razones para su conveniencia”. En su opinión, solo pueden justificarse si resulta “difícil” o “costoso” emplear los instrumentos de inspección y recaudación usuales. “El problema de los activos ocultos localizados en ciertos países es que no se encuentran al alcance de la Agencia Tributaria y resulta costoso obligar a sus propietarios a tributar por ellos. En esos casos, la amnistía fiscal es un mal menor. Dados los tiempos que corren, una regularización puede ser justificada en aras a aumentar los ingresos fiscales y la repatriación de capitales. Eso sí, la Unión Europea debe continuar con sus esfuerzos por eliminar los llamados paraísos fiscales”, señala.
El profesor Santiago Carbó, de la Universidad de Granada, admite que es fácil criticar la amnistía fiscal porque contiene elementos de justicia distributiva “muy discutibles”. Ahora bien, conviene contextualizar el marco en el que se adopta esta medida. “Es una situación de excepcionalidad, en la que el Gobierno debe tratar de generar ingresos fiscales por numerosas vías, y todo contribuye”, según Carbó. Por supuesto, es posible que aún queden otras vías (entre otras, más lucha contra el fraude) que pudieran aprobarse junto a esta, “pero si el Ejecutivo ha considerado esta posibilidad es porque tiene estimaciones fiables de que pueden recaudarse cantidades importantes y ahora esenciales que de otro modo difícilmente aflorarán”. Por la experiencia de otros países se ha comprobado, según Carbó, que si los tipos aplicados son muy altos, “la regularización no es apenas efectiva y, por tanto, la aplicación de tipos más reducidos parece la única vía de aflorar de forma rápida esos capitales”. Y concluye: “En el caso de la evasión de capitales, lo más efectivo parece ser la concreción de acuerdos internacionales contra los paraísos fiscales y la falta de transparencia fiscal”.
José García Solanes, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Murcia, incide en la idea de que la amnistía fiscal obedece a la extrema necesidad del Gobierno de encontrar ingresos “a toda costa”. La medida no garantiza, en su opinión, los 2.500 millones de euros que el Gobierno prevé recaudar. “Las experiencias durante las últimas décadas en España y en otros países alimentan esa incertidumbre de corto plazo, a la vez que certifican efectos muy perversos en un horizonte más largo. Ponen en claro que, aparte de ser una burla para el contribuyente honesto, la amnistía socava la conciencia fiscal y anima a los defraudadores a seguir delinquiendo bajo la luz de una futura redención”. García Solanes cree que sería mucho más efectivo y aleccionador incrementar los recursos de inspección fiscal, establecer multas ejemplarizantes y redoblar los esfuerzos de educación y formación cívica. “La armonización fiscal entre países y los acuerdos internacionales frenarían la deslocalización de ingresos y los cobijos ocultos. Finalmente, son urgentes y prioritarias acciones que obliguen a los políticos y máximos representantes a erradicar las conductas fraudulentas y corruptas, por desgracia tan frecuentes en los últimos tiempos”, añade.
José Luis Martínez, estratega para España de Citigroup, también se refiere al carácter excepcional de la medida. “Nos guste o no —a mí particularmente no, por justicia y por la incertidumbre / frustración que provoca—, lo cierto es que responde a una situación excepcional derivada de la necesidad de generar ingresos de forma que se limite en lo posible el coste del recorte de gastos (sociales) a que nos podemos ver obligados para reducir el déficit. No me gusta, pero la entiendo”. ¿Hay alternativas? Martínez señala una posible subida del IVA como alternativa. “Pero también sujeta a una fuerte polémica ante su potencial impacto negativo en la economía. Todos debemos ser conscientes del especialmente complejo momento que vive la economía española. Todos debemos colaborar por reducir la incertidumbre y coincidir en las prioridades. En este momento hay que detener el deterioro de la confianza exterior (e interna) en España. La prioridad es poner en orden las finanzas públicas, cumplir con los compromisos y hacerlo con el menor daño posible social. Lamentablemente, habrá que tomar más medidas controvertidas y difíciles para lograrlo”.

Bonos contra la desconfianza

Encuentro en el Palau de la Generalitat del ministro Luis de Guindos y el president Artur Mas. / Tejederas

La crisis soberana europea ha llegado al corazón de la financiación autonómica. El deterioro de las finanzas públicas regionales, tras años de gastos despreocupados y abundancia de ingresos, obliga ahora a los Gobiernos autonómicos a buscar nuevas vías de financiación para pagar sus deudas, en un momento de máxima competencia de todos los escalones del sector público por el ahorro de los inversores nacionales y extranjeros. El gasto manejado por las comunidades autónomas supone ya más del 50% del gasto público español, lo que explica la importancia que otorgan a su control los analistas internacionales. Eso, sumado a la escasa transparencia de las cuentas de las comunidades autónomas, añade una penalización que les impide su acceso a los mercados.

