La mayoría de los expertos de Economismo que han participado en el debate consideran que las propuestas del gobierno no resuelven el problema de fondo, un problema con un marcado componente político, que dificulta su solución, y con muchas vertientes a las que hacer frente: cesión de competencias y descentralización del gasto público; problemas de duplicidades entre el Estado y las regiones; y el modelo de financiación autonómica. Todo ello en un contexto de crisis financiera como el actual que puede condicionar las posibles soluciones pero que, al mismo tiempo, urge la adopción de medidas.
José Luis Martínez, estratega de Citigroup para España, admite que “hablar de los problemas de las autonomías significa entrar en un terreno complejo, desde un punto de vista político”, el factor que quizás más pesa en esta cuestión. El punto de partida del problema, explica, es el modelo financiero, con la administración central recaudando y transfiriendo parte de los de los ingresos a la periferia para cubrir los gastos cedidos. “Este sistema ya genera un riesgo moral: la presión es menor para reducir los gastos por las comunidades ante la posibilidad de pedir dinero al Estado. Y con el gobierno central garantizando que ninguna comunidad autónoma va a quebrar”. Martínez apunta que la necesidad de reconocer la realidad actual: “muchos de sus ingresos no van a volver a corto plazo, cuando los gastos están sobredimensionados”, aunque reconoce que “desde una perspectiva social y política es muy difícil recortar el gasto autonómico”. De ahí que insista en que la solución del problema “requiere de una mayor coordinación entre la clase política para hacer sostenible el modelo. Y si nuestra clase política es incapaz de lograrlo, será obligado desde el exterior”. Mientras, las medidas a corto plazo hasta encontrar una solución definitiva pasa por “préstamos del Estado a las CC AA con problemas financieros pero condicionados al cumplimiento de los objetivos de déficit” y “mayor flexibilidad para recentralizar una parte del gasto transferido, pero de forma voluntaria por las autonomías”. El estratega del Citi admite que puede haber más alternativas “pero para ser viables se requiere que la situación se deteriore mucho más. Espero que no sea necesario”.
El catedrático José García Solanes, de la Universidad de Murcia, considera que las medidas adoptadas por el Gobierno “no resuelven el problema de fondo”. En primer lugar, porque “la carrera entre las autonomías para llevarse el pastel de liquidez deja al descubierto la falta de un método de reparto eficiente, y la sospecha de que el fondo será insuficiente” y, por otro lado, porque “nada asegura que las CC AA podrán respetar el tope que les han impuesto”. García Solanes recuerda que, según las estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en el mejor de los casos, es decir que los gobiernos regionales cumplan sus planes de equilibrio financiero, el déficit autonómico medio de 2012 “no bajará del 1,92% del PIB regional”. De ahí que, a su juicio, “la solución pasa por revisar a fondo el modelo territorial y el sistema de financiación de las CC AA, abandonando el café para todos en beneficio de la eficiencia y racionalidad administrativas.
El catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, Santiago Carbó, va más allá y considera que el Fondo de Liquidez puede acabar convertido “en un instrumento intermedio que, en poco tiempo, dé paso a otras vías de financiación para esas comunidades dentro de un rescate para el conjunto del país”. Carbó sustenta su tesis en que “el gobierno ha modificado estos días la ley de estabilidad presupuestaria para que pueda volver a garantizarse deuda de las comunidades autónomas, algo que puede ser necesario en el contexto de un eventual rescate desde la UE”. El catedrático valenciano considera que cualquier reforma de la estructura autonómica debería perseguir “criterios de eficiencia màs que cuestiones de naturaleza política” y que para ello deberían analizarse las propuestas existentes de expertos en federalismo fiscal, “así como experiencias de otros países con estructuras administrativas descentralizadas pero de un menor peso en términos de coste e infraestructura burocrática, como es el caso de Alemania”.
Guillermo de la Dehesa, presidente del CEPR (Centre for Economic Policy Research) de Londres, entra de lleno en los condicionantes políticos que rodean cualquier posible reforma autonómica. Entre ellos, las limitaciones que introduce la propia Constitución de 1978. “Habría que conseguir mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, después disolverlas y convocar elecciones, volver las nuevas Cámaras elegidas a aprobarlo por dos tercios y, después, hacer un referendum nacional”. De ahí, explica De la Dehsa, que la mejor forma de negociar con las autonomías para lograr que reduzcan su gasto excesivo, —”que en más de un 70% del total se destina a educación, sanidad y servicios sociales”, recuerda— sea el método que Europa aplica a España, “es decir, la zanahoria y el palo o la 'dura condicionalidad'”. La parte positiva, apunta el presidente del CEPR, es que “dicho 70% del gasto no es volátil y que puede preverse a medio plazo y lo malo es que no puede reducirse menos”. En todo caso, De la Dehesa confía en que “al ser todo gasto del Estado español y que se negocia dentro de él, sea menos difícil lograrlo.
Hay 2 Comentarios
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Publicado por: perder peso | 09/09/2012 7:10:20
"al ser todo gasto del estado español" bien la cuestión no es el gasto final, sino los intermediarios en el proceso con redundancias y desvíos laterales innecesarios, falta de solidaridad en el modelo, la misma que achacamos a cierta Europa, y por supuesto la cuestión eterna políticos interesados y políticas ineficientes. Parece una fábula de Moliere pero como hacemos que los lobos no se coman a los corderos a su cargo o pasándolo a otro ejemplo no les chupen mas sangre de la mínima imprescindible cuando al fin y al cabo ellos solo saben de dificultades económicas por los periódicos?
Publicado por: Txomin | 08/09/2012 9:12:17