Para los expertos de Economismo, la solución de los hispanobonos como medida temporal con la que hacer frente a la desconfianza de los mercados y los inversores es positiva y puede tener considerables ventajas para el sistema, pero queda lejos de suponer una solución definitiva al problema estructural de financiación que vienen presentando las comunidades autónomas. En todo caso es una medida que debe ir acompañada de un control efectivo de las cuentas regionales y de un compromiso de disciplina presupuestaria por parte de los Gobiernos autonómicos.

La clave es recuperar la confianza. Así al menos lo ve José Luis Martínez, estratega para España de Citigroup, que recuerda que “la crisis de confianza actual tiene mucho de desconfianza política” y que “al final, es la clase política la que debe dar respuesta al problema”. Martínez establece una clara similitud entre los hispanobonos y los eurobonos —una figura propuesta por distintos expertos para resolver la crisis de la eurozona—. Ambos en su opinión “son una solución al problema de la desconfianza de los mercados solo en el caso de que detrás haya un control real de las finanzas de aquellos que necesitan ser ayudados o rescatados” porque “la mutualización de potenciales pérdidas, tanto a nivel doméstico como a nivel europeo, solo será posible bajo unas finanzas públicas unificadas”. Ese control —que debe ir “más allá de la supervisión”— exige, en su opinión, cambios legales que lo hagan posible porque de lo contrario, “como ocurriría con los eurobonos, la desconfianza se extendería a todos sus instrumentos y a sus emisores”.

El profesor Santiago Carbó, de la Universidad de Granada, también subraya que la iniciativa “tiene su lógica en la reducción de los costes de financiación” y advierte: “Delimitar este objetivo es muy importante porque cualquier interpretación de este instrumento más allá de esa reducción de costes de financiación puede ser muy complicada”. Y, como buen docente, explica que los costes de financiación pueden reducirse por dos razones: se unifican las emisiones de las Administraciones regionales y los bonos cuentan con el aval del Gobierno central. El también asesor de la Reserva Federal de Chicago insiste en que los hispanobonos no pueden ser “en sí mismos, una solución al problema de financiación autonómica porque su uso tiene que estar muy limitado a una condicionalidad (disciplina de las cuentas públicas regionales) y a una calidad financiera (rating adecuado) importantes”. De lo contrario, el riesgo puede ser que se dañe el rating del avalista —el temor de Alemania en el caso de los eurobonos— “pero ese no parece el caso en los hispanobonos”.

Joaquín Maudos, de la Universidad de Valencia, insiste en que si bien no se trata de un instrumento que solucione los problemas estructurales de las comunidades autónomas, “pero sí la solución a los problemas coyunturales en el actual contexto de crisis”. Maudos explica el trasfondo de esta decisión, que “como el Estado no se puede permitir dejar caer a una comunidad autónoma, hasta ahora la solución a casos extremos ha pasado por el ICO y acuerdos con la banca”. Pero saca a relucir una consecuencia de la medida: “Para evitar problemas de riesgo moral es necesario que haya severos mecanismos de penalización en caso de incumplimiento de los límites al déficit público”. El catedrático de Fundamentos del Análisis Económico admite que los fuertes vencimientos de deuda en muchas comunidades autónomas fuerzan a tomar esta medida aunque “la solución definitiva pasa por una revisión del modelo de financiación que elimine las desigualdades existentes en financiación y gasto público per capita entre regiones”.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Rafael Myro, se muestra entusiasta con la medida, “una forma muy adecuada de financiar a las Administraciones autonómicas”. En su opinión, su puesta en marcha “abaratará el coste de financiación de la deuda pública” y “lo igualará entre comunidades autónomas”. A cambio, eso sí, Myro defiende que las regiones otorguen al Estado “un mayor poder de escrutinio y disciplina de sus actividades”. También el Estado, cree Myro, debe dotarse de los mecanismos de control de gastos y déficit de comunidades autónomas y Ayuntamientos. Y apunta: “Este control no ha sido muy elevado en los últimos años y no parece ser algo sencillo de lograr con los instrumentos actualmente disponibles”, un punto sobre el que hay práctica unanimidad entre los expertos de Economismo.

Menos entusiasta —“no es la panacea ni la única medida”, dice— se muestra José García Solanes, de la Universidad de Murcia, aunque admite que es una “vía aconsejable para abaratar las tasas de interés que deben pagar las comunidades autónomas”. También García Solanes apela a los problemas derivados del riesgo moral y propone que “el Gobierno central impusiera disciplina en el déficit y la deuda acumulada en cada comunidad autónoma, limitando el acceso de sus Gobiernos a los hispanobonos” y pone un ejemplo concreto “que los fondos financiables por esa vía no puedan sobrepasar un determinado porcentaje de la deuda autonómica sobre el valor añadido bruto (VAB) regional”. Si eso sucediera, “los Gobiernos autonómicos deberían dirigirse por su propia cuenta a los mercados de capitales”. De esta forma, explica el profesor, no solo se disciplinaría a los Gobiernos regionales, sino que la emisión de los hispanobonos no encarecería los fondos que proporcionan los bonos genuinos del Estado.